Comerciantes de la calle 11 en inmediaciones de la carrera 29, sector conocido como la “Zona T” de Yopal, expresaron su inquietud por el impacto negativo que ha tenido en sus ventas las obras de construcción de la glorieta, que busca mejorar la movilidad de esta zona de la ciudad.

Fredy Torres, del sector del comercio, explicó que para dar paso a los trabajos fue necesario hacer una serie de cierres viales. Medida que, en su concepto, los ha afectado económicamente.

Indicó que con la medida el flujo vehicular fue enviado por la calle 13. De esta manera se redujo considerablemente el número de visitantes que tradicionalmente acudían a los negocios de la “Zona T”, a compartir en familia o con sus amigos.

Este descenso de potenciales clientes repercutió en el volumen de las ventas, el cual también, aseguró Torres, presenta una preocupante curva descendente.

Ante esta situación los dueños de establecimientos comerciales se reunieron con delegados de la Administración Municipal y los ejecutores de la obra, para analizar la situación y tomar medidas correctivas. La actividad estuvo acompañada de los concejales Felipe Becerra y Ociel Ortiz.

Fernery Jiménez, residente del barrio Libertador donde queda la “Zona T” y propietario con su familia de un negocio gastronómico, manifestó que este vecindario tiene una dinámica propia, donde se encuentran hoteles, restaurantes, institutos, servicios administrativos, de belleza, estética, entre otros, que lo hacen muy atractivo para el turismo y el comercio.

Es por ello que urge una solución a la problemática antes mencionada, para que el barrio El Libertador retorne a su dinámica comercial en el menor tiempo posible.

Como resultado de la reunión se acordó pactar un nuevo encuentro con la Alcaldía para el próximo 3 de octubre, donde se hablará de temas concretos.

“La primera y creo que ha sido el centro principal de la discusión, es que el proyecto actual suprime el acceso de la calle 11 de todo el tráfico que viene de la carrera 29 y del sector de Sirivana. Si se suprime este acceso se congestiona la calle 9”, expresó el ingeniero Jiménez.

Agregó que la propuesta es no perder esta conexión entre la calle 11 con la carrera 29. Por el momento los comerciantes reconocieron el buen ambiente y disposición de la Administración Municipal para escucharlos  y tenerlos en cuenta, ahora solo falta adelantar la reunión  para tomar decisiones efectivas que solucionen la problemática expuesta por los comerciantes.

La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal inició el proceso de elección para conformar el consejo municipal de adulto mayor, correspondiente al periodo 2025–2027.

Como parte del procedimiento, se realizó un sorteo para definir el orden de los candidatos en el tarjetón electoral. El mecanismo utilizado fue el de balotas, y se aplicó para establecer la ubicación de cada aspirante.

El Consejo estará compuesto por siete personas: una por cada centro vida del municipio y una del Hogar Estrellas en Casa. Los elegidos tendrán la tarea de representar a la población adulta mayor en temas relacionados con sus derechos y condiciones de vida.

El proceso se desarrolla conforme al Decreto 155 de 2015, que establece la participación de personas mayores en decisiones públicas que les afectan directamente.

La elección busca garantizar representación en espacios institucionales y facilitar el diálogo entre esta población y las entidades municipales.

El Juzgado Primero Administrativo de Yopal impuso una sanción al alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, por no cumplir con una orden judicial que le exigía transferir los recursos del impuesto de alumbrado público a la empresa mixta de alumbrado público de este municipio.

La decisión judicial, emitida el 18 de septiembre de 2025, establece que el mandatario deberá pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos legales vigentes con recursos propios. No podrá usar fondos públicos para cubrirla.

El juzgado concluyó que hubo negligencia al no girar la totalidad de los dineros, a pesar de que existía una sentencia en firme desde febrero de 2025, ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare en marzo del mismo año.

El fallo también advierte que, si continúa el incumplimiento, se enviará el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se evalúe la posible apertura de investigaciones penales y disciplinarias.

La providencia reitera que los recursos recaudados por el impuesto deben ser entregados en su totalidad a la empresa mixta, sin aplicar descuentos ni retenciones.

El Tribunal Administrativo de Casanare emitió sentencia en el proceso de pérdida de investidura contra el diputado Wilder Andrés Ávila Tibavija, del municipio de Maní. La demanda fue interpuesta por Mateo Tarquino Rincón, quien figura como segundo en la lista del partido Colombia Renaciente.

Aunque aún no se ha publicado el texto completo del fallo, se conoció que la autoridad judicial determinó la perdida de investidura de Ávila Tivadija.

El proceso se centró en presuntas inhabilidades del diputado Ávila, relacionadas con vínculos contractuales o laborales con el municipio de Maní, lo que podría haber afectado la legitimidad de su elección.

Por ahora, se espera que el Tribunal publique el contenido completo de la sentencia, donde se podrá conocer el análisis jurídico, los fundamentos del fallo y el alcance del salvamento de voto.

Por su parte Ávila Tivadija indicó a Casanare Noticias que apelará el fallo ante el Consejo de Estado, como segunda instancia.

A partir de las 12:00 p. m. de este viernes 19 de septiembre de 2025 y hasta el mediodía del domingo 21, se interrumpirá completamente el servicio de gas natural en varias veredas de los municipios de Yopal y Orocué.

Según la información oficial compartida por Enerca, La medida obedece a labores de mantenimiento preventivo en la línea de transporte Morichal – La Gloria Norte, ubicada en el corregimiento de Tilodirán.

Agrega la publicación que lal empresa que esta suspensión responde a una notificación oficial de Perenco, transportador del gas, que declaró un evento de fuerza mayor conforme a la Resolución CREG 100 de 2003 y la Ley 142 de 1994.

Las zonas afectadas por la interrupción en Yopal son Quebradaseca, El Arenal, Arenosa, Porfía, Matepalma, El Mango, Granjas Canacavare, Gaviotas, Guacharacal, Alemania y el centro poblado Tilodirán.

Mientras que en Orocué la suspensión incluya las veredas de Mariara, Carrizales, Brisas de Maremare, El Delirio, La Colonia, Claveles, La Venturosa, Palmarito, Surimena, La Culebra y el centro poblado El Algarrobo.

Enerca ofreció disculpas por las molestias que esta situación pueda generar y recomendó a los usuarios mantener cerrada la válvula de corte ubicada en el centro de medición, para evitar emergencias domésticas.

Una vez restablecido el servicio, se sugiere abrir la válvula de forma gradual para proteger el regulador.

Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de emergencias 115 (operador Claro) o al número (608) 632 8812, disponible las 24 horas.

También pueden seguir las actualizaciones en redes sociales: Facebook: @EmpresadeEnergiadeCasanare e Instagram: @enerca_sa_esp.

La salud llegó a las aulas de Yopal. En una estrategia conjunta entre la Secretaría de Salud municipal y la E.S.E Salud Yopal, se desplegó una campaña de inmunización dirigida a niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas de la ciudad, con el propósito de fortalecer los esquemas de vacunación frente a enfermedades prevenibles.

Hasta la fecha, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ha logrado aplicar un total de 606 dosis de biológicos, distribuidas de la siguiente manera: virus del papiloma humano (VPH): 338. Esquema completo para menores de 6 años: 102. Fiebre amarilla: 64. Influenza: 40 y Tétano: 62 biológicos suministrados.

Las instituciones que participaron en esta primera fase incluyen el Megacolegio Los Progresos, Luis Hernández Vargas, Gabriela Mistral (sede El Charte), Institución Técnica Empresarial Llano Lindo, Liceo Los Ángeles, Santa Teresa (corregimiento Punto Nuevo) y Teresa de Calcuta.

Desde el PAI se resaltó que estas jornadas son fundamentales para ampliar la cobertura de vacunación en la población escolar, especialmente en edades tempranas, donde la prevención es clave para evitar complicaciones graves de salud.

La Secretaría de Salud anunció que se está trabajando en coordinación con más colegios de la ciudad para continuar con la estrategia, con el objetivo de alcanzar una cobertura más amplia y garantizar que los esquemas de inmunización estén actualizados en toda la comunidad estudiantil.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dio inicio a una nueva fase de vigilancia sanitaria en el departamento de Casanare, con el despliegue de un muestreo especializado en tonsilas de cerdos en predios donde se realiza sacrificio informal.

Esta intervención se concentra en once municipios que actualmente conforman la zona de control de la Peste Porcina Clásica (PPC): Yopal, Aguazul, Hato Corozal, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, San Luis de Palenque, Támara y Trinidad.

La iniciativa, que se extenderá entre septiembre y diciembre de este año, forma parte del plan estratégico del ICA para evaluar el riesgo sanitario en la región y determinar si estos municipios están en condiciones de avanzar hacia la categoría de zona en erradicación.

Este cambio representaría un hito para el fortalecimiento del sector porcicultor casanareño, al abrir nuevas posibilidades de comercialización y garantizar mayores estándares de bioseguridad.

Desde el Instituto se ha hecho un llamado a los productores y asociaciones porcinas para que colaboren activamente en el proceso, facilitando el ingreso del personal técnico a los predios seleccionados según el diseño epidemiológico establecido.

La participación de la comunidad es considerada clave para el éxito de esta operación, que busca blindar la producción porcina frente a enfermedades de alto impacto.

El equipo de profesionales del ICA se comunicará directamente con los productores involucrados para coordinar las visitas y toma de muestras. Para resolver dudas o recibir información adicional, los interesados pueden contactar a los números 312 447 8113 y 321 234 6815.

Con esta acción, el ICA reafirma su compromiso con la sanidad animal y la sostenibilidad del campo colombiano, apostando por una porcicultura más segura, competitiva y libre de enfermedades.

Una aeronave bimotor de color blanco despegó sin autorización desde la pista aérea del municipio de Orocué, Casanare, en la madrugada del martes 16 de septiembre, y desde entonces no se tiene rastro de su paradero. El incidente ha generado preocupación entre los habitantes de la región y ha puesto en evidencia las fallas estructurales en los sistemas de seguridad del aeródromo local.

Según reportes preliminares, la avioneta había aterrizado la tarde anterior y permaneció estacionada durante la noche. Sin embargo, antes del amanecer fue puesta en marcha por personas no identificadas, quienes lograron despegar en menos de 400 metros de pista, una maniobra que sugiere un alto nivel de pericia.

Desde ese momento, los sistemas de comunicación y navegación del aparato fueron desconectados, lo que ha dificultado su rastreo.

La desaparición de la aeronave fue confirmada por el coronel Andrés Rosero, comandante del Grupo Aéreo de Casanare. El oficial agregó que se operativos de búsqueda en la región para esclarecer si se trató de un hurto planeado o de otra situación irregular.

No obstante, hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial detallando las acciones emprendidas ni se ha informado sobre la activación de protocolos de seguridad aérea.

La comunidad local ha expresado su inquietud por la falta de vigilancia en la pista, que está bajo la administración de la Alcaldía Municipal.

Denuncian que el lugar carece de cámaras, personal de seguridad y controles de acceso, lo que habría facilitado el despegue clandestino.

Expertos en seguridad aérea advierten que la desaparición de una aeronave en estas condiciones representa un riesgo para la seguridad nacional, dado su posible uso en actividades ilícitas como el transporte de drogas o armas.

Mientras tanto, en Orocué reina el silencio oficial. Los habitantes del municipio esperan que en las próximas horas se intensifiquen las labores de búsqueda y se adopten medidas concretas para reforzar la seguridad en las pistas rurales del departamento.

Se conoció en las últimas horas la decisión adoptada por la Alcaldía de Yopal de separar de su cargo al José Orlando Pérez, quien se desempeñaba como inspector de planeación.

La medida se hizo efectiva mediante la Resolución No. 423 de 2025, luego de que se verificara que el funcionario mantenía su cargo pese a la sentencia judicial en su contra que había quedado en firme desde el pasado 19 de febrero de 2025.

El caso judicial se remonta al 31 de mayo de 2024, cuando el Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal emitió la sentencia condenatoria, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 10 de julio del mismo año.

La decisión judicial ratificada en segunda instancia esta relacionada con una demanda que se remonta a una compraventa fraudulenta de un lote en la vereda La Patimena, ocurrida en 2011.

La sentencia impuso al ahora exfuncionario una pena principal de 40 meses de prisión, que fue suspendida condicionalmente, y una sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual seguía vigente al momento de su destitución.

Resulta particular que Hernández Pérez haya permanecido en el cargo durante aproximadamente siete meses después de que la condena quedara en firme, ejerciendo funciones como Inspector de Planeación a pesar de la restricción legal que le impedía desempeñar cualquier cargo público.

Esta situación podría acarrear investigaciones disciplinarias contra los posibles responsables por haber permitido que un funcionario inhabilitado continuara ejerciendo labores públicas.

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Clímaco Esteban Zabala Ramírez, quien ocupó el cargo de viceministro encargado de la creatividad y la economía Naranja. Se le acusa de haber presentado documentos falsos para acceder a un puesto en el Ministerio de Cultura.

En diciembre de 2022, Zabala entregó su hoja de vida para aspirar al cargo de asesor, incluyendo un título de maestría en gerencia de proyectos de una universidad privada en Bogotá. Adjuntó copia del diploma y del acta de grado, ambos con fecha de diciembre de 2020.

Con base en esa documentación, fue nombrado mediante la Resolución 451 del 20 de diciembre de 2022 y posteriormente designado como viceministro encargado el 7 de marzo de 2023.

Según la investigación, Zabala sí cursó el programa académico, pero no cumplió con los requisitos para graduarse. Los documentos que presentó contenían datos correspondientes a otro estudiante que sí obtuvo el título oficialmente.

La Fiscalía lo acusa de fraude procesal y falsedad en documento público. La audiencia preparatoria está programada para la primera semana de diciembre, según lo dispuesto por el juez penal de conocimiento que asumió el caso.