Con absoluta reserva las directivas de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Pore, manejaron la información sobre la desaparición de 38 computadores, que habían sido entregados al colegio bajo el modelo de obras por impuestos.

Sobre este hecho punible se conoció que fue descubierto en el mes de junio por el rector del centro educativo, Jimmy Benavídez, pero que se abstuvo de develarlo.

El directivo docente se percató de la anomalía, durante un inventario general que hizo a la Institución y solo hasta el 17 de agosto el docente hizo pública esta situación, en un encuentro que sostuvo con la comunidad educativa.

Acerca de los equipos se pudo establecer que aún no habían sido desempacados y que fueron entregados por Oleoducto Bicentenario. El  precio estimado de todo el material de cómputo es de 120 millones de pesos.

Igualmente se estableció que tienen instalado un software antirrobo, lo que en teoría, puede facilitar su ubicación.

Por el momento están a la espera, que un docente quien tiene bajo su custodia la llaves de la bodega donde había sido guardados lo computadores, regrese de una licencia de 2 meses en la que se encuentra y entregue su versión de lo ocurrido.

El caso ya está en manos de la Fiscalía. Ahora solo resta esperar los resultados de la investigación, así como un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Educación departamental.

En ocasiones algunas desatenciones por parte de funcionarios públicos, se convierte en el pago de multas y sanciones pecuniarias muy costosas para el Estado.

Ese es el caso del contrato suscrito entre la Alcaldía y el parqueadero La 14 Yopal, al cual por alguna extraña razón que no ha sido precisada hasta el momento, se les olvidó la póliza de responsabilidad de daños a terceros.

Trascurría el mes de junio del año 2014, cuando en el mencionado estacionamiento ocurrió un incendió, en el cual terminaron calcinadas 200 motocicletas que se encontraban inmovilizadas.

Hoy los propietarios de esos vehículos por orden judicial, deben ser indemnizados por la Alcaldía de Yopal, con más 500 millones de pesos.

El fallo fue emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Casanare. En sus argumentos sostuvo que pudo demostrar que la mencionada póliza, fue firmada horas después que el parqueadero ardió en llamas.

Así mismo el Juzgado pudo comprobar la mala fe del contratista, así como el uso de triquiñuelas por parte del mismo. También se corroboró la inexistencia del aseguramiento, para amparar la responsabilidad civil de la Alcaldía de Yopal, frente a eventuales imprevistos que generan daños en el parque automotor que se encontraba en el lugar.

Precisó la autoridad judicial que la responsabilidad de custodia y cuidado era del Municipio, al que le asistía la función de depositario de los vehículos, relaciones durante la ejecución del contrato 848 de 2014, firmado con el señor Milton Gabriel Cruz Bonilla.

El objeto contractual estaba definido como “Prestar el servicio de parqueadero para el fortalecimiento de las acciones de tráfico del municipio de Yopal”.

Toda esta situación ocasionó una falla en el servicio por omisión, por parte de la entonces Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Yopal. Para la época transcurría los años de gobierno y Wilman Enrique Celemín y el titular de este despacho era el señor Rolfer Roncancio.

No contar con la mencionada póliza llevó al Municipio a pagar la indemnización ya referida. Si este documento se hubiese firmado conforme la exige la ley, una empresa de seguros sería la llamada a hacerse cargo del pago de los daños, causados durante el incendio.

Para establecer el valor de las motocicletas presa de las llamas, se apeló a las páginas de compra venta de este tipo de vehículos y se aplicó el precio comercial de las mismas vigente para 2021, año en el cual se hizo la respectiva consulta.

La orden judicial cobija a 8 demandantes a quienes se les deberá reconocer la indemnización, que tiene su origen en  perjuicios materiales por daño emergente.

Del avalúo hecho en 2021, se hicieron los ajustes respectivos para actualizar el precio, el cual fue ajustado a la fecha en que se emitió la sentencia.

Para el caso de estas 8 motocicletas, sus dueños recibirían 22 millones 803 mil pesos.

Los demás propietarios, 173 en total, que no participaron en la demanda de acción en grupo, pero que se acojan a la sentencia, se les otorgará el valor promedio de las motos avaluadas, que fue establecido en $ 2.850.456, por cada vehículo. De esta manera sumando los dos grupos de afectados, la suma que debe asumir el Gobierno local, es de 493 millones 123 mil pesos.

Para el caso de quienes no participaron de la acción judicial pero que se quieran acoger a la misma, la Defensoría del Pueblo será la entidad encargada de determinar la viabilidad de las solitudes radicadas que se presente en un lapso de 20 días posteriores a la publicación del fallo.

Sin embargo, deberán demostrar previamente que pertenecen al conjunto de individuos que interpuso como un mismo grupo y que sus vehículos están en la base de datos de motocicletas incineradas.

De igual forma  deben presentar la licencia de tránsito o certificado de tradición de los vehículos, para acreditar el derecho de dominio. La Defensoría del Pueblo deberá devolver al municipio los recursos que no se reclamen.  

En este orden de ideas la Administración municipal tiene un plazo de 10 días, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para apropiar los 516 millones de pesos y depositarlos en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, correspondientes al monto total o global de la indemnización.

Desde Enerca se reveló que a partir de la factura de septiembre los usuarios del servicio de energía harán su aporte económico, para el departamento de La Guajira.

Esta contribución fue establecida por el Gobierno nacional, a través del Decreto 1276 del 31 de julio de 2023. La tarifa será de $1.000 para los usuarios de los estratos 4,5 y 6, mientras que para el sector comercial e industrial será de $5.000

Dado que esta medida rige a partir del mes de agosto de este año, en la factura que se emitirá durante el mes de septiembre se incluirá el cobro retroactivo con el concepto “Aporte -Agosto Dpto. Guajira Dec1276/23” para los usuarios que cobija este Decreto.

Los pagos recibidos por parte de los usuarios a través de este concepto, serán puestos a disposición del Ministerio de Minas y Energía pro intermedio del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI).

Es importante tener en cuenta que esta medida tiene un término inicial de seis meses, no obstante, puede ser prorrogable por un tiempo mayor según lo establezca el Congreso de la República dentro del año siguiente.

Por último, Enerca aclaró que actúa de conformidad con lo establecido por el referido Decreto, razón por la cual no pagar dicho aporte, tendrá las mismas consecuencias que acarrearía la omisión del pago, del recibo de energía.

Una serie de anomalías creadas por mentes brillantemente perversas, están generando informaciones carentes de toda verdad, que se complementan en algunos casos, con prácticas de engaño que terminan en estafa, teniendo como excusa la convocatoria de vivienda hecha por la Alcaldía de Yopal.

La advertencia vino de la directora del Instituto de Vivienda de Yopal, Indev, Angie Oquendo. Según la funcionaria se ha tenido conocimiento de tres situaciones contrarias a la entidad, con las cuales quieren enlodar el proceso que se adelanta desde esta entidad.

Las tres aristas de esta problemática se refieran la utilización de la convocatoria por parte de inescrupulosos, para hacer política, lucrarse o desinformar a la comunidad, precisó la arquitecta Oquendo.

La más delicada estas tres irregularidades tiene que ver con un posible modalidad de estafa, donde personas ajenas al Indev contactan a los postulantes para pedirles dinero, con la excusa que este aporte económico es necesario, para entregarles el predio al cual están aspirando. El monto oscila entre 1 y 6 millones de pesos.

La directora del Instituto recalcó que desde la entidad no se está pidiendo ningún aporte económico a los postulantes. En caso de hacerlo, el mismo deberá estar en una cuenta de ahorro programado del beneficiario y no de un tercero.

También se está especulando, diciendo que ya iniciaron las entregas de los predios en Alamedas Marta Mojica. Algo que tampoco es cierto. Este proyecto se encuentra en la fase de contratación, para dotarlo de servicios públicos.

“Hay que tener en cuenta la convocatoria es para la entrega de lotes con servicios, por lo tanto en este momento no se están entregando terrenos”, manifestó la funcionaria.

Desmintió igualmente versiones donde se afirma que hasta el momento el proyecto no presenta avance alguno. Recordó que en la actualidad ya están en la fase de citación a los aspirantes para entregarles la información recopilada por la entidad, durante los filtros que se realizaron.

La atención al público se hace en el horario de 7:30 a.m. a 10:00 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Allí se les comunica a los postulantes en qué puesto se encuentra en el proceso, qué puntaje sacó y si está o no habilitado para seguir con el trámite.

“Normalmente quienes se encuentran inhabilitados es porque tienen propiedades, recibieron vivienda o aportes para su mejoramiento, superior a los 20 millones de pesos”, acotó Oquendo.

Sin embargo se concede la posibilidad para apelar. El modo de hacerlo es acudiendo a las entidades que hicieron el reporte, para verificar la información que le suministraron al Indev y hacer los ajustes a que haya lugar.

Finalmente insistió la directora de Indev en la importancia que tiene, hacer caso omiso a esas informaciones falsas, provenientes de personas ajenas al Instituto, para no terminar estafados.

El magisterio saldrá hoy miércoles a las calles a marchar, para reclamar por  una mejor atención por parte de las salud que los atienden. La convocatoria la hizo Diego Amaya Espitia, presidente de Fecode.

Según el dirigente sindical se presentan incumplimientos en el contratos y basados en que la salud es un derecho fundamental, Amaya Espitia sostuvo que es necesario  defenderlo.

Así mismo dijo que rechazan el proyecto de ley que propone los bonos escolares, porque los considera como el camino que conduce a la privatización de la educación pública.

De igual forma mencionó un articulado que plantea una ley, donde se elimine el derecho a la huelga, que está consagrado en los convenios firmados entre el Estado colombiano y la Organización Internacional del Trabajo. El presidente de Fecode sostuvo que estas son iniciativas del Centro Democrático.

En lo referente al Gobierno de Gustavo Petro y su compromiso con el sector educativo, el docente explicó que se pactó un acuerdo conformado por 50 puntos, sobre los cuales dijo que hay un compromiso para que se conviertan en política pública.  

Hoy a partir de las 5:30 de la tarde en el salón Eduardo Durán de la Cámara de Comercio de Casanare, la Universidad del Rosario presentará el estudio “Costos de Transporte de Carga en departamentos de Colombia: Implicaciones y Recomendaciones para Políticas Públicas”.

Este trabajo de investigación académica analiza la estructura de costos en el país, con énfasis particular en el departamento de Casanare, así como la correlación que hay con la infraestructura vial y la gestión administrativa. Así explicó el rector del alma mater, Alejandro Cheyne.

En el caso específico del departamento, “el informe resalta una notable relación inversa entre la cantidad de carga transportada y los costos de transporte; subraya la necesidad de optimizar las conexiones de transporte e impulsar una mayor diversificación en los destinos de la carga; y sugiere a las autoridades a considerar políticas de incentivo al comercio interdepartamental que permitan una distribución más homogénea de la carga”, explicó el rector de la Universidad del Rosario.

Una primera conclusión sobre la situación en el departamento, que se conocerá en la presentación del estudio, es que Casanare hay una notable relación inversa entre la cantidad de carga transportada y los costos de transporte.

En este sentido hace hincapié en la necesidad de optimizar las conexiones de transporte e impulsar una mayor diversificación en los destinos de la carga.

Sugiere, además, que las autoridades a considerar políticas de incentivo al comercio interdepartamental, que permitan una distribución más homogénea de la carga.

Este escenario será aprovechado para que la institución de educación superior, entable un diálogo con los líderes de la región, especialmente quienes están ligados al campo de la enseñanza, así como las secretarias de Educación municipal y departamental, al igual que con la Cámara de Comercio.

Justamente la entidad gremial entregará un reconocimiento a la universidad, por sus 370 años de fundación. El claustro de educación superior hace presencia en Yopal a través de la Cámara de Comercio, con la cual han ofertado especializaciones en finanzas; evaluación y desarrollo de proyectos; gerencia de proyectos de construcción e infraestructura; gestión humana y viene en camino una en turismo sostenible.

Los celos son definidos por los especialistas como un sentimiento de inseguridad y temor a perder a alguien o algo que valoramos. Cuando una persona se encuentra a merced de esta situación, puede cometer errores fatales.

Eso fue justamente lo que le ocurrió a una mujer de 30 años de nacionalidad venezolana, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Según el reporte de la Fiscalía esta persona por celos le habría quitado la vida a una compatriota suya de 33 años.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este 24 de agosto en plena vía pública,  del barrio Córdoba de la citada población metense.

El ente investigador sostuvo que la agresora interceptó a su víctima, cuando se desplazaba por los alrededores del cementerio. “Al parecer motivada por celos habría golpeado en manos y pies a la mujer, a quien además habría propinado una herida con arma blanca en el torso, causándole la muerte”, dice el informe de la Fiscalía.

Agrega el escrito que “hasta una vivienda del barrio Villa Valentina llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes realizaron labores de allanamiento y captura de la procesada presentada para su judicialización”.

Ante un juez de control de garantía, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio. Los mismos no fueron aceptados por la acusada, sin embargo, la autoridad judicial ordenó asegurar a la señalada victimaria, con detención intramural.

Del 22 al 27 de agosto fueron reportados 14 siniestros viales, tres de los cuales presentaron daños materiales, nueve dejaron personas lesionadas y dos más terminaron en fatalidad.

La cifra de fallecidos llegó 3 en total, incluido un paciente quien había sufrido un accidente de tránsito el 15 de este mes, pero su deceso se dio a las 3 de la tarde este 25 de agosto, en la Clínica Casanare.

Con este balance se completan 43 personas que han perdido la vida  en siniestros viales en la ciudad, en lo que va corrido de 2023. Números visiblemente superiores al índice del año pasado, que para el 31 de agosto, tenía un total de 28 muertes violentas por eventos viales.

Aunque las cifras se han multiplicado, según lo explicó el subcomandante de tránsito de Yopal, Diego García Peralta, el número de lesionados disminuyó.

De 263 contabilizados el año pasado hasta agosto, en 2023 van 171. De todas maneras es un guarismo para tener en cuenta. Aunque no se refirió específicamente a número de eventos atendidos por día, el 28 de agosto a las 4:30 se habían atendido 12 accidentes.

La mayoría clasifican como choques simples, pero es una cifra que tiene su componente de preocupación. Por ello el funcionario reiteró su llamado a la comunidad en general, a respetar las normas de tránsito, conducir a la defensiva y no exceder los límites de velocidad.

Comentó también que la mayoría de víctimas mortales son los motociclistas y que la lesión más frecuente es el trauma cráneo encefálico severo, debido, en gran medida, a que no portan el principal elemento de protección, como es el casco de seguridad reglamentario.

De otro lado en la semana antes mencionada se expidieron 166 órdenes de comparendo. Cuarenta fueron por mal estacionamiento, 35 por falta de la revisión técnico mecánica, 24 por no utilizar el casco de seguridad, 12 por conducir con la licencia vencida, 15 por no tener Soat ni técnico mecánica vigente y 2 por manejar en estado de embriaguez.

La Empresa de Energía de Casanare dio a conocer el derrotero de suspensiones temporales del servicio, en diferentes municipios del departamento.

Estos cortes provisionales obedecen a trabajos que realiza Enerca para realizar labores tendientes a mejorar las condiciones en la prestación del servicio.

Durante lo que resta de esta semana las suspensiones se presentaran en los municipios de Maní, mañana martes de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Algunos barrios de Yopal, el día miércoles de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Para el día jueves el turno es para Villanueva y Barranca de Upía y el viernes concluye este ciclo semanal con Aguazul.

Para todos los casos consultar el reporte gráfico dado por Enerca, para precisar los sitios exactos, el día y  horario de la suspensión temporal del servicio.