Una larga lista de necesidades que afectan la comunidad de Torres de San Marcos, expuso ante el Concejo de Yopal John Naimes Gutiérrez, uno de los 15 administradores que laboran en este conjunto residencial.

Dentro de los dolores de cabeza que se presentan con mayor frecuencia en esta zona de la ciudad, es el hurto. El administrador mencionó dos situaciones delictivas ocurridas el pasado 7 de febrero, en horas de la noche.

El primer hecho se presentó cuando una residente fue intimidada con arma de fuego, por dos sujetos que se movilizaban en moto y le quitaron sus pertenencias. El segundo estaba relacionado con el hurto de tres motocicletas en el conjunto, en una sola noche.

Gutiérrez reconoció que la Policía suele patrullar el sector, pero debido  a que esta acción no es suficiente, abogó por la instalación de un CAI en el lugar, para garantizar la permanencia de uniformados en la zona y de esta manera mejorar las condiciones de seguridad.

Igualmente manifestó que Torres de San Marcos no es un conjunto cerrado, por lo que los edificios están expuestos al público. Situación  que dificulta la seguridad, especialmente para el parqueo de vehículos, que quedan al aire libre sin ningún tipo de vigilancia.

Otro punto álgido son los problemas de convivencia. Son frecuentes las disputas entre vecinos, lo que Gutiérrez interpretó como una falta de pedagogía con la comunidad, que en la mayoría de los casos no estaba preparada para habitar bajo el modelo de propiedad horizontal.

La propuesta de cerrar la unidad habitacional es un poco compleja, debido a que Torres de San Marcos es un proyecto de vivienda de interés social prioritario, conformado por 49 torres de 20 apartamentos cada una.

El conjunto a su vez se divide en 15 propiedades y cada una por reglamento de propiedad horizontal, tiene su propia autonomía administrativa y financiera.

En este orden de ideas el tema del encerramiento trasciende el terreno económico. Es necesario que todas las 15 copropiedades estén de acuerdo con esta propuesta,  para poner en marcha dicho proyecto.

 Al final de la jornada el administrador Gutiérrez espera que su voz haya tenido el eco necesario en el Concejo, para que desde esta Corporación se busquen alternativas de solución a todas las problemáticas que aquejan a los residentes de Torres de San Marcos.

Teniendo en cuenta que la temporada seca aún no ha terminado y que según los pronósticos del Ideam las altas temperaturas continuarán por algo más de un mes, Corporinoquia hizo una serie de recomendaciones a la comunidad, para evitar los incendios forestales, que suelen presentarse por esta temporada y que son tan lesivos para el medio ambiente.

Reconoce la Corporación que este tipo de emergencias son una amenaza significativa para el entorno, generando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Estos desastres no solo destruyen la vegetación y afectan la vida silvestre, sino que también conllevan graves riesgos financieros y amenazan la seguridad de las personas y animales domésticos.

Los incendios forestales son propios del tiempo seco, que para la región se ubica en los meses de noviembre a mayo, aproximadamente. Durante este lapso el cielo presenta poca nubosidad y el viento sopla muy fuerte, lo que favorece la iniciación y propagación de este tipo de conflagraciones.

Como medida de prevención Corporinoquia entregó una serie de recomendaciones, con el propósito de ayudar a concientizar a la comunidad en el cuidado del medio ambiente y minimizar el riesgo de incendios forestales.

Encabeza este listado las quemas controladas, muy frecuentes durante esta temporada para el rebrote de pastos y preparación de terrenos agrícolas de manera controlada, siguiendo las normativas establecidas (Resolución 532 de 2005).

Otro tema de especial cuidado es el uso responsable en el marco de las celebraciones festividades religiosas y eventos sociales, especialmente en el manejo del fuego y los juegos artificiales.

Así mismo se recomienda maximizar las medidas de precaución durante la realización de fogatas y asados, especialmente en áreas verdes.

Otra recomendación es el manejo adecuado de las basuras. En este renglón Corporinoquia insiste en evitar la quema de residuos, porque con esta práctica tiene efectos contaminantes para el aire y pueden convertirse en incendios forestales.

También la Corporación hizo la invitación para que se adelanten podas y labores de cuidado en áreas cercanas a redes eléctricas. De igual forma se recomienda no depositar materiales combustibles cerca del monte.

Finalmente para prevenir incendios forestales se hizo un llamado a la responsabilidad compartida, con actos sencillos como la asegurarse que las colillas de cigarrillo se encuentren perfectamente apagadas antes de desecharlas.

Las lluvias que se presentaron hace algunos días en el departamento de Casanare, que llegaron como un paliativo para refrescar la fuerte ola de calor de esta temporada de verano, llegarán a su fin este fin de semana.

La noticia fue dada a conocer por la Oficina Departamental de Atención de Riesgo de Desastres. Desde esta dependencia se recordó que pese a este corto periodo de precipitaciones atípicas, sigue activo y trabajando el puesto de mando unificado, que se creó para dar respuesta a las emergencias que se susciten por el intenso verano y el Fenómeno del Niño.

Así mismo se señaló que ya son 12 las poblaciones que tiene convenio vigente con los cuerpos de bomberos locales. Cifra que para la próxima semana se espera llega al 100 por ciento de los municipios casanareños.

De igual forma se informó sobre la labor de capacitación adelantada desde esta oficina, con alcaldes y nuevos funcionarios encargados del manejo de los riesgos en las localidades de San Luis de Palenque, Trinidad, Pore, Hato Corozal y Paz de Ariporo.

Se hizo énfasis que durante los días de lluvia solo se reportaron tres quemas prohibidas, pero ni un solo incendio forestal. También se consolidó el listado de necesidades del departamento en lo referente al Fenómeno del Niño.

La idea es que las mismas se presenten al Gobierno nacional, para que sean incluidas en el plan de acción del desastre nacional.

Finalmente, basados en los reportes del Ideam, se espera que el fin de semana las precipitaciones atípicas desaparezcan y retornen las condiciones secas al territorio casanareño, que se mantendrán hasta finales de marzo o comienzos de abril.

La gerente de Red Salud Casanare, Milayev González, hizo un breve análisis de la problemática que padece al entidad oficial, la cual fue objeto de una debate de control en la Asamblea Departamental.

En la sesión de este 06 de febrero que se prolongó por más de 6 horas, recibió toda clase de diatribas y reclamos. Un punto en el cual se insistió fue la insuficiencia de ambulancias, donde solo se cuentan con 15 vehículos para atender los 19 municipios del departamento.

Así mismo se habló de la precariedad de los hospitales locales y centros de salud a cargo de Red Salud Casanare, así como el retraso en los pagos a sus empleados, entre otros aspectos.

Luego de terminada la sesión la gerente comenzó por pedir el apoyo de todos los sectores de la sociedad, tanto del sector público como privado y comunidad en general.

Precisó que en la cadena que compone el sistema de salud, la entidad es la que terminan “poniendo la cara a los pacientes”, no solo en lo que atañe a la atención primaria sino en la entrega de medicamentos, servicio de ambulancia, entre otros, que no son competencia de ESE.

En este orden de ideas invitó a los alcaldes para que visiten los hospitales locales de sus municipios, para que hablen con los usuarios y verifiquen las condiciones del servicio que están recibiendo los pacientes.

También sostuvo la gerente González que es necesario ir más allá de las diatribas y que es muy oportuno entender que la empresa se ha logrado sostener, pese que no recibe el giro completo de los recursos que el corresponden.

Este aspecto de talante financiero ha dejado una nefasta huella. Mencionó los 4 mil millones de pesos que se perdieron, por cuenta de la deuda que tenían con ESE varias EPS como Medimás, Cafesalud y Saludcoop, entre otras, las cuales fueron liquidadas.

Montó al cual se suman los 26 mil millones de pesos a los que asciende la cartera de Red Salud. De esta suma 7 mil millones no se han podido  identificar, porque no se cuentan con el respectivo soporte de estas cuentas, que permita hacer su respectiva descarga.

Otro factor sobre el cual Milayec González hizo hincapié, tiene que ver con que la empresa no recibe recursos para el pago de la nómina. Que los compromisos laborares son cubiertos con los servicios facturados.

Es ahí donde la demora el pago por parte de las EPS, deriva en retrasos para cumplir con los compromisos contractuales, a los cuales se suman la precariedad de los empleados que son contratados bajo el esquema de OPS, sin bonificaciones ni primas salariales.

Como recomendación para encontrar el camino que permita conjurar toda esta problemática, la gerente de Red Salud sugirió a la Administración departamental, que adelante un análisis en los territorios.

El resultado del estudio es necesario presentarlo al Ministerio, para que la autoridad nacional apoye propuestas de solución a toda esta difícil situación que padece el sector de la salud en el departamento-.

Un nuevo acto violento con víctima fatal se presentó en las últimas en Yopal. Se trata del homicidio de una persona que, según las versiones iniciales del hecho, se presentó sobre las 2:30 de la madrugada en la carrera 10 con calle 44, barrio El Progreso 3.

La persona fallecida respondía al nombre de Johan Sebastián Galán Alarcón de 25 años de edad, de profesión pintor.

Lo que se conoce hasta el momento es que el occiso tenía una herida abierta a la altura del tórax y tres más en una de sus piernas, las cuales fueron causadas con arma blanca.

De Galán Alarcón se pudo establecer que presentaba en el SPOA, un registro en calidad de indiciado, por el delito de violación de habitación ajena.

Johan Sebastián alcanzó a ser trasladado al HORO, pero pese a los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, no fue posible y murió como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas.

La hipótesis que manejan las autoridades sobre las causas del hecho, están relacionadas con una posible riña.

Sin embargo se continúan haciendo las respectivas investigaciones para esclarecer este homicidio y dar con el paradero del responsable o responsables del hecho.

Redactada con el mejor estilo macondiano donde todo puede pasar y la realidad supera la ficción, se viene escribiendo la historia de la planta de tratamiento de agua potable de Yopal.

La nuevas líneas de narrativa corrieron por cuenta de la visita oficial que realizara a la obra el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien estuvo acompañado una comitiva de funcionarios encabezados por la agente interventora de EAAAY, Judhy Stella Velásquez Herrera; el subgerente de servicios públicos, Ingeniero Carlos Espitia y el director de acueductos, ingeniero Camilo Castillo.

El trabajo de campo orientado a verificar el estado actual de la planta, las obras de protección de la misma, la estabilidad de las estructuras que reguardan la bocatoma, ejecutadas por Findeter.

La conclusión del recorrido no revistió sorpresa alguna. No era necesario tener dotes de clarividencia, para saber que sobre esta obra se ciñe un riesgo inminente que afecta tanto a la planta como a la línea de aducción, donde se constató el colapso de un tramo crítico.

Revelaciones que ya habían sido anunciadas con mucho tiempo de anticipación. Cerca de una década atrás los veedores del Movimiento Cívico por el Agua, levantaron en su momento las manos durante la discusión en primer debate de la Comisión de Planeación del Concejo de Yopal.

Ese lejano día, 27 de septiembre de 2014, se discutió la construcción del nuevo sistema de acueducto para el área urbana de Yopal. Los veedores reclamaron porque no fueron escuchados ni por el Concejo, ni el Gobierno local.

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Las observaciones que quedaron en el olvido estaban relacionadas con la inviabilidad de los predios, donde se pensaba construir la planta de acueducto para la ciudad.

Uno de los veedores que alzó la voz para hacer hincapié en este asunto fue el veedor Salvador Cachay, quien sostuvo que en los recorridos efectuados en el área, se pudo constatar que  no era pertinente realizar ningún tipo de obra en los terrenos ubicados en la vereda La Vega, porque "el riesgo que representa el cauce del río Cravo Sur es latente".

Palabras que fueron guardadas en los anaqueles perdidos de la necedad estatal. El llamado poco interés despertó en los círculos oficiales de quienes ostentaban el poder y la planta se construyó en el sitio menos indicado.

Incluso la intervención de los veedores fue comparada con una atracción circense por el alcalde de la época Wilman Celemín, quien la calificó como una “payasada”, argumentando que tanto los diseños y el sitio escogido para la construcción de la obra, contaban con el aval del Gobierno nacional, por lo que era necesario dar vía libre para su ejecución.

Hoy, 10 años después se pudo comprobar que los arlequines de este carnaval de decisiones equivocadas, no eran los veedores. La situación es tan delicada que el contralor Zuluaga solicitó de manera urgente a Findeter un pronunciamiento oficial sobre la situación.

La Contraloría insistió que es necesario tener pleno conocimiento, especialmente, sobre todo lo relacionado con las obras de protección de la planta, debido a la socavación provocada por el rio Cravo Sur en dicha área.

La proximidad del cauce del río a la obra es de menos de un metro de la malla de cerramiento de la planta definitiva, lo que está generando impactos negativos en la infraestructura de la obra y en la línea de aducción.

Ante esta emergencia el contralor extendió el llamado a las oficinas de la gestión del riesgo del orden  nacional, departamental y municipal, para coordinar acciones que permitan mitigar el riesgo inminente, en el que se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de Yopal.

El pasado 16 de enero, con el total respaldo de los accionistas y el voto unánime de la junta directiva, Aldo Enrique Cadena Rojas fue designado como presidente de la Nueva EPS.

Casi cuatro semanas después de su elección como presiente, el 07 de febrero, Aldo Cadena asumió funciones como representante legal de la entidad, tal y como quedó consignado en el registro 03057919 de la Cámara de Comercio de Bogotá, fechado el pasado 24 de enero.

Cadena Rojas, oriundo de Chiriguaná (Cesar), es reconocido por su amplia trayectoria abogado con especializaciones en derecho laboral, salud y seguridad social, así como en derecho administrativo de las universidades Nacional y Libre de Colombia. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral, administrativa, gerencial e investigativa en el campo de salud.

Durante su trayectoria ha coordinado el modelo de salud de Bogotá bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha participado en tres reformas (incluida la ley estatutaria del 2015), y liderado políticas en salud como secretario y subsecretario del ramo de Bogotá, así como director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-.

Además, Aldo Cadena ha sido miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud- CNSS- máximo organismo de dirección del sistema general de salud y seguridad social en Colombia.

Así mismo ha sido  integrante de la junta directiva de diferentes hospitales de la ciudad; presidente nacional del sector salud agrupados en el sindicato nacional SINDESS y cuenta con amplia experiencia en atención primaria en salud, saneamiento ambiental y control de alimentos.

Bajo su liderazgo, la Nueva EPS espera convertirse en el principal instrumento para garantizar el derecho fundamental a la salud, en todos los rincones del territorio nacional.

La entidad cuenta con más de 10 millones de afiliados y presencia en los 32 departamentos y el 99.8% de los municipios, por lo que es la empresa prestadora de salud más grande del país.

Tras su designación como presidente, el nuevo presidente estableció mesas de trabajo, tomó medidas para atender las áreas más sensibles de la entidad, se reunió con trabajadores y gerentes regionales, zonales y directores.

También convocó a un esfuerzo colectivo para fortalecer integralmente las capacidades de la entidad, poniéndola a tono con el nuevo enfoque en la garantía del derecho fundamental a la salud.

El secretario de educación del departamento, Diego Ardila, fue el encargado de exponer de manera detallada, los motivos que tuvo la Administración seccional para suspender el proceso licitatorio del programa de alimentación escolar, lo que generó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

El funcionario hizo un recuento cronológico que ha tenido el proceso, desde su fase inicial a mediados del año pasado, cuando el gobierno anterior adelantó los trámites de planeación y estructuración del PAE.

Se apeló a las vigencias futuras como fuente de financiación, por lo que fue necesario pedirle autorización al Consejo Departamental de Política Fiscal, para que el PAE fuese incluido en el presupuesto de vigencias futuras.

El 30 de julio de 2023 la Secretaría de Hacienda presentó ante la Asamblea dicha solicitud, para garantizar la ejecución del programa durante 2024. La Corporación dio la autorización mediante Ordenanza del 25 de agosto de 2023.

El 30 de agosto se reunió el comité territorial de planeación y seguimiento operativo departamental del programa de alimentación escolar, para tomar medidas referentes a la planeación del proceso contractual.

Luego se hizo la licitación pública 023 de 2023. Trámite que se cumplió a través de la página del  Secop, el día 26 de octubre. Finalmente el 15 de noviembre se dio apertura al proceso licitatorio.

El funcionario acotó que acorde con el cronograma, la adjudicación debía darse el 20 de diciembre y la suscripción del contrato estaba prevista para el 26 de diciembre.

No obstante en el periodo comprendido entre el 23 y 27 de noviembre, se presentaron algunas observaciones por parte de los interesados en el proceso.

Estas acotaciones hacían referencia sobre el costo de uno de los ítems de la minuta patrón, que tenía relación con el aceite destinado a la preparación de las raciones en sitio.

Al revisar el tema se pudo constatar que efectivamente no se había costeado este punto, por lo que en ese momento se revocó el proceso. Decisión que se hizo efectiva el 27 de noviembre.

Días después se publicó una nueva licitación, la 024 del 12 de diciembre de 2023 y se ordenó su apertura, a través de resolución fechada el 29 del mismo mes.

Luego vino un lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 2023 y el 11 de enero de 2024, para que se hagan las respectivas al pliego de condiciones definitivo.

En este periodo se presentaron 44 observaciones por parte de 4 interesados en el proceso. Las mismas se refirieron al tema de costos en las cotizaciones, como valor de los alimentos, transporte, entre otros, que son determinantes a la hora de establecer el valor de la ración, que se les va a entregar a los estudiantes.

Para el secretario estas observaciones tienen incidencia de manera sustancial sobre el proceso, específicamente en lo que atañe al tema presupuestal, por lo que no hay lugar a adendas o subsanaciones. Es por ello que se optó por revocar el proceso. Decisión que se hizo mediante la Resolución 001 del 11 de enero de 2024.

De esta manera, según lo explicó Diego Ardila, se evitó que la licitación corriera el riesgo de declararse desierta, por las falencias que afectan el presupuesto del contrato y que dificultarían la presentación de oferentes.

Revisando el derrotero este proceso debía ser adjudicado el 5 de febrero. La firma del contrato se había fijado para el 8 del mismo mes y la entrega de garantías para 12 de febrero.

Luego vendría el periodo de alistamiento que demandaría unas 2 semanas, por lo que la prestación del servicio estaba proyectado para el 27 de febrero.

Para tratar de alterar lo menos posible el cronograma y comenzar lo más pronto posible el PAE, el titular del despacho de Educación, manifestó que este martes 06 de febrero se expidió el Decreto 034 de 2024.

A través de dicho documento se declara la urgencia manifiesta, que es la herramienta que permite suplir de manera prioritaria y urgente la prestación de un servicio, que el propio secretario catalogó como fundamental para la educación de niños y adolescentes.

Acerca de la línea temporal para este nuevo proceso, Ardila dijo en rueda de prensa, que confía que el PAE inicie a finales del presente mes.

El Departamento de Policía Casanare manifestó que hoy en horas de la tarde adelantó un plan de intervención, registro y verificación de antecedentes a personas y establecimientos comerciales de Tauramena.

El objetivo de esta actividad es evitar la compra y venta de elementos robados, como una de las estrategias para combatir el delito de hurto en este municipio.

Igualmente la Policía invitó a la comunidad denunciar la compra de artículos robados a la línea de emergencia 123.

El gobernador de Casanare respondió al vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien en el informe entregado ayer marte 6 de febrero  en el auditorio del Hotel GHL de Yopal, hizo un llamado de atención a la Administración departamental.

Según el funcionario el actual Gobierno seccional no debió suspender el proceso licitatorio del PAE, el cual venía desde el año pasado. Esta decisión tuvo como consecuencia, un retraso en el inició de dicho programa, por lo que a la fecha aún no se ha podido prestar este servicio, lo que perjudicó a la población estudiantil del departamento.

Zuluaga recalcó que en lugar de la suspensión, lo más oportuno era remediar las posibles observaciones que tuviese el mencionado proceso. Agregó que informó a la Procuraduría sobre esta situación, para que el ente de control tome las medidas correspondientes.

Por su parte César Zorro en mensaje de texto agradeció la preocupación de la Contraloría y añadió que el PAE que fue formulado a finales de 2023, presentaba “irregularidades  sustanciales imposibles de subsanar, que conllevaron a la revocatoria del proceso de contratación”.

 Sin embargo como una acción inmediata para sanear el tema se “decretó la medida de urgencia manifiesta para atender lo más pronto posible la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Casanare”, finalizó el escrito.