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Los productores de arroz en Colombia han convocado un paro nacional indefinido a partir del 14 de julio, en respuesta a lo que califican como una crisis sin precedentes en el sector.

La decisión fue anunciada por Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Arrocera Nacional, quienes denuncian el incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro de marzo de este año.

Según los organizadores de la protesta, la caída de precios registrada en diciembre de 2024 y junio de 2025 ha dejado a los agricultores en una situación insostenible.

Líderes gremiales sostienen que los precios actuales no cubren los costos de producción, generando pérdidas de hasta un millón de pesos por hectárea cosechada.

Además, el gremio señala que la industria molinera está controlada por un duopolio que impone condiciones desfavorables a los pequeños y medianos productores.

A esto se suma el contrabando sin control y la vigencia de tratados de libre comercio (TLC) que obligan a importar arroz, incluso cuando hay suficiente producción nacional.

Casanare se sumará al paro

Desde Yopal, capital del mayor productor de arroz del país, 1.300 agricultores se reunieron y lanzaron un mensaje contundente: “No hemos querido llegar al paro. Nos han llevado hasta aquí”.

En su pronunciamiento, los arroceros casanareños afirman que sembrar arroz hoy significa perder, y que el impacto no solo golpea al agricultor, sino también a la economía local, el empleo rural, las familias y el comercio.

“El paro no es un capricho, es un llamado de auxilio”, expresaron. Con este mensaje, invitan a toda la ciudadanía a comprender y respaldar la movilización, que consideran una lucha por la soberanía alimentaria, la justicia y el derecho a vivir dignamente de la tierra.

Exigencias del gremio arrocero

  • Precios justos que cubran los costos de producción
  • Control efectivo al contrabando
  • Revisión y renegociación de los TLC
  • Protección a la producción nacional
  • Cumplimiento inmediato de los acuerdos del paro de marzo de este año.

Mauricio Rodríguez Amaya asumió como director de Prosperidad Social este jueves 10 de julio, cargo desde el cual liderará iniciativas enfocadas en asociatividad, desarrollo económico comunitario e inclusión financiera.

Rodríguez Amaya, abogado con especialización en derecho público de la Universidad Autónoma de Colombia y estudiante de maestría en sociología en la Universidad Nacional, cuenta con más de dos décadas de experiencia en proyectos sociales y solidarios.

Antes de esta designación, dirigió la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio del Trabajo.

Entre las tareas que asumirá está la consolidación del Pilar Solidario de la reforma pensional, política que busca garantizar un ingreso mínimo a cerca de 3 millones de adultos mayores sin acceso previo a pensión.

También tiene a su cargo la implementación de programas de fortalecimiento a la economía popular, articulación del Sistema de Transferencias, y ampliación de la inclusión financiera.

De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el enfoque será concentrar los subsidios en personas sin capacidad de generar ingresos, mientras se brindan herramientas para el fortalecimiento de la autonomía económica en comunidades vulnerables.

El nuevo director destacó la necesidad de orientar la política social hacia esquemas que promuevan la organización colectiva y el trabajo comunitario.

Señaló que se está incrementando la inversión en iniciativas productivas que incluyen entrega de recursos, créditos asociativos, asistencia técnica y dotación de insumos para actividades desarrolladas por unidades económicas solidarias y populares.

Prosperidad Social será la encargada de ejecutar estas acciones en armonía con las metas del Gobierno nacional, especialmente aquellas relacionadas con justicia social y ampliación de oportunidades en territorios con mayores índices de pobreza.

 

Una grave situación golpea al sector arrocero, actividad agrícola que en Casanare genera más de 40.000 empleos que pueden entrar en riesgo, según advirtió el gobernador César Ortiz Zorro.

La advertencia surge ante el desequilibrio entre los bajos precios de compra del arroz (1.280 pesos/libra) y los elevados costos de producción (1.500 pesos/libra), lo que podría generar un paro nacional y bloqueos viales a nivel país.

El mandatario señaló que la actual cosecha, afectada por las condiciones climáticas y los problemas de comercialización, expone al departamento a pérdidas estimadas entre 400.000 y 500.000 millones de pesos.

Esto se suma a la reducción de regalías y recortes al Fondo de Pensiones Territoriales (Fompet), que ya limitan los recursos disponibles para atender el impacto económico que se puede suscitar ante una posible crisis de este sector productivo.

Frente a este panorama, Ortiz Zorro propuso la creación de una gran mesa nacional para buscar soluciones urgentes.

Esta convocatoria incluiría a gobernadores de regiones productoras, congresistas, representantes del Gobierno nacional y la industria molinera. El objetivo sería establecer medidas inmediatas que eviten el colapso de la producción arrocera.

El gobernador insistió en la necesidad de subsidios estatales para sostener la industria y pidió solidaridad a las empresas molineras, exhortándolas a mejorar condiciones de pago que permitan la sostenibilidad de los agricultores.

Ortiz Zorro recordó que durante sus épocas de representante a la Cámara, fue coautor de un proyecto de ley que busca crear un fondo de estabilización de precios para el arroz, como herramienta para enfrentar las fluctuaciones del mercado.

También advirtió que para el año 2030 entrarán en vigencia la eliminación de aranceles para el arroz importado, lo que podría comprometer la supervivencia del cultivo en el país, si no se establecen políticas públicas claras.

Asimismo, denunció el impacto del contrabando y las condiciones climáticas adversas que afectan las cosechas actuales, agravando aún más el panorama para este gremio.

La situación no solo pone en peligro el sustento de miles de familias casanareñas, sino que amenaza con desencadenar movilizaciones masivas y bloqueo de vías, si no se toman medidas inmediatas.

El gobernador hizo un llamado urgente a todas las instancias del Estado para proteger a uno de los sectores agrícolas más importantes del país.

Opella Colombia informó que el producto identificado como Pharmaton Complex, al que hace referencia una reciente alerta sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad colombiana.

La compañía aclaró que no ha gestionado autorización para comercializar el suplemento en el país, por lo que su presencia en el mercado nacional es considerada irregular.

Pharmaton, aunque es parte del portafolio global de Opella y se distribuye legalmente en países como Argentina, Ecuador y Panamá, no está disponible oficialmente en Colombia.

Según la farmacéutica, cualquier venta local del producto se está realizando sin su autorización ni el aval del ente regulador.

La advertencia surge tras un reporte recibido por la compañía de un consumidor que adquirió el producto en línea.

Luego de aplicar sus protocolos de control de calidad y farmacovigilancia, Opella confirmó mediante análisis de laboratorio que se trataba de una falsificación. La situación fue comunicada al INVIMA, incluyendo pruebas técnicas que respaldan la denuncia.

La empresa exhortó a los ciudadanos a adquirir productos únicamente a través de canales autorizados y recordó que el uso de suplementos no registrados representa un riesgo para la salud pública.

En caso de dudas o inquietudes sobre la autenticidad de un producto, la farmacéutica puso a disposición el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Sobre Opella

Opella forma parte del sector global de autocuidado y ocupa el tercer lugar en el mercado de productos de venta libre y suplementos nutricionales.

Atiende a más de 500 millones de consumidores en todo el mundo y cuenta con un equipo global de 11.000 personas, 13 centros de producción y cuatro espacios dedicados a innovación científica.

Su sede principal está en Francia y administra marcas reconocidas como Enterogermina, Allegra, Buscapina y Dulcolax en América Latina.

También ha sido certificada como Empresa B en varios mercados, incluida Hispanoamérica.

 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Pharmaton Complex, un multivitamínico que no cuenta con registro sanitario en Colombia.

La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima confirmó que este producto se promociona como medicamento, pero no ha sido evaluado ni autorizado por la entidad, por lo que se considera fraudulento.

El consumo de Pharmaton Complex representa un riesgo para la salud, ya que, al no cumplir con los estándares mínimos de calidad, seguridad y eficacia, puede provocar efectos adversos graves como palpitaciones, insomnio, retención de líquidos y daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado.

La alerta surgió tras una denuncia ciudadana que permitió identificar la venta irregular de este producto.

La Gobernación de Casanare y la Secretaría de Salud local instan a la población a no adquirir Pharmaton Complex y a reportar cualquier punto de venta sospechoso mediante la plataforma oficial de consultas de registros sanitarios del Invima.

Adicionalmente, quienes hayan consumido el producto y experimenten reacciones adversas deben informar a través del portal de farmacovigilancia habilitado por la entidad.

Por su parte, la empresa Opella, propietaria de la marca Pharmaton, aclaró que Pharmaton Complex no está autorizado ni registrado en Colombia, y que la versión que circula en el país es una falsificación. La compañía confirmó que el producto se comercializa legalmente en otros países, pero no en territorio colombiano.

El Invima reiteró la importancia de verificar siempre que los medicamentos y suplementos cuenten con registro sanitario visible en su empaque y registrado en la base de datos oficial para evitar riesgos a la salud pública.

Las autoridades continúan con las investigaciones y hacen un llamado a la comunidad para mantener la vigilancia y denunciar cualquier irregularidad en la venta de medicamentos o suplementos.

 

Henry Sanabria, presidente de la junta directiva de Fedearroz en Casanare, ha alzado su voz para denunciar una situación sin precedentes: una caída del 25% en el precio del producto, acompañada de un aumento en los costos de producción, todo ello a pocos días del inicio de la cosecha.

Dijo que la tendencia a la baja en los precios viene desde septiembre del año pasado y va en contravía de las expectativas de los agricultores quienes esperaban para esta temporada un precio justo.

Sin embargo, la situación actual la calificó de "inexplicable", con una disminución en los precios que nunca antes se había presentado en el departamento previo al arranque de la recolección del grano.

Sanabria subrayó que, aunque los arroceros asumen su responsabilidad en la seguridad alimentaria del país, los costos que enfrentan no se reflejan en el precio actual del producto.

Ante la incertidumbre, han surgido diversas teorías. Sanabria desmiente categóricamente la desinformación sobre el censo de áreas cultivadas, aclarando que el informe oficial del Dane para 2025 se publicará entre el 11 y el 15 de agosto.

Igualmente, descartó que un aumento en el número de hectáreas sembradas sea la causa, calificando tal afirmación de "especulativa".

Respecto al contrabando, si bien existen convenios de la CAN que permiten la entrada libre de arroz de Perú y Ecuador sin restricciones, la Federación ha investigado y monitoreado las cosechas en estos países.

Como resultado de esta labor se encontró que estos territorios también enfrentan problemas de precios bajos y producción debido a situaciones como inundaciones.

La explicación que Sanabria, a título personal, es una "guerra comercial" entre la gran industria molinera para dominar los mercados de los grandes almacenes de superficie, como Ara y D1, que son los principales demandantes de arroz en el país.

La estrategia, según su análisis, consiste en deprimir el precio del arroz blanco para ganar las subastas de adquisición. Esta táctica ha resultado en una paradoja inaceptable: el precio del arroz blanco no ha caído en la misma proporción del 25% que ha bajado el arroz paddy verde.

"Fedarroz, que antes despachaba 60 o 70 mulas a Ara, hoy solo despacha 10", ejemplificó Sanabria, señalando que la gran industria está acaparando el mercado del arroz blanco.

Así, la diferencia entre el precio de compra del año pasado, por ejemplo, $1.552 por libra de arroz paddy verde y el precio actual, ad-portas de la cosecha es de $1.252.

Esta situación se traduce en una reducción de 15,000 pesos por carga en la zona centro y 10,000 pesos en la zona de los llanos. Ahora solo resta esperar que el mercado haga un giro positivo y que mejoren los precios, para no tener pérdidas.

En un giro inesperado que sacude el panorama político colombiano, Laura Sarabia, la hasta ahora canciller de la República, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro este jueves 3 de julio.

La dimisión, que se produce en medio de una creciente controversia, ha generado un sinfín de interrogantes sobre el futuro del gabinete y las implicaciones para la administración actual.

Sarabia, una figura clave en el círculo de confianza del presidente Petro, ha expresado que su salida se debe a "decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar".

Un adiós inesperado

La renuncia de Sarabia no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de tensiones y desacuerdos internos. Según su misiva, las diferencias con la administración de Petro son "profundas" y van más allá de "desacuerdos menores o disputas de razón".

Esta declaración subraya una fractura significativa en la cúpula del gobierno, donde Sarabia, quien había ocupado cargos de alta relevancia como jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), sentía que el rumbo tomado por el Ejecutivo ya no era compatible con sus principios y convicciones.

La controversia de los pasaportes

Uno de los puntos de inflexión que precipitó la salida de Sarabia fue la controversia en torno al contrato para la fabricación de pasaportes.

Apenas un día antes de su renuncia, Alfredo Saade, jefe de gabinete y de despacho presidencial, desautorizó públicamente una decisión de Sarabia.

La excanciller había anunciado la renovación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons por once meses más, una medida que incluso había sido respaldada inicialmente por el presidente Petro bajo la figura de "urgencia manifiesta".

Sin embargo, la situación dio un giro drástico cuando el presidente Petro ordenó a Saade no proceder con dicha renovación y, en su lugar, buscar un acuerdo con la Imprenta Nacional y la República de Portugal para la elaboración de los pasaportes.

Esta desautorización pública y el cambio de dirección en un tema tan sensible como la emisión de documentos de identidad, evidenciaron una clara divergencia de criterios y una pérdida de confianza que, para Sarabia, resultó insostenible.

En su carta, la exministra enfatizó que su decisión de renunciar es un acto de "reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público".

Con profundo pesar, Colombia despide a Nidia Quintero, exprimera dama de la nación y creadora de la emblemática Fundación Solidaridad por Colombia, quien falleció este lunes 30 de junio a la edad de 93 años.

Su partida deja un legado imborrable de servicio, filantropía y compromiso social que transformó la vida de innumerables colombianos.

La noticia de su deceso fue confirmada por su nieta, María Carolina Hoyos Turbay, hija de la recordada periodista Diana Turbay.

Nidia Quintero había sido internada de emergencia en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá debido a complicaciones de salud, incluyendo la pérdida del habla en los últimos seis meses, lo que requería asistencia permanente.

María Carolina Hoyos expresó su dolor y gratitud en redes sociales: “Mamita vuela alto y en paz. Hoy el cielo recibe a una gigante: la dama de la solidaridad. Gracias por ser mi mamá de la vida, mi refugio cuando perdí a la mía”.

También, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay (nieto de Nidia Quintero), rindió homenaje destacando: “Doña Nydia, la dama de la solidaridad, partió dejando a Colombia como un lugar mejor. Su vida sembró propósito y luz. Su ejemplo seguirá vivo entre nosotros y será la guía para Miguel, quien honra en cada acto el legado de su abuela”.

Una vida dedicada al servicio y la solidaridad

Nacida en Neiva el 22 de octubre de 1931 , Nidia Quintero fue una figura central en la historia social de Colombia. Su vocación de servicio se forjó desde temprana edad, influenciada por el ejemplo de sus padres.

Contrajo matrimonio con Julio César Turbay Ayala, quien más tarde sería presidente de Colombia (1978-1982). Durante su periodo como primera dama, Nidia Quintero trascendió el rol ceremonial, impulsando programas sociales significativos y logrando la ampliación legal para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendiera a menores hasta los 16 años.

Sin embargo, su mayor legado es la Fundación Solidaridad por Colombia, que cofundó en 1975 junto a su hija Diana Turbay. Esta entidad nació con el propósito de asistir a los damnificados por desastres naturales y promover la cooperación ciudadana, con un enfoque especial en la niñez vulnerable.

Nidia Quintero fue designada presidenta vitalicia de la Fundación, un testimonio de su incansable dedicación.

La Caminata de la Solidaridad por Colombia, inició el 12 de octubre de 1979. Este evento anual se convirtió en un símbolo de unidad y ayuda en el país, congregando a millones de colombianos y a personalidades internacionales para recaudar fondos y apoyar diversas causas sociales.

Incluso después del trágico asesinato de su hija Diana Turbay en 1991, Nidia Quintero mantuvo su firme compromiso con la caminata, demostrando una resiliencia y una fe inquebrantables en el poder de la solidaridad.

En 2016, tras 41 años de liderazgo, Nidia Quintero cedió la presidencia de la Fundación a su nieta María Carolina Hoyos, asegurando la continuidad de su legado.

A lo largo de su vida, fue merecedora de más de 60 distinciones nacionales, incluyendo la Gran Cruz de Boyacá y la Orden al Mérito Rafael García Herreros.

Recordada como “mamá Nydia”, su figura se erige como un ejemplo de perseverancia, organización y un profundo amor por el prójimo.

Colombia honra la memoria de Nidia Quintero de Turbay, una mujer que dedicó su existencia a construir un país más justo y solidario, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocer su obra y su espíritu altruista.

En una noche cargada de tradición, talento y orgullo regional, la representante de Casanare, Laura Ximena Ramos Camacho, fue coronada como la nueva Embajadora Nacional del Folclor 2025, en el cierre del 51° Festival Folclórico Colombiano, realizado en Ibagué.

La joven, profesional en música y apasionada por las raíces llaneras, conquistó al jurado y al público con una presentación vibrante, auténtica y profundamente emotiva.

Su puesta en escena, respaldada por una delegación artística comprometida, fue un homenaje a la identidad cultural del Llano, destacándose entre candidatas de departamentos como Tolima, Magdalena y La Guajira.

La gala de coronación se llevó a cabo en el Patio de Banderas de la unidad deportiva de la calle 42, donde Laura Ximena brilló con carisma, técnica y una conexión genuina con las tradiciones que representa.

Su triunfo no solo enaltece a Casanare, sino que reafirma el valor del folclor como expresión viva de la diversidad folclórica colombiana.

 

Cenit, empresa filial del Grupo Ecopetrol, rechazó las vías de hecho impulsadas por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) en la estación Puente Aranda, en Bogotá, y desmintió la información relacionada con un supuesto desabastecimiento de gasolina de aviación en el Aeropuerto El Dorado y de combustible para el sistema Transmilenio.

La compañía aseguró que las operaciones en dicha estación se desarrollan con normalidad y continúan sin interrupciones. También aclaró que no se están presentando despidos masivos.

Como parte de los avances laborales, Cenit informó sobre acuerdos alcanzados con la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), entre los cuales se destacan:

  • Aplicación anticipada, desde el 15 de julio de 2025, de la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, conforme a la Ley 2101 de 2021.
  • Elección mediante votación del nuevo esquema de turnos propuesto por los operadores.
  • Conversión de 100 contratos a término fijo en contratos a término indefinido.
  • Adición de 50 nuevas posiciones en la planta de operadores.
  • Implementación de programas de formación para fortalecer las habilidades técnicas y humanas del personal 

La empresa reiteró su compromiso con el desarrollo de su talento humano y con la generación de valor para el país.

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