Danilo Fernández, integrante del comité cívico por la defensa de lo público, señaló ante el Concejo Municipal que en Yopal no se estaría aplicando la ley 1480 de defensa del consumidor en materia de control de precios, pesas y medidas.

Fernández indicó que Casanare es el segundo hato ganadero de Colombia, pero la carne en Yopal cuesta 30.000 pesos el kilo, mientras en Bogotá se consigue entre 27.000 y 28.000 pesos.

La misma situación se presenta con el arroz, que se vende en Yopal entre 4.200 y 4.500 pesos la libra, frente a los 3.800 y 4.000 pesos que cuesta en la capital de la República.

El representante del comité manifestó que la responsabilidad de aplicar la ley en el nivel local está en cabeza del alcalde, el personero y el secretario de gobierno, pero que en Yopal no existe una oficina de control de precios, pesas y medidas.

Fernández afirmó que durante un año ha verificado pesas en supermercados, graneros y tiendas, encontrando que productos vendidos como un kilo pesan entre 1.060 y 1.100 gramos.

Para Danilo este incremento en la medida no es un gesto de generosidad por parte del fabricante o el comerciante. Manifestó que, en realidad, el producto pesa 900 gramos y la balanza está manipulada para que refleje un peso superior al kilogramo.

Según sus cálculos, esto representaría un perjuicio de 500 millones de pesos diarios para los consumidores de Yopal.

También solicitó al Concejo que remita un documento a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las botellas de cerveza Coronita, que se cobran a 274 pesos por unidad a los consumidores,  pero no son recogidas por empresas de aseo ni recicladores, acumulándose en el relleno sanitario.

El ciudadano pidió a los concejales ejercer control político sobre el alcalde y demás funcionarios para que cumplan con la función de vigilancia de precios, pesas y medidas establecida en la ley.

La Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Yopal viene tramitando la documentación ante la Unidad de Contratación para iniciar la fase final del proceso de demolición de las Torres del Silencio.  Harbey Ramírez, director de esta dependencia, informó que el procedimiento se ajustará a los términos de la Ley 80 de Contratación Pública.

El método de demolición seleccionado es el neumático mecánico, el cual consiste en el uso de retroexcavadoras con martillo percutor para la fractura del concreto. Esta técnica fue establecida previamente en los estudios de patología estructural.

Las características de la obra incluyen frentes de trabajo: que va a operar de manera operación simultánea. El tiempo estimado de los trabajos es de 45 días tras el inicio de las labores de campo y se implementará un plan de manejo para el control de ruido y polvo.

La Secretaría de Infraestructura utilizará los residuos resultantes como material de subbase para el mejoramiento de vías terciarias del municipio.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las restricciones que impone la ley de garantías, las cuales impiden la suscripción de un convenio con ingenieros militares para estas labores.

Subsidios de arrendamiento

Con relación a la atención a las familias beneficiarias de Torres del Silencio, se confirmó la prórroga del subsidio de arrendamiento por un segundo trimestre.

En marzo finaliza el primer ciclo de tres meses de ayuda. Los recursos para el segundo periodo se coordinaron con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Ramírez sostuvo  que aún hay siete familias que no han presentado la documentación o reclamado el pago; una de ellas presenta complicaciones de salud que han retrasado el trámite.

Un siniestro vial registrado en la madrugada del pasado 20 de enero dejó como saldo una persona lesionada en el trayecto que del casco urbano de Tauramena conduce hacia Villa Rosa.

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, la principal hipótesis del accidente apunta a que el conductor perdió el control de la motocicleta, lo que provocó su caída sobre la calzada.

Al lugar de los hechos se desplazó una unidad de atención prehospitalaria para asistir al motociclista, quien presentaba heridas en las vías aéreas y múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Tras la valoración inicial e intervención en el sitio, el personal de socorro logró estabilizar al paciente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local de Tauramena para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades competentes analizan si factores como el estado de la vía, la visibilidad nocturna o fallas mecánicas influyeron en que el conductor no pudiera maniobrar correctamente su vehículo.

Tras una serie de mesas de trabajo entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), la Personería y líderes comunitarios, se anunció un plan conjunto para resolver las deficiencias en el servicio de agua potable del corregimiento de Morichal.

El acuerdo, establecido con la Secretaría de Infraestructura Municipal y la EAAY contempla dos acciones inmediatas como diagnóstico técnico, donde se hará una evaluación del estado actual de las redes de conducción hacia el centro poblado.

Adicionalmente la empresa va a elaborar una caracterización de usuarios. Un censo detallado por parte de la EAAAY para determinar la demanda real de la población.

Diego Fernando Ramírez, agente interventor de la EAAAY, explicó que estos estudios permitirán definir si la presión actual del sistema es suficiente para abastecer a la comunidad. Según el cronograma oficial, se espera que la problemática esté plenamente resuelta para la primera semana de abril.

La Policía Nacional informó sobre la captura en Aguazul de un hombre requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chámeza por el delito de hurto calificado y agravado.

Mediante labores investigativas, las autoridades ubicaron y detuvieron al indiciado, señalado como responsable de varios hurtos a fincas. Según las autoridades, el sujeto ingresaba de forma violenta a las propiedades, reducían a las víctimas, las encerraba en habitaciones y hurtaba sus pertenencias.

El capturado presenta 11 anotaciones en el SPOA por los delitos de hurto calificado, violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo.

Mediante mesas de trabajo entre la comunidad, Gobierno departamental y las directivas de Capresoca, se viene trabajando en la búsqueda de una solución a la crisis de salud que padecen los usuarios de la dicha EPS.

Así lo manifestaron Oswaldo Malpica y Alexis Betancourt, delegados de los usuarios. Las mesas de trabajo son el resultado del plantón organizado por afiliados de la comunidad de Monterrey, quienes desde muy temprano en la mañana se hicieron presentes frente a las instalaciones de entidad.

Agregaron los delegados que el gobernador César Ortiz Zorro se comprometió a escuchar nuevamente a la comunidad, el próximo 27 de enero.

Otro logró mencionado está relacionado con la suscripción de un convenio entre Capresoca y el Horo, para que la institución hospitalaria atienda a los pacientes afiliados a la mencionada EPS.

También se precisó que adicionalmente se habló de la ruta de la atención oncológica, la entrega de medicamentos. Temas que vienen siendo analizados con el fin de encontrar una solución y poder fin a esta adversidad.

De todas formas reconocieron que existen algunas temáticas que son de manejo interno de las instituciones y que por ley deben cumplir con algunos trámites.

No obstante, expresaron que el problema más grande de Capresoca son los más de 200 mil millones de pesos, que tiene de deuda con los diferentes prestadores del servicio de salud. Especificaron que, de esa suma, 20 mil millones se adeudan a empresas casanareñas.

Indicaron que esta cartera morosa ha conllevado a que las entidades prestadoras se rehúsen a contratar con Capresoca. Situación que se traduce en una pérdida de confianza en la EPS.

Si embargo, pese al panorama poco alentador, se viene cumpliendo con algunos de los compromisos adquiridos en este primer ciclo de reuniones, los cuales están sujetos a las actuales circunstancias en las que se encuentra la empresa.

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió el boletín número 8, en el cual informa que 15 comités inscriptores de candidaturas por firmas cumplieron con el requisito mínimo de apoyos necesarios para participar en la contienda presidencial.

De acuerdo con el informe oficial, de los 91 comités registrados inicialmente, 22 presentaron formularios de apoyo. Tras el proceso de verificación, se determinó que 15 alcanzaron el umbral legal, 6 no cumplieron con el mínimo y un aspirante, Héctor Olimpo Espinosa, retiró su candidatura. Según la Ley 996 de 2005, cada comité debía presentar al menos 635.216 firmas válidas.

Candidatos y comités que cumplieron el requisito

Santiago Botero (Romper el sistema)

David Luna (Firme Luna presidente - Si hay un camino)

Abelardo de la Espriella (Defensores de la patria)

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia)

Luis Gilberto Murillo Urrutia (Luis Gilberto soy yo)

Claudia López (Con Claudia imparables)

Mauricio Lizcano (Firme con Lizcano)

Daniel Palacios (Rescatemos a Colombia)

Vicky Dávila (Movimiento Valientes)

Aníbal Gaviria (Unidos- La fuerza de las regiones)

Carlos Caicedo (Caicedo)

Leonardo Huerta (Colombia una nueva historia)

Carlos Felipe Córdoba (Volvamos a confiar con Pipe Córdoba)

Sondra Macollins (Sondra Macollins, la abogada de hierro)

Juan Daniel Oviedo (Con toda por Colombia)

Candidaturas no certificadas y denuncias

La entidad informó que los comités de Alexander Francisco Henao (Grito de independencia la monarquía), Henry Humberto Martínez (Huellas por Colombia), Mihaly Flandorffer Peniche (Uno), Pedro Agustino Rosado (Yaheh gente como tú), Pedro Pablo Díaz (Nueva Colombia) y Ernesto Sánchez Herrera (Grupo significativo presidencial) no alcanzaron el número de apoyos requeridos.

Adicionalmente, la Registraduría anunció que presentará denuncias contra los grupos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao tras detectar irregularidades como formularios en blanco, fotocopias, firmas hechas por una misma persona y formatos impresos desde archivos digitales.

El periodo formal de inscripción de candidatos iniciará el 31 de enero y finalizará el 13 de marzo de 2026.

La Secretaría de Educación Municipal informó que el calendario escolar para el año lectivo 2026 iniciará el próximo 26 de enero.

Aunque el sistema de matrículas en instituciones públicas permanece abierto de forma permanente, la entidad instó a los padres y acudientes a formalizar el registro antes de dicha fecha para garantizar el ingreso oportuno de los estudiantes.

La convocatoria abarca los niveles de prejardín hasta grado once, así como los programas de educación para jóvenes y adultos en modalidades sabatina y nocturna.

Proceso de solicitud

De acuerdo con David Díaz, secretario de Educación, el trámite debe realizarse directamente en cada institución educativa. Cada colegio es responsable de verificar la disponibilidad de cupos y procesar la documentación de los aspirantes.

La Secretaría de Educación actuará únicamente como ente de orientación y acompañamiento en caso de dudas sobre el proceso.

Requisitos y documentación

Para la formalización de la matrícula, los interesados deben presentar una carpeta de cuatro solapas con los siguientes documentos:

• Registro civil del estudiante.
• Dos fotografías tipo carné.
• Copia del carné de vacunación.
• Certificado de afiliación a EPS.
• Último boletín de notas académicas.
• Copia de la cédula de ciudadanía del acudiente.
• Recibo de un servicio público domiciliario (luz, agua o gas).

La Administración municipal enfatizó que realizar el proceso antes del 26 de enero busca evitar dificultades en la adaptación pedagógica de los alumnos y asegurar la cobertura desde el primer día del calendario académico.

La Alcaldía de Yopal anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación en el corredor de Matepantano, en el tramo comprendido entre la calle 11 y el sector la subasta ganadera. Según los registros oficiales, esta zona no recibía una intervención técnica de estas proporciones desde hace 20 años.

Durante la socialización del proyecto, el alcalde Marco Tulio Ruíz detalló que la obra contempla. Dio que se pavimentarán 4.5 kilómetros de vía. Se hará una ampliación de la calzada de 6 a 7,3 metros de ancho y se instalarán luminarias fotovoltaicas, al igual que la construcción de senderos peatonales y sistemas de manejo de aguas.

El proyecto fue aprobado a través del OCAD Paz con una inversión que supera los $10.000 millones de pesos. La ejecución estará a cargo del Consorcio Matepantano MYM, con un cronograma de trabajo estimado en seis meses, iniciando en los próximos días.

La administración municipal establecerá un plan de movilidad para regular el tránsito vehicular y minimizar la afectación a las actividades comerciales del sector. Asimismo, se informó que el proyecto priorizará la contratación de mano de obra local.

A la jornada de socialización asistieron delegados de Unisangil, los barrios Villa Lucía, Santa Martha y Xiruma, así como representantes del Concejo Municipal y líderes comunitarios.

El Cuerpo de Bomberos de Monterrey reportó la atención de un siniestro vial, que se presentó en la carretera que conduce del casco urbano hacía el sector de la vereda Palmira.

Según la información compartida por el organismo de emergencia el afectado fue un motociclista, quien recibió atención prehospitalaria por parte de los socorristas, que conllevó la inmovilización espinal, control de hemorragias, vendaje compresivo y monitoreo de signos vitales durante el traslado al centro de salud de Monterrey.

No se entregaron más datos sobre las causas del accidente. La información concluyó indicando que el paciente fue entregado al personal médico consciente y en condición estable, quedando bajo observación y manejo especializado.