Duras declaraciones dio la secretaria general de la Asamblea Departamental, Diana Jarro, como respuesta al pronunciamiento que hizo el presidente de la Corporación, Jorge Eduardo García, con respecto a las denuncias de acoso laboral, donde el diputado ha estado en el ojo del huracán.

Jarro dio a conocer en días pasados un supuesto caso de acoso laboral, por parte del presidente de la Asamblea, ante la comisión de ética de esta Corporación, y a través de medios de comunicación.

Ante estas denuncias García reclamó el derecho a la réplica y en declaraciones a distintos medios de comunicación, negó la situación y por el contrario se declaró víctima de un acoso mediático.

El primer tema abordado por la secretaria quien es abogada de profesión, estuvo relacionado con el tema del trámite interno que deben cumplir los proyectos de ordenanza.

Indicó que le ordenaron enviar tres informes de ponencia y que por equivocación los remitió a algunos diputados, que no hacían parte de la comisión de presupuesto y hacienda pública, quienes debían iniciar los respectivos debates.

Sin embargo este yerro se solucionó rápidamente, sin mayores contratiempos. Basada en estas afirmaciones desvirtuó lo dicho por García ante los medios de comunicación, en donde dijo que, por culpa de ella, la fecha del proyecto de ordenanza 014 se había modificado en tres ocasiones.

Otro punto sobre el cual hizo referencia, fue sobre unos mensajes de What´sApp, donde el presidente de la Corporación, señaló que recibió mensajes oprobiosos. La secretaria recalcó que ha sido el presidente de la Asamblea, quien la ha sometido al escarnio público y puesto en vilo su trabajo.

“Nunca me he caracterizado por ser un profesional despótica, ni grosera, ni atrevida, por el contrario aguanté todo este tiempo, casi seis meses, pidiéndole permiso para todo”, precisó Diana Jarro.

En cuanto a la suspensión de funciones, expresó que el año pasado le fue otorgada la facultad de ser la supervisora de los contratistas y este año dicha labor le fue denegada.

Para Jarro esta situación conllevó a que presuntamente, los profesionales contratados no acaten las solicitudes de la secretaria general. De esta manera ya no ejerce como jefe de talento humano de la Asamblea. Ahora el presidente es quien contrata supervisa y quien liquida.

También se refirió a un supuesto trámite indebido a los proyectos de ordenanza. Subrayó que no es cierto, que es él quien ha incurrido en esta práctica.

Mencionó que el reglamento interno de la Corporación estipula que el ponente del proyecto de ordenanza, es quien debe entregar el informe de ponencia al presidente de la Asamblea y éste a su vez se encargará de hacerlo llegar a los demás diputados.

“Él nunca lo hace, soy yo quien lo hace. Soy yo la que tengo que rogar para que me envíen un informe de ponencia, para poder cumplir con los términos que establece el reglamento interno”.

Pero como toda regla tiene su excepción, de los 16 proyectos de ordenanzas tramitados en lo que va corrido del presente año, existen dos propuestas, la primera es la 014, que tiene como objetivo trasladar unos recursos a Capresoca 014 y la otra es la 016, que personalmente García ha diligenciado, conforme a lo consagrado en la ley.

Ahí surge otra controversia, porque la secretaria sostuvo que con este proceso en particular de los dos proyectos citados, el diputado la culpa de torpedear este proceso y darle un trámite inadecuado, situación que ella negó tajantemente.

“Es una afirmación tendenciosa. Es una afirmación perversa con la cual quiere hacer ver que soy una mala profesional, que no hago mi oficio”.

También desmintió el supuesto respeto por las mujeres, que hizo público el diputado.  “Esa afirmación es más falsa que todas las anteriores. A mí me ha sometido en el curso de este año, a diferentes actos de acoso, de discriminación, de persecución, de sabotaje”

Situación que recordó, se encuentra plasmada en un oficio, donde dio a conocer los actos de sabotaje en su contra por parte de los empleados, traducidos en negarle el acceso a la información y a hacer caso omiso a los requerimientos de la Secretaría General.

Incluso reveló que conoció por intermedio de otro diputado, de quien se reservó el nombre, que el presidente había comentado, que tuvo que tomar estas medidas en contra de la secretaria, para evitar que el también vicepresidente de la Corporación, Carlos Fredy Mejía, siguiera manejando la presidencia de la Asamblea por interpuesta persona.

La cereza del pastel  de la discordia, fue una incursión indebida en la vida personal de la funcionaria. Según Diana Jarro tuvo “la cobardía de afirmar que yo era la amante del diputado Carlos Fredy Mejía. Eso es violencia psicológica. Eso es violencia emocional contra la mujer y eso dio lugar a que me incapacitaran por tres días”.

Finalmente la secretaria de la Asamblea recalcó que todo este lío debe llevarse a los entes de control y a la Fiscalía. De todas formas aclaró que esta situación debió manejarse con altura al interior de la Corporación.

Un nuevo caso de supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito y  miembros de la Policía Nacional, denunció el veedor Julián Llanos.

En esta oportunidad la situación se presentó sobre la calle 40, en cierre vial comprendido entre la diagonal 15 y la carrera 21 de Yopal, donde se adelantan obras sobre la calzada, para solucionar una problemática de alcantarillado que hay en este sector.

Según el denunciante transitaba por el lugar y se encontró con un puesto de control de movilidad, el cual calificó como ilegal, porque no hay argumento jurídico que diga lo contrario.

Cuestionó la ubicación del mismo. Según lo expresado por Llanos, fue instalado después de una curva, lo que deja a los conductores ad portas de generar un accidente o su defecto a una contravención, en el momento que quieran esquivarlo.

En su narrativa cuenta que se acerca a evidenciar la situación y se encontró con tres agentes de tránsito. Mencionó que uno de ellos era de apellido Vergara, los otros dos no fue posible conocerlos porque uno no porta identificación y el segundo no quiso identificarse.

Junto a ellos estaba una joven practicante del Sena. Con ella entabló un diálogo pedagógico sobre veeduría y capacitación en materia de tránsito, tanto para la ciudadanía como para las autoridades para que no se extralimiten en sus funciones.

Estando en esta situación observó que el agente Vergara estaba tramitando una contravención, desde un vehículo sin documentos. Como represalia la autoridad de tránsito se percató que  la moto del veedor tenía caída una direccional.

Ese fue el punto de partida para realizarle un comparendo. Llano dijo que demostró que la direccional funcionaba perfectamente, pero Vergara haciendo caso omiso a las palabras del veedor, le comunicó que debía inmovilizar la motocicleta.

Ante el inconveniente los agentes llamaron a la Policía, que según Julián Llanos se encontraba instrumentalizada para atropellar a la ciudadanía.

En un último esfuerzo por evita que se llevaran su moto, el veedor se negó a bajarse del vehículo, argumentando el debido proceso. Invocó los derechos que como conductor le confiera la norma.

Para estos casos aseguró que el afectado dispone de 60 minutos para subsanar la situación. Ante la negativa, comunicó que se acogía al comparendo por desacato a la autoridad de tránsito.

Sin embargo fue fútil esta propuesta, porque Llanos aseveró que las autoridades allí presentes, desconocen la ley. Explicó que dicho recurso jurídico genera una comparecencia a la Secretaría de Movilidad, donde un inspector será quien tome una decisión sobre el caso.

Recalcó que ningún miembro de la Policía tiene la orden de bajar a nadie a las malas de su vehículo. Que si no lo van a dejar transitar, el usuario puede llamar a un vehículo de cargar para transportar su automotor y subsanar el origen de la infracción.

Añadió que instrumentalizaron a la Policía para que lo agredieran. Pese a que les advirtió las consecuencias de esta acción, al final terminan haciéndolo y dañándole el celular.

“Uno de los policías en el mal uso de la fuerza, se ensaña contra el celular y me suben a la panel esposado” manifestó Julián, quien también sostuvo que un patrullero alegó que el veedor lo mordió y que cuando llegaron a la URI le leen los derechos, como capturado por agresión a servidor público.

Así mismo comentó que le informaron que iban a llevar al patrullero a una valoración en Medicina Legal, porque se le había partido una uña.  

Luego le anunciaron que le iban a hacer una orden de comparendo por desobedecer orden de Policía. Proceso en el cual recalcó, que nuevamente evidenció la falta de conocimiento por parte de la autoridad.

 “Se demoran 2 horas tramitando el comparendo porque no sabían cómo hacerlo, llegaron otros cuadrantes para ayudarlos”.

También mencionó que no le dejaron presentar los alegatos ni la apelación, por lo que violaron el debido proceso de imposición de comparendo por ley de convivencia ciudadana. Finalmente le comunican que se puede ir.

Julián alega que en este caso se tipificaron varios delitos como el desplazamiento forzado, una privación de ilegal de la libertad, abuso de función pública, extralimitación de funciones, agresión a líder social defensor de Derechos Humanos, entre otros.

A la postre la moto fue trasladada a los patios de Setty, sin un inventario. Hecho que le preocupa porque dijo que en el vehículo tenía unos elementos costosos y herramientas que utiliza en su trabajo diario, vinculado con el tema de cámaras de seguridad.

Adicionalmente manifestó que basado en la información del RUNT, la grúa con la que se levantó su motocicleta, no cuenta con una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual.

Lo anterior significa que cualquier avería que sufra el vehículo en su traslado, no hay garantía para el ciudadano y lo van exponer  a un proceso legal por daños y perjuicios.

Por último expresó que hoy adelantará el trámite para sacar su motocicleta de los parqueaderos de SETTY, diligencia que transmitirá en directo por sus canales de redes sociales, como elemento pedagógico para que la comunidad conozca en detalle cómo debe realizar este tipo de procesos.