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Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en jurisdicción del Puente La Makaguana, cerca de la vereda Corocito, en el municipio de Tame (Arauca).

Uno de ellos corresponde a Darwin Steven Torocá Rojas, aprendiz del Sena Regional Arauca, de 20 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 8 de julio.

Toroca Rojas era ampliamente reconocido en redes sociales por su contenido como youtuber e influenciador, lo que le había ganado el aprecio de comerciantes, gremios, estudiantes y miembros de la comunidad.

Su desaparición generó una intensa búsqueda por parte de familiares y allegados, que concluyó tristemente con el hallazgo de su cuerpo este domingo 13 de julio.

Junto a él fue encontrado otro cuerpo, identificado como Xavier Jaimes Pallares, quien también había desaparecido el 8 de julio en zona rural del municipio de Fortul, específicamente en el sector conocido como El Mordisco. Desde entonces, sus familiares no habían recibido información sobre su paradero.

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables.

Esta mañana de sábado 12 de julio se registró un trágico accidente en la vía Marginal del Llano, a la altura del sector Barranquillita, entre Yopal y Pore, que cobró la vida de un motociclista.

La víctima, quien aún no ha sido identificada viajaba acompañada por una mujer que resultó gravemente lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

Testigos presenciales reportaron que una volqueta habría estado involucrada en el incidente y que el conductor de dicho vehículo huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Autoridades competentes se desplazaron al lugar del incidente para adelantar el levantamiento del cadáver.

 

 

Usuarios de Sánitas quienes acudieron este viernes 11 de julio a las oficinas de esta EPS en Yopal, ubicada en la carrera 25 # 12 - 46, se vieron sorprendidos al notar el estado en que encontraba la entrada a este lugar.

Una cinta amarilla advertía sobre las averías presentadas en la puerta de ingreso hecha en vidrio, la cual fue rota por desconocidos con un objeto contundente.

Algunos testigos aseguraron que al interior de las instalaciones fue encontrada una piedra con la, se presume, rompieron la puerta. Frente a este hecho el personal de Sánitas se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno.

Se ignoran tanto los móviles como los responsables del hecho. Por el momento, solo se conoce que personal de seguridad estaban evaluando la cuantía de los daños y que el incidente se presentó en horas de la noche de este jueves 10 de julio.

 

Un juez de la República condenó a 44 años de prisión a Kilver Alfonso Mariño Ávila, señalado como responsable del feminicidio de Mildre Carolina Rojas Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní, Casanare.

La víctima, una mujer de 38 años, fue asesinada mientras cumplía con sus labores diarias. El hecho generó indignación en la comunidad y volvió a poner sobre la mesa la persistencia de la violencia contra las mujeres en la región.

Durante el proceso judicial, que se extendió por ocho meses, la hija mayor de Mildre asumió la representación de la familia, al no contar con abogado propio. Con el apoyo de la Fiscalía, logró llevar el caso hasta una sentencia que contempla agravantes por feminicidio y violencia basada en género.

Al conocer el fallo, la joven expresó que la lucha no fue por venganza, sino por justicia para su madre y hermanas menores. La decisión judicial fue vista como un paso importante en la defensa de los derechos de las mujeres y un llamado a no dejar impunes este tipo de crímenes.

La condena refuerza el mensaje institucional de rechazo frente a la violencia de género y busca dar respuesta a las familias que siguen esperando justicia.

 

El Ejército Nacional informó que el grupo conocido como Renacer Erpac no cumple con las condiciones para ser considerado una estructura armada organizada.

Según el coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez, comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, los miembros de esta red no tienen control territorial ni mando jerárquico, por lo que no alcanza a ser clasificado como grupo armado al margen de la ley.

Tras un proceso de verificación realizado por inteligencia militar, se concluyó que los integrantes de Renacer Erpac coordinan actividades ilícitas desde centros penitenciarios.

Entre estas acciones se encuentran el uso de sicarios y el envío de mensajes intimidatorios a través de redes sociales y plataformas como WhatsApp.

La declaración del coronel Peña se dio luego de la captura de tres personas vinculadas a este grupo. Estos individuos habían sido identificados por su supuesta participación en la distribución de panfletos amenazantes y llamadas extorsivas.

El comandante de la Brigada XVI instó a la comunidad a no dejarse intimidar y a denunciar cualquier tipo de constreñimiento o extorsión ante el Gaula militar.

Agregó que la colaboración ciudadana es considerada fundamental para frenar las acciones delictivas y garantizar una respuesta institucional eficaz.

Dijo además, que la Fuerza Pública continúa con operativos y monitoreo constante en la región, haciendo énfasis en el rol activo de la ciudadanía como aliada en la prevención del crimen.

Insistió que la información oportuna es clave para facilitar futuras capturas y desmantelar redes delictivas que operan desde la clandestinidad.

En una audiencia virtual realizada el jueves 10 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito dictó sentencia contra Diego Andrés Suárez Daza, encontrándolo responsable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años de edad.

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2021, cuando Díaz Barrera fue asesinada de manera violenta por Suárez Daza, quien había sido su pareja sentimental.

El fallo judicial fijó una condena de 550 meses de prisión, equivalentes a 45 años y ocho meses, como pena por el crimen.

La decisión fue tomada tras confirmar la culpabilidad del acusado, en el marco de la legislación colombiana que contempla penas severas por delitos de violencia basada en género.

 

Después de ocho meses de ocurrido el crimen el Juzgado Tercero Penal del Circuito programó para hoy 10 de julio, la audiencia de lectura de sentencia a 44 años de prisión del señalado feminicida de Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024.

Tammi Rincón, hija de la víctima, quien ha mantenido viva la memoria de su madre a través de mensajes sentidos en redes sociales, expresó su satisfacción y alivio tras conocer la condena. 

En un emotivo mensaje publicado en Facebook, recordó el doloroso camino recorrido y reafirmó su derecho a defender la verdad y la memoria de su madre frente a quienes intentaron distorsionarla.

“Hoy no busco venganza. Solo busqué justicia", dice en su mensaje Tammi.

Este fallo marca un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia de género en la región y envía un mensaje claro sobre el compromiso judicial con estos casos.

 

La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a quienes perpetraron el homicidio de la taxista Marinela Ortiz Neita, ocurrido en la noche del miércoles en Yopal.

El anuncio fue realizado por el gobernador César Ortiz Zorro, quien pidió a la fuerza pública utilizar toda su capacidad operativa, investigativa y de inteligencia para esclarecer los hechos.

Según indicó, este crimen ha conmocionado a la comunidad y requiere de una respuesta contundente de las autoridades.

El caso se presentó en inmediaciones del barrio San Marcos, donde la mujer fue atacada con arma de fuego mientras conducía el vehículo de servicio público identificado con matrícula MY-164.

Testigos afirman que junto al cuerpo fue hallado un panfleto, presuntamente atribuido al grupo armado Renacer Erpac, que, al parecer, habría amenazado a la víctima previamente.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables del homicidio.

 

Dos recientes homicidios en Polonia, presuntamente cometidos por migrantes de nacionalidad venezolana y colombiana, han desatado una ola de indignación y protestas en todo el país.

Las autoridades han confirmado la captura de los implicados en ambos casos, lo que ha generado un intenso debate sobre la política migratoria y la seguridad ciudadana.

La situación ha llevado a que se conforme grupos de vigilancia en la frontera con Alemania, para evitar el ingreso de migrantes ilegales a este país del centro de Europa.

Caso Torún

El primer incidente ocurrió en Torún, ciudad de un poco más de 200 mil habitantes, ubicada de norte de Polonia a orillas del Río Vístula. Es reconocida por ser el pueblo natal de astrónomo Nicolás Copérnico.

En esta población Klaudia Karkowska, una estudiante universitaria de 24 años fue brutalmente atacada. El presunto agresor, fue identificado como Yomeykert, un ciudadano de origen venezolano de 19 años, quien la interceptó mientras regresaba a casa.

Según los reportes, el victimario intentó abusar sexualmente de la universitaria, luego le sacó los ojos con un destornillador para evitar que la joven lo identificara. Luego la apuñaló una docena de veces en el cuello y tórax. Este acto de extrema barbarie generó la indignación del pueblo polaco.

Karkowska alcanzó a ser trasladada a un centro hospitalario donde falleció dos semanas después del ataque, debido a la gravedad de las heridas recibidas en la brutal agresión. Su deceso se produjo el pasado 27 de junio.

El agresor fue detenido a pocos metros del lugar gracias a la intervención de la comunidad, así como de la policía y ahora podría enfrentar una condena de cadena perpetua. Este crimen ha provocado una marcha silenciosa en Torún, exigiendo justicia y mayor seguridad en la ciudad.

Homicidio en riña

El segundo caso se registró en Nowe, un distrito histórico ubicado en Varsovia. En este lugar un hombre polaco de 41 años fue asesinado durante una riña a las afueras de un restaurante.

Ocho ciudadanos colombianos fueron detenidos por estar relacionados con este hecho, incluyendo al principal sospechoso, un connacional de 29 años. Cuatro de los detenidos intentaron huir en un vehículo, pero fueron arrestados tras chocar con un vehículo de la Policía.

Las autoridades han señalado que seis de los ocho colombianos detenidos se encontraban en Polonia de forma irregular y tenían una orden previa para abandonar el país. Este incidente también ha avivado las protestas y el debate sobre la política migratoria en Polonia.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre dos oficinas en Bogotá pertenecientes a una empresa petrolera de origen francés, Perenco, señalada de financiar grupos paramilitares en el departamento de Casanare entre 1997 y 2005.

La decisión fue adoptada por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional.

Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, cuyo valor comercial asciende a más de 41 mil millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares.

Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinarlos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar en esa región del país.

La Fiscalía logró identificar los activos tras recopilar información sobre la estructura corporativa de la compañía mediante la read de recuperación de activos del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Colombia hace parte.

También se aplicaron técnicas de análisis criminal y se recolectaron pruebas que, según el ente acusador, demuestran que altos directivos de la empresa autorizaron aportes ilegales a grupos armados.

Entre las evidencias figuran contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, así como testimonios de exintegrantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

En sus versiones libres, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco afirmaron que la compañía entregó dinero, combustible, alimentos y transporte a cambio de seguridad en zonas de extracción petrolera.

Las labores investigativas fueron desarrolladas por fiscales del grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.

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