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Briggitte Calderón Landinez, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Casanare con el número 101 por la coalición Fuerza Ciudadana, denunció públicamente haber sido víctima de actos de intimidación y persecución política en la capital del departamento.

Los hechos ocurrieron en la calle 15, entre carreras 21 y 22, en el centro de Yopal este 27 de enero en horas de la noche. Según la versión de la candidata, mientras se movilizaba en su vehículo, fue interceptada por dos agentes de la Secretaría de Tránsito Municipal.

Calderón Landinez relató que, simultáneamente a la acción de los funcionarios, un grupo de taxistas rodeó su automóvil.

Sostuvo que, de acuerdo con el testimonio de uno de los conductores presentes, se habría emitido una alerta a través del radio interno de los transportadores solicitando la presencia masiva en el lugar donde se encontraba el vehículo de la aspirante. 

La candidata calificó el suceso como un acto de "persecución política" orquestado, según su interpretación, por sectores vinculados a los partidos tradicionales de la región.

Ante estos señalamientos, manifestó contar con registros de video que documentan el despliegue de los agentes y la movilización de los vehículos de servicio público. 

Como consecuencia del incidente, la aspirante por Fuerza Ciudadana solicitó formalmente a las autoridades competentes: protección inmediata para su integridad física y la de los integrantes de su partido.

También hizo un llamado para que se esclarezcan los motivos que originaron el abordaje de los agentes de tránsito y la posterior movilización del grupo de taxistas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió el boletín número 8, en el cual informa que 15 comités inscriptores de candidaturas por firmas cumplieron con el requisito mínimo de apoyos necesarios para participar en la contienda presidencial.

De acuerdo con el informe oficial, de los 91 comités registrados inicialmente, 22 presentaron formularios de apoyo. Tras el proceso de verificación, se determinó que 15 alcanzaron el umbral legal, 6 no cumplieron con el mínimo y un aspirante, Héctor Olimpo Espinosa, retiró su candidatura. Según la Ley 996 de 2005, cada comité debía presentar al menos 635.216 firmas válidas.

Candidatos y comités que cumplieron el requisito

Santiago Botero (Romper el sistema)

David Luna (Firme Luna presidente - Si hay un camino)

Abelardo de la Espriella (Defensores de la patria)

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia)

Luis Gilberto Murillo Urrutia (Luis Gilberto soy yo)

Claudia López (Con Claudia imparables)

Mauricio Lizcano (Firme con Lizcano)

Daniel Palacios (Rescatemos a Colombia)

Vicky Dávila (Movimiento Valientes)

Aníbal Gaviria (Unidos- La fuerza de las regiones)

Carlos Caicedo (Caicedo)

Leonardo Huerta (Colombia una nueva historia)

Carlos Felipe Córdoba (Volvamos a confiar con Pipe Córdoba)

Sondra Macollins (Sondra Macollins, la abogada de hierro)

Juan Daniel Oviedo (Con toda por Colombia)

Candidaturas no certificadas y denuncias

La entidad informó que los comités de Alexander Francisco Henao (Grito de independencia la monarquía), Henry Humberto Martínez (Huellas por Colombia), Mihaly Flandorffer Peniche (Uno), Pedro Agustino Rosado (Yaheh gente como tú), Pedro Pablo Díaz (Nueva Colombia) y Ernesto Sánchez Herrera (Grupo significativo presidencial) no alcanzaron el número de apoyos requeridos.

Adicionalmente, la Registraduría anunció que presentará denuncias contra los grupos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao tras detectar irregularidades como formularios en blanco, fotocopias, firmas hechas por una misma persona y formatos impresos desde archivos digitales.

El periodo formal de inscripción de candidatos iniciará el 31 de enero y finalizará el 13 de marzo de 2026.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió una solicitud para inscribir un comité promotor de un referendo derogatorio del "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" y la "Paz Total". La entidad registró el comité el 29 de julio.

El referendo busca que los ciudadanos aprueben o rechacen la derogación de 18 normativas, incluyendo actos legislativos y leyes. El formulario para la recolección de firmas contiene estas 18 preguntas y la exposición de motivos de la propuesta.

El comité promotor tiene seis meses para recolectar las firmas necesarias, que equivalen al 5 % del censo electoral nacional, lo que se traduce en 2.057.394 firmas.

La Registraduría aclaró que su función se limitó a registrar el comité, y que aún no ha tomado decisiones sobre la constitucionalidad del referendo.

La revisión previa de la constitucionalidad de la convocatoria del referendo le corresponde a la Corte Constitucional. Una vez que la Registraduría certifique las firmas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) los estados contables, la iniciativa pasará al Congreso de la República y a la revisión de la Corte Constitucional.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, calificó, en su cuenta de Facebook, cómo "odio y revanchismo político" el hundimiento por cuarta vez del proyecto de superávit hecho por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental.

En la publicación el mandatario señaló que esta decisión de la corporación legislativa "ha condenado al pueblo de Casanare a padecer las consecuencias de un odio y revanchismo político enceguecido" que trasciende las diferencias con su administración.

Agregó que esta actitud no solo afecta a un gobierno, sino que hiere directamente a todos los sectores del departamento. Declaró Ortiz Zorro, al que el hundimiento del proyecto impide el acceso a recursos fundamentales para atender necesidades prioritarias de la población.

El gobernador detalló que el bloqueo de estos recursos impacta directamente varios programas y servicios esenciales para los casanareños como la alimentación escolar, vivienda digna para las familias más vulnerables

También afecta proyectos como el fortalecimiento de la unidad renal del Hospital Regional de la Orinoquía. La respuesta oportuna frente a la emergencia por fiebre amarilla. Atención inmediata a la emergencia provocada por la ola invernal.

Entrega de paquetes nutricionales para casi 17.000 adultos mayores. Programas deportivos, interdocentes e intercolegiados.

Además, Ortiz Zorro mencionó otras áreas críticas como la atención a los jóvenes, la cultura, la salud, la educación y la infraestructura vial, que "reclaman solución con urgencia".

A pesar de los obstáculos legislativos, el gobernador ratificó su compromiso con el departamento.

"Podrán bloquear los recursos, podrán intentar obstaculizar las oportunidades para nuestro departamento, pero jamás lograrán bloquear mi más sincero anhelo de seguir trabajando por el bienestar y la dignidad del pueblo casanareño", declaró.

Esta situación evidencia las tensiones políticas entre el ejecutivo y el legislativo departamental, que según las declaraciones del gobernador, están afectando la ejecución de programas sociales prioritarios para la población más vulnerable de Casanare.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue ingresado de emergencia en la Clínica Country en el norte de Bogotá durante la tarde del martes 29 de julio de 2025, tras sufrir una grave crisis hipertensiva que comprometió su estado de salud.

El congresista experimentó complicaciones cardiovasculares que requirieron atención médica especializada inmediata.

Su ausencia en una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes generó inicialmente interrogantes hasta que él mismo explicó los motivos a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, Polo Polo reveló los preocupantes indicadores que llevaron a su hospitalización, 

"No asistí a la Comisión porque la semana pasada sufrí una crisis hipertensiva grave, con una presión arterial de 190 y un ritmo cardíaco de 144", escribió el parlamentario.

Los valores reportados por el político indican una situación médica de alto riesgo, considerando que la presión arterial normal oscila entre 120/80 mmHg y el ritmo cardíaco en reposo debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto.

El equipo médico de la Clínica del Country se encuentra realizando los estudios necesarios para determinar el tratamiento más adecuado para el congresista.

Aunque los detalles completos de su diagnóstico no han sido divulgados públicamente, se espera un boletín médico oficial en las próximas horas.

El incidente de salud del parlamentario generó inmediata preocupación en círculos políticos y entre sus seguidores, especialmente por la gravedad de los síntomas cardiovasculares reportados.

La hospitalización de Polo Polo coincidió con importantes debates en la Comisión Primera de la Cámara, donde el congresista suele participar activamente en su rol opositor.

Su ausencia inicial generó cuestionamientos que él mismo aclaró al explicar públicamente su condición médica.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exconcejal de Yopal, Casanare, José Luis Avendaño Ortiz, quien, al parecer, asumió una conducta irrespetuosa contra sus compañeros cabildantes durante una sesión plenaria virtual, transmitida en directo a la comunidad a través de una red social.  

Avendaño Ortiz habría interrumpido reiteradamente en el uso de la palabra a la concejal Luz Mery Niño Chaparro y a la secretaria Nelly Neira Pérez y, cuando se le pidió comportarse con respeto, respondió con palabras soeces retando a pelear al entonces presidente de la corporación, quien le había pedido que, dada su conducta descortés, se retirara de la sesión. 

El ente disciplinario advirtió que su condición de servidor público le exigía actuar correctamente con rectitud, consideración, decoro, lealtad, honestidad y ceñido al ordenamiento jurídico. 

El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa grave tomando en cuenta que, con su comportamiento, habría afectado la función pública y el buen funcionamiento del Estado. 

Esgrimiendo una copia del contrato de obra 012-PAF-MENIES-O-117-2024 y del acta de inicio de Findeter, las directivas del Movimiento Político M-19, ratificaron el acompañamiento de esta colectividad a las directivas de Unitrópico, en la gestión de recursos ante el Gobierno nacional para este claustro de educación superior.

Con este pronunciamiento la colectividad política busca desvirtuar recientes declaraciones de algunos líderes estudiantiles, quienes calificaron de falsas las afirmaciones que hicieron dirigentes de este movimiento en su reciente visita a Yopal, el pasado sábado 19 de julio.

El mencionado día militantes del orden nacional del M-19 aseguraron que acompañaron a las directivas de la universidad en su trabajo de gestión de más de 40 mil millones de pesos. Dineros que a la postre fueron aprobados.

En los documentos compartidos, específicamente en el acta de inicio, se puede ver que el monto del contrato asciende a “Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta millones noventa y tres mil doscientos seis pesos ($44.480.093.206,00)”

También se puede apreciar que el objeto contractual es la “Construcción del edificio de laboratorios y escuelas en la Universidad Internacional del Trópico Americano, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare”.

La fecha de inicio de obra consignada en el referido documento es del 13 de febrero de 2025 y la terminación de los trabajos se fijó para el 13 de agosto de 2026.

En cuanto al ejecutor figura el Consorcio BB Yopal, mientras que al auditoria estará a cargo del Consorcio Inter-Americano 7:7..

Con tono firme y argumentos incisivos, el alcalde de La Salina, Reynaldo Emel Chaparro Díaz, pidió a la Asamblea Departamental acelerar la aprobación del superávit presupuestal de la Gobernación.

Según su intervención, la demora está generando impactos negativos no solo en su municipio, sino en toda la región.

Chaparro insistió en que su posición nace de convicciones propias y no de presiones políticas, y calificó de innecesaria la controversia que ha rodeado la ejecución de los $132.000 millones disponibles.

Recordó que durante su anterior periodo como alcalde (2016–2019), hubo recursos del Servicio Seccional de Salud que no fueron utilizados —una experiencia que refuerza su llamado actual para evitar que la historia se repita.

Defendiendo la gestión del gobernador César Zorro, indicó que, aunque los recursos aún no se han ejecutado tras 20 meses de administración, eso no implica incumplimiento.

"El proceso de contratación no es instantáneo", afirmó, destacando que ya se han activado iniciativas para beneficiar a comunidades de La Salina.

La crítica del mandatario también apuntó directamente a los diputados. Cuestionó por qué, si el proyecto de ordenanza N.º 06 sigue vigente, no se ha conformado una comisión accidental para resolverlo, como sí ocurre con otros temas.

Además, se mostró inconforme con que se remitan decisiones a la Procuraduría o se involucren actores externos en asuntos que, según él, son competencia exclusiva de la corporación.

Durante su intervención, el alcalde recurrió a una analogía conmovedora: imaginó la pérdida de un niño en una escuela por falta de mantenimiento debido al retraso presupuestal.

“¿Quién sería responsable?”, preguntó, responsabilizando directamente a quienes impiden que los recursos lleguen a tiempo. “No nos lavemos las manos”, instó con vehemencia.

También hizo un llamado a descentralizar la Asamblea y recorrer los municipios de Casanare. Reveló que, pese a amenazas de grupos armados y la falta de protección personal, continúa visitando su pueblo y ejerciendo como autoridad territorial.

Criticó que algunos asambleísta parecen centrarse exclusivamente en los intereses de sus localidades, olvidando que fueron elegidos para representar a los 19 municipios del departamento.

Finalmente, Chaparro demandó una distribución equitativa de los recursos, especialmente para los municipios de categoría sexta, como La Salina, que —según dijo— reciben "migajas de los gobiernos".

Advirtió que, si no se actúa pronto, la burocracia seguirá frenando el desarrollo regional, comparando la situación con una arteria bloqueada que impide el flujo vital del progreso.

El recién elegido presidente de la Asamblea Departamental de Casanare para la vigencia 2026, Henry Pérez, abordó las controversias surgidas durante su elección, incluyendo las recusaciones de último minuto y la ausencia de algunos diputados.

Pérez aseguró que el proceso fue "totalmente legal" y delineó una visión de trabajo colaborativo, enfocada en las necesidades del departamento.

Recusaciones

Henry Pérez afirmó que la resolución emitida por la presidencia, la cual desestimó las recusaciones presentadas, es "totalmente legal" y "fundamentada en preceptos jurídicos", lo que la hace válida.

Explicó que estas recusaciones fueron "rechazadas de plano" debido a que carecían de "sustento legal" y de los "elementos probatorios" necesarios.

El diputado detalló que la Ley Quinta del 92, que es el reglamento del Senado, y la Ley 1828, el código de ética de los congresistas, exigen que quien presenta una recusación debe suministrar pruebas como "actas, proyectos, fotografías, las pruebas necesarias para sustentar esa recusación".

Subrayó que, si no se cumple con esto, el parágrafo 3 del mismo artículo establece que la recusación "se rechazará de plano", calificándolas como "temerarias".

Además, el presidente electo citó la Ley 2200 de 2022, que regula las actividades de los diputados, especificando que su Artículo 56, numeral e, establece que, en una elección, especialmente si es secreta, "no hay conflicto de intereses", a menos que exista un grado de consanguinidad entre los candidatos.

Situación que a juicio del diputado no se presentó en la Asamblea de Casanare. Pérez utilizó una analogía futbolística, comparando las quejas sobre el proceso con culpar al árbitro o al balón cuando el propio equipo no jugó bien, sugiriendo que la responsabilidad recae en la falta de una estrategia adecuada por parte de la oposición.

Ausencia de Diputados

Respecto a la ausencia de algunos diputados durante la elección, donde solo se registraron los votos de seis diputados, Pérez lo consideró una "dinámica política" normal.

Aclaró que el hecho de que se hayan ausentado "no tiene ninguna consecuencia", ya que sencillamente " no hicieron sus postulaciones y pues la plenaria eligió". Recordó que, en una elección anterior donde el diputado Heyder fue elegido presidente, ellos demostraron la "gallardía de quedarnos y perder", aceptando el resultado.

Demandas

Pérez reconoció que es "muy seguramente" se van a presentar demandas contra la elección de la nueva mesa directiva, probablemente una "nulidad simple" ante el Tribunal Administrativo de Casanare.

No obstante, expresó confianza en que será un "caso muy fácil de ganarlo para nosotros".

Destacó la existencia de un "antecedente judicial" reciente: el diputado Omar Ortega había presentado una "tutela" contra la misma ordenanza, solicitando medidas preventivas urgentes para frenar el proceso, pero el juez "negó las medidas cautelares" y dictaminó que "no había lugar" a ellas. Este fallo judicial, según Pérez, valida que el proceso se llevó a cabo "como debía hacerse".

Llamado a la unidad

El presidente electo enfatizó la necesidad de superar la "dinámica de mayorías y minorías", la cual, según él, siempre ha existido.

Subrayó que los casanareños votaron por los diputados y el gobernador con la "ilusión muy grande" de obtener "soluciones reales, con proyectos de infraestructura" y "programas sociales" para los 19 municipios del departamento.

Pérez se comprometió a que su mesa directiva será "muy abierta", "garantista", permitiendo el "diálogo" y el "debate" como medios para encontrar soluciones.

Hizo un llamado a "bajarle a los egos" y a "concentrarnos en trabajar en equipo", dadas las numerosas necesidades y problemas del departamento. El mensaje de la gobernación es "bajarle un poquito al tono" y enfocarse en llevar "obras y programas sociales a todo el territorio casanareño".

En el debate de hoy en la Asamblea sobre la reincorporación del superávit al presupuesto de la Gobernación de Casanare, el diputado Heyder Silva intervino para aclarar y defender la gestión financiera de los últimos gobiernos departamentales.

Silva destacó que la incorporación de recursos adicionales no es una práctica exclusiva del actual gobierno, sino que ha sido una constante en las administraciones anteriores. 

El diputado recordó cifras específicas de recursos incorporados en años anteriores: 191 millones en 2016, 1.200 millones en 2017 y 2018, además de montos menores en los años siguientes hasta llegar a 132 mil millones incorporados recientemente.

El parlamentario enfatizó que estas acciones se han realizado bajo mecanismos democráticos y con la participación activa de los diputados y alcaldes, quienes también han ejecutado recursos adicionales en sus respectivas administraciones.

Durante su intervención, Silva criticó las dudas generadas sobre la transparencia y el destino del superávit, señalando que existe claridad en el manejo de estos fondos y que se consulta previamente a los municipios beneficiarios.

Además, defendió el proyecto 006, aprobado con mayoría en el legislativo departamental, aunque actualmente está bajo apelación.

Silva manifestó su preocupación por la interpretación jurídica y política que se le está dando a este proyecto, insistiendo en que fue sometido a votación dentro del marco normativo vigente.

Con esta intervención, el diputado Heyder Silva busca despejar las dudas sobre el manejo del superávit y reafirmar el compromiso con una administración pública transparente y democrática en Casanare.