Un robo perpetrado esta madrugada del 3 de septiembre en el conjunto residencial donde reside el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, tiene sorprendida a la comunidad yopaleña.

Según las primeras informaciones que se tiene sobre el hecho, el hurto de presentó sobre las 3:30 de la mañana, cuando hombres vestidos de policía llegaron al conjunto residencial Valles de Guarataro.

Los maleantes arribaron con la excusa que iban a adelantar un allanamiento. Una vez dentro los falsos policías procedieron a reducir al personal de seguridad, los amarraron y acto seguido procedieron a ingresar a una vivienda de dónde, al parecer, hurtaron 100 millones de pesos en efectivo.

El acto delictivo fue confirmado a Casanare Noticias por el secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, quien aseguró que las autoridades se encuentran investigando este caso, para establecer con precisión lo ocurrido y dar con los responsables del hecho.

El servicio de gas natural en el municipio de Trinidad y el norte de Casanare, incluyendo Bocas del Pauto y San Luis de Palenque, quedará reestablecido en las próximas horas, poniendo fin a una prolongada interrupción que afectaba a la comunidad desde el 21 de agosto.

El anuncio oficial fue realizado por la alcaldesa de Trinidad, Dámaris Abril, y el director de gas de Enerca, Nicasio Peña, quienes ofrecieron un parte de tranquilidad a los residentes de este sector de Casanare.

La suspensión del servicio se debió a una falla técnica debido a que el río "Tocaría" rompió una tubería o línea de flujo de gas propiedad de la empresa Perenco.

Aunque Enerca tenía un "plan B", este no pudo aplicarse inicialmente debido a aspectos técnicos y de seguridad, así como a la incertidumbre sobre la duración de la falla, que se estimaba en dos, tres o cuatro días. Por su parte la alcaldesa Abril enfatizó que la comunidad no estaba preparada para esta emergencia,

Desde el inicio del imprevisto, las autoridades, incluida la mandataria local, mantuvieron una comunicación constante con las directivas de Enerca, Peña Cábulo reconoció el intenso trabajo y "lobby" llevado a cabo por las autoridades locales para responder a la comunidad.

Se espera que para las primeras horas de hoy miércoles 3 de septiembre el servicio quede reestablecido. Nicasio Peña, en su calidad de director técnico, ofreció disculpas a la comunidad por los inconvenientes causados, subrayando el gran esfuerzo que el tema requería.

Finalmente, Peña mencionó que, mirando hacia el futuro, se tiene proyectado conectar una línea de gas entre la vereda Miralindo en el municipio de Pore y el ‘city gate’ que hay en la salida del pozo petrolero. De esta manera, el funcionario manifestó que asíra a contar con dos opciones para garantizar el servicio al norte del departamento. Una por el sector de Pore y la otra a través de la red de Perenco.

La Gobernación de Casanare, a través de su grupo operativo anticontrabando (GOA), intensificó durante los últimos días los operativos de control e información en establecimientos comerciales del departamento, especialmente aquellos dedicados a la venta de licores, cervezas y cigarrillos.

Las jornadas se desarrollaron con un enfoque pedagógico y de inspección, buscando fortalecer el comercio legal y responsable en la región.

Durante los operativos, se capacitó a los comerciantes sobre las características que permiten identificar productos legales y diferenciarlos de los ilegales, haciendo énfasis en la importancia de la estampilla oficial de Casanare.

Esta estampilla, obligatoria en todos los productos gravados con el impuesto al consumo, garantiza que los artículos cumplen con las normas fiscales y legales vigentes.

La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la salud pública, el bienestar ciudadano y el fortalecimiento de las rentas departamentales, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de Casanare.

Según la información oficial, estas acciones buscan no solo combatir el contrabando, sino también generar conciencia entre los comerciantes sobre su rol en la protección de la economía formal y la seguridad del consumidor.

Este 2 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Rubén Darío Pinzón, un joven de 24 años que había sufrido un grave accidente de tránsito en la vía que conecta a Yopal con Aguazul, específicamente en el corregimiento de El Charte.

Pinzón, quien había permanecido diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), no pudo superar las múltiples y graves lesiones que le produjo el siniestro.

Desde su ingreso el 24 de agosto, el estado de salud de Pinzón fue descrito como "crítico" por el centro hospitalario. El joven sogamoseño presentaba un diagnóstico de politraumatismo severo, fracturas múltiples, trauma de tórax y abdomen, y un choque hipovolémico que requirió múltiples transfusiones y cirugías de urgencia.

A lo largo de su hospitalización, su pronóstico se mantuvo reservado debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Mientras tanto, sus familiares denunciaban públicamente la demora de la Nueva EPS en autorizar su traslado a un centro de salud de mayor complejidad. Como medida de protesta, la hermana del joven se encadenó frente a las oficinas de la entidad de salud para exigir la autorización.

Finalmente, el traslado a un hospital en la ciudad de Tunja fue aprobado y se inició en la madrugada del 2 de septiembre. Sin embargo, en el trayecto, el estado de salud del paciente se deterioró súbitamente, lo que forzó a su equipo médico a retornar de inmediato al HORO para realizarle labores de reanimación.

A pesar de los esfuerzos, el joven no pudo ser salvado y falleció ese mismo día a la 1:11 de la tarde.

El Hospital Regional de la Orinoquía lamentó el deceso y aseguró en un comunicado que su personal desplegó "todas las acciones médicas y humanas posibles" para atender el caso de Pinzón, quien había ingresado con un cuadro clínico de extrema gravedad.

En el mismo accidente, que según una de las fuentes se habría producido por fallas mecánicas de la motocicleta, también había fallecido la prima de Pinzón, de 19 años.

Desde la Secretaría de la Movilidad se anunció que durante el mes de agosto, la ciudad de Yopal registró un balance positivo en materia de movilidad, como resultado de la implementación del Decreto 116 del 13 de agosto de 2025.

Esta normativa, expedida por dicha dependencia del Gobierno municpal, restringió la circulación de motocicletas en horarios nocturnos durante los fines de semana y días festivos, específicamente entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La medida tuvo como principal objetivo reducir la alta tasa de siniestros viales que históricamente se presentan en la capital casanareña durante esas franjas horarias.

Según el informe oficial, la aplicación del decreto permitió una disminución significativa en el número de accidentes y tragedias en las vías, además de fomentar el uso de medios de transporte más seguros por parte de los ciudadanos en horas de la madrugada.

Como parte de los operativos de control, las autoridades inmovilizaron 127 motocicletas por transitar en horarios y sectores restringidos.

Así mismo, se reportó la inmovilización de cinco vehículos particulares cuyos conductores fueron sorprendidos en estado de embriaguez. A estas acciones se sumaron 176 órdenes de comparendo por no portar la documentación reglamentaria exigida.

Las autoridades de tránsito destacaron que, más allá de las sanciones impuestas, lo fundamental es generar conciencia colectiva sobre el valor de la vida en las vías.

En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener comportamientos responsables, incluso en ausencia de restricciones, con el fin de seguir disminuyendo los índices de siniestralidad en Yopal.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual perpetrada en el contexto del conflicto armado colombiano.

Este reconocimiento, que incluyó a 35 menores de edad al momento de los hechos, abarcando crímenes ocurridos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba.

Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado fueron cometidos por grupos paramilitares, con la posible tolerancia o aquiescencia de miembros de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que la violencia sexual contra hombres y niños, identificados en su mayoría como heterosexuales, fue utilizada deliberadamente como un mecanismo de castigo, humillación y control, enmarcado en dinámicas de poder de género.

Esta actitud violenta también fue empleada estratégicamente por los actores armados para imponer control social, económico y territorial, atacando la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica.

De los 104 hombres acreditados, 35 eran niños cuando sucedieron los hechos; de ellos, 19 tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años.

Los relatos incluidos en la solicitud de acreditación mostraron que los grupos paramilitares operaban de manera coordinada, ejecutando órdenes de ganaderos y realizando acciones estratégicas para controlar territorios y vías fluviales. Un punto crítico de estos crímenes se concentró en el año 2000, periodo en el que se cometieron 50 de los hechos documentados.

La magistratura de la JEP calificó la victimización sexual de hombres y niños —incluidos quienes se identifican como heterosexuales y cisgénero— como “una de las formas más silenciadas y poco reconocidas de violencia basada en género.

Uno de los puntos del acuerdo pactado durante las negociaciones que puso fin al pasado paro arrocero, fue la realización de mesas de seguimiento para analizar la implementación de los puntos concertados, especialmente el relacionado con el precio mínimo de referencia para el arroz Paddy verde.

Justamente, ese mecanismo de seguimiento se cumplió este marte 2 de septiembre en el auditorio de Unisangil, en Yopal. Esta reunión contó con la presencia de la ministra Martha Viviana Carvajalino, el gerente de Fedarroz, Rafael Fernández, el presidente de la junta directiva de Induarroz, así como productores y autoridades departamentales.

Durante la jornada, la ministra Carvajalino reafirmó que la agricultura es una prioridad del gobierno y un pilar para la soberanía alimentaria del país.

En un comunicado del Ministerio resaltó la importancia de la reunión para garantizar que los términos del acuerdo se estuvieran cumpliendo y que los productores reciban los precios justos que cubran los costos de inversión.

Destacó que es un acuerdo entre privados, que contó con el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este sentido la superintendente, Cielo Rusinque, quien también participó de la reunión, subrayó que el mencionado documento “es la muestra viva de la economía social de mercado colombiano”.

Agregó que también “es un llamado a la articulación de acciones conjuntas por parte de los agentes que integran la cadena productiva de arroz, para la materialización del Plan de Ordenamiento Productivo del arroz”.

Por su parte la ministra Carvajalino insistió que el objetivo es estabilizar la cadena para que en 2026 no se repita la problemática vivida durante el presente año.

En este sentido hizo un llamado que esta coyuntura es necesario que se revise en el Consejo Nacional de Arroz, para que desde enero del próximo año se adopten las medidas necesarias en el área de siembra, cosecha, almacenamiento, secado y comercialización para que todos los actores de la cadena salgan beneficiados.

Entre tanto el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, agradeció el apoyo brindado por el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia a lo largo del proceso que ha permitido dar fin a la incertidumbre en que se encontraba el sector.

El dirigente gremial hizo hincapié en la necesidad que el Gobierno apruebe nuevamente el incentivo al almacenamiento e impulse los planes que permitan construir la infraestructura de riego, para zonas de gran importancia productiva como  Casanare.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización de un producto falsificado identificado como Sal de Frutas Lua Plus del lote 0M8663, con fecha de vencimiento en diciembre de 2026.

La entidad advirtió que el producto es fraudulento y representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Según un comunicado oficial, el titular del registro sanitario, Laboratorio Tecnofar TQ S.A.S., confirmó que el lote 0M8663 no correspondía a su producción autorizada. Esta falsificación carece de las garantías de calidad, seguridad y eficacia necesarias.

William Saza Londoño, coordinador del grupo de farmacovigilancia del Invima, detalló que el medicamento original cuenta con el registro sanitario INVIMA 2023-0013340-R2.

La entidad instó a los ciudadanos a verificar siempre el registro sanitario en sus canales oficiales y a suspender de inmediato el consumo de este lote si lo adquirieron, reportando cualquier efecto adverso al programa nacional de farmacovigilancia.

La entidad también ofreció una serie de pautas para identificar el producto falsificado: el lote y la fecha de vencimiento no coinciden con los originales, la apariencia y el sellado del sobre son distintos, y la tipografía e impresión presentan diferencias.

El Invima hizo un llamado a las autoridades de salud, a las IPS y a los profesionales del sector para que intensificaran la vigilancia y el control, asegurando que se retirara el producto fraudulento del mercado y se informara a los pacientes sobre los riesgos.

Así mismo, solicitó a los distribuidores y establecimientos abstenerse de vender el producto, ya que su comercialización podría acarrear sanciones.

Un fatal accidente se presentó la noche del primero de septiembre en jurisdicción de Altamira, en la vía que de Garzón conduce a Pitalito, en el departamento de Huila.

Según la versión entregada a los medios locales por parte del capitán José Enrique Botello, jefe de la seccional de tránsito del Huila el hecho ocurrió cuando un grupo de ciudadanos se percató que un motociclista colisionó contra un camión NPR y quedó atrapado por el vehículo.

En ese momento varios conductores que pasaban por el lugar decidieron socorrer al motociclista. Descendieron de sus automotores para tratar de sacar el herido.

Cuando cumplían con este acto de solidaridad, un tractocamión que, al parecer, presentó fallas mecánicas los embistió. Como resultado de este percance cinco personas perdieron la vida y otras cinco quedaron heridas.

Dentro de las víctimas mortales se encuentra un exalcalde de la población huilense de Guadalupe, identificado como Héctor Alfonso Vergas Huertas. Otras personas fallecidas fueron Angélica María Witz Ome, de 26 años, y Alexander Álvarez Tapias, de 53 años. Faltan dos cuerpos por identificar. Los fallecidos fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Neiva.

El cáncer urotelial, más conocido como cáncer de vejiga, representa un reto silencioso pero significativo para la salud pública en Colombia.

Este tumor maligno nace en el epitelio de transición del tracto urinario, predominante en la vejiga, y afecta principalmente a personas mayores, especialmente hombres, quienes presentan una incidencia cuatro veces mayor que las mujeres.

“Es una enfermedad silenciosa, pero con un alto impacto en la calidad de vida del paciente y en los sistemas de salud.

Mejorar su diagnóstico temprano, garantizar el acceso a tratamientos innovadores y fomentar la educación médica continua son pasos fundamentales para enfrentar este reto en Colombia”, afirmó el doctor Juan Molina, Gerente Médico de Adium Colombia.

Clínicamente, suele manifestarse inicialmente con hematuria, o sangre en la orina, visible o microscópica. Otros síntomas incluyen disuria, urgencia urinaria y aumento en la frecuencia miccional; en etapas avanzadas, se presentan dolores pélvicos o lumbares.

Sin embargo, estos signos se confunden frecuentemente con infecciones urinarias u otras patologías benignas, lo que retrasa el diagnóstico.

En Colombia, el cáncer urotelial ocupa el puesto 15 entre los tumores más comunes, con aproximadamente 2.100 nuevos casos y cerca de 900 muertes cada año.

Cerca del 90% de los diagnósticos son en personas mayores de 55 años. Esta enfermedad genera un impacto clínico, económico y social importante, especialmente en pacientes con comorbilidades asociadas. El principal factor de riesgo es el tabaquismo, responsable de hasta el 65% de los casos.

También contribuyen a exposiciones a sustancias químicas como aminas aromáticas, presentes en industrias productoras de tintes, cuero, caucho y pintura. Otros riesgos incluyen antecedentes familiares, radioterapia pélvica, infecciones urinarias crónicas y ciertas mutaciones genéticas.

Uno de los grandes desafíos en Colombia es lograr un diagnóstico oportuno debido a la baja sospecha clínica, la escasez de especialistas en algunas regiones y las barreras para acceder a exámenes diagnósticos como la cistoscopia.

Esto repercute en el pronóstico, ya que los tumores superficiales pueden tratarse con resección transuretral e inmunoterapia intravesical, mientras que las formas avanzadas requieren cistectomía radical y tratamientos sistémicos, con una expectativa de vida más corta.

El tratamiento varía según la etapa: en tumores no músculos invasivos se combina cirugía local con inmunoterapia; en etapas más avanzadas, la cistectomía radical, eventualmente acompañada de quimioterapia.

Para casos metastásicos, quimioterapias a base de platino e inmunoterapias innovadoras, incluyendo anticuerpos conjugados que han demostrado mejoras en la supervivencia.

Uno de estos avances fue presentado durante el congreso ASCO GU 2021 por el doctor Thomas Powles, quien destacó un anticuerpo conjugado que obtuvo beneficios significativos en pacientes con cáncer de vejiga avanzado previamente tratados. Este medicamento representa una nueva esperanza más allá de las terapias tradicionales.

Pese a los avances, el acceso a tratamientos innovadores en Colombia es limitado por factores como la cobertura del sistema de salud, procesos regulatorios y costos elevados.

Promover la educación sobre los síntomas, mejorar la formación médica y facilitar el acceso a diagnósticos tempranos son pasos cruciales para reducir la carga de esta enfermedad.

Por último, es vital que la población acuda rápidamente al especialista ante signos como sangre en la orina o síntomas urinarios persistentes. La detección precoz no solo mejora el pronóstico clínico, sino que también reduce el impacto emocional y económico para pacientes y sistema sanitario.