Noticias relacionadas: Nacional

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, Arteaga Hernández habría coordinado acciones logísticas antes y después del ataque. Entre las pruebas presentadas se encuentra una reunión sostenida el 4 de junio con William Fernando González Cruz, ya judicializado por este caso, en la localidad de Bosa.

El ente acusador también señaló que alias ‘El Costeño’ habría contactado a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y a un menor de edad, a quienes ofreció dinero para ejecutar el atentado y asignó funciones específicas a cada uno.

El 6 de junio, un día antes del ataque, Arteaga habría inspeccionado el parque El Golfito, donde Miguel Uribe tenía previsto un encuentro con la comunidad, con el fin de planear rutas de escape.

El día del atentado, el procesado se habría reunido con Martínez y Mora en un vehículo cercano al lugar del evento. Allí, presuntamente, entregó al menor el arma de fuego utilizada en el ataque. Luego del atentado, Arteaga y Martínez habrían huido en un automóvil conducido por González Cruz.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso y determinar la responsabilidad de los implicados.

Con profundo pesar, Colombia despide a Nidia Quintero, exprimera dama de la nación y creadora de la emblemática Fundación Solidaridad por Colombia, quien falleció este lunes 30 de junio a la edad de 93 años.

Su partida deja un legado imborrable de servicio, filantropía y compromiso social que transformó la vida de innumerables colombianos.

La noticia de su deceso fue confirmada por su nieta, María Carolina Hoyos Turbay, hija de la recordada periodista Diana Turbay.

Nidia Quintero había sido internada de emergencia en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá debido a complicaciones de salud, incluyendo la pérdida del habla en los últimos seis meses, lo que requería asistencia permanente.

María Carolina Hoyos expresó su dolor y gratitud en redes sociales: “Mamita vuela alto y en paz. Hoy el cielo recibe a una gigante: la dama de la solidaridad. Gracias por ser mi mamá de la vida, mi refugio cuando perdí a la mía”.

También, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay (nieto de Nidia Quintero), rindió homenaje destacando: “Doña Nydia, la dama de la solidaridad, partió dejando a Colombia como un lugar mejor. Su vida sembró propósito y luz. Su ejemplo seguirá vivo entre nosotros y será la guía para Miguel, quien honra en cada acto el legado de su abuela”.

Una vida dedicada al servicio y la solidaridad

Nacida en Neiva el 22 de octubre de 1931 , Nidia Quintero fue una figura central en la historia social de Colombia. Su vocación de servicio se forjó desde temprana edad, influenciada por el ejemplo de sus padres.

Contrajo matrimonio con Julio César Turbay Ayala, quien más tarde sería presidente de Colombia (1978-1982). Durante su periodo como primera dama, Nidia Quintero trascendió el rol ceremonial, impulsando programas sociales significativos y logrando la ampliación legal para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendiera a menores hasta los 16 años.

Sin embargo, su mayor legado es la Fundación Solidaridad por Colombia, que cofundó en 1975 junto a su hija Diana Turbay. Esta entidad nació con el propósito de asistir a los damnificados por desastres naturales y promover la cooperación ciudadana, con un enfoque especial en la niñez vulnerable.

Nidia Quintero fue designada presidenta vitalicia de la Fundación, un testimonio de su incansable dedicación.

La Caminata de la Solidaridad por Colombia, inició el 12 de octubre de 1979. Este evento anual se convirtió en un símbolo de unidad y ayuda en el país, congregando a millones de colombianos y a personalidades internacionales para recaudar fondos y apoyar diversas causas sociales.

Incluso después del trágico asesinato de su hija Diana Turbay en 1991, Nidia Quintero mantuvo su firme compromiso con la caminata, demostrando una resiliencia y una fe inquebrantables en el poder de la solidaridad.

En 2016, tras 41 años de liderazgo, Nidia Quintero cedió la presidencia de la Fundación a su nieta María Carolina Hoyos, asegurando la continuidad de su legado.

A lo largo de su vida, fue merecedora de más de 60 distinciones nacionales, incluyendo la Gran Cruz de Boyacá y la Orden al Mérito Rafael García Herreros.

Recordada como “mamá Nydia”, su figura se erige como un ejemplo de perseverancia, organización y un profundo amor por el prójimo.

Colombia honra la memoria de Nidia Quintero de Turbay, una mujer que dedicó su existencia a construir un país más justo y solidario, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocer su obra y su espíritu altruista.

En un giro inesperado de la política colombiana, dos sindicatos han presentado una demanda de pérdida de investidura contra el senador Miguel Uribe Turbay ante el Consejo de Estado.

La querella se basa en acusaciones donde se señala Uribe Turbay habría utilizado su cargo para obtener ventajas políticas indebidas y promover su precandidatura presidencial, violando así los principios éticos y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La demanda ha generado controversia, especialmente porque se produce en un momento delicado para el senador, quien se encuentra en estado crítico luego de sufrir un atentado en su contra.

Los sindicatos involucrados son la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen), liderados por Carlos Alberto Sánchez Grass.

Argumentos de la demanda

Los demandantes argumentan que el senador Uribe Turbay incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1°, de la Constitución Política, por violación al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La demanda señala que Uribe Turbay habría participado en reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular distinto al que ostenta.

Según el documento de la demanda, existen pruebas como fotografías, videos, publicaciones y testimonios juramentados que demuestran que el senador Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas en favor de su aspiración electoral.

Un punto polémico de la demanda es que los sindicatos también sostienen que el atentado sufrido por el senador fue un 'acto de imprudencia' que tuvo como consecuencia el 'ataque a su propia humanidad', y que este hecho 'no lo exime de su responsabilidad'.

Esta afirmación ha sido calificada de 'indolente' por los familiares del congresista y ha generado un amplio debate en la opinión pública.

¿Quién es Carlos Alberto Sánchez Grass?

Carlos Alberto Sánchez Grass, presidente del Sindicato Sinsergen y representante de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), es la figura detrás de esta demanda.

Sánchez Grass ha sido un miembro activo de diversas centrales sindicales y ha ganado reconocimiento público por sus contenidos en TikTok y YouTube, donde cuestiona el proceder de los últimos tres mandatos presidenciales en Colombia.

Curiosamente, fotografías que circulan en plataformas digitales muestran a Sánchez Grass reunido con Miguel Uribe Turbay en abril de 2025, aparentemente en un encuentro donde se abordaron temas políticos.

Esta cita, documentada por el propio Sánchez Grass en su cuenta de Facebook, añade una capa de complejidad a la demanda, sugiriendo una relación previa entre el demandante y el demandado.

Estado actual de la demanda y reacciones

La acción administrativa se encuentra en etapa de admisión y ha sido asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, actual presidente del Consejo de Estado, quien deberá decidir si la estudia.

La noticia de la demanda ha provocado diversas reacciones en el ámbito político. El Centro Democrático, partido al que pertenece Miguel Uribe Turbay, ha rechazado la demanda, calificándola de un ataque. Figuras políticas han expresado su asombro y preocupación por la situación, especialmente considerando el estado de salud del senador.

El Congreso de la República sancionó la Ley 246 del 18 de junio de 2025, que busca fortalecer las corporaciones públicas municipales de elección popular mediante el ajuste de honorarios, ampliación de sesiones y garantía de seguridad social para los concejales de municipios de tercera a sexta categoría.

Con la nueva norma, los concejales de municipios de quinta y sexta categoría recibirán honorarios equivalentes a los de cuarta categoría, fijados en $296.314 por sesión. Además, se establece que estos valores se actualizarán anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La ley también incrementa el número de sesiones ordinarias y extraordinarias. En municipios de tercera a sexta categoría se pagarán hasta 80 sesiones ordinarias y 40 extraordinarias al año. En los de categoría especial, primera y segunda, se reconocen hasta 150 ordinarias y 40 extraordinarias.

Otro aspecto clave es la inclusión obligatoria de todos los concejales al Sistema de Seguridad Social, cubriendo pensión, salud, riesgos laborales y cajas de compensación familiar.

Estos aportes serán asumidos por el presupuesto central de cada administración municipal, sin que ello implique vínculo laboral con la entidad territorial.

La norma también autoriza el pago de viáticos para comisiones oficiales dentro y fuera del municipio, siempre que cuenten con aprobación previa del concejo y se presenten informes detallados de las actividades realizadas.

La Ley 246 ya está en vigencia y deroga disposiciones anteriores que le sean contrarias.

La noticia fue compartida por el representante a la Cámara por el departamento de Casanare, Hugo Archila, haciendo hincapié que la mayoría de los municipios del departamento son de quinta y sexta categoría, por lo que expresó su satisfacción con la aprobación de esta ley.

Finalmente, manifestó que confía que con esta disposición contribuya a que los concejales “puedan realizar su trabajo con las comunidades, presentar iniciativas y ejercer control político”. Igualmente agradeció a los congresistas que votaron favorablemente este proyecto, para que se convirtiera en ley de la República.  

En redes sociales circula un video de un joven tendido en el piso, quien es sujetado por varios miembros de la Policía.

Al parecer se trata de un menor de edad de 15 años, aproximadamente, quien es señalado de disparar en contra del senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, mientras adelantaba una reunión política en el barrio Modelia de la capital de la República.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aunque no se refirió al joven que parece en el video, sí aseguró que uno de los sicarios que atentó contra la vida de Uribe Turbay , fue detenido por la Policía en le lugar del atentado y que le fue incautada un arma de fuego, con que presumiblemente, había disparado contra el congresista.

Sobre el menor de edad las autoridades informaron que vive con un tía materna en la localidad de Engativa. Su padre reside fuera del país y que su progenitora murió hace algún tiempo.

Un grupo de 16 excomandantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC), nombrados en noviembre de 2024 por el presidente Gustavo Petro como gestores de paz, anunciaron la suspensión de sus funciones y pusieron su cargo a disposición del mandatario.

En un comunicado, los exparamilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", denunciaron el incumplimiento reiterado de compromisos por parte de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), a cargo de Otty Patiño.

Aseguraron que su nombramiento se ha reducido a un acto simbólico, pues la OCCP no mostró intención real de apoyar sus gestiones.

Los firmantes acusaron a la mencionada oficina de falta de transparencia, dilaciones constantes y desobediencia a órdenes presidenciales directas, condiciones que, según ellos, hicieron imposible cumplir con su labor de manera eficiente y digna.

Uno de los puntos clave de la queja fue una reunión celebrada el 4 de mayo de 2024 con representantes de la OCCP, donde se acordó instalar una mesa para cerrar el proceso de Ralito y eliminar la Ley 975 de Justicia y Paz.

Sin embargo, la OCCP no cumplió con la instalación de esta mesa en las fechas pactadas y, sin explicación, cambió el enfoque de la gestoría, negando la posibilidad de avanzar en el cierre de Ralito.

Desde su designación, los exjefes paramilitares afirmaron haber intentado avanzar en gestiones humanitarias, identificación de bienes entregados a la justicia y cierre del proceso de Ralito, pero denunciaron que durante ocho meses no se convocó ninguna mesa técnica ni se asignó presupuesto para estas tareas.

La frustración aumentó cuando una reunión plenaria urgente con todos los gestores de paz ex-AUC, que contaba con resoluciones de traslado del Inpec, fue cancelada de forma unilateral 48 horas antes, por orden de altos funcionarios de la OCCP, sin que se presentaran razones técnicas, jurídicas o de seguridad.

Esta renuncia representa un revés para la estrategia de paz del Gobierno Petro, pues los exparamilitares responsabilizan directamente a funcionarios como Otty Patiño, Álvaro Jiménez y María Paz Lara de obstaculizar el proceso de reconciliación que ellos debían facilitar.

Esta situación pone en evidencia tensiones internas que afectan los avances en la política de "paz total" promovida por el ejecutivo.

El 24 de julio del año 2023 un funcionario del Inpec fue asesinado en la ciudad de Montería. La versión inicial de los hechos apuntaba a que la muerte de Hugo González se dio cuando trató de escapar de un asalto al interior de su vivienda y golpeó en la cabeza en la terraza de su casa.

Sin embargo, en las últimas horas la Policía Metropolitana de la capital de Córdoba confirmó la captura Angélica Petro, Jorge Camilo González, esposa, el hijo, respectivamente de la víctima.

Los detenidos son señalados de participar en el homicidio de González. Una tercera persona capturada es la nuera del fallecido, de quien no fue revelado su nombre.

Se conoció que la detención de estas tres personas se dio luego del avance de las investigaciones adelantadas por las autoridades, donde se desvirtuó la hipótesis que el homicidio había sido producto de un asalto a su vivienda.

Trascendió igualmente, que el trabajo realizado por la Sijín y la Fiscalía pudo revelar que el occiso fue movido del lugar de los hechos, con lo que también se descarta la posibilidad de un accidente.

Otro elemento tenido en cuenta durante la investigación son los peritajes forenses, los cuales revelaron que el funcionario del Inpec murió como consecuencia de un golpe contundente que recibió en la cabeza.

Basada en los resultados de la investigación y el material probatorio recolectado, la Fiscalía imputó cargos como supuesto autor material del homicidio al hijo de la víctima, Jorge Camilo González.

En condición de coautora fue acusada Angélica Petro, esposa del fallecido y en calidad de cómplice con grado de coautoría, a la pareja sentimental de Jorge Camilo.

Sobre los móviles del asesinato, las autoridades han señalado que, al parecer, se trató de conflictos familiares y disputas de índole económico.

La senadora casanareña Sonia Bernal convocó un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado para abordar el aumento en las tarifas del servicio de gas domiciliario. La congresista considera que el incremento es desproporcionado y afecta a los usuarios.

Durante su intervención en la Comisión, Bernal sostuvo que los servicios públicos deben estar orientados a los ciudadanos y no a los intereses de empresarios o gremios, evitando que se conviertan en un negocio que favorece a unos pocos y perjudica a la mayoría.

La legisladora también destacó la relevancia del departamento de Casanare en el suministro de gas natural, al aportar el 50 % de las reservas probadas del país. En este contexto, subrayó la necesidad de examinar los factores detrás del alza tarifaria y buscar soluciones que beneficien a los consumidores.

La citación al debate forma parte de las acciones que Bernal ha adelantado en los últimos meses. En mayo, lideró una mesa técnica en Aguazul, Casanare, donde escuchó las inquietudes de la comunidad frente a la situación del gas domiciliario.

A la sesión en el Senado fueron convocados el ministro de Minas y Energía, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el presidente de Ecopetrol y el superintendente de servicios públicos.

Este 28 de mayo, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) celebra 78 años de trabajo continuo en favor del sector arrocero colombiano.

Con presencia en 40 localidades del país, la entidad ha sido clave en la consolidación del arroz como un cultivo esencial para la seguridad alimentaria nacional.

Una trayectoria de impacto en el agro

Desde su fundación en 1947 en Ibagué, Fedearroz ha evolucionado como un gremio-empresa que reúne a 13.000 productores en más de 200 municipios.

A través de seccionales, centros de investigación, plantas de semilla certificada y molinos, ha impulsado la productividad del cultivo y promovido su tecnificación.

Para conmemorar su aniversario, la Junta Directiva Nacional sesionará en Ibagué y llevará a cabo un acto protocolario en honor a la creación de la organización.

Innovación y crecimiento del sector arrocero

Durante sus casi ocho décadas, Fedearroz ha sido protagonista en la modernización del cultivo del arroz. Mediante investigación técnica y económica, ha desarrollado variedades resistentes a plagas y enfermedades, ha mejorado la productividad y ha reducido costos de producción.

Además, ha consolidado un sistema de información estadística del sector y fomentado la renovación de maquinaria agrícola con tecnología avanzada.

Uno de sus mayores logros ha sido la implementación del programa Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC), que ha permitido a los agricultores mejorar la competitividad y enfrentar los desafíos del mercado global.

Compromiso con el futuro del arroz en Colombia

De cara a los próximos años, Fedearroz continuará promoviendo la investigación y la aplicación de tecnología para fortalecer la producción arrocera.

La masificación del programa de adopción del AMTEC es una de sus prioridades, para garantizar que los agricultores colombianos se mantengan competitivos, especialmente ante el escenario de libre comercio con Estados Unidos en 2030.

En Colombia celebra este 24 de mayo el Día Nacional del Concejal, una fecha dedicada a honrar la labor de los concejales municipales y a recordar a quienes han perdido la vida en el ejercicio de esta función pública.

Fue establecido por la Ley 1055 de 2006, sancionada el 26 de julio de ese año. La elección del 24 de mayo se relaciona con la masacre ocurrida ese día en 2006 en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, donde nueve concejales fueron asesinados, un hecho que marcó la historia reciente de la política local y motivó la creación de esta efeméride.

Origen y evolución de los concejos municipales

Los concejos municipales tienen raíces históricas que se remontan a la antigua Roma, donde los ediles cumplían funciones voluntarias de administración y ornato público.

En la Edad Media, los concejos evolucionaron como juntas de vecinos con poderes administrativos, y su estructura se consolidó en los cabildos españoles, modelo que fue adoptado en América Latina durante la colonia.

Con la Constitución de 1886 en Colombia, se crearon formalmente los concejos municipales como corporaciones populares, aunque inicialmente con facultades limitadas y con miembros designados o elegidos popularmente a partir de 1908.

Durante el siglo XX, los concejos sufrieron varias transformaciones, incluyendo su clausura en 1949 y su restablecimiento en 1958, adaptándose a las nuevas realidades políticas y sociales del país.

La Constitución de 1991 reafirmó su importancia, proclamando al municipio como entidad fundamental de la organización territorial y dotando a los concejos de mayores funciones y competencias.

Los concejales son elegidos popularmente para periodos de cuatro años y conforman una corporación pública.

Entre sus funciones principales se encuentran aprobar el presupuesto municipal y supervisar su ejecución. Vigilar y ejercer control político sobre la administración municipal. Representar a la ciudadanía y canalizar sus necesidades ante el gobierno local.

Datos relevantes

Desde 1958 hasta 2019, 923 concejales han sido asesinados en Colombia, víctimas de la violencia política y el conflicto armado.

Los concejales no son empleados públicos en sentido estricto, sino servidores públicos que reciben honorarios por sesión, los cuales varían según la categoría del municipio.

El número de concejales por municipio oscila entre 7 y 21, dependiendo de la población, aunque en ciudades como Bogotá el concejo cuenta con 45 miembros

La Ley 1055 de 2006 también proyectó la construcción de un monumento en Puerto Rico (Caquetá) en memoria de los concejales asesinados, aunque hasta la fecha no ha sido construido.

Finalmente, el Día Nacional del Concejal es una ocasión para reconocer la importancia de estos servidores públicos en la construcción de la democracia local y la defensa de los intereses ciudadanos.

También es un llamado a la memoria y al respeto por quienes han sacrificado su vida en el ejercicio de la representación política, reafirmando el compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional en los municipios de Colombia.