El representante a la Cámara por el departamento de Casanare, Hugo Archila Suárez, emitió un comunicado en el que se refiere a la demanda en su contra por pérdida de investidura interpuesta por Oromairo Avella Ballesteros y que fue admitida por el Consejo de Estado.

En el documento, titulado “Otra denuncia más ¡No va a detenerme!”, el congresista afirmó que la acusación carece de sustento legal y constitucional, y que se enmarca en una serie de señalamientos que ha recibido durante el ejercicio de su cargo.

Archila señaló que continuará con su labor legislativa y que no permitirá que este tipo de procesos interfieran con su agenda parlamentaria. En el escrito también hace referencia a su trabajo en el Congreso, su compromiso con la transparencia y su dedicación a los temas que afectan al departamento de Casanare.

Mencionó la participación directa en la sanción de 19 leyes de la República que impactan de manera positiva a varios sectores de la sociedad, como las personas enfermas de cáncer, las mujeres productoras agropecuarias, la niñez entre otros.

Por su parte el demandante aseguró que el parlamentario incurrió en presuntas irregularidades, al vincular a su unidad de trabajo legislativo (UTL), a funcionarios que residen en departamentos diferentes a Casanare, lo cual sería violatorio de la Resolución 1095 del 2010 de la Cámara de Representantes.

Para Archila este tipo de acciones no cuenta con un sustento jurídico. Igualmente, manifestó que solo corroboran que detrás de las mismas hay un interés político y personal.

Por ello concluyó el comunicado haciendo un llamado a la comunidad, a “no caer en narrativas manipuladas con intereses particulares”.

La Procuraduría Regional de Casanare solicitó al Tribunal Administrativo de Casanare decretar medidas cautelares para suspender temporalmente el convenio entre el Municipio de Yopal y la empresa Catasig, que busca ejecutar la segunda fase de actualización catastral en el sector rural.

La solicitud tiene como punto de partida la acción popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar, quien alertó sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos de la comunidad yopaleña.

En respuesta, el procurador Juan Pablo Rincón Camacho, en calidad de agente del Ministerio Público, emitió un pronunciamiento en el que advierte que continuar con el convenio podría generar perjuicios similares o mayores a los ya registrados en la fase urbana del proceso.

Según el documento, no se debe hacer este proceso de actualización, hasta tanto no se adelante una socialización real con la comunidad que habita el área rural del municipio.

Evitar esta observación podría derivar en bases gravables que no reflejan la realidad de los predios. Esto, además de afectar el patrimonio de los propietarios, pondría en riesgo los recursos públicos del municipio.

La Procuraduría argumenta que, de no suspenderse el convenio, se corre el riesgo de que los fondos sean desembolsados sin garantías técnicas ni jurídicas, lo que dificultaría una eventual decisión judicial que ordene rehacer el proceso bajo una nueva metodología.

En aplicación del principio de precaución, se solicita al Tribunal decretar una medida cautelar de cesación de actividades, con el fin de proteger los intereses generales, los recursos del municipio y los derechos de los propietarios rurales.

La senadora Sonia Bernal anunció que el Gobierno Nacional aprobó una inversión de $100 mil millones para intervenir la vía Bogotá–Villavicencio, una arteria clave para la economía del país.

Los recursos, asignados por el Ministerio de Hacienda, permitirán mejorar la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales, región estratégica en producción agrícola, pecuaria y energética.

La decisión se da tras meses de insistencia por parte de Bernal, quien elevó la solicitud en escenarios legislativos como plenarias del Senado y debates del Presupuesto General de la Nación 2026.

También fue respaldada por otros congresistas del Pacto Histórico, quienes conformaron una mesa de trabajo con el presidente de la República para abordar la crisis vial que afecta a miles de transportadores y familias.

“Después de esta incansable gestión, hoy puedo decirles que nuestra voz fue escuchada. Se han destinado los recursos necesarios para fortalecer una ruta vital para el país, por donde diariamente transitan miles de vehículos de carga que impulsan la economía nacional”, expresó la senadora Bernal.

La vía Bogotá–Villavicencio ha enfrentado cierres constantes por deslizamientos y deterioro estructural, especialmente en los kilómetros 58, 64 y 83.

Según cifras del Invías, más de 12 mil vehículos transitan diariamente por este corredor, cuya inestabilidad ha generado pérdidas millonarias en sectores como el agro y los hidrocarburos.

Con esta asignación presupuestal, se espera avanzar en obras de estabilización, drenaje y refuerzo de túneles y puentes, mejorando la seguridad vial y garantizando el abastecimiento hacia la Orinoquía, región que aporta más del 7% al PIB nacional.

El corregimiento de Morichal, en Yopal, se prepara para recibir este 25 de octubre la cuarta edición del Festival Nacional de Bandas Músico Marciales, un evento que ha crecido desde sus raíces en las aulas escolares, hasta convertirse en referente cultural a nivel nacional.

Este año, el evento contará con la participación de 37 agrupaciones, incluyendo la banda anfitriona. De ellas, 25 competirán en modalidad de concurso, 4 serán infantiles y 6 se presentarán en formato de exhibición.

El certamen iniciará a las 8:00 a.m. con un desfile inaugural, seguido por las coreografías a la 1:00 p.m. en la cancha de la institución educativa Policarpa Salavarrieta.

Delegaciones de departamentos como Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Meta y Casanare se darán cita en Yopal, generando una dinámica cultural y económica que atraerá a más de 1.000 visitantes.

El secretario de educación municipal, David Díaz Sánchez, destacó el esfuerzo conjunto entre la Alcaldía, la comunidad y la institución educativa para consolidar este espacio de encuentro familiar y artístico.

Lo que comenzó como un proyecto pedagógico para fortalecer la banda marcial de una escuela rural, hoy es un festival nacional que celebra el talento, la disciplina y el trabajo en equipo de jóvenes músicos de todo el país.

Otro factor que destacó el titular del despacho de educación es el impacto positivo que tiene en la economía del corregimiento. La cifra dada por Díaz Sánchez precisa el festival convoca a cerca de mil visitantes que llegan a Morichal, lo que significa una oportunidad para el comercio local.

La Superintendencia Nacional de Salud ha prorrogado por un año más la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, hasta el 7 de octubre de 2026. Así mismo, Yeferson Caicedo Pardo ha sido ratificado como Agente Especial de Intervención.

Esta decisión fue comunicada por Capresoca mediante la Resolución No. 2025320030009784-6 del 07 de octubre de 2025.

Capresoca EPS asegura a sus más de 170.000 afiliados y a sus proveedores de servicios de salud la continuidad en la prestación de servicios y el pago de las obligaciones.

Como se recuerda el 7 de octubre de 2024, el entonces superintendente de salud Luis Carlos Leal Angarita, adelantó la intervención forzosa administrativa y tomar el control de la entidad.

La decisión autorizó la posesión inmediata de Capresoca, incluyendo los bienes, haberes y negocios, por término de un año. El plazo se venció este martes 7 de octubre.

Sobre las razones de la intervención, se dijo en su momento por parte de la Superintendencia, que la medida se adoptó “al evidenciar una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos.

Igualmente se hizo hincapié en el aumento importante en las quejas de sus usuarios, situación que ponía en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud como la integridad y la vida de los afiliados concentrados principalmente en el departamento de Casanare”,

Con la prorroga dada al proceso de intervención, la entidad se compromete a seguir trabajando en la búsqueda de financiación para el pago de deudas de vigencias anteriores.

También se ratifica el compromiso con el Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social de fortalecer la red de servicios de salud, tanto pública como privada, para garantizar el acceso y la prestación efectiva de los servicios a los afiliados.

Por su parte la EPS se compromete a continuar con las acciones de mejora para subsanar las causas que originaron la intervención.

Se hace un llamado a todos los actores del sector de la salud en Casanare para colaborar en la recuperación institucional de Capresoca EPS.

Un contenedor de carne de pollo colombiana ha llegado a Japón, siendo recibido por las autoridades sanitarias de ese país. Esta exportación es el resultado del trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades sanitarias colombianas para abrir mercados internacionales para los productos avícolas.

Esta operación, realizada por Cargill Food Latinoamérica (Pollos El Bucanero S.A.), marca el inicio de la presencia colombiana en el mercado japonés. Colombia obtuvo la admisibilidad sanitaria a Japón en 2015.

En 2015, las autoridades japonesas consideraron que las normas sanitarias colombianas eran equivalentes a las suyas, lo que llevó a un acuerdo de certificado sanitario y un protocolo con los requisitos a cumplir por Colombia.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, señaló que el ingreso al mercado japonés muestra confianza en el sistema productivo colombiano.

Paula Andrea Cepeda, gerente general del ICA, explicó que el instituto trabaja para mantener la confianza con los mercados internacionales.

Recordó que países como Japón, Cuba, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Bahamas y Namibia están habilitados para la comercialización de pollo y huevo colombiano. En esta primera exportación a la nación asiática se vendieron 12.000 kilogramos de pollo.

Francisco Rossi, director general del Invima, indicó que este logro demuestra la confianza de las autoridades sanitarias de otros países en el sistema de inspección, vigilancia y control de Colombia.

El Invima aseguró que seguirá trabajando para contar con más oportunidades para los productores y exportadores. Japón es el sexto importador mundial de carne de pollo.

Actualmente, siete plantas colombianas están autorizadas por Japón para la exportación de carne y subproductos aviares. El Invima busca abrir nuevos mercados en China, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong y Estados Unidos.

Las juntas de acción comunal del departamento siguen a la espera que el Invías desembolse los recursos, para la ejecución de 34 proyectos de mejoramiento de vía rurales. Así lo manifestó el presidente de la Federación Comunal de Casanare, Franklin Patiño.

El líder comunitario aseguró que dichas iniciativas fueron acordadas el año pasado en una reunión con la mencionada entidad descentralizada, en una reunión llevada a cabo en la sede de Unitrópico.

“Vino el director de Invías y se firmaron 34 proyectos para el departamento de Casanare, que empezarían a ejecutarse este año, en febrero. Hoy le hacemos un llamado al Invías territorial, que, por favor, por qué no han arrancado con las obras de las juntas de acción comunal”, subrayó Patiño.

Agregó que, en esta época de fin de año, es la temporada firmar los convenios de 2026 y aún inician los que se firmaron durante la vigencia 2024.

“El llamado es para que arranquemos. No dilatemos más. Necesitamos ejecutar estos recursos, para que después no vayan a decir las “IAS” (organismos de control) que las juntas de acción comunal no fueron capaces de ejecutar estos proyectos”, manifestó el presidente de la Federación Comunal de Casanare.

Sobre el valor total de estas propuestas, Patiño precisó que la cifra alcanza  los 6.800 millones de pesos. Rubros destinados al mejoramiento de vías terciarias.

Insistió que es necesario ejecutar estos dineros para “quedar a paz y salvo con el Gobierno nacional “, porque “necesitamos más proyectos para el departamento de Casanare. Iniciativas orientadas al mejoramiento de la malla vial terciaria, que es el objetivo.

Sobre las partidas para cubrir este compromiso, indicó que las mismas llegaron en marzo de este año, pero aún no inician las obras. “Ese es el llamado respetuoso que hacemos”, concluyó Franklin Patiño.

Avanza a buen ritmo el proceso de demolición y construcción de los nuevos edificios en Torres del Silencio, proyecto es necesario derrumbar por fallas estructurales que lo hacían imposible de habitar en las condiciones que se encontraba.

Luego de varios lustros de espera, en el transcurso del presente año se llegó a un compromiso tripartita. Gobernación, Alcaldía de Yopal y residentes acordaron iniciar el proceso para poner fin a esta problemática.

Dentro de lo pactado, la primera fase es la de evacuación voluntaria de los beneficiarios que ocuparon el conjunto residencial. El plazo para este primer pasó quedó con fecha límite entre el 28 al 30 de octubre.

Información que fue confirmada por el líder de este sector de la ciudad, Eduardo Salcedo, quien además agregó que la iniciativa tiene los recursos asegurados. La Gobernación hará un aporte de 54 mil millones de pesos, mientras que la Administración municipal aportará 12 mil millones.

Igualmente, Salcedo dio que la propuesta de demolición y reconstrucción ya se encuentra en el banco de proyectos del Gobierno seccional, donde es objeto de estudio. Mencionó que para los primeros días de noviembre se espera que sea aprobada.

No obstante, precisó que se requiere que, para tener una aprobación completa, se requiere de una certificación del DNP, debido a que la fuente de financiación son los recursos provenientes de regalías.  Añadió que la expedición de este documento se hará efectiva una vez el conjunto haya sido evacuado.

Recalcó que se busca no tener contratiempos donde se responsabilice a la comunidad, por algún tipo de situación que se pueda ocurrir.

Hizo hincapié en que las decisiones las toma no solo la junta, sino la comunidad en conjunto. Situación que demanda un control mucho más estricto sobre el desarrollo del proyecto.

“Nosotros creamos la veeduría Torres del Silencio 2025 y La Esmeralda también tiene su propia veeduría. Queremos que el proceso se realice, que se cumplan todos estos compromisos”, recalcó Eduardo Salcedo.

Expresó el líder comunal que, una vez aprobado el proyecto, se dará paso a los procesos contractuales. Será un solo contrato tanto para la demolición como para la construcción de las nuevas torres y su ejecución estará a cargo de la Gobernación.

Sostuvo que de las 217 familias ya ha evacuado cerca de 25. Número que se incrementara, en la medida en que muchos residentes van a aprovechar el fin de semana con puente festivo que se avecina, para salir del conjunto.

En este contexto Salcedo envió un mensaje al gobernador. La idea es que César Zorro visite el barrio en compañía del alcalde, Marco Tulio Ruiz, para que se brinde esa confianza al proceso y a la trazabilidad que se ha venido haciendo.

Uno de los compromisos es otorgar un subsidio de arriendo a los beneficiarios, mientras duren los trabajos de demolición y construcción de los nuevos edificios.

Para acceder a este beneficio Eduardo Salcedo explicó que es necesario hacer un trámite ante la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, porque esta entidad es la encargada de girar el dinero a su homóloga del Municipio,

La ayuda oficial se extenderá por 6 meses, tiempo estimado que dura la ejecución del proyecto. El monto del subsidio es de 350 mil pesos mensuales. No alcanza para un canon de arredramiento completo, pero fue lo que se logró gestionar.

Como requisito para recibir este auxilio del Estado, se debe llevar el contrato de arredramiento, fotocopia de la cédula tanto del arrendador como del arrendatario. Una vez cumplidos estos requisitos la entidad oficial encargada del proceso hace el desembolso de los recursos.

En la noche del 5 de octubre, el Cuerpo de Bomberos de Tauramena atendió una emergencia reportada a través de la línea telefónica, en la que se solicitaba el envío de una ambulancia por una persona herida con arma blanca.

Según la publicación del organismo de socorro, el equipo de atención prehospitalaria se desplazó de inmediato al lugar, donde realizó la valoración inicial del paciente, evidenciando una herida profunda que requería atención médica urgente. Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital local para recibir tratamiento especializado.

Según la versión entregada por la víctima, la agresión ocurrió durante una discusión con su pareja. El hombre manifestó que, al darle la espalda, fue atacado con un elemento cortopunzante que le causó la lesión.

El personal de emergencias reiteró la importancia de evitar situaciones de confrontación y promover el diálogo como herramienta para la resolución pacífica de conflictos.

También hizo un llamado a no subestimar ningún problema interpersonal, por pequeño que parezca, para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad física.

La Alcaldía de Villanueva, en coordinación con la Gobernación de Casanare y la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas, adelanta una jornada interinstitucional de atención y orientación dirigida a familias de víctimas de desaparición forzada.

La actividad que inició ayer lunes concluye hoy 7 de octubre. El horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante la jornada, los asistentes pueden acceder a servicios ofrecidos por entidades del orden nacional y territorial.

Entre las entidades presentes se encuentra la Unidad para las Víctimas. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Fiscalía General de la Nación. El Sena. Prosperidad Social. La Agencia Nacional de Tierras. Gobernación de Casanare. Alcaldía Municipal y la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas.

Las autoridades invitaron a la comunidad a participar activamente en esta jornada, que busca brindar orientación, acompañamiento institucional y acceso a trámites relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas y la atención integral a sus familias.