Carlos Romero, concejal de la oposición al gobierno del alcalde de Monterrey, Hugo Alberto Ballesteros Rivera, denunció que el burgomaestre insiste en endeudar al municipio, pese a que existe una orden judicial donde se pone en pausa el citado empréstito, dando respuesta a una Acción de Tutela que busca revocar esta iniciativa.

El pronunciamiento proveniente de los estrados judiciales es un fallo en segunda instancia, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del circuito municipal de Monterrey.

En dicho fallo la autoridad judicial recalca que la decisión tiene como objetivo “conceder amparo constitucional de manera transitoria, tutelando los derechos fundamentales al debdo proceso”.

Para el cabildante Romero, en el trámite que se dio al proyecto de acuerdo municipal, el cual fue aprobado en medio de una férrea oposición de algunos sectores, tanto del concejo como de la comunidad, se presentaron fallas al debido proceso.

La menciona iniciativa, hoy convertida en Acuerdo, autoriza al mandatario Ballesteros Rivera, a tramitar un crédito a nombre del Municipio de Monterrey por valor de 20 mil millones de pesos.

Ante los supuestos yerros encontrados, el juzgado ordenó a la Alcaldía y al Concejo abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuaciones, tendientes a materializar el citado empréstito, hasta tanto no se defina la medida cautelar solicitada dentro de un proceso de nulidad simple, pedido por los accionantes.

No obstante, el pasado 21 de noviembre los concejales opositores a Hugo Ballesteros Rivera radicaron un incidente de desacato contra el alcalde y del Concejo Municipal, porque en su concepto no cumplieron con la orden emanada por el togado.

El referido incidente fue radicado ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey, que concedió 24 horas al burgomaestre y al presidente del Concejo para que se pronunciaron sobre este tema.

En repuesta de la Administración municipal se argumentó que el fallo del juez ordenaba suspender el Proyecto de Acuerdo 014, donde se buscaba la autorización del Concejo para tramitar el crédito.

Pero para la fecha en que se hizo el pronunciamiento de la autoridad judicial, el proyecto de acuerdo ya no existía, porque se había convertido en Acuerdo Municipal.

En estos términos, sostiene la respuesta del Gobierno local, la orden dada por el juzgado “es objetivamente inexecutable”. Para reforzar esta teoría menciona que “no se puede suspender algo que ya sucedió por completo”.

Igualmente recalca que “el proyecto ya dejó de existir formal y materialmente”. Además “existe una situación jurídicamente consumada: el nacimiento del Acuerdo Municipal”.

La contra parte, entre tanto, asegura que la suspensión ordenada por el juez se extiende a la aprobación por parte del Concejo del proyecto de acuerdo, la sanción por parte del alcalde, a la firma del crédito con la entidad bancaria escogida y la adición de estos recursos al presupuesto municipal.

Finalmente, en esta controversia, Ballesteros Rivera siguió adelante y envió un oficio el pasado 25 de noviembre al presidente del Concejo, donde solicita “la inclusión del contrato de empréstito dentro del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto General 2026”.

En el escrito se menciona que “el contrato del empréstito fue formalizado el 10 de noviembre de 2025 con el Banco BBVA”, por un valor de 20 mil millones de pesos.