Las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial la noche del sábado 17 de enero, aproximadamente a las 11:30 p. m., que involucró a un vehículo de carga y una motocicleta. El incidente tuvo lugar en la vía que conecta al municipio de Aguazul con el departamento de Boyacá.

El informe preliminar señala que el motociclista, identificado como Jesús Parra, de 27 años, impactó contra el costado de un camión que circulaba en sentido opuesto. Como consecuencia del choque, Parra fue diagnosticado con un trauma craneoencefálico severo.

Respecto a las causas del evento, la hipótesis principal que evalúan los investigadores sugiere una presunta invasión de carril por parte del conductor de la motocicleta. El caso permanece bajo análisis para determinar las responsabilidades correspondientes.

El mandatario de Maní, Casanare, Ferney Chaparro Perdomo, enfrenta un pliego de cargos emitido por la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control investiga si el funcionario obstaculizó de manera deliberada el trabajo de la personera municipal, Yeimmy Alejandra Ramírez, durante un procedimiento de protección de derechos fundamentales.

El caso se remonta a una diligencia de verificación de derechos solicitada por la Procuraduría Judicial II de Familia de Yopal. El objetivo de la visita era garantizar la integridad física, psicológica y la convivencia familiar de la esposa del alcalde.

Según el expediente, Chaparro Perdomo habría actuado de forma discriminatoria al permitir el acceso a su residencia únicamente a los funcionarios de la Comisaría de Familia, cerrándole las puertas a la Personera Municipal sin una justificación válida.

La importancia de esta falta radica en que la personera actuaba en calidad de agente del Ministerio Público. Al impedir su entrada, el alcalde habría

bloqueado el cumplimiento de una orden judicial y administrativa.

Actitud que también habría afectado el debido proceso en la verificación de garantías de derechos y limitado la vigilancia legal que la Personería debe ejercer sobre los derechos humanos en el municipio.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare no ha pasado por alto la gravedad del incidente. De manera provisional, la conducta del mandatario ha sido calificada como falta grave a título de culpa grave.

Este proceso pone bajo la lupa la transparencia del alcalde y su disposición para acatar la autoridad de los órganos de control, especialmente en casos que involucran la protección de núcleos familiares y la integridad de las personas.

Autoridades tratan de establecer las causas exactas del fallecimiento de un menor de 8 años en el municipio de Chámeza, ocurrido en el lapso comprendido entre la noche del 14 y las primeras horas del 15 de enero.

La versión que tiene hasta el momento apunta a que el niño sufrió un accidente mientras transitaba en bicicleta por el casco urbano de dicho municipio y que luego del dicho incidente fue trasladado al centro asistencial local.

Según los reportes médicos iniciales, el paciente ingresó con un cuadro clínico de dolor abdominal agudo y vómitos persistentes. Luego de una primera atención el niño regresó a su casa, no obstante, los síntomas persistieron y fue necesario llevarlo nuevamente al centro de salud.

En esta segunda visita centro médico, su estado de salud se deterioró en un breve lapso, confirmándose su fallecimiento poco después del ingreso.

Sin embargo, ha trascendido que esta versión guarda algunas inconsistencias que son objeto de escrutinio por las autoridades.

La duda surgió porque, al parecer, existen diferencias entre lo que encontraron los profesionales de la salud que atendieron al niño, con lo que narró el adulto que acompañaba al menor.

De manera extraoficial se conoció que, al parecer, el paciente presentaba laceraciones y contusiones ocasionadas, tal vez, antes del episodio del percance con la bicicleta.

Ante esta situación el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han asumido el caso. Ambas instituciones iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las causas exactas del deceso y determinar las circunstancias del accidente.

Tres meses lleva el trabajo de acercamiento con los comerciantes del barrio El Libertador de Yopal, para abordar temas de tránsito en este sector. Así lo dio a conocer el director de movilidad del municipio, ingeniero Sebastián Porras.

El funcionario mencionó que el ejercicio ha servido para escuchar denuncias en aspectos como parqueo de vehículos y movilidad peatonal, entre otros aspectos que preocupan al gremio comercial ubicado en esta zona de la calle 15 entre carreras 29 y 22.

Agregó que la respuesta dada por la Secretaría de Movilidad de Yopal es un proyecto de pacificación vial, donde se busca reconocer las condiciones actuales de tránsito de esta área de la ciudad y creación de un polígono que irá desde las calles 9 a la 15 y desde la carrera 29 hasta la 22. La propuesta fue aceptada por la comunidad.

“Lo que vamos a hacer es caracterizar esta zona. Identificar los puntos más álgidos en materia de movilidad, teniendo en cuenta que tenemos instituciones educativas, IPS, comercio, sector residencial y una multiplicidad de variables que debeos reconocer antes de tomar cualquier decisión”, manifestó el ingeniero Porras.

Una vez definida la zona a intervenir, el funcionario indicó que el siguiente paso, el cual se adelantará en el mes de febrero, es la recolección de información de cara a la creación de este plan piloto de pacificación vial.

Añadió que esta labor se adelanta en campo entre un grupo de profesionales, técnicos y promotores, con el acompañamiento de la comunidad, para buscar posibles alternativas que mejoren la dinámica de movilidad del sector.