El equipo femenino se quedó con la Medalla de Bronce en el XXI Campeonato Nacional de Mayores.

 María Cano, Angie Páez, Mayra Díaz y Karen Niño, bajo la dirección del entrenador Andrés Barón, lucieron con orgullo los colores del departamento y consiguieron la presea en Palmira, Valle del Cauca.

 Reconocimiento para cada una de las deportistas, padres de familia, Liga De Tenis De Mesa Casanare y entrenadores por aportar a estos procesos deportivos.        

Por fin, después de muchos años de espera el actual Gobierno nacional aprobó una partida de 18 mil millones de pesos, para la construcción de la línea de conducción de agua desde el puente La Cabuya hasta la carrera 5ª. Obra que hace parte del sistema de acueducto y que solo hasta ahora hay esperanzas de finiquitarla.

La noticia comunicó el veedor Jairo Palacios, coordinador de la veeduría del agua potable en Yopal, quien manifestó que esta gestión ya fue socializada en el Ministerio de Vivienda, que es la entidad que girará los recursos al Municipio, para que este a su vez los ejecute a través de la EAAAY.

Palacios calificó este hecho como una gran noticia para la ciudad porque desde hace años, se venía tratando de conseguir estos recursos en las esferas nacionales y no había sido posible.

Son 18 mil millones de pesos, que vienen desde el Ministerio de Vivienda, a través del convenio 1331, los detalles del mismo, según Palacios, se le darán a conocer a la veeduría en una reunión con el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro y el gerente del EAAAY, Jairo Bossuet Pérez.

Allí se debe conocer temas como el nombre del contratista, si tiene el músculo financiero para ejecutar la obra, el derrotero de la misma, entre otros aspectos.

“Estamos hablando de 18 mil millones de pesos. Es una obra muy importante porque si la planta llega a tener algún inconveniente la línea de conducción que es de 36 pulgada, queda”, subrayó el veedor.

De todas formas dijo que seguirán haciendo seguimiento a estos dineros, ahora a través de la estrategia Compromiso Colombia, que es liderada por el contralor provincial, Carlos Camargo.

En esta mesa se van a sentar el contratista, el alcalde de Yopal, el gobernador, la veeduría ciudadana y los ciudadanos que quieran hacer parte de la misma, cuyo objetivo es hacer seguimiento al manejo de estos dineros.

Justamente hablando de inversión, comentó que al proyecto de acueducto se le han destinado enormes partidas, como las destinas a las obras de protección  que colapsaron y cuyo costo estaba estimado en 12 mil millones de pesos.

Dichos trabajos  hasta el momento no han sido reparados. Para hacerlo se requieren entre 4 a 6 mil millones de pesos más.

Agregó que superado el tema monetario para la construcción de la línea de conducción, el siguiente tema son los servicios públicos, el plan maestro de alcantarillado, porque es de público conocimientos que la tubería de la ciudad es obsoleta y muy pequeña, de 18 pulgadas.

Es necesario reemplazarla por una de 36 pulgadas, para garantizar agua potable las 24 horas a aquellos sectores, donde aún no cuentan con el servicio.

Por el momento Jairo Palacios manifestó que pidieron una copia del convenio para conocer el trazado de la línea de conducción. Si va por medio de la vía o alterno por la orilla del Río Cravo Sur.

Agregó que a la partida dada desde Bogotá, se suman otros 16 mil millones asignados por la Gobernación de Casanare, para financiar las obras de protección que salen de la vereda La Vega.

“Son muchos recursos, estamos hablando de 16 mil más 12 mil millones, son 28 mil millones en obras de protección para la planta”, explicó el coordinador de la veeduría ciudadana.

Jairo agregó que este acueducto es una de las obras más caras hasta el momento. “La bolsa comenzó en 56 mil millones, asciende ahora a 98 mil millones,  más los 18 mil millones más los 16  mil de las obras de protección, suman cerca de 124 mil millones de pesos y espero que no hayan adicionales ni reformulaciones del proyecto”.

Desde Bogotá llegó el equipo técnico especializado en criminalística de la Fiscalía, para adelantar las labores urgentes y exhumar un cadáver que fue hallado en las últimas horas en un predio de Tilodirán.

Las autoridades confirmaron que se trata de Yolennyes Jiménez, una mujer de nacionalidad venezolana, quien desde el domingo pasado se encontraba desaparecida. Ella fue asesinada y luego enterrada por su victimario.

El terreno donde se encontró el cuerpo sin vida está a unos 25 minutos de la finca La Melania, de donde desapareció. El sitio fue acordonado para que el equipo de expertos venidos de la capital de la República, que cuenta con la presencia de una antropóloga forense, pueda adelantar las labores de exhumación.

La jornada comenzó desde tempranas horas de la mañana. Fue necesario rastrillar el área, para facilitar el trabajo del equipo interdisciplinario, que además cuenta con la participación la Policía y Fiscalía.

En el lugar también hacen presencia familiares de la víctima, a la espera que concluya el procedimiento.

Sale nuevamente a la escena mediática la comunidad del anillo. Nombre con el que se conoció un escándalo mediático que involucró a dos oficiales de la Policía, acusados de tener una red de servicios y favores sexuales al interior de la Escuela General Santander.

Este tema que fue de connotación nacional, luego de las denuncias hechas en 2014 por varios medios de comunicación, que investigaron el presunto suicidio de una cadete.

A la postre se dejó abierta la hipótesis que su muerte, que se dio en extrañas circunstancias, estaría liga con la posible denuncia que haría sobre estos favores sexuales, al interior de la escuela.

Hoy, nueve años después la Fiscalía anunció que una juez una juez penal de conocimiento emitió un sentido de fallo condenatorio, en contra de los coroneles en retiro de la Policía Nacional, Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela.

En la versión entregada por la Fiscalía a través de un video difundido por redes sociales, la autoridad judicial declaró a los dos oficiales retirados, responsables del delito de constreñimiento a la Constitución.

Añade el material audiovisual que un fiscal de la dirección especializada contra la violación de Derechos Humanos, demostró en juicio que el señor Castellanos Soto, frecuentó entre 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander.

El objetivo de estas visitas era contactar jóvenes para ganarse su confianza, con regalos e invitaciones a almorzar o con eventos deportivos o culturales y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales.

Menciona igualmente la información de la Fiscalía que durante el proceso fueron identificados 5 alféreces, quienes en medio de amenazas de poder continuar con su carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.

Para el caso de Torres Orjuela, quien por aquella época ostentaba el rango de mayor y quien tenía a su cargo el control de estudiantes de la escuela, intimidó a las víctimas y facilitó la salida de la institución, para que tuviera los encuentros con su superior Castellanos Soto.

Como si se tratase del segundo eslabón en una cadena de horro para la familia Jiménez, fue encontrado el cuerpo de Yolennyes, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 20 agosto.

Aunque todas las piezas de este rompecabezas apuntaban a un homicidio, aún faltaba confirmar su muerte y se hizo de la manera espeluznante.

Desde el comienzo la familia de Yolennyes presintió el fatídico desenlace. Desde el mismo día de su desaparición señalaron como presunto responsable a su expareja sentimental como autor del hecho.

También desde los albores de la investigación, manejaron la hipótesis que el cuerpo había sido enterrado, cerca de la finca La Melania, en Tilodirán, donde la víctima se encontraba haciendo unos turnos en labores de cocina y atención del personal que labora en el lugar.

Cuando las denuncias se hicieron públicas, un habitante del sector donde ocurrieron los hechos, se comunicó para informar que en esa zona se percibía un fuerte olor nauseabundo, acudieron al lugar para comenzar la búsqueda.

Las autoridades efectivamente encontraron un punto donde había tierra removida, que emanaba ese olor pestilente que el ciudadano anónimo denunció y se pudo determinar la presencia de un cadáver.

Las coordenadas se encontraban a 25 minutos aproximadamente de La Melania, en una finca vecina y en un área cercana a una laguna.

La primera solicitud del CTI de la Fiscalía es la exhumación del cadáver. Procedimiento que demanda de un equipo especializado, del cual adolece el ente investigador.  

Para solucionar este imprevisto se adelantó la solicitud a la dirección nacional de la Fiscalía. La petición concreta es que se envíe un equipo de especialistas, para que realice esta tarea. Procedimiento que tardará unos días, tiempo durante el cual la familia debe esperar para darle sepultura al cuerpo de Yolennys.

La otra preocupación que tiene la familia Jiménez es que el sospechoso de este homicidio, Luis Alberto Rivera, quien fue individualizado por la Fiscalía, emprenda la huida aprovechando que se encuentra en libertad, mientras avanza la investigación.

Mediante un comunicado la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul, ESPA, dio aviso a la ciudadanía de la capital arrocera de Casanare, que ya finiquitaron los trabajos de reparación en la bocatoma La Chichaca, que se vio afectada por la ola invernal que azotó esta población.

La labor de los operarios se centró en la reparación del tubo de 16' que había resultado averiado, así como el traslado de la rejilla para el punto de captación, luego de ser arrastrada por la fuerte corriente del río.

Asimismo, se realizaron las labores de limpieza al desarenador y demás actividades requeridas garantizar el suministro de agua a la planta de acueducto y de allí a la planta de tratamiento. Proceso que puede tardar 2 horas.

De esta forma, desde anoche se esperaba que quedara reestablecido el servicio de acueducto, en todos los sectores del municipio.

Una de las consecuencias que ha traído consigo la problemática vial de la carretera al Llano y del Cusiana, por los permanentes cierres a las que ha sido sometidas, es el retraso en la movilización de carga.

Aunque de momento como paliativo se encuentra la Transversal del Sisga, la situación de paso controlado solamente en jornada diurna que se presenta en esta carretera, no es una salida ideal.

Al igual que el efecto domino, dicha problemática pone en aprietos a otros sectores de la economía regional, como es el caso del comercio de combustibles.

Desde hace algunos días se generó una alarma en varios municipios del departamento, sobre un posible desabastecimiento de combustibles. Versión que no tenía asidero alguno y que obedeció más a rumores infundados, que pronto las autoridades desmintieron.

De todas formas este sector de la economía sí se ha visto afectado por las rémoras en la movilidad. Prueba de ello es la carta remitida al Gobierno nacional por parte de Comce Colombia, que es la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos.

Dicha agremiación que reúne a más de 2.200 empresarios y que actualmente administra el Fondo Soldicom, hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, ante los problemas de abastecimiento que tienen sus asociados del departamento de Casanare.

La afirmación la sustentan en una comunicación recibida de sus afiliados, donde se menciona que los distribuidores minoristas han tenido dificultades para acceder al combustible, debido a que no están autorizados para el cargue del producto en la planta Apiay.

También advierten sobre las situaciones que se pueden presentar, con aquellos empresarios que no hacen parte del grupo Terpel, que es la firma propietaria de la mencionada estructura ubicada en Pompeya, zona rural de Villavicencio, muy cerca del casco urbano de la capital metense.

Ante estos inconvenientes Comce manifestó que ha sido informado que el Gobierno nacional está trabajando en medidas alternas.  Es por ello que la agremiación pidió conocer de primera mano, cuáles son esas gestiones que se vienen haciendo, para solucionar esta contingencia.

También considera oportuno tener la posibilidad de exponer la opinión y posiciones del gremio, frente a dicha problemática. Situación, que en su concepto, ayudaría a evitar la especulación que se presenta a raíz de la emergencia vial.

La comunicación está firmada por Raúl Fernando Núñez Marín, presidente gremial de Comce Colombia.

Las instituciones educativas deben estar alejadas del escenario político. Así lo repitió una y otra vez la secretaria de educación del departamento Elizabeth Ojeda, frente a los medios que llegaron presurosos a la rueda de prensa.

Era necesario entablar diálogo con los periodistas, para aclarar unas denuncias ciudadanas que giraban en torno de unas fotografías, que grabaron para la posteridad los rostros de unos estudiantes y un par de docentes, recibiendo unos equipos de cómputo.

La nota hubiese pasado desaperciba si una de esas fotos no estuviese estado adornada con un pendón de Marisela Duarte, candidata a la Gobernación de Casanare. De inmediato como el fuego sobre la pólvora, este contenido encendió las redes sociales, que ardieron de críticas y señalamientos.

Pronto al contenido visual se agregaron datos adicionales, que a simple vista no se podían corroborar, pero que no faltó quien los diera por verídicos.

Una de esas afirmaciones apuntó a que los portátiles hacían parte de las entregas que hace el Gobierno nacional, a través del programa Computadores para Educar.

Difícil emitir un juicio basado solo en una imagen, donde la distancia hace imperceptible al ojo humano el sello de la iniciativa estatal. Ni haciendo un acercamiento, se puede comprobar este dato.

Para despejar las dudas de los comunicadores Ojeda Rodríguez comenzó por recalcar que las entregas de Computadores para Educar, se hacen a través de las entidades certificadas,  como las secretarías de Educación de Yopal o de Casanare, que son las únicas en el departamento que tiene este estatus.

Sin embargo existen unas excepciones a la regla. En algunas oportunidades se ha hecho el ejercicio a través de algunas competencias que tienen los municipios. Eventualmente este material puede ser entregado por este mecanismo.

En cualquiera de los casos la secretaria subrayó que las instituciones educativas reciben estos equipos  a través de actas. De esta manera son incorporados en los inventarios de bienes de la institución educativa.

Esta misma normativa se aplica para la Gobernación. Trajo a colación los 20 equipos, que fueron incorporados a los bienes del Departamento y que desde este jueves 24 de agosto,  serán entregados a los rectores de los colegios, a los que fueron asignados.

Porque estos laptos como se les conoce en lenguaje informático, vienen con asignación específica para cada colegio.

Explicado este tema, Ojeda Rodríguez entró de lleno a responder el interrogante principal, las denuncias sobre el tinte proselitistas de dos entregas, una en Nunchía y otra en Paz de Ariporo.

Al respecto mencionó que ya iniciaron la revisión de las posibles evidencias. Actividad que es el preámbulo de las investigaciones de rigor que se harán, porque entre otras cosas realizar este trámite es obligación del despacho que ella dirige.

Mientras se conocen los resultados de este trabajo de revisión e investigación, recordó que ningún funcionario público puede participar en un escenario político. La normatividad colombiana lo prohíbe rotundamente.

Agregó que fue requerida la rectora de la institución educativa de la cual hace parte la sede de Vijagual, en Nunchía, para conocer su versión de los hechos e indagar qué fue lo que realmente sucedió.

Igual procedimiento se cumplirá con la escuela de la zona rural de Paz de Ariporo, de donde llegó una queja similar.

No descartó que se puedan recibir donaciones, porque en muchos colegios del departamento se carecen de equipos de cómputo. Bienvenidas esta loables acciones, pero no se puede permitir que esta noble causa se tome como excusa para incluir a los niños en proselitismo político.

Esta actitud en nada beneficia a las campañas, pero si expone a los menores de edad, a un escenario que debería ser ajenos para ellos. Por eso el llamado fue para los educadores y directivos docentes, para que mantengan al margen a las instituciones educativas y a los niños, de todo tipo de manifestación política.

Esta recomendación se hará vía circular. El llamado es a que no comentan imprudencias en este sentido, porque están jugando con su propio puesto de trabajo.

En un comunicado a la opinión pública, se advirtió sobre los ataques de los cuales ha sido víctima la candidata a la Gobernación, Marisela Duarte, con la publicación de fotografías y mensajes de audio falsos que circulan por redes sociales y cuyo único propósito es desinformar a la ciudadanía.

Para la gerencia de la campaña este tipo de mensajes son malintencionados. Así mismo se aseguró que estos hechos ya fueron denunciados a las autoridades competentes, para que realicen las respectivas investigaciones y establezcan el origen de los mismos.

De igual forma reiteraron su compromiso con la promoción de un ejercicio responsable y transparente, por eso reiteró a sus equipos de trabajo, seguidores y simpatizantes, el respeto a la normatividad que regula el uso de espacios e instituciones públicas, para la utilización de propaganda política.

Recordó que basados en la ley la regulación de todo este tema de la promoción y divulgación de mensajes políticos, corresponde a los alcaldes y registradores municipales, a través de un acto conjunto motivado, regular la forma, características, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir este tipo de propaganda.

También precisaron que se dio la directriz, de prohibir la presencia de presencia de niños o adolescentes en los contenidos comunicativos, sobre la campaña.

En caso de usar un menor de edad deberá contar con la previa autorización de sus padres de familia o representante legal, para evitar incurrir en una falta grave, que vulnere los derechos e integridad de esta población.

“Por lo anterior, la dirección de esta campaña política se permite informar a sus equipos de trabajo, que quien incumpla con la normatividad expuesta será retirado de esta labor y deberá asumir públicamente el respectivo daño o perjuicio causado”, concluyó el escrito firmado por Wilmer Garcés, gerente de la campaña.

En una auténtica tormenta mediática se encuentra el capitán Juan Camilo Quintero Santiago, comandante del Cuarto Distrito en la estación de Policía de Trinidad, por cuenta de un video que se difundió en redes sociales.

El audiovisual registra el momento en que una auxiliar de la institución, sale de manera cautelosa del aposento del oficial. Este hecho ya generó las respectivas investigaciones disciplinarias y administrativas por parte de la Institución.

La grabación se habría hecho al parecer durante el fin de semana, por parte de otros uniformados. Sin embargo, a este caso le emergen otras aristas que trascienden los límites del terreno disciplinario.

Por un lado quienes grabaron el video, ahora son señalados por presunta participación en la revictimización de la joven auxiliar. Hecho que se originó por la divulgación del material audiovisual, a través de Internet. Y en el caso de la afectada, se ordenó acompañamiento psicosocial, por parte de la entidad policial.

Por su parte el Departamento de Policía Casanare emitió un comunicado, donde se confirma que el capitán Quintero fue separado de su cargo de manera inmediata y que se dio inicio a un proceso disciplinario, que estará a cargo de una unidad móvil, que será la encargada de recolectar las pruebas documentales y testimoniales correspondientes a este caso.