Muy temprano en la mañana cuando la luz del solo apenas se deja ver en el horizonte, un grupo de usuarios de Capresoca se apostaron frente a las instalaciones de la entidad.

El objetivo era claro, pedirle a la EPS que mejore el servicio de les presta a los usuarios, tanto en el tema de atención en salud, como en lo referente a la entrega de los medicamentos.

Paralelo a estos reclamos, ese lunes 19 de enero, se conocieron otro tipo de vicisitudes que deben afrontar los adultos mayores y que fueron dados a conocer por la vocera de esta población proveniente del municipio de Monterrey, Alba Rocío Rosas Gutiérrez.

Mencionó que una rémora que deben afrontar las personas de la tercera edad en el campo de salud, son los desplazamientos, bastante frecuentes, desde su población hasta Yopal, para acudir a citas médicas especializadas.

Rosas Gutiérrez recalcó que existe una situación que no ha sido tenida en cuenta y son los gastos de transporte, no solo del paciente, sino de una persona acompañante, que para este tipo de población es más que necesaria.

“Es importante que se entienda que el adulto mayor debe traer un acompañante. No hay transporte, no hay medicinas y muchos de estos adultos mayores presentan una complejidad de segundo y tercer nivel, que complica la situación. Muchos de ellos están en cama, no hay pañales y muchas de las citas no les cumplen”, expresó Alba Rocío Rosas.

Sobre este último punto hizo hincapié, asegurando que no es justo que les suceda este tipo de situaciones. “Es inhumano, no son capaces de cancelarles la cita. La gente se va, a veces, haciendo maromas para conseguir la plata del transporte porque no les dan transporte y llegan y les dicen no hay cita. Por lo menos llámenlos y díganles que no viajen porque no hay cita”.

También cuestionó la actitud pasiva de la entidad. “Nos dicen que esperemos, pero la enfermedad no da espera. Esta población está totalmente excluida”, concluyó la vocera de los adultos mayores de Monterrey.

Un llamado a la justicia colombiana hizo Jorge Orlando Sepúlveda Villabona, conocido como "alias Málaga", quien actualmente se encuentra recluido en el centro carcelario de La Guafilla.

En su relato, difundido por redes sociales, manifestó que fue destinatario de acusaciones infundadas respecto a un doble homicidio ocurrido en la vereda La Niata en enero de 2025.

Ver: Pareja de adultos mayores fue asesinada en aparente caso de hurto en La Niata

Para esa fecha se perpetró un brutal doble homicidio contra una pareja de adultos mayores en dicha zona rural de Yopal. Al parecer los móviles de este atroz crimen, fue el hurto del producido del día de la tienda propiedad de las víctimas.

Sepúlveda Villabona informó que su captura se hizo efectiva el 27 de enero de 2025 bajo el cargo de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. 

Ver: Detienen a sujeto que portaba un arma fuego asociada al asesinato de una pareja de adultos mayores en La Niata

Según el detenido, tras su captura, el secretario de Gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, lo señaló en declaraciones públicas como posible responsable del homicidio de dos adultos mayores en la zona rural de la ciudad.

El procesado sostiene que, tras consultar con la Fiscalía Octava, Unidad de Vida, la entidad le comunicó que no existe una investigación en su contra por dichos homicidios ni pruebas que lo vinculen con el hecho.

Debido a esto, Sepúlveda precisó que instauró una demanda contra el secretario de Gobierno para solicitar la rectificación de su imagen pública.

Incidentes posteriores

En su testimonio, Sepúlveda denunció que el 5 de febrero de 2025, pocos días después de su captura, su esposa, Jaqueline Hernández, sufrió un atentado, donde le propinaron seis impactos de bala por parte de un desconocido.

Por su parte, la esposa del detenido manifestó que el informe policial que vincula a Sepúlveda con los hechos de La Niata fue redactado de manera incorrecta por los agentes que atendieron el caso. Ante esta situación, solicitó formalmente a las autoridades locales para que gestionen la venida a yoppal de un investigador desde Bogotá para garantizar la transparencia del proceso y aclarar lo ocurrido el 19 de enero de 2025, día en que fueron asesinados los dos adultos mayores.

El origen del arma

Por su parte, Gerson Miguel Orjuela Parra, un soldado retirado y en condición de discapacidad, también se pronunció por redes sociales, para aclarar la procedencia del arma por la cual Sepúlveda está detenido.

Orjuela sostuvo que compró la escopeta en el parque de la Estancia de Yopal a un tercero. Posteriormente, le vendió el arma a Sepúlveda Villabona para obtener un beneficio económico

Agregó que Sepúlveda no participó en el hurto ni en el asesinato de los dos adultos mayores y afirmó que ya entregó estas pruebas bajo juramento ante la Notaría y la Fiscalía.

Ahora solo resta esperar que la investigación avance, que las autoridades se pronuncien, pero, sobre todo, que se haga justicia.

La Policía del departamento de Casanare, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), hizo efectiva una orden judicial contra un hombre requerido por el delito de homicidio.

De acuerdo con la información suministrada por el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del departamento, el detenido era solicitado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo.

Los hechos que motivaron la captura ocurrieron el 24 de enero de 2024 en la finca El Recuerdo, ubicada en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal.

En dicho lugar, el capturado presuntamente agredió a su hermano con un arma cortopunzante, causándole la muerte de manera inmediata.

Esta captura se realizó en el marco de las estrategias de seguridad ciudadana y cumplimiento de órdenes judiciales de la institución. La Policía Nacional vinculó este resultado operativo a las acciones de vigilancia por el inicio de la temporada escolar, con el fin de fortalecer la convivencia y la seguridad en los entornos comunitarios del departamento.

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó formalmente al Gobierno Nacional la implementación de una estrategia de intervención para proteger la comercialización de la cosecha que inició este mes de enero.

La petición se dio tras una serie de reuniones entre el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y el viceministro de Comercio, Tito Yepes.

El dirigente gremial planteó la necesidad prioritaria de retirar 250.000 toneladas de arroz de los inventarios actuales para descongestionar el mercado.

Según el reporte de Fedearroz, la sostenibilidad del sector se encuentra bajo presión debido a una combinación de factores externos, entre los que destacan el bajo precio internacional del grano, la depreciación del peso colombiano frente al dólar y el incremento del contrabando.

Durante los encuentros, Hernández Lozano enfatizó que se requieren mecanismos de financiamiento específicos para la compra de la cosecha y el fortalecimiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA), con el fin de reducir los costos de producción que asumen los agricultores.

En materia de comercio exterior, la Federación solicitó al Ministerio de Comercio la aplicación de salvaguardias, incluyendo la cambiaria dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN). Esta medida busca mitigar el impacto de la tasa de cambio en la competitividad del arroz nacional frente a las importaciones.

Finalmente, el gremio advirtió que el control efectivo al contrabando debe tratarse como un asunto de seguridad nacional.

Según Fedearroz, este delito facilita el lavado de activos y genera una competencia desigual para los productores colombianos, especialmente en zonas donde el arroz funciona como sustituto de cultivos ilícitos.

El gremio espera que estas medidas aseguren la estabilidad de los ingresos de los productores y la seguridad alimentaria durante el 2026.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal se pronunció sobre la nueva emergencia presentada en el complejo deportivo Los Hobos, donde un enjambre de abejas generó pánico entre las personas que acudieron al lugar para adelantar prácticas deportivas.

Basados en la información entregada por el organismo de socorro la emergencia tuvo lugar el pasado domingo 18 de enero a las 4:52 de la tarde. La situación obligó a las unidades de bomberos que acudieron al lugar, a evacuar cerca de 300 personas que se encontraban a esa hora en el complejo deportivo, de las cuales 50 presentaron picaduras.

l enjambre fue ubicado por los rescatistas, quienes también entregaron recomendaciones a los asistentes y el personal de seguridad. Igualmente, solo se permitió el ingreso de público al área afectada después de las 8 de la noche, con el fin que pudiesen retirar sus pertenencias.

No obstante, durante la mañana de este lunes 19, sobre las 6:36 de reportó otro ataque similar en la misma zona de Los Hobos.

Las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial la noche del sábado 17 de enero, aproximadamente a las 11:30 p. m., que involucró a un vehículo de carga y una motocicleta. El incidente tuvo lugar en la vía que conecta al municipio de Aguazul con el departamento de Boyacá.

El informe preliminar señala que el motociclista, identificado como Jesús Parra, de 27 años, impactó contra el costado de un camión que circulaba en sentido opuesto. Como consecuencia del choque, Parra fue diagnosticado con un trauma craneoencefálico severo.

Respecto a las causas del evento, la hipótesis principal que evalúan los investigadores sugiere una presunta invasión de carril por parte del conductor de la motocicleta. El caso permanece bajo análisis para determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras se encontraba hablando con otra persona frente a una vivienda del barrio Casiquiare de Yopal, un hombre terminó herido con un arma de fuego en medio de un atraco.

Este caso de inseguridad tuvo lugar en la calle 30B con carrera 12 a las 2:30 de la mañana de este sábado 17 de enero, cuando Jhony Leandro Giraldo y la persona que lo acompañaba fueron abordados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta Pulsar NS color negro.

Los motorizados intimidaron a sus víctimas con arma de fuego. Según versiones iniciales, en el momento en que se perpetraba el atraco, Ruiz Giraldo saliendo, corriendo para evitar el hurto.

Esta actitud de la víctima hizo que los delincuentes accionaran el arma y le dispararan por la espalda. La bala alcanzó alcanzando la región dorsal de Jhony Alejandro, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades adelantan la investigación, apoyados en las cámaras de seguridad que hay en el sector, para establecer la identidad de los asaltantes y llevarlos antes la justicia.

Un hombre identificado como Éver Antonio Riscanevo Murillo, de 45 años, resultó herido tras un incidente registrado la noche del sábado 17 de enero en el centro poblado de San José del Bubuy, zona rural de Aguazul.

El reporte indica que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 p. m. en un establecimiento comercial. Según los testimonios, dos individuos con vestimenta y cascos negros llegaron al lugar en motocicleta e intimidaron con un arma de fuego a las personas presentes, en momentos en que el local iniciaba su cierre.

Riscanevo Murillo habría reaccionado lanzando botellas contra los desconocidos, quienes respondieron accionando el arma. La víctima recibió un impacto de bala en la región abdominal.

Tras el suceso, el herido fue trasladado inicialmente al hospital local de Aguazul y posteriormente remitido al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO) en Yopal.

Según los últimos reportes médicos, su estado de salud es estable y su traslado se realizó para practicar exámenes especializados que permitan determinar el alcance de la lesión. Las autoridades competentes iniciaron la investigación para esclarecer los hechos.

En un anuncio que genera gran expectativa en el sector transporte y la ciudadanía en general, el ministro de minas y energía, Edwin Palma, confirmó que el próximo 1 de febrero marcará un hito en la política energética del país con el inicio de la reducción en los precios del combustible.

Palma enfatizó que esta disminución no será "ficticia" como ocurrió en administraciones anteriores, las cuales mantenían precios bajos a costa de un creciente déficit en el fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC), financiado con el presupuesto de todos los colombianos.

"El presidente Gustavo Petro ha tomado el toro por los cachos. Tras desmontar los subsidios de manera responsable y administrar correctamente el fondo, hoy podemos hablar de una baja real y sostenible", señaló.

Aunque las cifras exactas están siendo conciliadas con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno explora mecanismos adicionales para aliviar el bolsillo de los consumidores.

Se estudia una variación en el porcentaje de etanol en la gasolina, lo que podría impactar positivamente el precio final a la baja.

El funcionario destacó que incluso sectores de la oposición han reconocido, aunque de manera discreta, el manejo técnico y riguroso que se le ha dado al sistema de precios en la actual gestión.

El ministro Palma manifestó su intención de estar presente personalmente en una estación de servicio el primer día de febrero para verificar la aplicación de esta medida.

Aunque prefirió no anticipar el valor exacto de la reducción hasta tener los datos concretos de Hacienda, reafirmó el compromiso del Gobierno con una política de precios transparente y ajustada a la realidad económica nacional.

Esta medida se suma a los esfuerzos del Ejecutivo por controlar la inflación y mejorar la competitividad del país a través de costos energéticos más eficientes.

El mandatario de Maní, Casanare, Ferney Chaparro Perdomo, enfrenta un pliego de cargos emitido por la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control investiga si el funcionario obstaculizó de manera deliberada el trabajo de la personera municipal, Yeimmy Alejandra Ramírez, durante un procedimiento de protección de derechos fundamentales.

El caso se remonta a una diligencia de verificación de derechos solicitada por la Procuraduría Judicial II de Familia de Yopal. El objetivo de la visita era garantizar la integridad física, psicológica y la convivencia familiar de la esposa del alcalde.

Según el expediente, Chaparro Perdomo habría actuado de forma discriminatoria al permitir el acceso a su residencia únicamente a los funcionarios de la Comisaría de Familia, cerrándole las puertas a la Personera Municipal sin una justificación válida.

La importancia de esta falta radica en que la personera actuaba en calidad de agente del Ministerio Público. Al impedir su entrada, el alcalde habría

bloqueado el cumplimiento de una orden judicial y administrativa.

Actitud que también habría afectado el debido proceso en la verificación de garantías de derechos y limitado la vigilancia legal que la Personería debe ejercer sobre los derechos humanos en el municipio.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare no ha pasado por alto la gravedad del incidente. De manera provisional, la conducta del mandatario ha sido calificada como falta grave a título de culpa grave.

Este proceso pone bajo la lupa la transparencia del alcalde y su disposición para acatar la autoridad de los órganos de control, especialmente en casos que involucran la protección de núcleos familiares y la integridad de las personas.