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El Comité Nacional de Paro Arrocero ha emitido una alerta urgente a los productores de arroz paddy verde en Colombia^. La organización ha advertido que la industria molinera está solicitando la firma de un "acuerdo industrial" que podría poner en riesgo los derechos de los agricultores.

Este comunicado, difundido el 10 de agosto de 2025, insta a los productores a no firmar dicho documento. Según el comité, este acuerdo no garantiza un precio justo que cubra los costos de producción y podría ser utilizado en contra de los agricultores en el futuro.

La firma del documento también desconocería la Resolución 241 de 2025, que regula el precio del arroz paddy verde y es de cumplimiento obligatorio.

El comité de Dignidad Agropecuaria Colombiana, responsable del llamado, argumenta que firmar el acuerdo significaría un retroceso en los logros alcanzados por el sector.

Por ello, han reiterado el llamado a la unidad de los productores para defender sus derechos y exigir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Superintendencia de Industria y Comercio el pleno cumplimiento de la resolución de precios vigente.

Finalmente, el Comité Nacional de Paro Arrocero enfatizó que la fortaleza del sector radica en la unidad. El mensaje es claro: "¡No firmar! Sigamos luchando por un precio justo y el cumplimiento de la ley".

Productores de arroz en Casanare enfrentan una difícil situación comercial en plena temporada de cosecha, debido a la negativa de la industria molinera de acoger los precios mínimos establecidos por el Ministerio de Agricultura.

Durante el mes de agosto, cuando se concentra la mayor recolección del cultivo en el departamento, los agricultores han tenido que entregar el arroz en consignación o sin precio definido, lo que ha generado pérdidas económicas y preocupación en el gremio.

El arroz Paddy verde, una vez cosechado, no puede permanecer más de tres días en los vehículos de transporte sin perder calidad, lo que obliga a los productores a desprenderse del grano sin garantías de pago.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ha participado en mesas de concertación con el Gobierno nacional y representantes del sector, expresando su inquietud por el incumplimiento de la Resolución 0241, que fijaba precios mínimos de compra para el arroz en distintas regiones del país.

Milena García, presidenta de la Asociación de Mujeres Arroceras de Casanare, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, a Fedearroz y a la industria molinera para que se retomen los diálogos y se garantice la recepción del producto.

“No podemos seguir perdiendo arroz ni acumulando deudas. La situación es crítica y necesitamos soluciones inmediatas”, afirmó.

Por su parte, el secretario de agricultura departamental, Alexi Duarte, señaló que más de 216 mil hectáreas están en riesgo por la falta de acuerdos comerciales.

“Esperamos una reacción solidaria de la industria para proteger la producción nacional y la economía regional”, indicó.

Las autoridades locales y los gremios agrícolas solicitan al Ministerio de Agricultura y a los actores de la cadena productiva que se generen espacios de conciliación dentro de los tiempos establecidos, con el fin de evitar un colapso en el sector arrocero de Casanare.

Mediante el Decreto 278 de 2025, fue aprobado el proyecto con código BPIN 2025005850026, que contempla la elaboración de estudios y diseños para la producción y transformación industrial del pescado en el departamento de Casanare.

La iniciativa cuenta con una asignación de $935 millones provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).

El proyecto incluye estudios técnicos, económicos, financieros y diseños detallados para la construcción y puesta en operación de una planta que integrará procesos como producción de alevines, generación de hielo, sacrificio y aprovechamiento de carne de pescado.

Enfoque agroindustrial

La propuesta hace parte del plan de agroindustrialización y Diversificación económica de Casanare (PACA) y responde a solicitudes planteadas por más de 200 productores piscícolas de la zona sur del departamento, reconocida por su potencial en este renglón económico.

Según el cronograma establecido, los estudios y diseños definitivos serán entregados en el primer trimestre de 2026, lo que permitirá avanzar hacia la etapa de gestión de recursos y financiamiento para la construcción de la planta.

El proyecto busca estructurar una unidad de transformación que permita consolidar el mercado regional del pescado y explorar oportunidades de comercialización nacional e internacional.

Induarroz, que representa a una parte de la industria arrocera en Colombia, ha manifestado su profunda inquietud respecto a la reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad de precios regulados.

Para la entidad esta medida, acordada durante las negociaciones con los líderes del paro arrocero, ha sido implementada sin considerar el origen de la problemática del mercado ni los comentarios técnicos presentados por la industria.

Un contexto de sobreoferta histórica

La industria arrocera, que genera más de 8.000 empleos formales en las zonas rurales del país, ha señalado que la situación actual se debe a una sobreoferta sin precedentes.

En 2024, Colombia alcanzó un récord histórico de siembra con 631.000 hectáreas, lo que resultó en la mayor cosecha de su historia. A pesar de los llamados a la racionalización de las siembras, la superficie cultivada continuó aumentando, especialmente en Casanare, donde en el primer semestre de 2025 se registró un récord de 216.000 hectáreas.

Esta expansión provocó que, para 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios un 92% superiores a los de 2024, excediendo lo recomendado por el plan de ordenamiento productivo de la UPRA.

A este panorama nacional se suma una sobreoferta global que ha reducido los precios internacionales del arroz en cerca de un 30%.

Libertad regulada y sus riesgos

La resolución ministerial, emitida durante el paro arrocero, ha establecido precios mínimos de compra que, según datos de Fedearroz, son hasta un 17% más altos que los precios de mercado, dependiendo de la región, sostuvo Induarroz.

En este contexto la agremiación advirtió que esta medida podría generar varios riesgos significativos. El primero, un posible aumento en los precios del arroz blanco para los consumidores, afectando principalmente a los hogares de bajos ingresos.

Segundo, se generaría un "efecto incentivo" que podría llevar a un mayor incremento de las siembras, profundizando así la sobreoferta.

Un tercer desafío sería la pérdida de competitividad frente a las importaciones en un mercado internacional con excedentes del grano. Y finalmente, el aumento de la informalidad en la cadena de producción.

Respaldo de la Superintendencia de Industria y Comercio

Induarroz citó el concepto jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que respaldó varias de las observaciones de la industria.  En este sentido, la agremiación manifestó que la Superintendencia concluyó que la imposición de este régimen de libertad regulada constituye "una clara limitación al libre proceso de formación de precios" y podría afectar la eficiencia del mercado.

Además, señaló que esta medida solo se justificaría si fuera de carácter transitorio, lo que genera incertidumbre para los compradores y podría desincentivar el almacenamiento del cereal a largo plazo.

La SIC también advirtió que este tipo de medidas podría incentivar a los compradores a adquirir arroz en regiones con precios mínimos más bajos.

Dicha coyuntura podría generar una "dependencia estructural del sector respecto del apoyo gubernamental" que acentúe las distorsiones del mercado y comprometa su sostenibilidad.

La entidad recomendó trabajar en los problemas estructurales del mercado, en coherencia con los principios de libre competencia.

Por último, Induarroz ha reiterado su compromiso de trabajar en una solución estructural, basada en la implementación de una agenda de competitividad y el plan de ordenamiento productivo, con miras a la apertura comercial de 2030.

La Alcaldía de Yopal, en cabeza del alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño, ha emitido un comunicado público haciendo un llamado al gremio arrocero del municipio para que acate las disposiciones del Gobierno Nacional en defensa del productor local.

El mensaje se da en el contexto de la coyuntura actual por los precios del arroz Paddy verde y las directrices del Gobierno y la Gobernación de Casanare.

La Resolución 0241, expedida el 1 de agosto de 2025 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establece un precio para el arroz Paddy verde por región productora, el cual fue resultado de una discusión y concertación entre representantes del sector agrícola y la industria molinera.

En este sentido, la Administración Municipal exhorta a las industrias molineras, comerciantes e intermediarios de Yopal a respetar y aplicar los precios regulados, con el fin de garantizar condiciones justas para los productores locales y proteger la economía agrícola.

El comunicado resalta que es deber de todos los actores del sector velar por una cosecha transparente, ordenada y solidaria.

Además, se recuerda que actualmente se encuentra en consulta pública un proyecto de Resolución que busca regular el precio del arroz blanco a granel y empacado.

Esta medida adicional del Gobierno Nacional tiene como objetivo controlar las distorsiones en el mercado interno provocadas por el ingreso de arroz a precios irregulares.

Finalmente, el burgomaestre ratifica su compromiso con el bienestar de los productores de Yopal, invitando a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad, respeto por las normas y sentido de pertenencia por el campo, priorizando el diálogo y el cumplimiento de la ley para garantizar el sostenimiento de la producción local y la estabilidad del campesinado.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, hizo un llamado público a los industriales del arroz con operación en el departamento para que atiendan la cosecha local y respalden a los productores, en el marco de las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno nacional.

La solicitud se dio tras la expedición de la Resolución 0241 del Ministerio de Agricultura, que fija el precio del arroz Paddy verde por región productora. Esta medida fue concertada entre las partes luego de semanas de negociación y busca estabilizar el mercado frente a la crisis de precios que afecta al sector.

Además, se encuentra en proceso de consulta el proyecto de resolución que someterá al arroz blanco, tanto a granel como empacado, al régimen de libertad regulada. Este documento está disponible en el portal SUCOP y entrará en vigencia una vez reciba el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En paralelo, el Ministerio de Comercio adelanta acciones para controlar el ingreso de arroz importado con precios artificiales que alteran el mercado interno, y para garantizar condiciones que protejan la producción nacional.

El mandatario departamental instó a los molinos a actuar con responsabilidad y solidaridad, y a mantener un diálogo abierto con el gremio y los productores para asegurar una cosecha ordenada en 2026. Señaló que la economía de los casanareños debe ser prioridad y que el compromiso del Gobierno nacional con el sector arrocero debe reflejarse en el comportamiento de los actores comerciales.

El Ministerio de Agricultura informó que siguen abiertas las vías de diálogo con los productores de arroz, quienes se levantaron de la mesa de negociación con el  Gobierno y anunciaron que la movilización continuará de manera indefinida.

Adicionalmente, dicha cartera aseguró, mediante comunicado, que el Gobierno nacional ha emprendido varias acciones, entre las que se encuentra la publicación del proyecto de resolución para implementar libertad regulada sobre el precio del arroz paddy verde.

Mencionó el Ministerio que esta propuesta se encuentra abierta a comentarios hasta hoy 18 de julio. También precisó que solicitó al Ministerio de Comercio la aplicación de una salvaguardia, en el marco de lo establecido por la Ley 101 de 1993, con el objetivo de proteger a los productores nacionales.

El MinAgricultura también destacó la visita de funcionarios a la frontera con Ecuador, específicamente al Puente Internacional de Rumichaca, para poner en marcha un plan encaminado a combatir el contrabando técnico y el lavado de activos que impactan la cadena arrocera.

Así mismo, se realizó una reunión nacional el pasado lunes 14 de julio, que contó con la presencia de gobernadores, productores, representantes del sector industrial y comercial, y entidades gubernamentales.

Reiteró el Ministerio de Agricultura que estas iniciativas buscan tanto soluciones inmediatas como estructurales frente a la situación del sector, e hizo un llamado a las organizaciones movilizadas para que participen en el diálogo y la construcción conjunta de alternativas.

El Gobierno insiste en que el diálogo es el camino para alcanzar un precio justo del arroz paddy verde, de modo que los productores puedan cubrir los costos de producción y garantizar la sostenibilidad de la actividad.

Por último, reafirmó su compromiso con la economía campesina y la defensa del trabajo de las familias dedicadas al cultivo de arroz.

La invitación se extiende a todos los actores de la cadena arrocera a participar en la construcción de un gran acuerdo nacional que asegure el ingreso de los productores, promueva la industrialización y prepare al sector ante los retos de la apertura comercial prevista para 2030.

El gremio arrocero de Colombia inició este lunes 14 de julio de 2025 un paro nacional indefinido, generando bloqueos en importantes vías de al menos ocho departamentos del país.

La movilización, convocada por Dignidad Agropecuaria Colombiana, busca presionar al Gobierno nacional para que cumpla con acuerdos pactados previamente y atienda la crisis de rentabilidad que afecta al sector.

Los agricultores han manifestado su desconfianza ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos en marzo de 2025, relacionados con la estabilidad del precio del cereal.

La caída de precios, la crisis de rentabilidad y la falta de intervención estatal son las principales razones que han llevado a los arroceros a tomar esta medida de fuerza.

Vías afectadas

El paro arrocero ha impactado significativamente la movilidad en varias regiones del país. Los departamentos más afectados incluyen Huila, Casanare, Meta, Arauca, Guaviare, Córdoba y Sucre.

En el departamento del Tolima, se han reportado tres puntos principales de bloqueo: el Puente de Saldaña, que interrumpe el paso entre Bogotá y Neiva; el sector de Chicoral, afectando la movilidad entre Ibagué y Espinal; y el municipio de Lérida, impactando el tránsito entre Ibagué y Honda.

Uno de los corredores viales con mayor afectación es la Vía al Llano, donde se han registrado cierres en ambos sentidos a la altura del sector Llano Lindo. Además, vías en Córdoba (Lorica y Tierra Alta), Casanare (Aguazul), Arauca (Tame) y Meta (Vía al Llano) también presentan bloqueos intermitentes o cierres totales.

Los agricultores han implementado un esquema de bloqueos intermitentes, manteniendo las vías cerradas por periodos de seis horas y permitiendo el paso vehicular por una hora antes de volver a cerrar. Solo se permite el paso de vehículos de emergencia.

Demandas y negociaciones

Los líderes del gremio arrocero han sido enfáticos en su negativa a negociar sin la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional.

Exigen la participación de las ministras de agricultura, Martha Carvajalino; de comercio, Diana Morales; de ambiente, Lena Estrada; y la superintendente de Comercio, Cielo Rusinque.

Ángel María Serrano, líder arrocero del Tolima, expresó la desconfianza del sector ante la falta de cumplimiento de los acuerdos de marzo, donde no se ha recibido ningún apoyo económico.

Los arroceros buscan firmar un acta de compromiso con la superintendencia, los ministerios de Comercio, Agricultura y la industria molinera para garantizar la estabilidad del precio del arroz.

El paro se mantendrá de manera indefinida hasta que el Gobierno ofrezca soluciones concretas a la crisis que enfrenta el sector, que incluye pérdidas millonarias para los agricultores.

Los productores de arroz en Colombia han convocado un paro nacional indefinido a partir del 14 de julio, en respuesta a lo que califican como una crisis sin precedentes en el sector.

La decisión fue anunciada por Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Arrocera Nacional, quienes denuncian el incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro de marzo de este año.

Según los organizadores de la protesta, la caída de precios registrada en diciembre de 2024 y junio de 2025 ha dejado a los agricultores en una situación insostenible.

Líderes gremiales sostienen que los precios actuales no cubren los costos de producción, generando pérdidas de hasta un millón de pesos por hectárea cosechada.

Además, el gremio señala que la industria molinera está controlada por un duopolio que impone condiciones desfavorables a los pequeños y medianos productores.

A esto se suma el contrabando sin control y la vigencia de tratados de libre comercio (TLC) que obligan a importar arroz, incluso cuando hay suficiente producción nacional.

Casanare se sumará al paro

Desde Yopal, capital del mayor productor de arroz del país, 1.300 agricultores se reunieron y lanzaron un mensaje contundente: “No hemos querido llegar al paro. Nos han llevado hasta aquí”.

En su pronunciamiento, los arroceros casanareños afirman que sembrar arroz hoy significa perder, y que el impacto no solo golpea al agricultor, sino también a la economía local, el empleo rural, las familias y el comercio.

“El paro no es un capricho, es un llamado de auxilio”, expresaron. Con este mensaje, invitan a toda la ciudadanía a comprender y respaldar la movilización, que consideran una lucha por la soberanía alimentaria, la justicia y el derecho a vivir dignamente de la tierra.

Exigencias del gremio arrocero

• Precios justos que cubran los costos de producción
• Control efectivo al contrabando
• Revisión y renegociación de los TLC
• Protección a la producción nacional
• Cumplimiento inmediato de los acuerdos del paro de marzo de este año.

Henry Sanabria, presidente de la junta directiva de Fedearroz en Casanare, ha alzado su voz para denunciar una situación sin precedentes: una caída del 25% en el precio del producto, acompañada de un aumento en los costos de producción, todo ello a pocos días del inicio de la cosecha.

Dijo que la tendencia a la baja en los precios viene desde septiembre del año pasado y va en contravía de las expectativas de los agricultores quienes esperaban para esta temporada un precio justo.

Sin embargo, la situación actual la calificó de "inexplicable", con una disminución en los precios que nunca antes se había presentado en el departamento previo al arranque de la recolección del grano.

Sanabria subrayó que, aunque los arroceros asumen su responsabilidad en la seguridad alimentaria del país, los costos que enfrentan no se reflejan en el precio actual del producto.

Ante la incertidumbre, han surgido diversas teorías. Sanabria desmiente categóricamente la desinformación sobre el censo de áreas cultivadas, aclarando que el informe oficial del Dane para 2025 se publicará entre el 11 y el 15 de agosto.

Igualmente, descartó que un aumento en el número de hectáreas sembradas sea la causa, calificando tal afirmación de "especulativa".

Respecto al contrabando, si bien existen convenios de la CAN que permiten la entrada libre de arroz de Perú y Ecuador sin restricciones, la Federación ha investigado y monitoreado las cosechas en estos países.

Como resultado de esta labor se encontró que estos territorios también enfrentan problemas de precios bajos y producción debido a situaciones como inundaciones.

La explicación que Sanabria, a título personal, es una "guerra comercial" entre la gran industria molinera para dominar los mercados de los grandes almacenes de superficie, como Ara y D1, que son los principales demandantes de arroz en el país.

La estrategia, según su análisis, consiste en deprimir el precio del arroz blanco para ganar las subastas de adquisición. Esta táctica ha resultado en una paradoja inaceptable: el precio del arroz blanco no ha caído en la misma proporción del 25% que ha bajado el arroz paddy verde.

"Fedarroz, que antes despachaba 60 o 70 mulas a Ara, hoy solo despacha 10", ejemplificó Sanabria, señalando que la gran industria está acaparando el mercado del arroz blanco.

Así, la diferencia entre el precio de compra del año pasado, por ejemplo, $1.552 por libra de arroz paddy verde y el precio actual, ad-portas de la cosecha es de $1.252.

Esta situación se traduce en una reducción de 15,000 pesos por carga en la zona centro y 10,000 pesos en la zona de los llanos. Ahora solo resta esperar que el mercado haga un giro positivo y que mejoren los precios, para no tener pérdidas.