Falta de conectividad, mejores vías terciarias y educación fueron las tres principales falencias que afectan la población rural del departamento, convirtiéndose en un obstáculo para poder acceder a los programas del Estado.

Esta fue una de las conclusiones de la audiencia pública del proyecto de ley mujer rural y campesina, liderada por el representante Hugo Archila, en la sede del Club El Alcaraván quien es el coordinador de esta iniciativa que hace tránsito en el Congreso.

Según Archila el objetivo es modernizar y adaptar a la realidad actual la Ley 731 de 2002, para que la oferta institucional del Gobierno nacional llegue a quienes realmente los necesitan y no se quede en manos de “pequeños grupos expertos en proyectos o que tienen la información y se queden con estos beneficios”, expresó el congresista casanareño.

Archila reconoció que existen varios desafíos que es necesario superar, antes de llegar a ese ideal donde todas las mujeres rurales y campesinas sean las destinatarias directas de las iniciativas oficiales.

Mencionó que la falta de comunicación es una de esas grandes rémoras, lo que influye que este sector de la sociedad no pueda acceder a capacitaciones y otros beneficios.

También es necesario brindarles seguridad social y opciones de recreación a través del deporte, que tengan campeonatos o torneos locales en diferentes disciplinas deportivas.

Pero el punto más importante para Hugo Archila, es asegurar los recursos para apalancar estas propuestas. Sin un presupuesto fijo destinado para este renglón, es imposible implementar cualquier propuesta, por loable que sea.

Destacó igualmente la necesidad que se tengan canales de comercialización de sus productos y óptimas vías de acceso. Solo así se puede tener una dinámica comercial que las beneficie y evitar, como sucede en la actualidad, que las ganancias queden en manos de los intermediarios.

En este esquema abogó por un centro de acopio de carácter oficial como el extinto Idema, el cual evocó y dijo que sería muy bueno revivirlo, o en su defecto que el Gobierno cree un modelo semejante, para aprovechar todos los beneficios que, en su momento, ofreció a los productores campesinos, la desaparecida entidad.

Otra de las invitadas al evento, que se pronunció con conceptos concordantes en varios aspectos con lo dicho por el representante, fue la directora seccional del Sena, Johana Medina.

Uno de esas áreas en la cuales coincidió fue en lo del centro de acopio, así como el mejoramiento de vía y conectividad. En lo referente al trabajo del Sena sostuvo que facilitó a las mujeres rurales, el ingreso a programas de educación y emprendimiento.

Precisó que han logrado llevar al sector rural programas de formación técnica, omitiendo el requisito de un mínimo de estudio previo, que era una de las limitantes para esta población, que en su mayoría no cumplían con esta exigencia.

Esta decisión cobijó también el área de emprendimiento, donde para postularse era necesario contar con una formación técnica o tecnológica. Solo así se podía aspirar a ser beneficiario de alguno de los programas planteados para el sector productivo.

Medina explicó que la situación cambió y que ahora con un curso complementario que ofrece el Sena Emprender Rural, puede aspirar a recibir ayuda de dicha entidad para impulsar sus emprendimientos.

Desde la perspectiva de las destinatarias de este trabajo legislativo, Esther Morales, del consejo consultivo de mujeres, coincidió en la falta conectividad y la necesidad de mejores vías de acceso, pero incluyó la necesidad de tierra que tiene este grupo poblacional.

También recalcó que lo importante de este trabajo, es que se logre cristalizar algunas líneas de apoyo oficial, no  importa si son 3 o 4. Para Morales lo que realmente relevante, es que se hagan realidad y no se queden en letra muerta.

Insistió en la necesidad de la oferta educativa, unidades productivas, pero especialmente mayores posibilidades de comercialización, para que todo su esfuerzo sea bien recompensado.

Por su parte la gestora social del departamento, Cielo Barrera, entregó un rápido resumen del trabajo desarrollado por la Administración departamental saliente de Salomón Sanabria, en materia de apoyo al sector rural.

Expuso que han beneficiado a 3.500 féminas con los diferentes programas, desarrollados desde de la Secretaría de la Mujer. A ellas se les entregaron insumos y unidades productivas, las cuales estaban provistas de una estufa ecoeficiente, huertas caseras e implementación gastronómica.

Entre tanto la presidenta del Concejo de Yopal, Luz Mery Niño, recalcó que esta audiencia tuvo como principal objetivo escuchar a las mujeres, más que presentar resultados o hacer una explicación del proyecto de ley.

En este sentido Archila recordó que son 5 ejercicios de estas mismas características, programados en diferentes regiones del país. En esta ocasión se cumplió el de Yopal, falta otros cuatro, uno de los cuales está previsto para la otra semana en Boyacá.

El congresista manifestó que la importancia de las actividades, es darles participación a las mujeres rurales y campesinas en la elaboración del proyecto, porque son ellas las que mejor conocen su propia realidad.

Adicionalmente cada departamento o región del país tiene condiciones diferentes, por eso las audiencias se realizaran en diferentes ciudades del territorio nacional.

Finalmente el representante Hugo Archila acotó que espera que el próximo año quede aprobado este proyecto de ley, con todas las recomendaciones, sugerencias y peticiones salidas de estas audiencia públicas.   

La ministra de ambiente y desarrollo sostenible, Susana Muhamad,  anunció que su despacho demandará la elección de los nuevos directores de tres corporaciones autónomas regionales, entre las cuales se encuentra Corporinoquia.

Para la titular de la cartera de medio ambiente se convocó de manera irregular al consejo directivo, lo que generó que el Gobierno nacional no pudiese asistir a la elección.

Muamad dijo que este procedimiento viola los estatutos de estas tres corporaciones. “Aunque realizaron la elección, nosotros vamos a hacer una demanda electoral por esta situación”, precisó la ministra.

También habló sobre las reuniones previas a la elección que viene adelantando el Gobierno nacional con el movimiento social. En este sentido dijo que el propósito de dicho ejercicio es indagar a la ciudadanía, para conocer sus observaciones sobre el desempeño de las corporaciones autónomas.

“Consultar cuáles son los puntos de acuerdo programático, con los que se deben comprometer los nuevos directores elegidos, pero también escuchar sus opiniones sobre la elección”, enfatizó Susana Muhamad.

Para la ministra esta labor no solo es un derecho sino que es un deber que “el público y la gente interesada en lo ambiental se entere de la situación”.

El Instituto Nacional de Vías entregó un nuevo reporte, sobre el avance de la construcción de la variante en el sector de Los Grillos, con la cual se espera solucionar de manera transitoria el tránsito vehicular por la Transversal del Cusiana, que comunica a Sogamoso con Aguazul.

Según la información publicada por  el Invías, es la más reciente semana se ha logrado avanzar en la construcción, de la estructura del puente metálico de 30 metros. Igualmente se terminó el vaciado de concreto celular en la zona de acceso al puente Chorroblanco.

Basado en el informe entregado por la interventoría, el avance de los trabajos se refleja en la instalación de tubería, atraque, relleno, excavación mecánica y solado, para una alcantarilla ubicada en el kilómetro 0 + 362 metros.

El solado hace referencia al proceso de colocar y nivelar los materiales utilizados para construir el piso de una estructura. En este caso de la alcantarilla.

Mientras que el atraque tiene que ver con el proceso de fijar o asegurar una estructura, como una tubería o una viga, a otra elemento o a un soporte, para proporcionar estabilidad y resistencia.

En total son 4 de estas estructuras en las que se puede palpar el avance de los trabajos. Las otras tres se encuentran en el Km 0 + 35 metros, donde instaló tubería, atraque y relleno.

La segunda está situada en el K 0 + 200 metros. Allí se avanzó con instalación de tubería y atraque. La tercera se encuentra en el KD + 455, donde también se trabajó la  instalación de tubería y atraque.

Así mismo,  se concluyó con el vaciado de concreto celular en la zona de acceso al puente Chorroblanco. También se hizo la excavación mecánica en roca y el mejoramiento de la subrasante (capa del suelo).

En cuanto a la estructura para el puente metálico de 30 metros, se encuentra en obra y prosigue la excavación mecánica, para buscar el nivel de cimentación de concreto celular.

Finalmente el Invías recordó que la vía provisional tendrá una longitud de 515 metros, un ancho de calzada de 5 metros, con dos puentes metálicos tipo Bailey de 50 y 30 metros de extensión. El objetivo es habilitar el paso de vehículos con peso hasta de 52 toneladas.

A través de un laudo arbitral fechado el pasado 10 de noviembre, el tribunal de arbitramento convocado por Coviandes y la Agencia Nacional de Infraestructura, exoneró de toda culpa a la concesionaria vial frente al colapso del puente de Chirajara y la avería del puente 13 en la vía Bogotá Villavicencio.

El pronunciamiento del mencionado Tribunal dejó claro, que Coviandes “cumplió con su obligación de diseñar y construir la infraestructura correspondiente el puente 1 y al túnel 13, y ello consta en las respectivas actas de finalización de las obras de las etapas 7, 8 y 9 del proyecto”.  

Por lo tanto en lo que respecta a la inestabilidad del terreno que se presenta en el ya famoso kilómetro 58, donde son reiterativos los deslizamientos de tierra, el documento argumentó que los mismos son causados por “circunstancias o situaciones hidráulicas geológicas, geotécnicas y sísmicas, y la causa principal o preponderante fue la hidráulica”.

En consecuencia este tipo de imprevistos “no son imputables a Coviandes”. Adicionalmente el escrito precisó que “la ANI expresamente asumió como un riesgo a su cargo la inestabilidad de la ladera del KM 58 en la dimensión o magnitud que ocurrió”.

Por lo tanto las averías que se presentaron en el túnel 13 y el colapso del puente de Chirgajara, tienen su origen en la inestabilidad del terreno. En este orden de ideas, estas falencias “no son imputables a Coviandes”.

Es por ello que el “Tribunal desestimó las pretensiones de la ANI de que se declarara la responsabilidad de Coviandes”. Adicionalmente cualquier obra de reparación o reconstrucción del puente realizada por la concesionaria, debe ser remunerada, previo acuerdo con la ANI.

Así mismo el documento invalidó las sanciones impuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura a Coviandes, por un “presunto incumplimiento del contrato de concesión relacionado con el Puente Chirajara”, porque según el Tribunal no hubo tal incumplimiento por parte de dicha empresa.

“Como consecuencia de este proceso, y por haber resultado vencida, el Tribunal condenó a cubrir los gastos legales y de honorarios a la ANI, en la suma de $2.272.875.213”, manifestó un comunicado a la opinión pública emitido por Coviandes y citando lo expuesto por el Tribunal de Arbitramento.