Un juez de la República dictó sentencia condenatoria de 21 años de cárcel contra Katerine Andrea Martínez Martínez, tras ser hallada responsable como una de las articuladoras del homicidio de Miguel Uribe Turbay, hecho que conmocionó al país por la sevicia y la planificación del ataque.

La decisión judicial se fundamentó en el material probatorio que vinculó a Martínez Martínez de manera directa con la logística y ejecución del crimen, tipificado bajo los cargos de homicidio agravado en concurso con otros delitos.

Durante el proceso investigativo, las autoridades lograron determinar que la ahora sentenciada desempeñó un papel clave en la estructura que perpetró el asesinato, participando en las labores de seguimiento y coordinación necesarias para llevar a cabo el atentado.

El fallo judicial destaca que la condena no solo busca castigar la participación de Martínez en este hecho, sino también enviar un mensaje de contundencia frente a los actos de violencia que atentan contra la vida y la estabilidad social en el país.

Con esta sentencia, la capturada será trasladada a un centro penitenciario para cumplir la totalidad de su pena sin beneficios de casa por cárcel, dada la gravedad de la conducta punible.

Por su parte, la defensa de la sentenciada no presentó recursos inmediatos que impidieran la firmeza de la decisión, mientras que las autoridades judiciales continúan con las líneas de investigación para dar con el paradero de otros posibles implicados en la red criminal que rodea este caso.

El Gobierno de Rusia, a través del regulador de comunicaciones Roskomnadzor, completó este mes de febrero la desconexión definitiva de la aplicación de mensajería WhatsApp en todo su territorio.

La medida se ejecutó mediante la eliminación de los dominios de la plataforma del Sistema Nacional de Nombres de Dominio (NSDI), lo que impide a los dispositivos locales obtener las direcciones IP necesarias para establecer conexión con los servidores de la compañía estadounidense Meta.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que la decisión responde al incumplimiento sistemático de la legislación rusa por parte de Meta, empresa que ya había sido calificada como organización extremista en el país desde 2022.

Según las autoridades, la plataforma se negó a ajustar su funcionamiento a las normas locales de almacenamiento de datos y cooperación en materia de seguridad, lo que derivó en una fase final de restricciones que anteriormente incluía la limitación de llamadas y la ralentización del servicio.

Ante el cese de operaciones de la aplicación, que contaba con más de 100 millones de usuarios en el país, el gobierno ruso ha instado a la ciudadanía a migrar hacia Max, una plataforma de mensajería de desarrollo nacional.

Esta herramienta integra servicios gubernamentales y trámites administrativos en una sola interfaz, siguiendo un modelo de gestión digital centralizada.

Por su parte, representantes de WhatsApp señalaron que el bloqueo dificulta el acceso a comunicaciones privadas y seguras, mientras que el regulador ruso mantiene la postura que la medida es necesaria para salvaguardar la soberanía tecnológica y la seguridad nacional.

En un operativo liderado por la Policía Nacional en el sur de Casanare, las autoridades reportaron la captura de un hombre señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo.

Según las investigaciones adelantadas por la institución, el detenido habría agredido sexualmente a dos niñas en hechos ocurridos el 21 de marzo de 2017 en jurisdicción de la vereda Puerto Miriam, zona rural de este municipio.

La detención se produjo tras un proceso de seguimiento judicial que permitió vincular al ciudadano con los hechos tipificados en los artículos 208, 209 y 211 del Código Penal Colombiano.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, manifestó que este resultado operativo hace parte de la estrategia institucional para contrarrestar de manera contundente cualquier conducta que vulnere la integridad y los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en el departamento.

Tras el procedimiento de captura, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los cargos que se le imputan con relación al, presunto,  abuso de las dos menores de edad.

La institución policial reiteró su compromiso de mantener las acciones preventivas y judiciales para garantizar un entorno seguro para los niños y niñas de la región, instando a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a esta población vulnerable.

Unidades de la Brigada 18, el Ejército Nacional neutralizó una amenaza inminente que ponía en riesgo la vida de cientos de civiles que transitan por la vía que conecta a Tame con Arauca.

En una maniobra de alta precisión, los uniformados localizaron y destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo sembrado, según fuentes oficiales, por la comisión ‘Martha Elena Barón’ del ELN, en un sector estratégico de este corredor vial.

El comando de la unidad militar fue enfático en señalar que este tipo de acciones no son solo ataques contra la Fuerza Pública, sino agresiones directas contra la población civil.

En la publicación hecha por el Ejército, al instalar estos dispositivos en rutas utilizadas por transportadores, familias campesinas y rutas escolares, el grupo armado ilegal demuestra un desprecio absoluto por las normas mínimas de guerra.

"La ubicación de estos artefactos en ejes viales principales constituye una flagrante transgresión al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un atentado contra la libre movilidad de los araucanos", informaron fuentes oficiales.

Tras la neutralización del peligro, el Ejército Nacional reafirmó su compromiso de mantener la ofensiva en la región para evitar que estructuras armadas sigan generando zozobra. Se ha dispuesto un incremento en los patrullajes y el uso de tecnologías de detección para blindar las carreteras del territorio  araucano.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a continuar colaborando mediante la denuncia oportuna de cualquier anomalía, asegurando que el despliegue de seguridad se mantendrá de forma permanente para garantizar que Arauca siga conectada y segura.

La capital de Casanare enfrenta una situación crítica en materia de movilidad tras revelarse que, en el corto periodo transcurrido del presente año, ya se han registrado 72 siniestros viales que han cobrado la vida de nueve personas.

Estas cifras han encendido las alarmas en la Administración municipal, especialmente al contrastarlas con el balance consolidado de 2025, año que cerró con un total de 350 accidentes de tránsito y 74 víctimas fatales en todo el municipio.

De acuerdo con el análisis estadístico de las autoridades locales, el panorama actual refleja que las principales causas de estas tragedias siguen siendo factores evitables como el exceso de velocidad, el irrespeto por la señalización básica y la persistente costumbre de conducir bajo los efectos del alcohol.

A estas infracciones se suman prácticas de riesgo que se han vuelto comunes en las calles de la ciudad, entre las que destacan el estacionamiento en zonas no autorizadas y la circulación indebida de motocicletas, elementos que incrementan la vulnerabilidad de peatones y conductores por igual.

Desde la Alcaldía de Yopal señalaron que, si bien se mantienen activos los operativos de control y las jornadas de sensibilización en puntos estratégicos, la herramienta más efectiva para reducir la accidentalidad sigue siendo el comportamiento ciudadano.

Las autoridades enfatizaron que el cumplimiento estricto de las normas de tránsito y la conducción responsable son determinantes para frenar la pérdida de vidas.

Por ello, se ha extendido un llamado urgente a toda la comunidad para fortalecer la cultura vial y adoptar medidas de autocuidado que protejan la integridad de quienes se movilizan diariamente por la capital.

Desde el inicio de este año, el aeropuerto El Alcaraván de Yopal dejó de contar con el esquema de seguridad policial permanente.

La terminación del contrato entre la Policía y la Aerocivil ha forzado el retiro del personal, dejando la seguridad del recinto principalmente en manos de la vigilancia privada de la terminal.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia explicó que, aunque la institución advirtió des comienzos 2025 sobre la necesidad de renovar el convenio antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantía, este proceso no se concretó.

Aclaró que, de todas formas, "queda una patrulla disponible" específicamente para el control y verificación de armamento (aforo), asegurando que este servicio esencial no se interrumpa.

No obstante, el comandante enfatizó que para retomar la seguridad netamente policial dentro de esta "entidad privada", es indispensable que la Aerocivil formalice un nuevo acuerdo administrativo con la institución.

La Secretaría de Educación de Yopal informó que ha recibido múltiples quejas de padres de familia, quienes reclaman por no poder realizar el proceso de matrícula de sus hijos en instituciones educativas oficiales y privadas del municipio.

La causa de esta anomalía reside en falta de validez legal de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o esquemas de educación en casa.

Según el reporte oficial, las inconsistencias detectadas radican en que diversas instituciones que ofrecen servicios de educación virtual o educación en casa no cuentan con la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, lo que impide la homologación o validación de los grados cursados bajo la normativa vigente.

La autoridad educativa municipal recordó que la educación formal en los niveles de preescolar, básica y media debe ser impartida exclusivamente por establecimientos autorizados y registrados en el Directorio Único de Establecimientos Educativos para que sus certificaciones académicas tengan validez legal.

Así mismo, la entidad identificó casos de estudiantes procedentes del exterior que realizaron procesos de validación en instituciones no facultadas, afectando su continuidad académica en el sistema formal de la ciudad.

Ante este panorama, la Secretaría hizo un llamado preventivo a los padres de familia para que verifiquen la vigencia de las licencias de funcionamiento y el reconocimiento oficial de los planteles antes de proceder con cualquier matrícula, con el fin de garantizar la trayectoria escolar y el registro ante sistemas oficiales como el ICFES.

Un juez penal de circuito condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias ‘El Obrero’, por el asesinato de cuatro personas ocurrido entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá.

La decisión judicial se dio tras valorar las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, las cuales vincularon al procesado con la estructura sicarial denominada ‘Las Especiales’ o ‘Urbanos’, que hizo parte de a las Autodefensas Campesinas de Casanare.

Según la investigación, esta organización armada ilegal ejecutó homicidios selectivos contra ciudadanos señalados de colaborar con otros grupos armados o de afectar la convivencia en la región.

El material probatorio determinó que Arteaga Plazas participó en los crímenes de tres hombres y un adolescente en sectores de la vía Tunja – Arcabuco, el alto de Cucaita y el sector Las Gemelas, en la vía Tunja – Paipa, utilizando el oficio de vendedor de minutos de telefonía móvil como fachada para sus actividades.

Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad y la sentencia por homicidio agravado, emitida bajo la Ley 600 de 2000, fue notificada en el centro de reclusión donde el condenado cumple actualmente otras penas por diversos delitos.

Algo está pasando en la atención de las comunidades nativas, púes a pesar los importantes recursos destinados en el gobierno del cambio, se evidencian situaciones aberrantes de miseria.

Así lo expresó el candidato a la cámara de Casanare por el Pacto Histórico, Danilo Leal, luego de recibir una delegación de indígenas provenientes del resguardo de Caño Mochuelo, donde habitan numerosas familias de diferentes etnias que, a pesar de las guerras, las masacres y el despojo de sus tierras, se resisten a desaparecer.

El gobierno del presidente Petro ha desarrollado una política especial para proteger las naciones nativas, pero, al parecer, buena parte de los recursos, especialmente económicos, nunca llegan a solucionar los gravísimos problemas que afectan a las más de 20 comunidades indígenas que habitan especialmente el norte de Casanare, en un pedazo de tierra, que lograron, con mucho esfuerzo, conservar a pesar de la codicia de los políticos terratenientes.

Danilo Leal, quien aspira a llegar al Congreso de la República representando a Casanare por el Pacto Histórico, se reunió en Paz de Ariporo, con varias familias nativas  que acosadas por el hambre y el abandono, decidieron caminar hacia el piedemonte llanero, buscando la solidaridad de los habitantes de las tierras que antes eran de ellos, tratando que se les reconozca como seres humanos y sobre todo, que los recursos del Estado, como la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la tierra y el acceso al capital de trabajo, les llegue en igualdad de condiciones a las que tienen las comunidades occidentales.  

El aspirante, se comprometió en gestionar ante todos los organismos posibles y si es necesario, proponer las reformas a las normas que establecen la protección indígena, hasta lograr un equilibrio de bienestar entre las diferentes razas que habitan el territorio llanero, incluyendo los afro-casanareños, que ya son una población importante en el territorio.  

Un altercado verbal en una tienda de la vereda Cabañas terminó con la vida de Jaime Orlando León Sierra el pasado sábado 21 de febrero.

De acuerdo con la información suministrada por testigos León Sierra sostenía una conversación con el señalado victimario cuando se produjo una disputa, presuntamente relacionada con un tema sobre la propiedad de un predio, que derivó en el ataque con arma de fuego.

Aunque inicialmente se solicitó el servicio de ambulancia para atender la emergencia, al llegar los paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.

La información que se tiene hasta el momento indica que el atacante, quien escapó en una motocicleta, posee un extenso historial judicial que incluye registros por delitos sexuales, amenazas, porte de armas, violencia intrafamiliar y homicidio.

Trascendió que la víctima, quien se desempeñaba en oficios varios en la región, también presentaba anotaciones judiciales. Actualmente, las autoridades competentes mantienen la investigación activa y realizan actos urgentes para dar con el paradero del responsable del crimen, quien, al parecer, labora para una empresa petrolera.