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Jacqueline Claire Ades, una mujer de 31 años residente en Arizona protagonizó uno de los casos de acoso más extraños jamás registrados en Estados Unidos.

Tras conocer a un hombre mediante una aplicación y salir con él una sola vez, Ades inició una insólita campaña de mensajes: durante diez meses llegó a enviarle casi 159.000 textos —unos 500 diarios—, mezclando declaraciones de amor, amenazas, fantasías inquietantes y alucinaciones cuánticas inspiradas en la teoría de la relatividad.

Entre los miles de mensajes escribió frases como: “Haría sushi con tus riñones y palillos con los huesos de tu mano”, así como otras amenazas perturbadoras.

Ignorando múltiples rechazos del hombre, la acosadora llevó su obsesión más allá de lo digital al allanar la casa de la víctima mientras él estaba fuera del país. Fue encontrada por la policía bañándose tranquilamente, portando además un cuchillo en su auto.

No conforme, también se presentó en el lugar de trabajo del acosado fingiendo ser su esposa. Aún tras su detención, Ades justificó su insistencia con extrañas explicaciones de “amor cuántico” y “secretos del universo”, asegurando que sus mensajes eran solo bromas.

Finalmente fue arrestada después de faltar reiteradamente a audiencias judiciales y permanece detenida a la espera de juicio, enfrentando cargos de acoso agravado, amenazas y allanamiento de morada. Autoridades y medios señalan signos de problemas mentales en su comportamiento.

Esta historia, además de desconcertar a la opinión pública, pone en evidencia los peligros de la obsesión digital y la importancia de establecer límites saludables desde el primer encuentro.

La Corte Suprema de Justicia encontró responsable al general retirado Rodolfo Palomino por tráfico de influencias, en un proceso relacionado con el empresario Luis Gonzalo Gallo, investigado por despojo de tierras en Córdoba.

Según la Sala de Primera Instancia, Palomino intervino de forma indebida para frenar la ejecución de una orden de captura contra Gallo, vinculado a hechos ocurridos en la región de Tulapas durante los años noventa.

En ese periodo, Gallo hacía parte del Fondo Ganadero de Córdoba y, de acuerdo con las investigaciones, habría tenido nexos con el grupo paramilitar conocido como Casa Castaño.

El fallo, que corresponde a la primera instancia, será leído en audiencia pública mañana jueves 14 de agosto a las 2 de la tarde, donde también se definirá si el exdirector de la Policía Nacional deberá cumplir condena en prisión, así como el tiempo de pena que le correspondería.

De acuerdo con el expediente judicial, Rodolfo Palomino habría buscado influir en la actuación de la fiscal Sonia Lucero Velázquez, quien tenía a su cargo la orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo.

El ganadero se encuentra inmerso en un proceso por despojo de tierra en Córdoba, las cuales estarían vinculadas con los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

La fiscal Velázquez rechazó de inmediato la solicitud, señalando que se trataba de una acción contraria a la ley. A pesar de ello, Palomino habría reiterado su intención, asegurando que contaba con el respaldo de figuras del alto gobierno, entre ellos el entonces fiscal general Eduardo Montealegre y el ministro de defensa de la época, Juan Carlos Pinzón.

Mientras se realiza esa diligencia, Palomino continuará en libertad. La decisión judicial puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal.

El Tribunal Superior de Valledupar dejó en firme la condena de 60 años de prisión contra Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, responsables del violento ataque a la sede de la Registraduría Nacional en el municipio de Gamarra, Cesar, ocurrido el 28 de octubre de 2023.

Durante el asalto, varios ciudadanos irrumpieron en el edificio en medio de golpes y agresiones, y posteriormente le prendieron fuego. El hecho dejó como saldo la muerte de una funcionaria de la entidad y seis personas heridas.

Planeación y ejecución del ataque

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, ocultaron y transportaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé.

El combustible fue entregado a William Castro Torrado y otros dos hombres, quienes lo rociaron en el inmueble antes de iniciar el incendio.

Las pruebas recaudadas permitieron establecer la responsabilidad directa de los implicados en el crimen, lo que llevó a la imposición de la máxima pena contemplada por la legislación colombiana.

Reacción institucional

La Registraduría Nacional rechazó en su momento el ataque y reiteró su compromiso con la protección de sus funcionarios y el fortalecimiento de la democracia.

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de dos personas en el municipio de Paz de Ariporo, tras ser sorprendidas en medio de una agresión física en plena vía pública del barrio Panorama.

Los detenidos, un hombre de 42 años y una mujer de 44, fueron señalados por incurrir en violencia intrafamiliar durante el altercado. El procedimiento fue realizado por unidades policiales que patrullaban la zona y lograron intervenir de manera inmediata.

Ambos fueron trasladados a la Fiscalía competente, donde se adelanta el proceso judicial correspondiente por el delito de violencia intrafamiliar.

En un operativo de la Policía Nacional logró la captura de un ciudadano extranjero identificado como alias “Jaudy”, señalado como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al sicariato en Yopal.

La detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Según las investigaciones, el capturado habría coordinado al menos cuatro asesinatos ocurridos en 2025 en la capital de Casanare, todos relacionados con disputas por el control del microtráfico.

A este sujeto lo asocian las autoridades con la muerte de violenta de Duglas Miguel Pérez Delgado; Jhonatan Vélez Uribe; John Jairo Cano Hernández y Pedro Luis Naranjo.

“Jaudy”  es señalado de pertenecer a una estructura delictiva que operaba bajo el nombre de “Los Yaracuy”,  que utilizaba la denominación del Tren de Aragua para intimidar a sus víctimas y consolidar su influencia en sectores vulnerables de la ciudad.

En las cuentas de las autoridades el accionar de este grupo delincuencial habría contribuido al aumento del 57 % en los casos de homicidio registrados en Yopal durante el presente año. Además, al detenido se le atribuye el delito de extorsión.

Alias “Jaudy” ya había sido capturado en el pasado, pero recuperó su libertad por vencimiento de términos. Su recaptura representa un avance significativo en los esfuerzos institucionales por contener la violencia urbana y desarticular redes criminales en la región.

En una audiencia cargada de tensión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió en contra la sentencia que lo condenó, en primera instancia, a 12 años de privación de la liberta en detención domiciliaria y desarrollo de su proceso judicial, denunciando una serie de irregularidades y presuntos sesgos.

Uribe Vélez expresó su preocupación por el "término tan corto" de tiempo otorgado a su defensa para revisar la sentencia de 1.114 páginas, contrastando con la dedicación exclusiva que tuvo el juzgado para el caso.

El exmandatario fue enfático al señalar que, a su juicio, "ha predominado la política sobre el derecho para condenar". Cuestionó la "falta de más investigación" sobre las filtraciones de la sentencia a la prensa, destacando que los medios lo contaron la noticia de su condena antes de que él mismo recibiera el fallo oficial.

Para Uribe, la sentencia es un "discurso político" que busca "destruir una voz de la oposición democrática", dijo durante el desarrollo de la audiencia de lectura del fallo condenatorio.

Uribe Vélez también defendió vehementemente a su familia, calificando de "muy grave" la acusación de que sus hijos carecían de "gallardía".

Negó que sus hijos hubieran filtrado información, reiterando que el proceso ha estado "lleno de filtraciones" y que su familia se enteró de la condena por los medios.

Además, interpretó el señalamiento como un posible "señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos", algo que considera inaceptable. Resaltó la "lealtad y prudencia" de su esposa durante el juicio y el respeto de sus hijos hacia la jueza, a pesar de sus críticas políticas.

Finalmente, el expresidente denunció "animosidad" y falta de "respeto" por parte de la jueza hacia él y su defensa. Argumentó que el proceso mostró un "sesgo" judicial.

Acotó que, incluso, su derecho a permanecer en libertad fue negado bajo la premisa errónea de evitar la violencia, una acusación que refutó categóricamente, afirmando que ni él ni su partido han incitado a la violencia.

Un descuido de los propietarios fue el detonante del hurto de una camioneta Toyota Fortuner en Yopal, hecho que terminó con la captura del presunto responsable y abrió una línea de investigación por posibles vínculos del detenido con grupos subversivos.

Así lo confirmó el coronel Giovanny Barrero Unigarro, comandante del Departamento de Policía Casanare.

Según se pudo establecer, el vehículo, avaluado en cerca de 380 millones de pesos, fue hurtado mientras sus dueños se asistían a un velorio. El presunto delincuente rompió el vidrio del carro y se apropió de las llaves que estaban dentro del automotor.

Una vez encendió la camioneta tomó la Marginal del Llano con destino al norte de Casanare, presuntamente con destino al vecino departamento de Arauca, según lo explicó el oficial.

Captura gracias a reacción ciudadana

El coronel narró que una vez se percataron del robo se dio aviso de manera oportuna a las autoridades, a través de una red de WhatsApp, que tiene la Policía con la ciudadanía.

Esta acción permitió elaborar un plan candado que terminó con la capturar del sospechoso a la altura del centro poblado de La Chaparrera, aún en zona rural de Yopal.

El coronel Barrero detalló que el capturado, oriundo del Huila, tiene antecedentes por extorsión, hurto y lesiones personales. Además, señaló que se adelanta una línea de investigación para determinar si el detenido individuo guarda algún tipo de nexos con grupos subversivos.

“La mayoría de las camionetas hurtadas en Casanare están siendo llevadas hacia Arauca, lo que nos indica un patrón que no podemos ignorar”, afirmó el coronel.

Frente a las inquietudes de la comunidad referente a los casos de hurto de vehículos de alta gama que no han sido recuperados, el oficial sostuvo que el modus operandi tiene como escenario zonas rurales distantes.

 “Aquí actuó una sola persona, sin retener a nadie. En cambio, en los casos rurales llegan varios delincuentes, secuestran a las víctimas, las encierran y las amarran para luego se llevase los vehículos”.

Agregó que mientras los afectados logran liberarse de las ataduras y del encierro para avisar sobre el robo, fácilmente han pasado 4 o 5 horas, lo que dificultad el accionar de las autoridades. 

La recuperación de esta camioneta de alta gama no solo representa un logro operativo, sino que reafirma el valor de la participación ciudadana en la lucha contra el crimen.

Por primera vez en la historia judicial del país, un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal.

Este lunes, la jueza Sandra Liliana Heredia determinó que Álvaro Uribe Vélez es responsable como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en fallo de primera instancia. Aunque fue exonerado del cargo de soborno simple, el fallo establece su implicación directa en la manipulación del proceso judicial.

La Fiscalía logró demostrar su participación en calidad de determinador en los delitos imputados, y advirtió que, según lo establecido en el Código Penal, las penas para estos delitos oscilan entre cuatro y ocho años.

De acuerdo con esa estimación, el expresidente podría ser objeto de detención domiciliaria.

Al término de la audiencia, se abrió el debate sobre la tasación de la pena. La Fiscalía se inclinó por solicitar casa por cárcel.

En contraste, el abogado defensor Jaime Granados sostuvo que, pese al fallo, la presunción de inocencia sigue vigente hasta que la sentencia quede en firme, y pidió aplicar criterios que valoren la razonabilidad y el respeto a la libertad del acusado, quien ha comparecido voluntariamente ante la justicia.

La lectura oficial de la sentencia fue fijada para el viernes 1 de agosto, a las 2:00 p.m. La jueza indicó que las partes recibirán el documento completo esa misma mañana.

La diligencia se realizó en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Al recinto asistieron representantes de las partes procesales, incluyendo el senador Iván Cepeda —quien fungió como víctima en el caso— y el abogado penalista Jaime Lombana, en representación de la defensa.

Uribe y su abogado principal siguieron la audiencia de forma virtual por encontrarse fuera de la ciudad.

Durante el desarrollo del fallo, la jueza se refirió a una presunta “coreografía criminal” y mencionó la existencia de un “libreto” diseñado para alterar el curso del proceso judicial.

Según la acusación de la Fiscalía, liderada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, Uribe habría recurrido a su abogado Diego Cadena para influir en exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, buscando declaraciones que lo desvincularan de grupos armados ilegales en Antioquia a cambio de eventuales beneficios jurídicos.

Reacciones y futuro político

La condena a Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de la historia reciente de Colombia, ha generado un terremoto político en el país.

Sus seguidores han convocado a manifestaciones en su apoyo, mientras que sus opositores celebran la decisión judicial como una victoria contra la impunidad.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, respaldando la independencia judicial y la protección de la jueza Sandra Heredia.

Petro afirmó que "es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad".

Analistas políticos coinciden en que este fallo tendrá un impacto significativo en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La pena que deberá pagar el expresidente Uribe y que se conocerá este viernes, se estima que podría ser prisión domiciliaria al tratarse de delitos con sanciones menores a los nueve años de cárcel.

Ahora las dos partes cuentan con cinco días hábiles para apelar la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá. 

Yostin Andrés Mosquera, un actor colombiano de cine para adultos de 35 años, ha sido declarado culpable de un brutal doble homicidio en Londres, un caso que ha conmocionado al Reino Unido y a Colombia.

El veredicto del Tribunal de la Corona de Woolwich, condena a Mosquera a cadena perpetua por los asesinatos de Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, ocurridos el 8 de julio de 2024 en la residencia de la pareja en Shepherd’s Bush.

La investigación reveló una secuencia de hechos escalofriantes. Mosquera atacó primero a Paul Longworth con un martillo, causándole la muerte y ocultando su cuerpo.

Horas después, esperó a Albert Alfonso, lo recibió y, durante una sesión sexual grabada en video, lo apuñaló repetidamente. Tras cometer el segundo asesinato, Mosquera fue captado en video bañado en la sangre de su víctima, bailando desnudo y cantando.

Para deshacerse de los cuerpos, Mosquera decapitó a ambas víctimas y ocultó sus cabezas en un congelador. El resto de los cuerpos fueron desmembrados y embalados en maletas y un baúl.

Dos días después de los crímenes, Mosquera pagó a un conductor para que lo llevara de Londres a Bristol, llevando consigo los restos de sus víctimas.

Fue grabado arrastrando una maleta con manchas de sangre cerca del Puente Colgante de Clifton, lo que alertó a testigos y finalmente llevó al descubrimiento de los cuerpos y su posterior arresto.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo mensajes y búsquedas en internet realizadas por Mosquera antes de los crímenes.

Entre sus búsquedas se encontraban preguntas como “¿Dónde un golpe en la cabeza es mortal?” y “¿Cuánto tarda un cadáver en descomponerse?”.

El motivo detrás de los asesinatos, según la investigación de la Policía Metropolitana, era apoderarse de la vivienda de las víctimas, valorada en aproximadamente 400.000 libras esterlinas, y de sus ahorros.

Mosquera también buscó en Internet sobre asesinos seriales, el valor de la propiedad y el funcionamiento de licuadoras industriales, además de intentar acceder a las cuentas bancarias de Alfonso.

La relación entre Mosquera y Alfonso se inició a través de sitios web de contenido sexual hace más de una década. Alfonso, instructor de natación, le ofreció a Mosquera clases de inglés y apoyo económico para que regresara a Inglaterra.

Mosquera, quien vendía videos explícitos bajo los nombres “I am black master” y “Mr d_***_ **20 cm”, combinaba esta actividad con un empleo en informática en Medellín.

El juez Bennathan ha pospuesto la sentencia final para el 24 de octubre, pero ha indicado que la única sentencia posible es la de prisión perpetua.

Un hombre fue capturado en Paz de Ariporo luego de que la Policía encontrara en su poder partes de una motocicleta reportada como robada.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Siete de Agosto, tras el aviso de la víctima, quien informó telefónicamente que su vehículo estaba al interior de una vivienda.

Con autorización del denunciante, los agentes ingresaron a la residencia donde hallaron una motocicleta Yamaha RX 115 desarmada, con varios componentes alterados, incluyendo seriales limados.

El ciudadano no presentó documentación que acreditara la legalidad de los elementos hallados, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Local, donde enfrentará cargos por receptación.