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En medio del conflicto armado, el municipio antioqueño de Caicedo enfrentó durante años la crudeza de las acciones perpetradas por las Farc-EP: asesinatos, extorsiones, secuestros y tomas armadas.

Pero fue el robo sistemático de los camiones cargados de café —base económica de la región— lo que llevó a sus habitantes a dar un paso al frente y romper el silencio.

Ese gesto de valentía ciudadana recibió, en abril de 2002, el respaldo del entonces gobernador Guillermo Gaviria y su consejero de paz Gilberto Echeverri, quienes decidieron acompañar la marcha civil pacífica como símbolo de rechazo a la violencia.

No obstante, ambos fueron secuestrados en el camino por la guerrilla y, un año más tarde, asesinados junto con ocho miembros del Ejército Nacional durante una fallida operación de rescate.

A pesar de la tragedia, Caicedo no retrocedió. Su comunidad continuó manifestándose en las calles, aferrada al mensaje de No Violencia. Con el tiempo, esta persistencia dio fruto: se consolidó una mayor presencia institucional, se reconstruyó el tejido social y regresó la tranquilidad al municipio.

Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce a Caicedo como un símbolo de resistencia civil y dignidad. Su historia se mantiene viva como lección para el país: frente a la violencia, la paz también puede ser una forma de lucha.

Durante el V Gran Foro “Hechos de Sostenibilidad” organizado por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) en Cali, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare, ingeniero Carlos Rojas, hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional para priorizar soluciones definitivas a la crisis vial que afecta a Boyacá, Meta, Casanare y Arauca, agravada por el reciente sismo en Paratebueno.

Rojas destacó que esta región, considerada la nueva frontera agrícola del país, posee un enorme potencial en sectores como el turismo y la transición energética sostenible. Sin embargo, la falta de infraestructura vial adecuada sigue obstaculizando su desarrollo.

Manifestó que, desde el Consejo Gremial de Boyacá, Meta, Casanare y Arauca, se han emitido comunicados en medios nacionales para visibilizar la problemática y exigir acciones urgentes.

El sismo registrado la semana pasada con epicentro en Paratebueno (Cundinamarca), generó daños en diez puntos de la vía que une Villavicencio con Villanueva, Casanare, afectando el transporte de producción agrícola y energética.

Aunque la comunicación ha sido parcialmente restablecida, los gremios insisten en que la solución definitiva no debe ser la Transversal del Cusiana, sino una vía alterna que garantice una conectividad eficiente y segura.

El directo ejecutivo de la CCC  indicó que la comunidad empresarial y gremial insiste en la necesidad que el Gobierno Nacional priorice esta inversión clave para el desarrollo de la región, considerada un pilar económico fundamental para el futuro de Colombia.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) inauguró el IV Gran Foro “Hechos de Sostenibilidad”, un espacio de diálogo sobre el desarrollo sostenible del país con la participación de representantes del sector energético y líderes nacionales e internacionales.

Durante la apertura del evento, Frank Pearl, presidente de la ACP, subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en la democracia.

“Colombia necesita orden y debe avanzar hacia una sostenibilidad institucional y democrática”, afirmó, enfatizando el papel de ciudadanos y empresas en la construcción del país.

También expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia y rechazó el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El foro, desarrollado en Cali, busca respaldar a las regiones afectadas por la inseguridad y generar soluciones para el futuro del país.

Pearl advirtió sobre los efectos de las decisiones fiscales en el desarrollo social y económico, insistiendo en la importancia de diálogos genuinos y de un enfoque adaptativo ante los retos actuales.

Por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció la presencia de los participantes y destacó el esfuerzo por recuperar la ciudad tras años de dificultades.

“No podemos permitir que Colombia retroceda. Se requiere voluntad política y recursos para avanzar”, declaró el burgomaestre. También recordó los avances en infraestructura, economía y desarrollo social como parte de la recuperación de la capital del Valle del Cauca.

En la jornada, expertos abordaron temas como mercados de carbono, biodiversidad, modelos de desarrollo territorial, distribución de combustibles y transición energética.

Mañana continuará el foro con debates sobre políticas públicas, alianzas estratégicas y una mesa de discusión con precandidatos presidenciales, quienes expondrán sus perspectivas sobre el futuro del sector y el país en el marco de la campaña de 2026.

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) advirtió sobre el impacto que el cierre de la vía Villavicencio-Yopal podría generar en el transporte de la cosecha arrocera, debido a los daños registrados en el corregimiento Santa Cecilia, municipio de Paratebueno, tras el sismo del 8 de junio.

Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, instó al Ministerio de Transporte a intervenir con medidas urgentes para restablecer el paso vehicular. La vía es clave para el traslado del arroz producido en Casanare y Arauca, cuya cosecha inicia en la última semana de julio.

El cierre del corredor vial pone en riesgo el traslado de cerca de un millón de toneladas de arroz paddy verde, movilizado en unos 20 mil viajes de tractomula, además de otros 20 mil desplazamientos necesarios para transportar arroz blanco. La Federación enfatizó que la reapertura de la carretera es crucial para evitar afectaciones en el sector.

 

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) rechazó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la capital de la República este sábado 7 de junio a las 5 de la tarde.

A través de un comunicado, el gremio expresó su solidaridad con Uribe, su familia y su equipo, además de pedir garantías para su recuperación. 

El ataque ha sido señalado como una grave amenaza a los principios democráticos y al derecho de los ciudadanos de participar libremente en la vida política del país.

La ACP enfatizó que la democracia se construye desde el respeto y el diálogo, sin espacio para la violencia en el debate público. 

El gremio petrolero instó a que el atentado no quede impune y a que se refuercen las medidas de seguridad para quienes participan en el ejercicio político. También subrayó la importancia de consolidar espacios seguros para la discusión de ideas sin recurrir a la intimidación. 

Igualmente, la Asociación insistió en la necesidad de promover un debate sereno y respetuoso, evitando la polarización y la estigmatización.

Así mismo, hizo un llamado al Gobierno para garantizar que el proceso electoral y la participación ciudadana transcurran bajo condiciones de seguridad y libertad. 

El IV Gran Foro ACP: Hechos de Sostenibilidad, que se realizará el 11 y 12 de junio en Cali, convocará a expertos nacionales e internacionales para discutir temas clave sobre transición energética, biodiversidad, desarrollo territorial y transparencia en la gestión de regalías. 

Durante el evento, representantes del sector de petróleo, gas y combustibles líquidos, junto con académicos y autoridades nacionales y regionales, analizarán los desafíos y oportunidades en sostenibilidad y seguridad energética en el país

Además, se revisarán los avances de la COP16 sobre biodiversidad, celebrada el año anterior en Cali. 

"En un momento crucial para el futuro energético y ambiental de Colombia, el IV Gran Foro ACP: Hechos de Sostenibilidad se convierte en un espacio indispensable para construir alianzas sólidas, compartir conocimiento y trazar juntos el camino hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todas las regiones y generaciones", destacó Frank Pearl, presidente de ACP.

El evento contará con la participación de precandidatos presidenciales, quienes presentarán sus propuestas sobre el papel del sector energético en el desarrollo económico, social y ambiental de Colombia.

También se entregarán los Premios Hechos de Sostenibilidad ACP 2025, que reconocen iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo territorial y la reducción de brechas. 

El evento busca fomentar el diálogo, la toma de decisiones informadas y la consolidación de alianzas estratégicas en el sector energético del país.

Ecopetrol informó la cantidad de gas natural que pondrá a disposición en su próximo proceso de comercialización, con volúmenes entre 51 y 72 GBTUD provenientes de los campos Cusiana y Cupiagua, en el piedemonte llanero.

La oferta estará disponible durante junio y julio de 2025, con entregas programadas desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2029. 

Además, la empresa ofrecerá 60 GBTUD de gas natural importado durante cinco años, el cual ingresará por la costa pacífica colombiana entre el segundo y tercer trimestre de 2026.

Este suministro se respaldará en el contrato de servicios de regasificación firmado en febrero de 2025, como una nueva fuente para atender la demanda en el interior del país, previo a la puesta en marcha de los proyectos costa afuera. 

Álvaro Casanova, gerente de gas y GLP de Ecopetrol, destacó que este proceso permitirá a distribuidores y comercializadores gestionar su suministro con contratos de largo plazo, asegurando la entrega del energético a hogares, comercios e industrias.

También reafirmó el compromiso de la empresa en desarrollar proyectos que fortalezcan la oferta y garantizar el abastecimiento. 

Las condiciones del proceso estarán disponibles para consulta a partir del 6 de junio de 2025 en el portal web de Ecopetrol. Adicionalmente, la compañía prevé incluir hasta 56 GBTUD provenientes de los campos Floreña y Gibraltar en un proceso de comercialización posterior, sujeto a la superación de retos técnicos. 

Con estas medidas, Ecopetrol proyecta aportar cerca del 93% del gas en firme para los próximos tres años.

Natalia Irene Molina Posso fue posesionada como directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por el presidente Gustavo Petro.

La politóloga cartagenera cuenta con formación en análisis y política económica, así como en economía internacional, con estudios en la Université Sorbonne Paris Nord y HWR Berlín.

Desde agosto de 2024, Molina Posso se desempeñó como subdirectora de Descentralización y Desarrollo Territorial del DNP, liderando políticas públicas con enfoque diferencial y territorial.

Ha participado en la estructuración del programa ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ y en proyectos de transformación cultural, gestión de activos especiales y empalme gubernamental.

Sus investigaciones han sido publicadas en revistas especializadas, entre ellas el Journal of Economic Issues, y ha sido reconocida con premios como el Herbert Simon Young Scholar Prize en 2023 y la beca AIBO en 2024.

Designada mediante el Decreto 0622 del 4 de junio de 2025, la nueva directora asumirá el liderazgo en la formulación y seguimiento de políticas públicas con énfasis en ordenamiento territorial y desarrollo regional.

Es la tercera persona en ocupar el cargo tras Jorge Iván González y Alexander López Maya.

Un grupo de 16 excomandantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC), nombrados en noviembre de 2024 por el presidente Gustavo Petro como gestores de paz, anunciaron la suspensión de sus funciones y pusieron su cargo a disposición del mandatario.

En un comunicado, los exparamilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", denunciaron el incumplimiento reiterado de compromisos por parte de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), a cargo de Otty Patiño.

Aseguraron que su nombramiento se ha reducido a un acto simbólico, pues la OCCP no mostró intención real de apoyar sus gestiones.

Los firmantes acusaron a la mencionada oficina de falta de transparencia, dilaciones constantes y desobediencia a órdenes presidenciales directas, condiciones que, según ellos, hicieron imposible cumplir con su labor de manera eficiente y digna.

Uno de los puntos clave de la queja fue una reunión celebrada el 4 de mayo de 2024 con representantes de la OCCP, donde se acordó instalar una mesa para cerrar el proceso de Ralito y eliminar la Ley 975 de Justicia y Paz.

Sin embargo, la OCCP no cumplió con la instalación de esta mesa en las fechas pactadas y, sin explicación, cambió el enfoque de la gestoría, negando la posibilidad de avanzar en el cierre de Ralito.

Desde su designación, los exjefes paramilitares afirmaron haber intentado avanzar en gestiones humanitarias, identificación de bienes entregados a la justicia y cierre del proceso de Ralito, pero denunciaron que durante ocho meses no se convocó ninguna mesa técnica ni se asignó presupuesto para estas tareas.

La frustración aumentó cuando una reunión plenaria urgente con todos los gestores de paz ex-AUC, que contaba con resoluciones de traslado del Inpec, fue cancelada de forma unilateral 48 horas antes, por orden de altos funcionarios de la OCCP, sin que se presentaran razones técnicas, jurídicas o de seguridad.

Esta renuncia representa un revés para la estrategia de paz del Gobierno Petro, pues los exparamilitares responsabilizan directamente a funcionarios como Otty Patiño, Álvaro Jiménez y María Paz Lara de obstaculizar el proceso de reconciliación que ellos debían facilitar.

Esta situación pone en evidencia tensiones internas que afectan los avances en la política de "paz total" promovida por el ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro designó a Diana Marcela Morales Rojas como ministra de comercio, industria y turismo, según el decreto 0623 del 4 de junio de 2025. La funcionaria reemplaza a Cielo Elainne Rusinque Urrego, quien ocupaba el cargo de manera interina.

Morales Rojas es politóloga egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Economía de la Universidad Javeriana.

Actualmente, se desempeñaba en la secretaría de la Comisión IV de la Cámara de Representantes. También posee estudios en Estado, políticas públicas y desarrollo, derecho constitucional y una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes, con énfasis en seguridad, paz y desarrollo.

Además, ha cursado formación en emprendimiento y economías emergentes en la Universidad de Harvard. En su trayectoria profesional ha trabajado como consultora y asesora en firmas jurídicas.

También ha ocupado cargos en entidades públicas, como directora de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas y asesora en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Nacida en Arauca, Morales Rojas es hija de Nohora Elsy Rojas Arenas, abogada y nutricionista, y de Ricardo Morales Esguerra. Su nombramiento ha sido recibido con entusiasmo en los Llanos Orientales, donde destacan que es la primera mujer de la región en ocupar un ministerio y una de las pocas figuras del territorio en llegar a estas esferas del poder central.