Fueron varios días los que la tramitología imperante en el sistema de salud colombiano, obligó a Melany Antonela Holguín, una niña de año y medio, a esperar para ser trasladada a Bogotá para recibir atención médica especializada.

Según sus padres, la pequeña sufría de una enfermedad huérfana y era urgente que recibiera atención en una unidad pediátrica de cuidados intensivos, servicio que no se presta en Casanare.

Luego de insistentes peticiones, que llegaron al grado de súplica desesperada por salvarle la vida a su hija, hechas por parte del padre de la menor a las directivas de Capresoca, la menor fue trasladada a la capital del país, el pasado martes 16 de enero a las 5 de la tarde.

Sin embargo, Maelany no resistió y falleció en las últimas horas. Así lo confirmaron sus familiares, quienes agregaron que la EPS le facilitaba unos medicamentos que debían suministrarle a la menor, pero que este mes no le habían sido entregados.

Déficit en vivienda nueva es una de las principales falencias que tiene el municipio de Trinidad. Así lo expresó la alcaldesa de esta población, Dámaris Abril, ayer durante el desarrollo de la mesa de concertación del plan departamental de desarrollo.

La mandataria manifestó que su administración espera que el gobernador César Ortiz Zorro le apoye en sentido. Indicó que en Trinidad se adelantó un plan de subsidios de loteo, por lo que ya se cuenta con el terreno para adelantar un proyecto de vivienda.

Consideró igualmente que se hace necesario adelantar programas de mejoramiento habitacional, así como de unidades sanitarias para los sectores más necesitados.

Otro campo donde se necesita el respaldo del Departamento, está relacionado con la red vial. Abril explicó que se requiere que Ortiz Zorro en el capítulo de regalías priorice la conectividad entre Trinidad – San Luis de Palenque  y Paz de Ariporo con el departamento del Meta.

Proyecto que se alcanzaría a través de la construcción de puentes en el área del Valle, El Calvario, El Samán, Arrayanes y en Bocas del Pauto con Yopitos, entre otras infraestructuras que permitirían el tránsito vehicular entre toda esta región.  

A esta petición se sumó la planta de beneficio animal. Proyecto al cual la alcaldesa dijo que le quieren apostar, por economía, por un mejoramiento del servicio y disminuir el abigeato, que es una problemática a nivel municipal.

En esta misma lista la alcaldesa incluyó una planta de secado de arroz, teniendo en cuenta que en Trinidad hay cerca de 14 mil Ha sembradas de este producto.

Iniciativa que la complementa un banco de maquinaria agrícola, mejoramiento de vías terciarias, un plan de repoblamiento bovino y apoyo a las cadenas productivas.

Este lunes 17 de enero se dio continuidad a la reunión del consejo directivo de Corporinoquia que inició el viernes pasado, donde fue elegido el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, como presidente del mismo, así como lo nuevos miembros de la junta directiva de la entidad.

En la cita de hoy se daba por descontado que se procedería con la elección de un director o directora encargada. Fuentes allegadas a Casanare Noticias aseguraron que basados en los estatutos, dicha interinidad debe ser asumida por un funcionario de la Corporación, específicamente por la secretaria general.

Sin embargo los consejeros decidieron revisar las hojas de vida, de los posibles elegibles para este cargo. No obstante manifestaron que este proceso no se pudo hacer porque no les hicieron llegar esa información, por lo tanto no fue posible hacer la respectiva consulta.

Personal allegado a Corporinoquia indicó que las personas encargadas de remitir esos datos, sí lo hicieron y que aseguraron tener correos electrónicos para corroborarlo.

Para no continuar con discusiones bizantinas, los consejeros optaron por fijar un plazo de tres días hábiles, que se cumplen el próximo lunes 21 de enero, para que les hagan llegar la información solicitada.

Una vez tengan las hojas de vida de los elegibles, el consejo directivo fijará la fecha para convocar a una nueva reunión, para nombrar el director o directora encargada, quien estará en el cargo hasta el día en que resuelva la demanda en contra de la elección de la ingeniera Doris Bernal.

Con la llegada de la época de verano, acompañada del Fenómeno del Niño, la situación para los campos y llanuras de Casanare no es la más halagüeña, porque se tienen las condiciones precisas para que se presenten los incendios forestales.

Y eso es justamente el escenario que se vive por estos días en varias zonas rurales de Casanare. Hoy miércoles 17 en horas de la tarde los Bomberos de Yopal, atendieron una emergencia de grandes proporciones, en el corregimiento de Tacarimena.

Fue necesario desplazar hasta el sitio de la conflagración dos móviles y cinco unidades para que adelantaran las labores de extinción. Por el momento se desconoce la cantidad de terreno que resultó afectada por las llamas.

Una situación similar se reportó en el municipio de Aguazul, en la  Calle 23 # 19-60 a orillas del Caño Aguazulero. En este lugar tres unidades de bomberos de dicha población y un vehículo cisterna atendieron la emergencia, que afectó pasto, escombros y basura que había en el lugar.

Desde recomendaciones para las quemaduras, pasando el anuncio de acciones penales y oprobios bastante ofensivos, se han visto por estos días durante las sesiones de la Asamblea Departamental de Casanare.

El punto de partida fue el reclamo que hicieran Marisela Duarte y Luz Mery Niño, por haber sido excluidas de las comisiones permanentes de la Corporación.

Luego apareció en escena el diputado Jorge Eduardo García, quien cuestionó a seis de sus colegas por este tema. El blanco de los señalamientos fueron Heyder Silva, Alejandro López, Ómar Ortega, Juan Fernando Mancipe, Eduardo Antolines Pan y Wilder Ávila.

En la plenaria de  este 16 de enero los diputados objeto de críticas, salieron al paso a las palabras de García Gutiérrez. Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Alejandro López Ríos.

El diputado recordó que la situación acaecida el año pasado, durante la presidencia de Jorge Eduardo, cuando se presentó una inconveniente entre el diputado García Gutiérrez y la secretaria de la Corporación, Diana Milena Jarro Rodas.

Sostuvo López Ríos que en ese tiempo le quitaron a la abogada Jarro Rodas las funciones como secretaria, también el manejo presupuestal de las funciones propias de la Asamblea, entre otras tareas propias del cargo.

Calificó esta actitud como violencia y acoso contra la mujer. Para el diputado Luis Alejandro López, esta situación inhabilita moralmente a Jorge Eduardo García, para asumir el papel de adalid de la moral y defensor del género femenino.

En cuanto a la exclusión de las diputadas, manifestó que ese tema ya está en la justicia y si un juez determina que se debe modificar el reglamento interno de la Asamblea, no ve ningún inconveniente en hacerlo, para que ellas tomen asiento en cualquiera de las comisiones permanentes.

Por su parte  Ómar Ortega se mostró de acuerdo con acatar cualquier fallo judicial. Sobre el pronunciamiento de su colega García, indicó que lo llena de vergüenza.

Subrayó que se necesita ser muy cara dura para hacer ver otra cosa diferente por fuera de la Asamblea y revictimizar a la secretaria Diana Jarro.

Agregó que el diputado Jorge Eduardo no puede echarse al hombro una lucha que no le corresponde. Incluso calificó el discurso y los argumentos de García, como cobardes.

Entre tanto Juan Fernando Mancipe comparó esta controversia con un asadero de pollos, donde las minorías  “ahora están muy cerca de la candela”, precisó.

Incluso hizo algunas recomendaciones. “Es mejor que se vayan acostumbrando, se vayan acomodando y busquen métodos para refrescarse, porque van a seguir cerquita a la candela, posiblemente este horno no dé muy rápido la vuelta y sigan ahí bastante tiempo”, dijo el diputado Mancipe.

También se dirigió a su compañera diputada Marisela Duarte. Sobre ella expresó que no se ganó la curul con 85 mil votos. Que esa votación es el resultado de la derrota que sufrió en sus aspiraciones a la Gobernación, por lo tanto no representan las mayorías en el departamento, ni en la Asamblea.

Añadió que la elección de las comisiones no tiene un sesgo de género, simplemente quedaron conformadas y quienes perdieron son la minoría. Toda se enmarca en la dinámica de las mayorías y minorías. 

Mancipe hizo además duros cuestionamientos a la prensa casanareña, por divulgar sus intervenciones en los medios "en un año de campaña nunca había tenido tantos medios, tanto despliegue mediático, ni de redes sociales, como lo tuve ayer. A ellos les agradezco de verdad porque me hicieron demasiada publicidad y me salió gratis", dijo en tono airado.

En su turno del uso de la palabra, Luz Mery Niño manifestó que con esta discusión están confundiendo y tratando de desviar el tema principal de la exclusión, abordando un problema personal.

Que no se tuvo en cuenta la violencia política en contra de las dos diputadas. Que las llamadas mayorías se utilizaron para dar un voto en contra, para que las mujeres pertenecieran a las comisiones permanentes.

Igualmente acotó que  crearon la comisión de la mujer y le colocaron 3 votos de mayorías, para que las diputadas no pudieran decidir. Son cinco los integrantes, de los cuales  tres pertenecen a las mayorías.

Por su parte Marisela Duarte señaló que las palabras del diputado Mancipe le dolieron, que no le interesan ni las mayorías ni las minoría, que su único interés trabajar por todo el departamento, porque está representando a todos los casanareños, no solo a lo que votaron por ella.

También dijo que se ha sentido maltratada, pero que continuará adelante con su trabajo desde la Asamblea.

La respuesta de García

Jorge Eduardo García también respondió a sus detractores. Sobre su colega Mancipe dijo acusa falta de conocimiento en el manejo de la Asamblea e inexperiencia.  

Le aclaró que no asistió el día de la sesión de la comisión de la mujer, porque no pertenece a la misma y en esa ocasión fue que se divulgaron las acusaciones en su contra.

Recalcó varias veces que no tiene ninguna denuncia por acoso laboral, ni por violencia contra la mujer, por lo que aseguró que quienes así lo afirmaron tendrán que retractarse. Además anunció que interpondrá una denuncia en la Fiscalía.

En cuanto a las mayorías y minorías es un tema normal, en la dinámica política, pero no se pueden coartar el derecho de los demás, en este caso de las diputadas Marisela Duarte y Luz Mery Niño.

Insistió también que durante su presidencia nunca le quitó  funciones a nadie y no hay un acto administrativo que lo sustente. Tampoco estuvo de acuerdo con que el señalamiento de estar revictimizando a la secretaria de la Corporación.

Cuestionó al presidente Heyder Silva, de quien expresó que tuvo una actitud grosera en una reciente sesión, porque abandonó el recinto y no quiso atender a la prensa. Aseveró que hay videos que corroboran esta afirmación.

Lo invitó a seguir leyendo el reglamento interno de la Asamblea porque lo ha visto un poco perdido dirigiendo las sesiones. Desmintió que haya pagado a medios de comunicación, para que hicieran publicaciones a su favor.

Recordó finalmente que la exclusión de las diputadas es el verdadero fondo del asunto, que por estos días ocupa la atención de la Asamblea Departamental de Casanare.

Un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare, ordenó  la pérdida de investidura de Jáder Andrés Flórez Castañeda, quien había sido elegido concejal del municipio de Aguazul para el periodo 2024 – 2027 por el Partido Conservador, en los comicios del 29 de octubre de 2023.

Sobre este caso había una Acción Popular que suspendía su elección, debió a que Jáder Flórez cumplió una condena de 56 meses de prisión por el delito de tráfico o porte de estupefacientes, impuesta por el Juzgado Tercero Penal de Yopal, en el año 2014.

Sin embargo la pena tuvo un descuento de 4 meses y 2 días, por trabajo. También se decretó la extinción de la sanción penal y Flórez fue cobijado con beneficio de excarcelación.

Pese a toda situación favorable para Flórez Castañeda y basados en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, la sentencia impuesta en su contra lo dejó inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular.

Para el Tribunal, Jáder Flórez estaba en la obligación de verificar si se encontraba o no inhabilitado para aspirar al cargo de concejal. Tarea que no hizo el entonces candidato.

Actitud que para la autoridad judicial se incurrió en un incumplió con los fundamentos constitucionales, legales y defraudó a su electorado al inscribirse y ser elegido como concejal luego de haber cumplido su condena por el delito antes mencionado.

Por estas razones el Tribunal ordenó la pérdida de investidura de Jáder Andrés Flórez Castañeda.

La noche del pasado 15 de enero, aproximadamente a las 23:30 horas, se registró un lamentable accidente de tránsito en la vía que conduce de Yopal a Paz de Ariporo, específicamente en el kilómetro 86.

Según informó la Policía de Carreteras, el accidente fue tipo volcamiento lateral y dejó como resultado la muerte de Jhon Sebastian Caicedo Bonilla, un joven de 17 años oriundo de Yopal.

De acuerdo con los reportes, Caicedo Bonilla se desplazaba en una motocicleta de color blanco y negro, placa BHO90F, en sentido de Paz de Ariporo hacia Yopal, cuando por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y sufrió el volcamiento.

El fuerte impacto le ocasionó la muerte en el sitio al joven motociclista. Las autoridades se encuentran adelantando la investigación para determinar las causas precisas del accidente.

Este nuevo incidente vial enciende las alarmas sobre la necesidad de mayor control y campañas de prevención en la carretera que une Yopal y Paz de Ariporo, donde los accidentes de tránsito, especialmente aquellos en que se ven involucrados motociclistas, son recurrentes y han cobrado valiosas vidas.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia interpuso una demanda de acción popular contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS), acusándolas de comprometer el acceso a la seguridad social en salud y de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud. Una de ellas es Capresoca.

Este documento técnico proporciona un análisis exhaustivo de las pretensiones de la demanda, identificando a los demandantes y demandados, y subrayando la importancia de este caso para el futuro del sistema de salud en Colombia

La demanda de acción popular fue presentada por el #MinSalud representado por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, director Jurídico del Ministerio, en virtud de la Resolución No 0877 del 02 de junio 2023

Estas son las 21 entidades de salud demandadas por el Ministerio, que incluyen a varias Cajas de Compensación Familiar, Entidades Promotoras de Salud (EPS), y otras organizaciones de salud:

Comfenalco Valle EPS, Compensar EPS, Sanitas S.A EPS, Unidad de Servicio Médico EPM, Famisanar EPS, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Servicio Occidental de Salud S.A, Capital Salud EPS-S SAS, Capresoca EPS-S, La Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S, Nueva EPS S.A, Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, Cajacopi EPS SAS, Asmetsalud EPS SAS, Emssanar EPS SAS, Salud Mia EPS, Caja de Compensación Familiar del Chocó, Comfachocó, Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano Comfaoriente, Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral “Coosalud ESS” EPS-S, Salud Total EPS S.A, y EPS Sura.

La demanda alega la violación y amenaza de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa, y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna

El Ministerio de Salud y Protección Social solicita al Juez Popular adoptar todas las medidas tendientes a la protección de los derechos e intereses colectivos cuya protección se demanda.

La demanda de acción popular, presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, se basa en la alegación de que las 21 entidades de salud demandadas han violado y amenazado los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a la seguridad social en salud

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 48, establece que los recursos del Sistema General de Seguridad Social son de destinación específica. Esto significa que no se pueden utilizar para fines diferentes a la seguridad social. La Ley 100 de 1993 también resalta esta naturaleza específica de los recursos.Capresoca figura entre las 21 EPS demandas por el Ministerio de Salud

Un lamentable accidente se presentó en zona rural del municipio de Hato Corozal, cobrando la vía de un niño de tres años.

Versiones de lo ocurrido señalaron que el menor iba junto con su señora madre en un caballo, con destino a una finca ubicada en la vereda San Nicolás.

De un momento a otro el semoviente se asustó y emprendió carrera, tumbando a la mujer y al niño. Desafortunadamente el menor quedó enredado en una cuerda de nylon y fue arrastrado por el animal.

Tanto la mamá como el niño fueron auxiliados por los vecinos, quienes los trasladaron al hospital local, pero infortunadamente los golpes que recibió el menor le ocasionaron la muerte.

El álgido tema de inseguridad que se ciñe sobre Yopal, atraviesa por un laberinto de promesas y compromisos de las entidades del Estado, mientras que la comunidad reclama acciones concretas que pongan fin a esta situación que tiene al borde del desespero a la ciudadanía.

Ayer lunes 15 de enero habitantes de El Morro sentaron su voz de protesta, por el creciente número de hurtos a los que están expuestos, no solo los residentes de este sector rural, sino los visitantes que llegan en búsqueda de balneario para disfrutar de un paseo de río.

A este llamado se suma ahora una denuncia ciudadana de carácter anónimo, donde se describe todas dificultades que en materia de seguridad, a traviesa el barrio Progreso III.

“En el tranquilo barrio de EL PROGRESO 3, la creciente problemática del consumo de drogas ha sumido a los residentes en un estado de inseguridad y malestar.

A medida que el problema se profundiza, los habitantes se ven afectados, no solo por la amenaza directa de la delincuencia, sino también por las consecuencias tangibles en el mercado inmobiliario y la calidad de vida.

La presencia constante de traficantes de drogas ha contribuido a un aumento significativo de la inseguridad en las calles, generando un ambiente hostil para los vecinos.

Este fenómeno no solo ha desencadenado un sentimiento de vulnerabilidad, sino que también ha provocado un descenso en los precios de las viviendas locales, afectando negativamente la inversión y el patrimonio de los residentes.

A pesar de la cercanía de las fuerzas policiales, la comunidad se queja de la falta de acciones concretas para abordar esta problemática. La aparente inacción de la Policía ha dejado a los residentes sintiéndose desprotegidos y desesperanzados.

Peticiones reiteradas de controles más estrictos y medidas de seguridad adicionales han caído en oídos sordos, exacerbando la frustración de la comunidad.

Los vecinos, unidos en su preocupación, están exigiendo respuestas inmediatas de las autoridades locales y una intervención más enérgica por parte de la policía.

La necesidad de restaurar la paz y la seguridad en el barrio se ha convertido en una prioridad urgente, ya que la vida cotidiana de los residentes se ve cada vez más afectada por esta situación.

En este contexto, los líderes comunitarios están organizando reuniones y manifestaciones para sensibilizar a las autoridades sobre la gravedad del problema y buscar soluciones concretas.

Mientras tanto, los habitantes del  Progreso III siguen a la espera de efectivas que devuelvan la tranquilidad a su barrio y pongan fin a la espiral descendente causada por el comercio de drogas y la inseguridad.

La presencia constante de traficantes de drogas no solo ha desencadenado un aumento significativo de la inseguridad en las calles, sino que también ha expuesto a los niños y adolescentes del barrio a un entorno peligroso.

La proximidad de este fenómeno ha generado preocupaciones entre los padres y educadores, quienes temen que, en muy poco tiempo, la juventud local también pueda caer en las garras de los vicios y la delincuencia.

El impacto negativo en la niñez y la adolescencia se manifiesta en la falta de entornos seguros y saludables para su desarrollo. Los residentes, además de enfrentar la amenaza directa de la delincuencia, se ven obligados a lidiar con el temor constante de que sus hijos e hijas sean arrastrados hacia una vida marcada por la adicción y el crimen.

A pesar de la urgencia de la situación, la inacción de las autoridades y la falta de medidas preventivas específicas han dejado a la comunidad sintiéndose desamparada en la protección de su juventud.

Los vecinos, conscientes de la necesidad de salvar el futuro de sus hijos, elevan sus voces con más fuerza, exigiendo acciones inmediatas y programas de prevención que contrarresten el impacto devastador de la presencia del narcotráfico en el barrio.

La situación actual no solo amenaza la seguridad presente, sino que también pone en riesgo el bienestar y la integridad futura de la generación venidera en barrio el Progreso III.

La comunidad, en su totalidad, insta a las autoridades a considerar la protección de la niñez y la adolescencia como una prioridad crucial en la lucha contra la creciente crisis de seguridad y drogas que asola su barrio”.