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Briggitte Calderón Landinez, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Casanare con el número 101 por la coalición Fuerza Ciudadana, denunció públicamente haber sido víctima de actos de intimidación y persecución política en la capital del departamento.

Los hechos ocurrieron en la calle 15, entre carreras 21 y 22, en el centro de Yopal este 27 de enero en horas de la noche. Según la versión de la candidata, mientras se movilizaba en su vehículo, fue interceptada por dos agentes de la Secretaría de Tránsito Municipal.

Calderón Landinez relató que, simultáneamente a la acción de los funcionarios, un grupo de taxistas rodeó su automóvil.

Sostuvo que, de acuerdo con el testimonio de uno de los conductores presentes, se habría emitido una alerta a través del radio interno de los transportadores solicitando la presencia masiva en el lugar donde se encontraba el vehículo de la aspirante. 

La candidata calificó el suceso como un acto de "persecución política" orquestado, según su interpretación, por sectores vinculados a los partidos tradicionales de la región.

Ante estos señalamientos, manifestó contar con registros de video que documentan el despliegue de los agentes y la movilización de los vehículos de servicio público. 

Como consecuencia del incidente, la aspirante por Fuerza Ciudadana solicitó formalmente a las autoridades competentes: protección inmediata para su integridad física y la de los integrantes de su partido.

También hizo un llamado para que se esclarezcan los motivos que originaron el abordaje de los agentes de tránsito y la posterior movilización del grupo de taxistas.

Una denuncia pública y anónima radicada este 19 de enero en Yopal ha puesto en conocimiento de las autoridades de control presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la EPS Capresoca para la vigencia del año 2026.

El documento ha sido remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Casanare, la Contraloría Departamental, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional Casanare.

El texto de la denuncia se centra en el contrato 003-2026, suscrito entre la EPS y la empresa PROVITALY SAS por un valor de $24.000 millones de pesos.

Este acuerdo tiene como objeto garantizar el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en 14 municipios del departamento.

Según la información expuesta, el valor de este contrato representa un incremento de costos del 26% en comparación con el año anterior. Los denunciantes contrastan este aumento con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fuente de financiación de estos servicios, que para el 2026 fue fijado en un 16,49%.

Sobre el contratista seleccionado, PROVITALY SAS, la denuncia señala que se trata de una empresa constituida en el año 2018 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y un capital autorizado de $6 millones de pesos.

El documento cuestiona si la entidad promotora de salud realizó los análisis técnicos y financieros pertinentes para adjudicar la dispensación de medicamentos por dicha cuantía a esta firma.

En el análisis de los costos per cápita, se detallan variaciones significativas en los valores asignados a los diferentes municipios. Para las localidades de Aguazul, Paz de Ariporo, Támara y Tauramena, el incremento reportado es del 27,41%, mientras que para el municipio de Yopal el aumento alcanza el 29,4%.

Estos porcentajes superan el ajuste nacional de la UPC. Adicionalmente, se menciona que en la nota técnica del contrato se incluyen medicamentos, como el Albendazol de 400mg en cápsula o tableta, cuyo registro sanitario ante el INVIMA figuraría como vencido o no vigente.

Otro aspecto abordado en la denuncia es la contratación del servicio de transporte aéreo de pacientes, adjudicado mediante el contrato 010-2026 a la empresa UNITOURD SAS por un valor de $2.000 millones de pesos. Se indica que en la ruta de mayor demanda (Yopal-Caño Mochuelo-Yopal) se presenta un incremento tarifario del 27,3% respecto al año 2025.

Asimismo, se reporta la eliminación de tarifas para grupos de usuarios que existían previamente, lo que implicaría sobrecostos del 70% para el traslado de dos pacientes y de más del 100% para tres pacientes.

Finalmente, el documento advierte sobre una tendencia en la contratación con empresas cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, así como el uso de modalidades de telemedicina.

Según lo expuesto en la denuncia, estas prácticas podrían estar afectando la oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud para los afiliados en el departamento de Casanare, contraviniendo las directrices de territorialización y presencia de especialistas en la región.

El exalcalde de Yopal, John Jairo Torres, decidió denunciar por injuria al actual burgomaestre, Marco Tulio Ruiz, y la secretaria de planeación, Patricia Cárdenas.  Torres, rechazó las acusaciones que lo señalan como promotor de "conductas delictivas" en la compra y división de predios en el municipio. 

En su defensa, el exgobernante local asegura que su labor se ha limitado a brindar asesoría a familias de escasos recursos para que adquieran terrenos, una actividad que, según él, no puede ser considerada ilegal.

John Jairo ha calificado las acusaciones en su contra como una "persecución diabólica" por parte de quienes, en su concepto, se oponen a que las personas de bajos ingresos tengan acceso a tierras para resolver sus necesidades de vivienda. 

Previo a la presentación de la denuncia, circuló por redes sociales un audio en el que advirtió sobre "una tormenta" que se avecina. En la grabación, el exalcalde afirmó que continúa comprando terrenos y ofreciendo asesorías inmobiliarias.

Preciso que bajo este modelo se tiene concebido el proyecto llamado "10 mil", el cual promueve la repartición de lotes entre un grupo de socios, luego de dividir unos predios que manifiesta, ya fueron adquiridos. 

Torres insiste en que su objetivo es facilitar el acceso a la tierra para los más necesitados, aunque sus métodos siguen siendo cuestionados por las autoridades competentes. 

El secretario de movilidad de Yopal, Orlando Cruz lanzó duras críticas contra el veedor Julián Llanos, quien la semana pasada denunció que un agente de tránsito se movilizaba en una motocicleta que no tenía Soat.

Sobre este tema Cruz dijo que la Oficina de Control Interno de la Alcaldía se apersonó del caso, para esclarecer por qué la moto fue movilizada sin tener el seguro obligatorio, así como para determinar responsables por esta irregularidad y tomar las acciones a que haya lugar de acuerdo con la ley.

Sin embargo, recalcó una y otra vez las supuestas conductas reprochables de Llanos. “Quiero que los entes de control, Procuraduría Personaría, entiendan y comprendan que Julián, quien se hace llamar supuestamente un veedor, pero que de veedor no tiene nada, es un irresponsable, es un patán, eso es lo que él debería demostrar en su video”, subrayó el secretario de movilidad.

Agregó que Llano es un infractor que fue declarado contraventor. Y lo acusa de conductas desobligantes contra el personal de la Secretaría de la Movilidad y en su momento contra una inspectora de tránsito.

Según Cruz el veedor asumió una actitud grosera frente al personal de la dicha dependencia, lo mismo que contra los inspectores de tránsito que llevaron su proceso. “Tocó acompañamiento de la Policía para que el señor se retirara de la Secretaría”.

Acotó el funcionario que no se puede permitir que una persona con este tipo de antecedentes llegue gabar videos, para los cuales no está autorizado. “Estoy mostrando la otra cara de la moneda de lo que es el señor”, sostuvo Cruz.

Para el secretario la actitud del veedor era premedita. Indicó que ese viernes 10 de febrero, Llanos estuvo esperando en una esquina cerca de las oficinas de Movilidad, para grabar y efectivamente lo hizo.

“Entró aquí a las oficinas grabando y haciendo un ‘show’. Primero que todo, un veedor no tiene por qué hacer ‘show’ en las redes sociales, porque hay un conducto, como el mismo lo declara, Ley 850 de 2013”, comentó Orlando Cruz.

Es por ello que aseguró que no lo reconoce como veedor, porque utiliza su teléfono, enviado  por un abogado de quien no dijo su nombre, para que vaya y genere este tipo de situaciones.

Ya en lo referente a la moto que fue movilizada sin tener el seguro obligatorio, señaló que se le abrió un proceso al agente de tránsito, para que explique la razón por la cual sacó la motocicleta de la discordia, cuando el vehículo no contaba con el Soat.

Para el momento en que sucedieron los hechos, es decir el fin de semana que acaba de pasar, el proceso de adquisición del seguro para estas motocicletas se encontraba en trámite, según lo manifestó Cruz.

Procedimiento que a la fecha ya surtió efecto y ahora todas las motocicletas cuenta con el respectivo documento. Sin embargo sobre este apartado, también se expresó la secretaria general, Aydee Soler Sanabria.

La funcionaria añadió que, por tratarse de un monto de menor cuantía, es muy complicado que las aseguradoras se comprometan a venderlo. Así mismo reveló que no es la primera vez que sucede, puesto que en años anteriores había tenido que sortear la misma dificultad.

“El año pasado hicimos el ejercicio y el año antepasado se declaró desierto el proceso. Nos toca motivar, casi suplicar a las aseguradoras para que se presenten”, recalcó Soler Sanabria.

"Quiero denunciar la supuesta falsedad en los estados financieros de ECOPETROL S.A., los cuales estarían inflados a 31 de diciembre de 2020 en más de 31 billones de pesos, al incorporar indebidamente las reservas de petróleo y gas en los activos con la leyenda de recursos naturales”, expresó el representante César Ortiz Zorro en el Congreso de la República.

Por otra parte, expuso que la venta de acciones de Ecopetrol en este momento sería ilegítima, en vista que esta entidad solo administra, pero no es dueña de los recursos naturales no renovables del subsuelo. "En la violación al artículo 332 constitucional y el artículo 6° de la Ley 685 de 2001, que disponen la prohibición de enajenar los recursos naturales no renovables que son propiedad del Estado, es decir son inalienables e imprescriptibles. ECOPETROL S.A., Sociedad de Economía Mixta, es un simple administrador, y solo debe percibir recursos u honorarios por esa gestión. Por eso no puede repartir utilidades con los accionistas particulares, sobre la venta de hidrocarburos, porque estos son totalmente estatales”.

El concresista casanareño anunció que radicará una nueva iniciativa legislativa y acciones legales para impedir que se venda el patrimonio de los colombianos. “Hoy anuncio que radicaré un proyecto de Ley interpretativa al artículo 1° de la Ley 1118 de 2006, donde se deja en claro que la autorización a ECOPETROL concluyó hace 15 años con la venta de acciones y la desaparición de ECOPETROL como empresa estatal cien por ciento pública. Así mismo, presentaremos una acción popular para impedir la emisión de acciones en protección del patrimonio público y la Constitución Política. También radicaré una acción de nulidad contra la Resolución de la Súper Financiera que autorizó la emisión y colocación de acciones”.

El expersonero de Paz de Ariporo, Jorge Enrique Pérez, y quien aspira a ser personero de Villanueva periodo 2020-2024, denuncia irregularidades en concurso que busca proveer este cargo al sur de Casanare. Al parecer en la etapa final luego de presentar las pruebas del concurso adelantado por la ESAP, los concejales habrían acomodado puntajes en la entrevista para que gane la persona que ocupó el segundo lugar dentro de la lista de elegibles.

El abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, presentó reclamación al Concejo de Villanueva, sobre el informe de resultados de la entrevista para el cargo de personero, publicado el pasado 6 de septiembre. Argumentó que en las calificaciones se favoreció al candidato Luis Francisco Cala, desconociendo los parámetros aprobados para la evaluación de las respuestas.

Jorge Enrique Pérez expresa que si bien las entrevistas son subjetivas resulta no creíble que en varios de los aspectos él hubiera obtenido calificaciones de 0.3, 0.1, 0.8, y 1, mientras su contendor logró puntajes de 10. Cabe destacar que antes de la entrevista, quien venía liderando el concurso era él y llevaba una diferencia de 5 puntos porcentuales sobre el segundo candidato, que ahora es el primero.

Sin embargo, para el presidente del Concejo Wilson Humberto Ibáñez Arias, todo estuvo enmarcado en la ley y hubo garantías para todos los concursantes. En su respuesta a la reclamación hecha por Jorge Enrique Pérez, dijo que deberá ser la autoridad competente la que determine si hubo o no irregularidades o algún delito.

En sesión realizada en el Concejo de Hato Corozal el día anterior, la concejal del partido ASI, Luz Mila Piñeros, denunció amenazas en contra de su vida. Aseguró que ha recibido mensajes y llamadas intimidantes.

Segùn la concejal, en las primeras llamadas le señalaban que tenía que ir hasta un sitio conocido como Pueblo Nuevo, lugar a donde nunca fue, por lo que nuevamente recibió mensajes donde le advertían que por no presentarse en este sitio no respondían por su vida, ni por la de su hijo.

Luz Mila Piñeros, aseguró que la última llamada la recibió la noche de este martes 24 de agosto donde le advirtieron que le daban unas horas para desocupar el pueblo.

“Denuncio públicamente estas amenazas, no voy a ir a ningún lado a dialogo con nadie, no estoy en condiciones de negociar con nadie, aquí me quedo y no me van a sacar, Dios es el único que tiene la última palabra”, aseguró la concejal.

Agregó que ya dio a conocer (denunció) sobre dichas amenazas a la Policía y el Gaula y que ya se iniciaron las investigaciones para determinar de donde provienen porque en las llamadas que ha recibido no se identifican.

A través de un comunicado dirigido a la Opinión Pública, la plataforma alertó a la comunidad en general, sobre algunas irregularidades que terceros estarían cometiendo a nombre del colectivo. 

En la misiva la plataforma advirtió que, un hombre identificado como Javier Iván Arenas Montilla, quien no hace parte de dicha agremiación, la estaría suplantando haciéndose pasar como miembro, lo cual le ha permitido engañar a varias personas en el departamento, haciéndose pasar como dirigente deportivo y líder juvenil. 

De acuerdo con Yosuan Ramírez Presidente de la Plataforma Departamental de Juventud “él no llega al casco urbano de los municipios, sino a la parte rural. Lo primero que hace es preguntar por los presidentes de JAC de la vereda o corregimiento manifestando ser un delegado y dice tener contactos con la Gobernación de Casanare con los cuales ayudar a conseguir empleo a los jóvenes de estas zonas” 

Según Yosuan, el suplantador que ya ha engañado a jóvenes de los municipios de San Luis de Palenque, Trinidad, Aguazul y Yopal, pide cierto rubro con la excusa de que dichos recursos serán para adelantar los trámites de la posible vinculación laboral. 

“Nos enteramos que él tiene ciertas denuncias tanto públicas como en Fiscalía por diferentes personalidades e instituciones del departamento de ya ha hecho estafas no solo con el tema juvenil, sino en lo deportivo y Juntas de Acción Comunal” manifestó Ramírez quien agregó que “nos parece alarmante de que estas actuaciones en el departamento de Casanare, sigan ocurriendo” 

La plataforma invitó a todas las personas que haya sido víctimas de esta persona a que realicen sus respectivas denuncias ante la Fiscalía y alertó a la Gobernación de Casanare, ya que Javier Iván estaría portando un carnet de esta institución con el cual logra ganarse la confianza de los jóvenes.  

Una mujer de 28 años al parecer fue accedida sexualmente este jueves en Yopal.

El hecho se presentó aproximadamente a las 9:30 de la mañana en un establecimiento comercial dedicado a la venta de muebles, ubicado en la calle 24 con 14.

De acuerdo a las autoridades, la víctima fue encontrada por una mujer que llegó al establecimiento a pagar una cuota de un mueble, y encontró a la víctima en una habitación al fondo del establecimiento, en compañía de sus hijas de 3 y 4 años.

De acuerdo al director de Fiscalías de Casanare, Jhon Fredy Encinales, la victima manifestó que un sujeto de contextura delgada, trigueño, que vestía un polo azul aguamarina y un short manchado con pintura, ingresó al establecimiento pidiendo agua, y que posteriormente la amenazó con un cuchillo y la obligó a dirigirse a la habitación ubicada en la parte trasera del establecimiento, donde la habría accedido.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación. Por ahora se espera analizar el material de las cámaras de seguridad para dar con el paradero del sujeto, de quien se dice tendría apariencia de un habitante de calle. 

El capitán Luis Arturo Mantilla Ruiz asumió como nuevo comandante del Gaula de Policía de Casanare, en reemplazo del mayor Hugo Guzmán Patiño, quien fue designado como comandante del Gaula en el Valle del Cauca. 

El nuevo comandante del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión en el departamento, viene de ser comandante en el Gaula del Chocó.  

De acuerdo al oficial, quien ya conoció las cifras de estos dos delitos en el departamento, en temas de extorsión en el departamento ya se han analizado los puntos desde donde más se hacen llamadas para intimidar a los casanareños. “Tenemos una afectación en la mayoría de municipios de tipo carcelario. Hemos hecho un rastreo de unos números y nos hemos dado cuenta de que desde cárceles como la de Valledupar, llaman mucho a Casanare a engañar a las personas a hacerse pasar por gente del Clan del Golfo, o por gente de grupos armados organizados, tanto residuales como activos, como por ejemplo el ELN, para que la gente tenga más temor y realice los pagos. 

Afortunadamente, tenemos la ventaja que se ha realizado un trabajo muy fuerte por parte de los grupos Gaula del Ejército y la Policía, y eso ha permitido que la gente tenga más confianza y la gente denuncie con más fervor. 

Por otra parte, en temas de secuestro el año pasado no tuvimos casos relevantes y en lo que va del año no se ha presentado ningún caso, y eso es muy importante para una unidad Gaula, pero en el caso de que se presente, el Gaula está presto para lograr en el menor tiempo posible la liberación de la persona”, dijo el capitán Mantilla. 

Igualmente, el nuevo comandante del Gaula expresó que ya tuvo los primeros acercamientos con la Fiscalía y que ya se presentó con los comandantes de la Policía, y que en los próximos días hará lo propio con los comandantes del Ejército y distintas autoridades para buscar acciones de trabajo conjunto.   

Por último, el capitán Mantilla recordó que está abierta la línea gratuita nacional 165 para denunciar casos de extorsión y secuestro, y que también está disponible el número 3213940574, para un contacto directo con el comandante. Del mismo modo, que también están disponibles las instalaciones del Gaula para efectuar las denuncias.