El cuerpo de bomberos local atendió un incidente relacionado con la ruptura de una línea de gas en la vereda Cabañas. El hecho se produjo de manera accidental durante labores de excavación adelantadas por el propietario de un predio en el sector.

Tras el reporte de la emergencia, el personal de bomberos se desplazó al lugar para realizar el control inicial de la fuga y asegurar el perímetro bajo los protocolos de seguridad establecidos. La intervención técnica evitó afectaciones a los residentes de la zona y al medio ambiente.

Una vez estabilizada la situación, se notificó a la empresa prestadora del servicio público. Operarios de la compañía se encargaron de la reparación definitiva de la tubería y del restablecimiento de las condiciones normales de suministro. El evento finalizó sin reporte de personas lesionadas o daños materiales adicionales.

La Administración Municipal de Yopal informó que el proceso para la demolición del complejo habitacional Torres del Silencio se encuentra actualmente en fase precontractual.

Según el reporte oficial, esta etapa busca establecer los parámetros técnicos, jurídicos y financieros necesarios para la ejecución de la obra.

El proceso administrativo inició formalmente el pasado 31 de octubre. Desde esa fecha, se han adelantado actuaciones que incluyen la caracterización de los beneficiarios y gestiones administrativas preliminares. La Alcaldía confirmó que los recursos económicos para la intervención ya están asegurados.

A pesar de las inquietudes ciudadanas, la intervención física de las edificaciones no ha comenzado. La administración argumentó que la demora responde al cumplimiento de los términos de ley y a los trámites propios del inicio del año administrativo.

Según información oficial, actualmente, la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) trabaja en la elaboración de los estudios previos.

Respecto a las alternativas de ejecución, se descartó la participación del Ejército Nacional. Según el informe técnico, esta opción no resultó viable por dos razones. Primero, no se ajustaba a los requisitos legales exigidos para el procedimiento.

Y segundo, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías impidió la firma de un convenio con dicha institución.

La Alcaldía aclaró que, si bien la Ley de Garantías restringió convenios interadministrativos, esta no afecta el proceso de demolición, dado que la normativa vigente permite la continuidad de los procesos de licitación pública sin restricciones.

Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD, indicó que el cronograma se mantiene sujeto al rigor técnico para garantizar la seguridad en la zona intervenida, señalando que la prioridad del municipio es el cumplimiento de la normatividad para evitar fallos en la ejecución del proyecto.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) se encuentra en una fase crítica. La resolución de intervención actual vence el 13 de febrero, y la normativa sugiere que el siguiente paso es una intervención con fines de liquidación, lo que lleva a la empresa a una situación de "cuidados intensivos".

Así lo dieron a conocer Fredy Isaza y Fredy Larrota, presidente y fiscal, respectivamente, del sindicato Sintraemsdes, quienes advirtieron de la situación y manifestaron que confían que la empresa no termine privatizada.

Sobre el papel de la Superintendencia manifestaron que la empresa en los últimos dos años ha tenido cinco agentes interventores, lo que refleja inestabilidad en la gestión. A pesar del tiempo, las causales que originaron la intervención no han sido superadas.

Recalcaron que el permanente cambio de agentes ha impedido la implementación de un plan de gestión coherente y efectivo para superar los problemas de la empresa.

Otra situación adversa mencionada por Isaza y Larrota, es la dificultad para mantener un diálogo fluido y constructivo con la Superintendencia, a pesar de haber solicitado formalmente reuniones que no han sido atendidas.

Los representantes sindicales enfatizaron que han presentado propuestas concretas para mejorar la viabilidad de la empresa, buscando colaborar activamente en su recuperación.

Sin embargo, consideraron que la mayor preocupación es que la figura de liquidación sea un pretexto para privatizar la empresa, ya sea en su totalidad o "por pedacitos", entregándola a operadores de otras particulares.

Expresaron igualmente, que, aunque el superintendente afirmó que la voluntad del Gobierno nacional es no privatizar la empresa, las acciones y la falta de comunicación generan desconfianza sobre sus verdaderas intenciones.

Sobre las propuestas hechas por el sindicato para mejorar la entidad, mencionaron la implementación de micromedidores para asegurar un cobro más justo y preciso del consumo de agua.

Combatir las conexiones ilegales y fraude. Aplicar "mano dura" que incluyan acciones como denuncias penales y sanciones a quienes manipulan las redes y cometen defraudación de fluidos.

Otro punto se debe enfocar en mejorar la gestión de cartera. Abordar el problema de los usuarios que tienen deudas pendientes con la EAAAY.

La entrada al edificio de la Gobernación de Casanare nuevamente se convirtió en el punto de encuentro, para que trabajadores del sector de la salud alzaran una vez más su voz y pedirle al Estado unas mejores condiciones salariales.

Con pancartas donde hacían visibles sus peticiones se apostaron ese miércoles 28 de enero junto al centro administrativo departamental.

Algunos llevan gafas oscuras para protegerse del sol, tan extremadamente candente como la compleja situación que viven, por cuenta de la problemática que se alimenta de los precarios salarios que aseguran recibir.

Se identificaron como profesionales del área de rehabilitación física que prestan servicios domiciliarios para diferentes IPS tanto de Yopal como del resto del departamento.

Le apuntan a participar en las negociaciones sobre tarifas que actualmente se realizan entre EPS e IPS. Según Marlly Johana López, terapeuta física y quien hacía parte de la manifestación, las tarifas se definen sin la presencia de representantes del grupo de talento humano.

"Las EPS con las IPS arreglan una tarifa y nos dicen: 'Ejemplo, la tarifa son 13.500 pesos, es eso o no trabaja'", explicó López. Los profesionales solicitan que haya representantes del área de la salud presentes cuando se establezcan los aumentos de tarifas para las terapias.

En el plantón participaron trabajadores de varias IPS del departamento, entre ellas Caipro, Proyección Life, Orinoco y Promed. Algunos terapeutas indicaron que llevan desde agosto del año anterior sin recibir pagos y que las IPS les han ofrecido contratos con las mismas tarifas del año pasado.

Los profesionales señalaron que no reciben auxilio de transporte y deben pagar su propia seguridad social para poder presentar cuentas de cobro.

Además, manifestaron inquietud sobre la decisión de la interventora de Capresoca de contratar una nueva IPS para todo el tema de servicios domiciliarios, sin considerar a las empresas que llevan entre cinco y seis años prestando el servicio en la región.

Los profesionales también hicieron un llamado al Gobierno nacional para que establezca garantías laborales para el personal de salud, incluyendo un régimen especial similar al de la Policía Nacional o del Ejército, argumentando que prestan un servicio a la comunidad y requieren condiciones laborales que reconozcan esa función.

Esta manifestación es la segunda en lo que va del año. Los terapeutas realizaron un plantón anterior el 20 de enero.

El director de rentas del departamento de Casanare, Johnny Silva, anunció que los contribuyentes con deudas del impuesto sobre vehículos automotores de 2025 y años anteriores podrán acceder a descuentos de hasta 90% en sanciones e intereses moratorios.

La medida fue aprobada por la Asamblea Departamental mediante la ordenanza 013 de 2025 y estará vigente durante los primeros cuatro meses del año: enero, febrero, marzo y abril.

Durante un debate en la Asamblea se presentó un caso de ejemplo: un contribuyente con una deuda de 84 millones de pesos la redujo a 32 millones tras aplicar el beneficio.

El director señaló que el impacto es más notorio para quienes deben grandes sumas, mientras que en motocicletas la reducción es proporcionalmente menor.

Para acceder al descuento, los contribuyentes deben primero ponerse al día con el pago del impuesto de 2026. Una vez cumplido este requisito, podrán liquidar las deudas de años anteriores con los descuentos en sanciones e intereses.

El impuesto vehicular de 2026 también cuenta con descuentos por pronto pago: 15% hasta el 15 de mayo, 10% hasta el 31 de mayo, y 5% durante junio y julio. Entre agosto y noviembre se puede pagar sin intereses ni sanciones.

Silva reportó que en la primera quincena de enero el recaudo aumentó 8.5% comparado con el mismo período del año anterior.

Los pagos se pueden realizar a través de botón PSE, en puntos Efecty (más de 100 en Casanare) y en el Banco de Occidente. El trámite en línea envía automáticamente el comprobante al correo electrónico registrado.

A partir de 2026, el impuesto vehicular en Casanare cambió de un sistema de declaración a facturación, lo que elimina las sanciones por extemporaneidad y mantiene únicamente los intereses moratorios en caso de mora.

La Secretaría de Hacienda planea realizar jornadas en los municipios durante febrero para facilitar los pagos y promover el traslado de cuentas de vehículos con placas de otros departamentos.

Un censo realizado hace ocho años en cuatro municipios mostró que 75% de los vehículos circulaban con placas de otras regiones, por eso el llamado a los propietarios para que matriculen sus automotores en Casanare, que es el lugar donde reciben y donde, por sentido de pertenencia, deben pagar sus impuestos.

En un operativo de registro y allanamiento realizado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio La Campiña, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre y una mujer, identificados con los alias de “Mustafa” y “Tatiana”.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron cuatro revólveres, una pistola traumática y dos escopetas (una de ellas de aire comprimido).

Además de las armas, se incautaron 6.000 gramos de marihuana, 400 gramos de clorhidrato de cocaína, elementos para la dosificación de drogas y dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Casanare, los detenidos presentan antecedentes como indiciados por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Las investigaciones preliminares señalan que el armamento decomisado presuntamente era utilizado para la ejecución de diversas actividades delictivas en el municipio.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así como por porte ilegal de armas de fuego.

El teniente Rafael Rojas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yopal, informó sobre el aumento de casos relacionados con abejas durante la temporada de incendios forestales y escasez de lluvias.

La semana anterior se registraron 15 casos de enjambres, sin contar la situación presentada en el complejo deportivo Los Hobos.

En este último incidente, una colmena instaurada hace tiempo fue localizada y controlada con apoyo del personal del IDRY. Días después se presentó un segundo ataque de menor magnitud por abejas rezagadas del enjambre principal, lo que obligo a que durante toda la semana el cuerpo de bomberos trabajara en el control efectivo en este sector.

También se tiene un reporte de dos colmenas en La Chaparrera, ubicadas en árboles a 10, 12 y 14 metros de altura. En este incidente resultaron afectadas 14 gallinas de los propietarios del predio aledaño a donde se encontraban los insectos.

El comandante explicó que existen dos situaciones con las abejas. Los enjambres migratorios, donde una reina joven lleva sus abejas buscando dónde instaurar una colmena, se presentan como ramilletes y permanecen de paso en los lugares. Pueden instalarse en postes de energía, cielos rasos, cerchas o llantas en lotes baldíos.

La segunda situación ocurre con colmenas ya instauradas, que llevan meses o años en un lugar, además contienen miel y pueden tornarse más agresivas.

El teniente Rojas hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía. Los enjambres son inofensivos a menos que se les moleste con insecticidas o ruido. Las capturas deben realizarse después de las 5 de la tarde, cuando las abejas no son agresivas y pierden visión.

Al identificar lugares donde las abejas entran y salen frecuentemente de paredes, cerchas o postes, se debe avisar al cuerpo de bomberos para la captura y reubicación.

Durante un ataque, se debe evacuar el sector y evitar palmotearlas ya que esto aumenta la agresividad. Cuando el insecto pica, libera una feromona que atrae a más abejas. En segundos pueden ser cientos las que ataquen a una persona.

El riesgo principal es para personas alérgicas, quienes con una sola picadura pueden presentar problemas respiratorios y en casos graves, incluso puede fallecer. Otras personas pueden recibir decenas de picaduras sin generar reacción alérgica.

Finalmente el comandante de bomberos recalcó que en cualquier situación de ataque, se debe avisar lo más pronto posible al organismo de emergencia.

El Departamento de Policía de Casanare realizó un allanamiento que resultó en la captura de dos personas, una de ellas identificada con el alias "Mustafá", informó el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante de la institución en el departamento.

La diligencia judicial, llevada a cabo este miércoles 28 de enero en la carrera 11 con calle 23 de Yopal. El oficial agregó que, al momento de entregar las declaraciones sobre este caso, el detenido se encontraba en proceso de judicialización.

También mencionó que durante la acción policial al detenido le fueron incautados diversos estupefacientes, entre ellos presuntamente marihuana, tusi y clorhidrato de cocaína. Además, se encontraron armas de fuego que incluyen revólveres y una escopetas.

Según el comandante Galindo Valencia, el capturado registra antecedentes delictivos relacionados con tráfico de estupefacientes. La identidad completa de los capturados será divulgada una vez finalice el proceso de judicialización.

El presidente de la Federación de Molineros de Arroz (Femoarroz), Álvaro Hernán Ruiz, presentó ante más de 300 agricultores reunidos en el auditorio de La Triada de Yopal, una propuesta para implementar un recurso parafiscal del 19% sobre las ventas de arroz blanco.

La medida busca recaudar fondos para mejorar la competitividad del sector frente a la reducción total de aranceles al arroz importado, prevista para el año 2030.

Según el planteamiento de Femoarroz, estos recursos serían administrados por el Ministerio de Agricultura y los gremios. El plan proyecta que, con esta inversión, Colombia podría aumentar su área de siembra en un 50% en un periodo de cuatro años, con el objetivo de iniciar exportaciones en un plazo de ocho años.

Esta propuesta surge como respuesta a la desventaja competitiva frente a productores de países como Estados Unidos, quienes cuentan con subsidios superiores a los locales, y ante el incumplimiento de salvaguardias para importaciones desde Ecuador, Perú y EE. UU.

Como medida inmediata ante la sobreoferta del mercado, el gremio indicó la necesidad de reducir el área de siembra en un 45% respecto al año anterior en las regiones de Casanare y Arauca. Esto equivale a dejar de cultivar 96.000 hectáreas.

Ruiz advirtió que el departamento creció un 3% en producción el año pasado pese a las recomendaciones de disminución, lo que genera un riesgo de insolvencia para el mes de agosto si no se ajusta la oferta actual.

Para mitigar el impacto económico de los cultivos ya establecidos, Femoarroz solicitó al Gobierno Nacional una ayuda de 25.000 pesos por carga (200 pesos por kilo de arroz paddy). Se estima que el Estado requeriría disponer de 70.000 millones de pesos para este rubro.

El gremio aclaró que el arroz sembrado después del 1 de febrero no será objeto de auxilios gubernamentales ni gremiales, quedando bajo la responsabilidad financiera exclusiva del productor.

Finalmente, se informó que la reducción del crédito bancario y comercial también influirá en la disminución de las áreas de cultivo para la presente temporada.

Briggitte Calderón Landinez, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Casanare con el número 101 por la coalición Fuerza Ciudadana, denunció públicamente haber sido víctima de actos de intimidación y persecución política en la capital del departamento.

Los hechos ocurrieron en la calle 15, entre carreras 21 y 22, en el centro de Yopal este 27 de enero en horas de la noche. Según la versión de la candidata, mientras se movilizaba en su vehículo, fue interceptada por dos agentes de la Secretaría de Tránsito Municipal.

Calderón Landinez relató que, simultáneamente a la acción de los funcionarios, un grupo de taxistas rodeó su automóvil.

Sostuvo que, de acuerdo con el testimonio de uno de los conductores presentes, se habría emitido una alerta a través del radio interno de los transportadores solicitando la presencia masiva en el lugar donde se encontraba el vehículo de la aspirante. 

La candidata calificó el suceso como un acto de "persecución política" orquestado, según su interpretación, por sectores vinculados a los partidos tradicionales de la región.

Ante estos señalamientos, manifestó contar con registros de video que documentan el despliegue de los agentes y la movilización de los vehículos de servicio público. 

Como consecuencia del incidente, la aspirante por Fuerza Ciudadana solicitó formalmente a las autoridades competentes: protección inmediata para su integridad física y la de los integrantes de su partido.

También hizo un llamado para que se esclarezcan los motivos que originaron el abordaje de los agentes de tránsito y la posterior movilización del grupo de taxistas.