Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro impartió una instrucción directa a los titulares de Salud y Hacienda: liquidar todas las entidades promotoras de salud que se encuentren en estado de insolvencia o quiebra, especialmente aquellas que ya están bajo intervención estatal.

Las razones

Dentro de los argumentos del Ejecutivo para tomar esta radical decisión mencionó la inviabilidad fiscal. El mandatario calificó como un "suicidio" para las finanzas públicas el hecho de que el Estado asumiera la deuda histórica de las EPS, la cual estimó en cerca de $50 billones de pesos.

También sostuvo que existe una falta de alternativas. Señaló que, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso y la reciente suspensión de decretos regulatorios (como el Decreto 182), el Gobierno no tiene más margen de maniobra que aplicar la ley y proceder con la liquidación.

Excepción de la Nueva EPS

Aunque enfrenta dificultades financieras, el presidente aclaró que la Nueva EPS no sería liquidada. Al tener participación estatal, el Gobierno planea capitalizarla y fortalecerla para que sea el eje receptor de los usuarios de las entidades que desaparezcan.

En este orden de ideas la medida afectaría a las EPS que actualmente se encuentran intervenidas o en vigilancia especial, las cuales agrupan a más de 22 millones de afiliados (casi el 43% de la población del país).

Entre las principales entidades mencionadas en este contexto se encuentran:

El presidente aseguró que los ciudadanos no quedarán desamparados y que su plan se basa en dos pilares. El primero es un traslado masivo. Los afiliados de las EPS liquidadas pasarán a las entidades que permanezcan operativas (principalmente la Nueva EPS).

La segunda propuesta es un sistema preventivo. El Gobierno acelerará la implementación de equipos de salud territorial para cubrir la atención primaria y preventiva en todo el país.