La ESE Salud Yopal fue una de las 10 empresas colombianas, que lograron estar en el selecto grupo de 40 firmas, que recibieron el premio internacional Businnes Management Awards 2023, además fue la única entidad nacional del sector de la salud, premiado  con este galardón.

Los premios Business Management Awards son un reconocimiento anual a las empresas y organizaciones que han demostrado excelencia en la gestión empresarial.

Se otorgan en diferentes categorías, como liderazgo empresarial, innovación, responsabilidad social corporativa y gestión de recursos humanos, entre otras.

Los ganadores son seleccionados por un panel de expertos en la industria y se anuncian en una ceremonia de premiación. Los  Business Management Awards, son una oportunidad para que las empresas destaquen sus logros y demuestren su compromiso con la excelencia empresarial.

Estos premios los otorga la Global Business Corporation, que  es una organización constituida en Miami al servicio del empresariado global. La finalidad es reconocer los casos exitosos, a la vez que se busca promover el desarrollo de las empresas.

El valor de dichos galardones se ubica en la posibilidad que tienen las empresas destacadas, como es el caso de la ESE Salud Yopal, de evaluar su gestión organizacional, comparar su desempeño con las mejores del mundo y recibir una retroalimentación en procura de mejorar aún más su gestión.

Además para una entidad recibir este reconocimiento, significa que ha alcanzado un una alta competitividad y confiabilidad en sus productos o servicios que presta.

Los criterios de evaluación se centran en responsabilidad social empresarial, estándares de calidad, liderazgo, creatividad e innovación, gestión de recursos humanos y logros obtenidos.

Este año la premiación se llevó a cabo en el marco de la cumbre internacional de empresarios, celebrada en el centro de convenciones del Hotel Estelar de Cartagena.

Edwin Barrera, gerente de la IPS expresó que “este premio representa el esfuerzo, el compromiso y la dedicación del gran equipo humano de la familia ESE Salud Yopal”.

Dos incidentes tienen en este momento cerrado el paso por la Vía del Sisga. Así lo informó la concesión que tiene a cargo este corredor vial que comunica a Casanare con el centro del país.

Uno de los imprevistos es el desbordamiento del río Lengupá, que impactó el puente Piedra Campana. El otro fue un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 38 más 370 metros, en el trayecto Macanal – Santa María, en la salida del túnel de La Presa.

Dicho deslizamiento trajo sobre la calzada un significativo volumen de material de arrastre, sobre una superficie superior a un kilómetro afectando el interior del túnel Pluma de Agua.

Así mismo la Concesión Vial del Sisga informó que desde el pasado 14 de julio ha atendido más de 15 deslizamientos y derrumbes, ocasionados por las fuertes y constantes precipitaciones que se han registrado en toda la zona del Valle de Tenza.

El mencionado derrumbe que tiene en este momento la carretera cerrada, se presentó el 13 de julio y desde esa fecha se ha venido trabajando para habilitar el paso por esta vía nacional.

Duras declaraciones dio la secretaria general de la Asamblea Departamental, Diana Jarro, como respuesta al pronunciamiento que hizo el presidente de la Corporación, Jorge Eduardo García, con respecto a las denuncias de acoso laboral, donde el diputado ha estado en el ojo del huracán.

Jarro dio a conocer en días pasados un supuesto caso de acoso laboral, por parte del presidente de la Asamblea, ante la comisión de ética de esta Corporación, y a través de medios de comunicación.

Ante estas denuncias García reclamó el derecho a la réplica y en declaraciones a distintos medios de comunicación, negó la situación y por el contrario se declaró víctima de un acoso mediático.

El primer tema abordado por la secretaria quien es abogada de profesión, estuvo relacionado con el tema del trámite interno que deben cumplir los proyectos de ordenanza.

Indicó que le ordenaron enviar tres informes de ponencia y que por equivocación los remitió a algunos diputados, que no hacían parte de la comisión de presupuesto y hacienda pública, quienes debían iniciar los respectivos debates.

Sin embargo este yerro se solucionó rápidamente, sin mayores contratiempos. Basada en estas afirmaciones desvirtuó lo dicho por García ante los medios de comunicación, en donde dijo que, por culpa de ella, la fecha del proyecto de ordenanza 014 se había modificado en tres ocasiones.

Otro punto sobre el cual hizo referencia, fue sobre unos mensajes de What´sApp, donde el presidente de la Corporación, señaló que recibió mensajes oprobiosos. La secretaria recalcó que ha sido el presidente de la Asamblea, quien la ha sometido al escarnio público y puesto en vilo su trabajo.

“Nunca me he caracterizado por ser un profesional despótica, ni grosera, ni atrevida, por el contrario aguanté todo este tiempo, casi seis meses, pidiéndole permiso para todo”, precisó Diana Jarro.

En cuanto a la suspensión de funciones, expresó que el año pasado le fue otorgada la facultad de ser la supervisora de los contratistas y este año dicha labor le fue denegada.

Para Jarro esta situación conllevó a que presuntamente, los profesionales contratados no acaten las solicitudes de la secretaria general. De esta manera ya no ejerce como jefe de talento humano de la Asamblea. Ahora el presidente es quien contrata supervisa y quien liquida.

También se refirió a un supuesto trámite indebido a los proyectos de ordenanza. Subrayó que no es cierto, que es él quien ha incurrido en esta práctica.

Mencionó que el reglamento interno de la Corporación estipula que el ponente del proyecto de ordenanza, es quien debe entregar el informe de ponencia al presidente de la Asamblea y éste a su vez se encargará de hacerlo llegar a los demás diputados.

“Él nunca lo hace, soy yo quien lo hace. Soy yo la que tengo que rogar para que me envíen un informe de ponencia, para poder cumplir con los términos que establece el reglamento interno”.

Pero como toda regla tiene su excepción, de los 16 proyectos de ordenanzas tramitados en lo que va corrido del presente año, existen dos propuestas, la primera es la 014, que tiene como objetivo trasladar unos recursos a Capresoca 014 y la otra es la 016, que personalmente García ha diligenciado, conforme a lo consagrado en la ley.

Ahí surge otra controversia, porque la secretaria sostuvo que con este proceso en particular de los dos proyectos citados, el diputado la culpa de torpedear este proceso y darle un trámite inadecuado, situación que ella negó tajantemente.

“Es una afirmación tendenciosa. Es una afirmación perversa con la cual quiere hacer ver que soy una mala profesional, que no hago mi oficio”.

También desmintió el supuesto respeto por las mujeres, que hizo público el diputado.  “Esa afirmación es más falsa que todas las anteriores. A mí me ha sometido en el curso de este año, a diferentes actos de acoso, de discriminación, de persecución, de sabotaje”

Situación que recordó, se encuentra plasmada en un oficio, donde dio a conocer los actos de sabotaje en su contra por parte de los empleados, traducidos en negarle el acceso a la información y a hacer caso omiso a los requerimientos de la Secretaría General.

Incluso reveló que conoció por intermedio de otro diputado, de quien se reservó el nombre, que el presidente había comentado, que tuvo que tomar estas medidas en contra de la secretaria, para evitar que el también vicepresidente de la Corporación, Carlos Fredy Mejía, siguiera manejando la presidencia de la Asamblea por interpuesta persona.

La cereza del pastel  de la discordia, fue una incursión indebida en la vida personal de la funcionaria. Según Diana Jarro tuvo “la cobardía de afirmar que yo era la amante del diputado Carlos Fredy Mejía. Eso es violencia psicológica. Eso es violencia emocional contra la mujer y eso dio lugar a que me incapacitaran por tres días”.

Finalmente la secretaria de la Asamblea recalcó que todo este lío debe llevarse a los entes de control y a la Fiscalía. De todas formas aclaró que esta situación debió manejarse con altura al interior de la Corporación.

Cusianagas comunicó a toda la ciudadanía de Yopal, que fueron reprogramados los trabajos de mantenimiento en la planta central de procesamiento Floreña, para los días 29 y 30 de julio.

El productor Ecopetrol, encargado de esta actividad, había proyectado inicialmente realizar el mantenimiento durante los días 15 y 16 de julio, pero fue postergado para las fechas mencionadas anteriormente.

En este sentido, se informa a los usuarios del servicio de gas natural vehicular que desde las 8:00 p.m. del sábado 29 de julio hasta las 4:00 a.m. del domingo 30 de julio, no será posible el suministro en las estaciones de servicio, situación que ha sido debidamente notificada a cada una de estos centros de distribución.

En lo pertinente al servicio para los sectores residencial y comercial, la empresa espera contar con las cantidades de gas necesarias, durante el tiempo que dure el mantenimiento.

Sin embargo no descarta la posibilidad de bajas presiones e incluso la interrupción del servicio. Por esto, hacemos un llamado al uso racional y moderado del servicio durante las ocho (08) horas del mantenimiento y estar atentos al cierre de sus válvulas de paso.

Igualmente recordó que continúa atendiendo las inquietudes de los usuarios, a través de la línea de atención (608) 6819086, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

De igual manera está habilitado las 24 horas del día, el número gratuito de  emergencias 164 o línea fija (608) 6819085.

La ingeniera Mercedes Elena Gómez Villamarín asumió como nueva  directora general del Instituto Nacional de Vías (Invías), en un acto presidido por la ministra (e) de Transporte, María Constanza García Alicastro.

La nueva directora, con amplia experiencia en el sector, será responsable del desarrollo de la infraestructura vial, marítima, férrea y fluvial en el país.

Gómez Villamarín es ingeniera en transportes y vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Además, cuenta con especializaciones en ingeniería de pavimentos, gerencia de proyectos de construcción e infraestructura, y contratación estatal.

Antes de asumir este cargo, se desempeñó como gerente general y técnica de la empresa MG Ingeniería y Construcción, durante más de 12 años. También ha ocupado cargos directivos en otras compañías del sector privado a nivel nacional.

Uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva directora será impulsar los programas contemplados en el plan nacional de desarrollo "Colombia Potencia de la Vida".

Entre ellos, destaca el proyecto "Caminos Comunitarios de la Paz Total", que tiene como objetivo intervenir 33.000 kilómetros de vías regionales con una inversión de $8 billones durante el cuatrienio.

Asimismo, se encuentra el plan "84 muelles para Colombia", que contempla mantener 44 muelles existentes y construir 40 nuevos en diferentes departamentos del país.

Luego de conocerse el fallo judicial que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, a la persona captura y vinculada al secuestro de la señora Hilda Aurora Pachón, el director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla, señaló la posible pena que podría enfrentar el detenido.

Según el fiscal, para estos casos la ley contempla una pena que parte de los 27 años de prisión. La aseveración la hizo en una rueda de prensa, donde estuvo acompañado del comandante de la Brigada XVI, coronel Edgar Mauricio Prada Becerra y comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, coronel Óscar Álvarez.

Como se recuerda la John Arley Arias fue detenido en el municipio de Maní, cuando conducía la camioneta Hilux de color gris, propiedad de la señora Pachón.

Pese a que al momento de ser abordado por las autoridades, Arias manifestó no conocer nada acerca del secuestro y que él había sido contratado para llevar el vehículo de Villanueva a Maní.

Pinilla indicó que pese a que el detenido no aceptó los cargos, la Fiscalía presentó el suficiente material probatorio, el cual fue determinante para que el juez promiscuo con función de control de garantías de Villanueva, le dictara medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ahora deberá responder por los delitos de secuestro agravado  en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas y municiones, agravado, así como hurto calificado.

Agregó que dentro del material incautado durante la detención de Arias, se encontraban un revólver un pasamontañas, entre otros elementos que hacen parte de la investigación.

También fue especialmente relevante, según los explicó el director de fiscalías, el hecho que las víctimas identificaron la vestimenta que llevaba el sujeto a la hora de cometer el secuestro.

 Otros detalles

Las autoridades aseguraron que fueron 3 los sujetos que participaron en el plagio. También el coronel Prada insistió que, basados en inteligencia militar estas personas no tienen vínculos, con ningún organizado al margen de la ley.

Por su parte el oficial Álvarez comentó que el secuestro ocurrió sobre las 7 de la noche, pero que solo se conoció dos horas después, porque el esposo de la víctima, fue encerrado en una pieza y solo 120 minutos después pudo salir para dar aviso de lo ocurrido.

Se descartó que la familia de la señora Pachón haya recibido algún tipo de amenazas o haya sido objeto de extorsiones. No hay denuncias sobre este tema.

Otro aspecto destacado y que fue traído a colación por el coronel Óscar Álvarez y estuvo relacionado con el apoyo de la comunidad.

Contó que cuando se adelantó un registro voluntario en el sector de Corocito, los mismos habitantes alertaron sobre movimientos sospechosos de personas en la zona, durante las horas de la madrugada.

Esta información resultó clave para adelantar un sector en el área, para localizar a los plagiarios y la víctima.

Sobre la reacción de los plagiarios, el coronel Prada acotó que no fue posible detenerlos por las condiciones agrestes del terreno, sin contar con que la prioridad era rescatar sana y salva a la señora Hilda Pachón.

Finalmente otro dato estuvo relacionado con el tiempo de reacción de las autoridades. Hicieron hincapié en que fue tan rápido que no se dio lugar para que los secuestradores se comunicaran con la familia de la víctima para hacer algún tipo de exigencia económica.

La justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, en contra de John Arley Arias. La decisión se tomó luego de cumplir se con las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargo, cumplidas en la tarde de ayer, en el Juzgado Promiscuo con función de control de garantías de Villanueva.

Arias está vinculado al secuestro de la señora Hilda Aurora Pachón. Su captura se realizó en el municipio de Maní, en momentos en que conducía la camioneta Hilux color gris de placas DJW 296, de propiedad de la víctima del plagio, ocurrido la vereda La Comarca, zona rural de Villanueva, el pasado 11 de julio.

Al momento de la detención el hoy imputado manifestó desconocer sobre el secuestro de la señora Pachón, madre del alcalde de Villanueva, Oswald Fontecha. Argumentó que había sido contratado para llevar el vehículos hasta la población de Maní.

Sin embargo, luego registrar el vehículo las autoridades encontraron  un arma de fuego tipo revolver, y otros elementos con los cuales se habría se perpetrado el ilícito.

Ante esta situación se procedió a la captura bajo el procedimiento en flagrancia, imputándole los cargos de secuestro agravado  en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas y municiones, agravado, así como hurto calificado.

Un nuevo caso de supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito y  miembros de la Policía Nacional, denunció el veedor Julián Llanos.

En esta oportunidad la situación se presentó sobre la calle 40, en cierre vial comprendido entre la diagonal 15 y la carrera 21 de Yopal, donde se adelantan obras sobre la calzada, para solucionar una problemática de alcantarillado que hay en este sector.

Según el denunciante transitaba por el lugar y se encontró con un puesto de control de movilidad, el cual calificó como ilegal, porque no hay argumento jurídico que diga lo contrario.

Cuestionó la ubicación del mismo. Según lo expresado por Llanos, fue instalado después de una curva, lo que deja a los conductores ad portas de generar un accidente o su defecto a una contravención, en el momento que quieran esquivarlo.

En su narrativa cuenta que se acerca a evidenciar la situación y se encontró con tres agentes de tránsito. Mencionó que uno de ellos era de apellido Vergara, los otros dos no fue posible conocerlos porque uno no porta identificación y el segundo no quiso identificarse.

Junto a ellos estaba una joven practicante del Sena. Con ella entabló un diálogo pedagógico sobre veeduría y capacitación en materia de tránsito, tanto para la ciudadanía como para las autoridades para que no se extralimiten en sus funciones.

Estando en esta situación observó que el agente Vergara estaba tramitando una contravención, desde un vehículo sin documentos. Como represalia la autoridad de tránsito se percató que  la moto del veedor tenía caída una direccional.

Ese fue el punto de partida para realizarle un comparendo. Llano dijo que demostró que la direccional funcionaba perfectamente, pero Vergara haciendo caso omiso a las palabras del veedor, le comunicó que debía inmovilizar la motocicleta.

Ante el inconveniente los agentes llamaron a la Policía, que según Julián Llanos se encontraba instrumentalizada para atropellar a la ciudadanía.

En un último esfuerzo por evita que se llevaran su moto, el veedor se negó a bajarse del vehículo, argumentando el debido proceso. Invocó los derechos que como conductor le confiera la norma.

Para estos casos aseguró que el afectado dispone de 60 minutos para subsanar la situación. Ante la negativa, comunicó que se acogía al comparendo por desacato a la autoridad de tránsito.

Sin embargo fue fútil esta propuesta, porque Llanos aseveró que las autoridades allí presentes, desconocen la ley. Explicó que dicho recurso jurídico genera una comparecencia a la Secretaría de Movilidad, donde un inspector será quien tome una decisión sobre el caso.

Recalcó que ningún miembro de la Policía tiene la orden de bajar a nadie a las malas de su vehículo. Que si no lo van a dejar transitar, el usuario puede llamar a un vehículo de cargar para transportar su automotor y subsanar el origen de la infracción.

Añadió que instrumentalizaron a la Policía para que lo agredieran. Pese a que les advirtió las consecuencias de esta acción, al final terminan haciéndolo y dañándole el celular.

“Uno de los policías en el mal uso de la fuerza, se ensaña contra el celular y me suben a la panel esposado” manifestó Julián, quien también sostuvo que un patrullero alegó que el veedor lo mordió y que cuando llegaron a la URI le leen los derechos, como capturado por agresión a servidor público.

Así mismo comentó que le informaron que iban a llevar al patrullero a una valoración en Medicina Legal, porque se le había partido una uña.  

Luego le anunciaron que le iban a hacer una orden de comparendo por desobedecer orden de Policía. Proceso en el cual recalcó, que nuevamente evidenció la falta de conocimiento por parte de la autoridad.

 “Se demoran 2 horas tramitando el comparendo porque no sabían cómo hacerlo, llegaron otros cuadrantes para ayudarlos”.

También mencionó que no le dejaron presentar los alegatos ni la apelación, por lo que violaron el debido proceso de imposición de comparendo por ley de convivencia ciudadana. Finalmente le comunican que se puede ir.

Julián alega que en este caso se tipificaron varios delitos como el desplazamiento forzado, una privación de ilegal de la libertad, abuso de función pública, extralimitación de funciones, agresión a líder social defensor de Derechos Humanos, entre otros.

A la postre la moto fue trasladada a los patios de Setty, sin un inventario. Hecho que le preocupa porque dijo que en el vehículo tenía unos elementos costosos y herramientas que utiliza en su trabajo diario, vinculado con el tema de cámaras de seguridad.

Adicionalmente manifestó que basado en la información del RUNT, la grúa con la que se levantó su motocicleta, no cuenta con una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual.

Lo anterior significa que cualquier avería que sufra el vehículo en su traslado, no hay garantía para el ciudadano y lo van exponer  a un proceso legal por daños y perjuicios.

Por último expresó que hoy adelantará el trámite para sacar su motocicleta de los parqueaderos de SETTY, diligencia que transmitirá en directo por sus canales de redes sociales, como elemento pedagógico para que la comunidad conozca en detalle cómo debe realizar este tipo de procesos.

Pese a los hechos acecidos la noche del 12 de julio en el sector La Fortaleza, calle 50 con carrera 13 de Yopal, donde un hombre fue ultimado con arma de fuego, el director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla manifestó que los indicadores de homicidios en Casanare han disminuido.

Sobre esta situación indicó que tan pronto como se conoció del homicidio, se desplazó al lugar personal de Policía Judicial y Criminalística, para adelantar las respectivas investigaciones de rigor, que permitan esclarecer este delito.

Igualmente mencionó que hay un fiscal al frente del caso, realizando las pesquisas del caso, para identificar al homicida.

Pinilla aprovechó el diálogo con la prensa, para entregar las cifras que maneja la Fiscalía con respecto a los resultados obtenidos, en su lucha contra el delito.

Dijo que con respecto al año pasado se ha presentado una disminución del 41 por ciento, en los casos de homicidio. Se pasó de 43 asesinatos en el primer semestre de 2022 a 26 en el mismo periodo de 2023.

Estas cifras detalladas por municipios muestran a Yopal como el municipio donde más homicidios se ha presentado, con un total de 11 casos, frente a 13 del año pasado.

Luego se encuentran Aguazul con 4; Maní 4; Villanueva con 3; Orocué 2; Nunchía y Paz de Ariporo con 1.

En cuanto a los grupos poblacionales los números indican que las víctimas mayoritariamente son de sexo masculino, un adulto mayor de 60 años y 2 menores de 18 años.

El principal factor todavía es el sicariato seguido por las riñas. Justamente sobre este último ítem el director de fiscalías sostuvo, que se ha presentado una disminución importante, la cual obedece al trabajo preventivo hecho por las autoridades.

Violencia intrafamiliar

Hizo especial énfasis en esta clase de delitos, porque lo calificó como la antesala para situaciones más graves como la tentativa de homicidio y el feminicidio.

Preciso que se ha presentado un aumento en las cifras, pero argumento que se debe al hecho que las mujeres ahora están denunciando más, lo que es un claro indicador del aumento de confianza en las autoridades.

De 281 casos en el primer semestre de 2022, se pasó a 435 en 2023, lo que significa que hubo un incremento del 54.8 por ciento.

Destaco que no solo las denuncias crecieron, también los hizo la efectividad por parte de las autoridades. De 80 casos resueltos en 2022, subió a 87 en lo que va de 2023.

En cuanto el grupo poblacional víctima de este delito, contó que las mujeres con 387 casos son las más afectadas. Luego se encuentran los niños y adolescente con 47 casos, 14 adultos mayores, que son agredidos por sus hijos, 16 de la comunidad LGTBIQ+ y 3 hombres.

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Verdes de la rabia quedaron algunos integrantes de la Comisión Nacional de Avales del partido Alianza Verde por la decisión de las mayorías de aprobar que el excongresista casanareño César Ortiz Zorro, además de recibir el aval de esta colectividad, pudiera ser coavalado por su antagónico partido Cambio Radical. Todo al parecer para derrotar al Clan Barrera del Uribismo en Casanare.  

La situación se evidenció a través del trino publicado por Santiago Osorio Marín, periodista y representante a la Cámara del Pacto Histórico-Alianza Verde por Caldas. Textualmente escribió “Preocupante: Mayorías del Partido Verde acaban de avalar candidato a la Gobernación de Casanare, con coaval de Cambio Radical. 6 integrantes de la Comisión Nacional de Avales votamos NO. ¡Lamentable! 

De la misma manera el senador Inti Asprilla, quien además aspira a ser presidente del Senado, también dijo en su cuenta de twitter que se opuso rotundamente a esa decisión del coaval del político casanareño con Cambio Radical pero solo 6 integrantes votaron en forma negativa. Puntualizó diciendo que “Cada cual responde por sus actos”.

Entre los cerca de 40 miembros de esta comisión se encuentran el politólogo Ariel Ávila y Angélica Lozano, quienes, se abstuvieron de votar a favor del coaval, según fuentes reputadas.

Esto en razón a que la Fundación Pares, organización de la cual Ávila hizo parte como investigador y analista, denunció al Clan de la Casita en Casanare, con presuntos nexos con el excomandante paramilitar Héctor Buitrago, alias “Martín Llanos”. Y en este Clan se señalaba a Marco Tulio Ruíz, exgobernador de Casanare y ahora candidato a la Alcaldía de Yopal, por el partido Cambio Radical, con el cual milita desde hace años.  Igualmente se incluían a, uno de los grandes amigos de Marco Tulio, el excongresista José Rodolfo el “Negro” Pérez y al destituido por corrupción, gobernador de Casanare Nelson Mariño Velandia, recientemente condenado por concierto para delinquir agravado.

La senadora Angélica Lozano también se abstuvo de apoyar el coaval. Ella es esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, otrora investigadora de la Fundación Pares y quien como senadora del partido Alianza Verde en 2017 fustigó fuertemente al Clan de la Casita en Casanare y a Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, por sus componendas políticas.

Vídeo Claudia López

En las redes sociales de twitter, también terció el representante a la Cámara por Boyacá de este partido, Jaime Raúl Salamanca Torres. Manifestó que él sí voto positivo al coaval porque César Ortiz Zorro es un candidato que “No va a negociar y quien busca derrotar a quienes hoy representan todo lo contrario al Partido Alianza Verde” y enfatizó “Vamos a derrotar al Uribismo”

En la polémica en las redes sociales participó el precandidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo, quien dijo Zorro es el que la alcaldesa Claudia López en tarima llama cariñosamente “Zorrito”.

El exgobernador y exsenador de Casanare Jorge Prieto Riveros, de esta filiación política, felicitó a los integrantes de la Comisión de Avales que se opusieron al coaval, relacionando que Cambio Radical y Centro Democrático, eran enemigos del presidente Gustavo Petro y sus propuestas de cambio social, económico y político.

El exalcalde de Yopal Leonardo Puentes, ahora exmilitante del partido Alianza Verde, también se pronunció fuertemente, expresando que el “Clan de la Casita” denunciado por Claudia López en el pasado, hoy es la “jugadita” para derrotar al “Clan Barrera” del Centro Democrático. Agregó que “Ya los derrotamos en 2017 sin necesidad de estas componendas, pero el ‘Todo vale’ se tomó al partido Verde.

Recientemente estuvo en correría política en Yopal el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, llevando un mensaje de oposición al gobierno de Gustavo Petro y organizando el proceso de entrega de avales para las elecciones territoriales de octubre. Él fue hermético frente a la prensa local. Sin embargo, el candidato Marco Tulio Ruíz sí expresó que iba a haber un coaval de Cambio Radical para César Ortiz.

La controversia política entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y Centro Democrático, parece radicar en el grueso de regalías de Casanare, que puede llegar a apalancar perfectamente una presidencia de algunos de los posibles candidatos, Claudia López, Germán Vargas Lleras y Alirio Barrera, uribista pura sangre.