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La Administración Municipal de Yopal informó que el proceso para la demolición del complejo habitacional Torres del Silencio se encuentra actualmente en fase precontractual.

Según el reporte oficial, esta etapa busca establecer los parámetros técnicos, jurídicos y financieros necesarios para la ejecución de la obra.

El proceso administrativo inició formalmente el pasado 31 de octubre. Desde esa fecha, se han adelantado actuaciones que incluyen la caracterización de los beneficiarios y gestiones administrativas preliminares. La Alcaldía confirmó que los recursos económicos para la intervención ya están asegurados.

A pesar de las inquietudes ciudadanas, la intervención física de las edificaciones no ha comenzado. La administración argumentó que la demora responde al cumplimiento de los términos de ley y a los trámites propios del inicio del año administrativo.

Según información oficial, actualmente, la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) trabaja en la elaboración de los estudios previos.

Respecto a las alternativas de ejecución, se descartó la participación del Ejército Nacional. Según el informe técnico, esta opción no resultó viable por dos razones. Primero, no se ajustaba a los requisitos legales exigidos para el procedimiento.

Y segundo, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías impidió la firma de un convenio con dicha institución.

La Alcaldía aclaró que, si bien la Ley de Garantías restringió convenios interadministrativos, esta no afecta el proceso de demolición, dado que la normativa vigente permite la continuidad de los procesos de licitación pública sin restricciones.

Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD, indicó que el cronograma se mantiene sujeto al rigor técnico para garantizar la seguridad en la zona intervenida, señalando que la prioridad del municipio es el cumplimiento de la normatividad para evitar fallos en la ejecución del proyecto.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) se encuentra en una fase crítica. La resolución de intervención actual vence el 13 de febrero, y la normativa sugiere que el siguiente paso es una intervención con fines de liquidación, lo que lleva a la empresa a una situación de "cuidados intensivos".

Así lo dieron a conocer Fredy Isaza y Fredy Larrota, presidente y fiscal, respectivamente, del sindicato Sintraemsdes, quienes advirtieron de la situación y manifestaron que confían que la empresa no termine privatizada.

Sobre el papel de la Superintendencia manifestaron que la empresa en los últimos dos años ha tenido cinco agentes interventores, lo que refleja inestabilidad en la gestión. A pesar del tiempo, las causales que originaron la intervención no han sido superadas.

Recalcaron que el permanente cambio de agentes ha impedido la implementación de un plan de gestión coherente y efectivo para superar los problemas de la empresa.

Otra situación adversa mencionada por Isaza y Larrota, es la dificultad para mantener un diálogo fluido y constructivo con la Superintendencia, a pesar de haber solicitado formalmente reuniones que no han sido atendidas.

Los representantes sindicales enfatizaron que han presentado propuestas concretas para mejorar la viabilidad de la empresa, buscando colaborar activamente en su recuperación.

Sin embargo, consideraron que la mayor preocupación es que la figura de liquidación sea un pretexto para privatizar la empresa, ya sea en su totalidad o "por pedacitos", entregándola a operadores de otras particulares.

Expresaron igualmente, que, aunque el superintendente afirmó que la voluntad del Gobierno nacional es no privatizar la empresa, las acciones y la falta de comunicación generan desconfianza sobre sus verdaderas intenciones.

Sobre las propuestas hechas por el sindicato para mejorar la entidad, mencionaron la implementación de micromedidores para asegurar un cobro más justo y preciso del consumo de agua.

Combatir las conexiones ilegales y fraude. Aplicar "mano dura" que incluyan acciones como denuncias penales y sanciones a quienes manipulan las redes y cometen defraudación de fluidos.

Otro punto se debe enfocar en mejorar la gestión de cartera. Abordar el problema de los usuarios que tienen deudas pendientes con la EAAAY.

El secretario de educación municipal, David Díaz Sánchez, presentó un balance sobre el retorno a las aulas en la capital casanareña. A la fecha, el sistema educativo oficial registra un avance de 28.000 matrículas formalizadas en los colegios oficiales del Municipio, de un universo de 35.000 alumnos.

El funcionario espera que el proceso se normalizarse y alcance la meta de la totalidad de estudiantes matriculados durante la presente semana, tras superarse retrasos técnicos en la plataforma nacional SIMAT.

Otro tema sobre el cual hizo referencia el funcionario es la activación del programa de alimentación escolar (PAE), el cual iniciará el próximo 12 de febrero.

Dijo que el programa, que ya cuenta con operador adjudicado, atenderá a 14.300 beneficiarios, priorizando a los estudiantes de jornada única y de los niveles de primera infancia.

Así mismo, el secretario confirmó el fortalecimiento de la planta de personal para el apoyo a la población con discapacidad. Un equipo interdisciplinario compuesto por tiflólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicólogos ya se encuentra contratado para garantizar la educación inclusiva desde el inicio del calendario escolar.

Como novedad para este año, el Ministerio de Educación aprobó 20 nuevas plazas docentes destinadas exclusivamente a los grados de prejardín, jardín y transición.

La Secretaría hizo un llamado urgente a los padres de familia para que inscriban a los menores en estos niveles, con el fin de asignar los maestros a las sedes educativas que reporten disponibilidad de cupos.

Frente al retorno de los menores a las instituciones, Díaz Sánchez enfatizó en la corresponsabilidad de los padres de familia. El funcionario informó que la próxima semana se sesionará el primer comité de convivencia escolar del año, para abordar temas preventivos sobre el consumo de sustancias y el uso de dispositivos como vapeadores.

"La educación es una responsabilidad compartida entre el Estado, los maestros y los padres de familia", señaló el secretario, instando a los acudientes a realizar un seguimiento estrecho al comportamiento y entorno escolar de sus hijos.

En el marco del inicio de clases, recordó Díaz Sánchez, que la antigua sede Braulio Campestre ahora opera de forma autónoma como la Institución Educativa Bosques de Sirivana.

Este plantel aún dispone de cupos desde preescolar hasta grado undécimo y contará con un enfoque en bilingüismo, liderado por un nuevo rector de carrera.

Y en cuanto a la sede del colegio Centro Social sostuvo que persiste el desafío de la falta de infraestructura propia. Actualmente, el municipio paga un arriendo anual de aproximadamente 600 millones de pesos a la Diócesis, por utilizar las instalaciones donde se encuentra actualmente.

Se está a la espera de que la Secretaría de Planeación radique un proyecto de acuerdo ante el Concejo para definir el uso del suelo del terreno asignado a la institución educativa y de esta manera se permita la construcción de una sede definitiva.

La Secretaría de Movilidad de Yopal anunció la fecha de finalización para la radicación de trámites de traspaso a persona indeterminada, en cumplimiento de la Resolución 20253040049955 del Ministerio de Transporte.

Aunque la plataforma tecnológica dispuesta por el Ministerio dejará de operar definitivamente el 6 de febrero de 2026, la autoridad local de tránsito recibirá la documentación únicamente hasta el 5 de febrero de 2026.

Esta diferencia de un día responde a la necesidad de la Administración de verificar los requisitos y permitir que los ciudadanos realicen correcciones antes del cierre técnico del sistema nacional.

La entidad informó que no se aceptarán nuevas solicitudes después de la fecha límite establecida por la Secretaría. La medida busca garantizar que los expedientes presentados cuenten con los tiempos necesarios para su validación jurídica y administrativa antes de que el aplicativo quede inhabilitado.

Se solicita a los interesados revisar previamente la totalidad de los requisitos para este trámite, con el fin de evitar el rechazo de las carpetas. Las solicitudes radicadas de manera extemporánea no podrán ser gestionadas debido a la desactivación programada del aplicativo a nivel ministerial.

El traspaso a persona indeterminada es un procedimiento legal que permite a un propietario romper el vínculo jurídico con un vehículo que vendió hace tiempo, pero cuyo comprador nunca registró el traspaso formal ante los organismos de tránsito.

Con 16 votos a favor, el Concejo Municipal aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 003 de 2026. La iniciativa otorga facultades al alcalde para modificar la organización del globo de terreno del asentamiento "La Bendición" e integrar dos nuevos predios identificados en estudios técnicos recientes.

El proyecto surge tras detectarse discrepancias entre los títulos de propiedad registrados y la topografía real del área.

Según la exposición de la Secretaría de Planeación, el objetivo principal es ajustar el polígono del asentamiento para que la cartografía institucional coincida con la realidad física del terreno.

La hoja de ruta aprobada establece dos fases legales inmediatas:

1. Englobe de predios: Unificación de los terrenos identificados bajo una sola unidad jurídica.
2. Trámite divisorio: Proceso necesario para la futura segmentación de los lotes.

Requisito para la titulación

Este ajuste administrativo es un paso obligatorio para dar cumplimiento a la Resolución 248 de 2022. De acuerdo con el articulado, la consolidación jurídica del terreno es el requisito previo indispensable para iniciar la fase de titulación individual, la cual permitiría a los residentes obtener los títulos legales de sus predios.

Tras la aprobación de la Corporación, bajo la ponencia del concejal Ociel Ortiz, el documento fue remitido al despacho del alcalde para su respectiva sanción.

Una vez firmado, la Administración Municipal quedará formalmente habilitada para ejecutar la reorganización del sector y avanzar en los trámites de formalización de la propiedad.

Jorge Yabrudy, vocero de los taxistas de Yopal, informó que el gremio espera una actualización en la tarifa del servicio de taxi para finales de febrero o inicios de marzo de 2025, la cual se fijará luego que la Alcaldía adelante un estudio técnico y financiero.

Según Yabrudy, la tarifa actual es la misma que se maneja desde el año pasado, mientras que la mayoría de los municipios vecinos ya actualizaron sus tarifas a 8.000 pesos la carrera mínima.

El vocero explicó que los costos de operación incluyen despinchadas, lubricantes, tanqueos, cambio de llantas cada tres meses y uso de restaurantes para los conductores. Como ejemplo, mencionó que la rótula de los carros pequeños pasó de costar 47.000 pesos a 84.000 pesos.

Dijo que los taxistas sostuvieron una reunión con el secretario de movilidad, quien les mostró el método para realizar el estudio técnico y financiero que determinará la nueva tarifa en la zona céntrica y las zonas aledañas de Yopal.

Agregó Yabrudy, que hasta la fecha la Administración municipal no había realizado la contratación para el estudio, que se esperaba iniciar en febrero.

El estudio técnico y financiero incluye un monitoreo durante un viernes, sábado, domingo y un día festivo, además de la revisión de la canasta del transporte con formularios que contemplan lubricantes, combustibles, desgaste de llantas, desgaste del motor y los cuatro repuestos que se cambien con más frecuencia en los vehículos.

Yabrudy recordó que en el estudio del año pasado se determinó un aumento de 1.265 pesos, pero el gremio prefirió un incremento de 500 pesos, para minimizar el impacto en los usuarios,

Para este año, el vocero indicó que esperan que el estudio arroje los datos reales según el aumento del costo de la canasta del transporte.

El vocero señaló que este estudio es independiente al del transporte urbano, rural e interurbano, y es específico para el transporte individual tipo taxi.

La demolición del proyecto habitacional Torres del Silencio enfrenta retrasos significativos tras la evacuación voluntaria realizada el 28 de octubre de 2023. Según declaraciones de Eduardo Salcedo, líder social de la comunidad, los meses de noviembre y diciembre representaron tiempo perdido en el proceso.

El plan inicial contemplaba una demolición por implosión a cargo del Batallón de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, la Administración municipal no logró concretar el proceso antes de entrar en ley de garantías, lo que impide la ejecución de la demolición hasta julio o agosto.

Ante esta situación, las autoridades optaron por una demolición mecánica. Salcedo especificó que actualmente la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo se encuentra elaborando los estudios previos. Los recursos para la obra ya están disponibles en el fondo de gestión de riesgo creado para este propósito.

El líder social indicó que la comunidad espera que la licitación quede publicada en la plataforma antes de finalizar enero. De acuerdo con la Ley 80, el proceso de licitación requiere 45 días para la presentación de oferentes, lo que proyecta el inicio de la demolición para mediados de marzo.

Recalcó que los beneficiarios cumplieron con la evacuación en las fechas establecidas, ahora solicitó al Municipio y al Departamento la extensión del subsidio de arriendo por tres meses adicionales o más. Sobre este tema Salcedo manifestó que envió comunicaciones con copias al Gobierno nacional, para acelerar los trámites.

El líder social señaló que existe disposición por parte del gobernador César Ortiz Zorro y del alcalde Marco Tulio Ruiz, pero insistió en la necesidad de celeridad y ejecución visible. Calificó el caso como una prioridad en materia de vivienda a nivel nacional.

Desde la Administración municipal de Yopal se dio a conocer que a través de la Secretaría de Movilidad se adelanta un plan de intervención en la red vial urbana, con el objetivo de renovar dispositivos de señalización deteriorados y reducir los índices de siniestralidad en el municipio.

El proyecto se basa en un diagnóstico técnico previo que identificó señales verticales y horizontales que habían cumplido su vida útil. La intervención incluye la instalación de reductores de velocidad, delineadores tubulares y bordillos en sectores priorizados por su alto flujo vehicular y antecedentes de accidentes.

Pruebas piloto y pacificación vial

Como parte de la estrategia, se implementan pruebas piloto de pacificación vial. Estas consisten en diseños temporales que permiten evaluar la efectividad de la reorganización del tránsito antes de realizar instalaciones definitivas.

Los puntos intervenidos actualmente bajo esta modalidad son: calle 30 con carrera 40. Carrera 29 con calle 26 y un punto que pronto será intervenido, es el ubicado en la calle 30 con carrera 16A (sector de Caño Seco).

Debido a la ejecución de estos trabajos, la Secretaría de Movilidad confirmó un cierre total para este miércoles 22 de enero en el tramo de la carrera 29, entre las calles 25 y 28, en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona para regular el flujo vehicular.

La Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) de Yopal instó a la ciudadanía a implementar medidas de prevención ante la probabilidad de incendios forestales durante el primer trimestre del año.

Según el boletín de alertas climáticas de la autoridad ambiental de Casanare, la zona central del departamento, donde se ubica Yopal, registra en enero un déficit de lluvias de entre el 20% y el 30%.

Las proyecciones para febrero indican que la disminución de precipitaciones alcanzará niveles de entre el 30% y el 60%, mientras que en marzo se espera que el clima retorne a sus promedios habituales. No obstante, la sequedad acumulada en la vegetación mantiene el riesgo en áreas rurales y pastizales.

Durante el primer trimestre del año anterior, Yopal registró un total de 243 incendios de cobertura vegetal que afectaron aproximadamente 907 hectáreas.

Solo en enero de ese periodo se presentaron 70 eventos. La meta de la administración para este año es reducir estas cifras mediante la prevención y la vigilancia.

Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD, señaló las algunas pautas para evitar emergencias, las cuales recomiendan apagar completamente fogatas y brasas. No arrojar colillas de cigarrillo, fósforos ni materiales inflamables en zonas verdes.

También es necesario no dejar envases de vidrio en áreas con vegetación, ya que pueden concentrar la radiación solar y reportar inmediatamente cualquier indicio de fuego a los organismos de socorro.

Las autoridades y organismos de emergencia mantienen activos los planes de contingencia, así como la disponibilidad de personal y equipos para la atención de eventualidades en rondas hídricas y zonas rurales del municipio.

Danilo Fernández, integrante del comité cívico por la defensa de lo público, señaló ante el Concejo Municipal que en Yopal no se estaría aplicando la ley 1480 de defensa del consumidor en materia de control de precios, pesas y medidas.

Fernández indicó que Casanare es el segundo hato ganadero de Colombia, pero la carne en Yopal cuesta 30.000 pesos el kilo, mientras en Bogotá se consigue entre 27.000 y 28.000 pesos.

La misma situación se presenta con el arroz, que se vende en Yopal entre 4.200 y 4.500 pesos la libra, frente a los 3.800 y 4.000 pesos que cuesta en la capital de la República.

El representante del comité manifestó que la responsabilidad de aplicar la ley en el nivel local está en cabeza del alcalde, el personero y el secretario de gobierno, pero que en Yopal no existe una oficina de control de precios, pesas y medidas.

Fernández afirmó que durante un año ha verificado pesas en supermercados, graneros y tiendas, encontrando que productos vendidos como un kilo pesan entre 1.060 y 1.100 gramos.

Para Danilo este incremento en la medida no es un gesto de generosidad por parte del fabricante o el comerciante. Manifestó que, en realidad, el producto pesa 900 gramos y la balanza está manipulada para que refleje un peso superior al kilogramo.

Según sus cálculos, esto representaría un perjuicio de 500 millones de pesos diarios para los consumidores de Yopal.

También solicitó al Concejo que remita un documento a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las botellas de cerveza Coronita, que se cobran a 274 pesos por unidad a los consumidores,  pero no son recogidas por empresas de aseo ni recicladores, acumulándose en el relleno sanitario.

El ciudadano pidió a los concejales ejercer control político sobre el alcalde y demás funcionarios para que cumplan con la función de vigilancia de precios, pesas y medidas establecida en la ley.