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La comunidad cultural de Casanare amaneció de luto este martes tras confirmarse el fallecimiento del reconocido coplero Rito Malpica López, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche de ayer lunes 8 de septiembre en jurisdicción del municipio de Pore.

El hecho se registró en el sector de La Curama, donde el artista se desplazaba en una motocicleta Bajaj de color negro. Según las primeras versiones, al tomar una curva pronunciada habría perdido el control del vehículo, impactando contra una cuneta. El golpe fue fatal, y Malpica falleció en el lugar.

El Cuerpo de Bomberos de Pore acudió al sitio tras recibir el reporte, pero al llegar confirmaron que el coplero ya no presentaba signos vitales. La escena fue atendida por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento, quienes iniciaron el procedimiento correspondiente.

Rito Malpica López era una figura destacada del folclor llanero, conocido por su talento en la copla y su participación en eventos culturales de la región. Su partida deja un vacío profundo en el panorama artístico casanareño.

La mañana de este lunes estuvo marcada por la consternación en Villanueva, luego de que se confirmara el fallecimiento de Arlington Fuerte, un reconocido comerciante y profesor de tecnología e informática de la Institución Educativa Fabio Riveros.

Fuerte, de 42 años, fue hallado sin vida junto a una mujer identificada como María Alexandra Tocora, de 34 años, en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades.

Ambos se encontraban dentro de un vehículo que, según las primeras hipótesis, permaneció encendido en un espacio cerrado, lo que habría provocado una acumulación letal de monóxido de carbono.

La pareja, al parecer, no se percató del peligro, y la inhalación prolongada del gas habría sido la causa del deceso.

El hecho generó una profunda tristeza entre estudiantes, colegas y vecinos, quienes lamentaron la pérdida de un hombre muy querido en la comunidad.

El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió no conceder la medida cautelar solicitada por el Consorcio Nacua, en el marco de una controversia legal que mantiene con el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (In).

La decisión fue emitida el 4 de septiembre de 2025 por el Despacho 002, de la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz.

La solicitud buscaba frenar temporalmente los efectos de la Resolución 0377, expedida el 28 de abril del mismo año, mediante la cual INDEV dio inicio a un procedimiento administrativo por presunto incumplimiento contractual, que podría culminar en sanciones económicas para el consorcio.

Los representantes legales de Nacua argumentaron que permitir la continuidad de dicho trámite administrativo, mientras se desarrolla un proceso judicial paralelo sobre un posible desequilibrio económico en el contrato, podría generar inseguridad jurídica y decisiones contradictorias.

Sin embargo, tras revisar los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el tribunal concluyó que no se cumplían las condiciones necesarias para otorgar la medida.

 La magistrada señaló que el acto administrativo en cuestión no resolvía el fondo del conflicto, sino que simplemente ordenaba la apertura de un procedimiento, por lo que no era susceptible de suspensión cautelar.

Además, se determinó que el consorcio no logró demostrar que el interés público se vería más afectado si se negaba la medida que si se concedía, debilitando así la solicitud presentada.

Con esta decisión, el proceso administrativo continuará su curso, mientras el litigio principal sigue en estudio por la jurisdicción contenciosa.

 

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del 6 de septiembre en la vía que conecta Tauramena con Mata de la Urama, en el sur del municipio, dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas tres adultos y tres menores de edad.

Los heridos, varios con contusiones de consideración, requirieron atención médica de urgencia.

La emergencia movilizó un amplio dispositivo de respuesta, que incluyó cuatro ambulancias: dos del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, una de Bomberos Villanueva y una unidad de servicio privado.

Debido a la ubicación del siniestro y la gravedad de los traumas, se priorizó el traslado de los afectados hacia el hospital de Villanueva.

Información preliminar recogida en el sitio del impacto sugiere que la falta de iluminación en una de las motocicletas involucradas pudo haber sido la causa principal.

Al parecer, la ausencia de luz principal en una de las motocicletas derivó en una colisión frontal con el otro vehículo.

Ante este tipo de incidentes, las autoridades han reiterado la importancia de extremar las precauciones al conducir.

Se enfatiza en la aplicación de técnicas de manejo defensivo, evitar la sobrecarga de vehículos –especialmente al transportar niños– y el uso constante de elementos de protección personal, como el casco, para reducir la severidad de las lesiones en caso de un eventual siniestro.

El Tribunal Administrativo de Casanare ha emitido una providencia requiriendo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Concesionario Vial del Oriente S.A.S. (Covioriente) un pronunciamiento sobre una solicitud de medida cautelar.

Dicha medida busca la implementación de acciones provisionales para mitigar el riesgo de accidentes en la vía nacional 6512, que corresponde a la doble calzada Yopal – Aguazul, específicamente en el sector de la glorieta de la calle 50, ubicada a la entrada de la capital casanareña que sea convertido en un punto  de alta accidentalidad.

La decisión, firmada el 5 de septiembre de 2025 por la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz, surge de una Acción Popular interpuesta por Jorge Leonardo Infante Tovar y Oromairo Avella Ballesteros.

Los demandantes solicitan, entre otras acciones, la ejecución de estudios, diseños y obras definitivas en los segmentos ST1 y ST2, la instalación de reductores de velocidad, señalización preventiva y reflectiva, y la adecuación de andenes y pasos peatonales, conforme a la normativa vigente.

El Tribunal ha dispuesto un plazo de cinco días para que la ANI y Covioriente, así como el Representante del Ministerio Público, se pronuncien sobre la viabilidad y pertinencia de las medidas cautelares propuestas.

Una vez transcurrido este término, las diligencias ingresarán nuevamente al despacho para que se resuelva lo que en derecho corresponda. Este requerimiento marca un avance en el proceso legal iniciado para abordar las presuntas deficiencias de seguridad vial en el corredor, concretamente en el ingreso a Yopal.

En un punto conocido como Las Cañas en zona rural de Nunchía, ubicado muy cerca del cruce de La Nevera, en la vía que conecta La Marginal del Llano con los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, fue lugar donde ocurrió el siniestro vial que involucró una motocicleta y una camioneta donde se movilizaba el comandante operativo del Departamento de Policía Casanare, coronel Daniel Lozano.

El imprevisto tuvo lugar en horas de la tarde de este sábado 6 de septiembre. Lo que se conoce hasta el momento sobre este hecho, señalada que en la motocicleta se movilizaba una pareja que sufrió heridas de consideración, luego de colisionar con el vehículo oficial.

Los heridos quienes fueron identificados como Sharlot Dayana Ortiz y Harol Leonardo Bernal, quienes fueron trasladados a la Clínica Casanare y el Hospital Regional de la Orinoquia, respectivamente.

Hasta el momento no se han revelado las circunstancias exactas del accidente.

Un trágico siniestro vial cobró la vida de un hombre identificado como Abelardo Rodríguez Hernández en la tarde de este domingo, 7 de septiembre.

El fatal accidente ocurrió en la vía Marginal del Llano, en el tramo entre Villanueva y la población metense de Barranca de Upía, concretamente en el punto conocido como La Vara, específicamente en el sector conocido como La Cantera.

La víctima se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha de placas JLM-91D cuando, presuntamente, colisionó con un vehículo de carga pesada. El impacto resultó mortal para el motociclista, quien falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades de tránsito se desplazaron al sector para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la investigación correspondiente que permita esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Un presunto caso de crueldad animal ha conmocionado a los residentes de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, tras la captura de un hombre acusado de robar mascotas para cometer actos sexuales con ellas.

La noticia destaca la preocupación y el dolor de la comunidad, especialmente de los dueños de los animales afectados. La detención del individuo se llevó a cabo en el barrio Gibraltar.

Según los testimonios de los propietarios, el modus operandi del capturado consistía en secuestrar a los perros de sus hogares. Uno de los casos más impactantes es el de un perro que fue reportado como secuestrado el 24 del mes pasado y, tras ser recuperado, se encontró en un estado de salud muy delicado, con evidentes signos de haber sido agredido sexualmente.

Su dueño ha confirmado que tanto la alcaldía local como los servicios de protección animal están al tanto de la situación y han realizado los exámenes pertinentes al canino.

Un incidente similar fue reportado por otro residente, cuyo perro también habría sido víctima de la misma persona el día anterior a su captura.

La indignación de los ciudadanos, junto con la acción de la policía, permitió rastrear al sospechoso hasta su residencia, donde finalmente fue detenido.

Inicialmente, la captura del hombre se produjo bajo el cargo de hurto, dada la sustracción de las mascotas. Sin embargo, los dueños de los animales y la comunidad en general están exigiendo que también sea procesado por el delito de maltrato animal, el cual contempla penas más severas en la legislación colombiana.

Se espera que los exámenes forenses realizados a las mascotas determinen la magnitud de los abusos y fortalezcan las pruebas contra el acusado.

Este lamentable suceso ha reavivado el debate sobre la protección animal y la necesidad de leyes más estrictas y su efectiva aplicación para prevenir y castigar este tipo de actos atroces.

La comunidad de Ciudad Bolívar permanece atenta al desarrollo del caso, esperando que se haga justicia por los animales afectados.

Pánico y zozobra entre la comunidad causó cilindro de gas de color blanco, abandonado en la doble calzada Aguazul-Yopal a la altura del sector El Toro, kilómetro 80, en la madrugada de este viernes.

Ante la alerta emitida por los conductores que  entre las 2:00 am y 3:00 am se desplazaban por el trayecto, se hizo presente en el sitio el Grupo Anti explosivos de la Policía, con el fin de acordonar el área y evaluar  la potencial amenaza, con el apoyo de caninos especialmente adiestrados con el fin de detectar y localizar artefactos explosivos.

La vía permaneció cerrada durante más de dos horas, mientras el cilindro fue sometido a una inspección meticulosa por parte de expertos anti explosivos, provocando congestión vehicular y preocupación entre los viajantes y  comunidad, del municipio de Aguazul.

Tras las pesquisas la Policía determinó que el cilindro carecía de cualquier material explosivo en su interior, y descartó que este tuviera algún material detonante que revistiera algún riesgo.

El cilindro fue retirado del sitio pero no fue destruido, siendo dejado como evidencia judicial, para analizar y determinar las huellas dactilares en su superficie, con el fin de identificar a los responsables del hecho.

Una vez descartado que el cilindro fuera una bomba, se declaró que no representaba peligro y la vía fue reabierta.

Sobre el incidente, que pudo ser perpetrado por algún grupo armado al margen de la ley, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

Un juez de Villavicencio dictó una sentencia de 48 años de prisión contra un hombre que fue hallado culpable del homicidio agravado de su hija de tres años, en un caso que estremeció a la comunidad de La Macarena, en el departamento del Meta.

El fallo se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, y fue interpretado como una respuesta firme del sistema judicial ante la violencia intrafamiliar.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2023, cuando el agresor llegó al caserío La Sombra junto a su pareja y la menor. Se hospedaron en un alojamiento rural, y en la madrugada, el hombre atacó a la niña con un arma cortopunzante, causándole heridas mortales en el cuello.

Aunque fue trasladada a un centro asistencial, la menor falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La decisión judicial negó cualquier beneficio como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena, por lo tanto, el condenado de quien no se reveló su identidad, deberá cumplir la sentencia en un establecimiento carcelario.

El fallo fue emitido corresponde a una primera instancia, y la defensa quedó habilitada para interponer los recursos legales correspondientes.

Más allá del castigo, el caso fue considerado un llamado urgente a reforzar los mecanismos de protección infantil, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios de prevención y atención es limitado.

La condena envió un mensaje claro: los niños y niñas son sujetos de especial protección constitucional, y cualquier agresión contra ellos será enfrentada con todo el peso de la ley.