Casanare Noticias

Con la celebración hoy del Miércoles de Ceniza, fecha que da inicio a la temporada de cuaresma que tiene un especial significado para la Iglesia Católica,  el obispo de la Diócesis de Yopal monseñor Edgar Aristizabal envió un mensaje de unión a toda la comunidad en general.

El religioso invitó a que este ritual no quede en un signo externo de fe, sino que permita al pueblo creyente reconocer, primero que Dios nos ha llamado a la vida y segundo que nos invita a amar al prójimo.

Es por ello que se hace necesario sanar el corazón, entendido como un llamado al perdón, a la aceptación del otro como un ser distinto, pero con los mimos derechos que nosotros.

Solo de esta manera se puede dar un paso en el sedero de la paz y la reconciliación, en un país que se encuentra dividido, un departamento que sufre y una ciudad que lamenta la muerte de tantos seres queridos, así como el número de hogares divididos.

“No podemos seguir así. Hay que cambiar. La cruz es signo de amor”, precisó monseñor, quien además explicó que en medio de esta temporada cuaresmal los feligreses pongan en práctica un lema muy sencillo, propuesto por la Diócesis. “Levántate y ponte en camino”. Frase que se resume en seguir a Jesucristo.

Recordó igualmente el mensaje del papa Francisco de dejar las esclavitudes impuestas por el pecado. “No podemos seguir dependiendo de una tentación o de una debilidad. No podemos seguir odiándonos y despreciando al hermano. Necesitamos cambiar”, resaltó el obispo de la Diócesis de Yopal.

 

 

La Policía Casanare informó que continúa desarrollando actividades de registro y control en todo el departamento, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Es por ello que en las últimas horas se dio a conocer el trabajo adelantado en la carrera 18 de Yopal, sector de Caño Seco. En este lugar, uniformados de la institución policial adelantaron la captura de un hombre de 29 años aproximadamente.

Al mencionado individuo le fueron encontradas 54 papeletas de base de coca, por lo cual se procedió con su detención, para luego dejarlo a disposición de la autoridad competente.

 

Como compleja en materia de siniestralidad vial calificó el subdirector de tránsito de Yopal, la semana comprendida entre el 5 y el 11 de febrero, tiempo durante el cual se atendieron 12 accidentes que dejaron un total de 7 personas lesionadas.

De la cifra de heridos 2 personas ingresaron a las unidades de cuidados intensivos en los centros hospitalarios y clínicas de la ciudad, pero lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos por salvarles la vida, fallecieron como consecuencias de la gravedad de las lesiones.

Uno de los siniestros que dejó víctima fatal ocurrió en el 06 de febrero a las 4 de la tarde en la carrera 23 con calle 17, en donde una motocicleta colisionó contra un automotor.

En el lugar resulta con heridas de consideración el joven Harold Smith Rincón Ganados, quien dos días después fallece como consecuencia de las lesiones recibidas en el mencionado accidente.

La segunda víctima mortal reportada fue Jorge Muñoz quien tuvo un siniestro vial el 11 de febrero a las 4:30 de la mañana, en la calle 20 con carrera 10. Esta persona alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalaria, pero ayer 13 de febrero se confirmó su deceso.

Ante estas cifras que causan preocupación en las autoridades locales, García Peralta insistió en la necesidad de manejar con precaución. Llamó la atención sobre el peligro que representa conducir bajo los efectos del alcohol.

“El 11 de febrero sobre las 3:30 horas. Se presenta un volcamiento lateral de un motociclista, allí en la calle 24 con 40, donde resulta lesionado el señor Gilbert Vela, quien sufre lesiones importantes en su cara. Presentó una herida abierta en su rostro con exposición ósea y desprendimiento de la piel”, indicó el funcionario.

Sobre este caso dijo el funcionario que la persona lesionada, al parecer, conducía bajo los efectos del alcohol.

 

 

 

Durante la primera semana de febrero, la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda a favor del Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, del pueblo Amorúa, ubicado en Puerto Carreño. Esta acción se enmarca en la ruta étnica que busca proteger los derechos de las comunidades ancestrales en Vichada, Casanare y Guainía.

En total, son diez las demandas presentadas en esta ruta étnica durante el Gobierno del Cambio, con el objetivo de restituir más de 500 mil hectáreas de tierra en beneficio de los pueblos nativos.

Se destaca que seis de estas demandas se concentran en el río Guaviare, entre Vichada y Guainía, una zona fuertemente afectada por el conflicto armado.

Las demandas presentadas abarcan en total 10 comunidades indígenas, como el Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani en Puerto Carreño, la Comunidad Carpintero Palomas entre Vichada y Guainía, y la Comunidad Chigüiro entre Guainía y Vichada.

Comunidad Arrecifal, ubicada entre Guainía y Vichada. Se solicita la restitución de 108 mil hectáreas de tierra. Comunidad Yamjolí, de los pueblos Piapoco, Sikuani y Sáliba, ubicada en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento territorial de 3 mil 165 hectáreas.

Resguardo Guaco Bajo - Guaco Alto, de los pueblos Sikuani y Piapoco. Dichas comunidades reclaman sus derechos sobre 91 mil hectáreas. Territorio Metiwa Guacamayas del pueblo Sikuani, ubicado en Cumaribo, (Vichada). Se solicita la restitución de 16 mil hectáreas.

Resguardo Chaparral y Barro Negro, del pueblo U’wa, ubicado en Casanare. La comunidad ancestral reclama un territorio de 17 mil hectáreas.  Resguardo Laguna Curvina - Sapuara, ubicado en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento de los derechos sobre 77 mil hectáreas y el resguardo Murciélago Altamira y comunidad de Barranco Picure, en Barrancominas (Guainía).

Estas acciones legales buscan no solo el restablecimiento de los derechos territoriales, sino también la reivindicación de los derechos culturales, sociales, económicos e inmateriales de las comunidades indígenas.

La URT Bogotá ha liderado estas iniciativas en materia de restitución étnica, contando con el respaldo de autoridades indígenas y la Fundación GAIA-Amazonas.

La directora territorial Martha Liliana Arévalo destacó la importancia de este trabajo articulado para lograr avances significativos en la restitución de tierras a las comunidades indígenas de la Orinoquía colombiana.

 
 

Partiendo de la premisa que la distribución de los combustibles líquidos son un servicio público esencia, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico ‘Sector de combustibles líquidos en Colombia: Evolución 2023 y perspectivas 2024–2033’.

En el documento se refleja el aporte de los combustibles líquidos a la seguridad energética nacional; el comportamiento de los precios y del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC); así como la resiliencia de la operación para superar diversas contingencias y asegurar la continuidad del abastecimiento en todo el país.

También incluye un análisis de la información estadística oficial y la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena (refinador, transportador, productores de biocombustibles, distribuidores afiliados a la ACP y distribuidores minoristas).

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP resaltó la importancia que tienen los combustibles líquidos en la dinámica socioeconómica del país.

Dentro de los aportes mencionó la generación de empleo. Son cerca de 270 mil personas que trabajan para esta cadena productiva. La inversión en este campo alanzó los 2.9 billones de pesos durante la vigencia 2023.

Los aportes fiscales son otro gran componente. Más de 8.5 billones entraron a las arcas del Estado por este rubro. Para 2024 se estima que el monto llegue a 9 billones, según lo expresó Frank Pearl.

Sin embargo, en este panorama no se dejaron de presentar algunos retos, que fue necesario superar. Una de estas rémoras fue el riesgo en el suministro de aproximadamente 45 millones de galones, que obedeció a distintos factores ajenos a la cadena de distribución.

En el documento precisa que en este punto el 65 por ciento del suministro que estuvo en riesgo (cerca de 30 millones de galones), provino de los bloqueos a plantas y vías, principalmente en  Cundinamarca, Meta, Santander, Huila y Cesar.

Además, de contingencias operativas, derrumbes por condiciones climáticas y limitaciones en la oferta de etanol durante el primer semestre de 2023.

No obstante, gracias al esfuerzo logístico de los distribuidores mayoristas y el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía se garantizó el abastecimiento en el territorio nacional.

El Presidente de la ACP recordó que asegurar un suministro continuo y confiable de combustibles es esencial para mantener la estabilidad del sistema energético y de muchos servicios como el transporte público, los servicios de emergencia, la atención médica y el abastecimiento de alimentos.

Todas estas actividades dependen del acceso constante a los combustibles. De acuerdo con el plan energético nacional estos representan el 42% del consumo final de energía de Colombia.

Es por ello que cualquier interrupción en el suministro de combustibles, podría tener graves consecuencias para la calidad de vida y poner en riesgo derechos fundamentales de los colombianos.

El informe también hizo una serie de recomendaciones para continuar con la atención eficiente de la demanda de combustibles. En este listado figura desarrollar almacenamientos estratégicos de respaldo; ampliar la infraestructura de transporte por poliductos.

Igualmente viabilizar importaciones de combustibles y biocombustibles; estabilizar al 10% el porcentaje de mezcla de etanol; definir la remuneración de requerimientos adicionales a la entrada del sistema de poliductos  y fortalecer con las autoridades del Gobierno nacional y regionales, las condiciones habilitantes de la operación.

Demanda continuará creciendo

En 2023 el consumo de combustibles líquidos en el país experimentó un crecimiento moderado del 0,3%, en respuesta a la reducción del 2,5% en el consumo de gasolinas, mientras que se observaron aumentos del 3% y 2% en diésel y jet, respectivamente.

En este comportamiento influyó el incremento del 48% en el precio de la gasolina corriente tras el desmonte del subsidio, la estabilidad en el precio del diésel, el aumento del transporte terrestre de carga y pasajeros.

También tuvo injerencia la necesidad de activar plantas de generación térmica, y la salida de aerolíneas de bajo costo del mercado. Para 2024-2033 se proyecta un crecimiento anual del mercado de combustibles del 1,8%, anticipando una recuperación en la senda de crecimiento económico sostenible a partir de 2024 y una mayor adopción de tecnologías con menor o incluso nulas emisiones.

Inversiones en abastecimiento y transición

Se prevé que en 2024 los agentes de la cadena alcancen una inversión total de $3,3 billones (12% superior a la registrada en 2023); que se destinará a ampliación de poliductos, ampliaciones de capacidad y adecuaciones en plantas de abastecimiento y estaciones de servicio.

Esta inversión también incluye las transformaciones digitales, investigación y desarrollo para producción combustibles sostenibles, autogeneración solar, puntos de carga para vehículos eléctricos y estaciones de servicio de gas natural, GLP y procesos de certificación carbono neutro.

Finalmente, el documento recomienda garantizar el servicio público esencial del abastecimiento de combustibles líquidos de manera confiable, eficiente y sostenible, incentivar diversas fuentes de abastecimiento para garantizar la seguridad energética.

Promover la competencia mediante la liberación de los márgenes e incentivar el aumento de la mezcla de biocombustibles para lograr la transición energética justa.

En particular, se resalta la oportunidad inmediata de reducir emisiones de CO2, mediante el aumento de la mezcla de etanol en las gasolinas, lo cual no requiere inversiones adicionales y puede ofrecer beneficios considerables, en términos de descarbonización.

 

El exgobernador Jorge Prieto Riveros se pronunció sobre la denuncia hechas ante los medios de comunicación por  Isaías Gómez Cepeda, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Calceta, sobre el caso de la reserva natural creada, por el también exsenador, en el sector de Palomas, municipio de Yopal.

En el predio existe una laguna, la cual fue objeto de señalamientos por parte del líder comunal, quien advirtió que representa un peligro para los habitantes de las zonas circundantes, debido a que la posibilidad de desbordamiento del cuerpo de agua, durante la temporada de invierno.

Otros cuestionamientos apuntaron a la cantidad de árboles que se talaron en el lugar y que la intención de estos trabajos es la construcción de varias viviendas.

Ante estas declaraciones del Gómez Cepeda, el exsenador Prieto Riveros consideró que la mejor manera de resolver cualquier duda, es que tanto Corporinoquia como los medios de comunicación, hagan una visita de campo y observen de manera presencial la obra.

La invitación hecha por el político del Partido Verde, está abierta a todas las instituciones que consideren oportuno conocer el predio, que se encuentra ubicado a 10 minutos del casco urbano de Yopal por la vía a Sirivana.

“Que vean la laguna, que vean los árboles que ahí allí. Vean la obra que nosotros estamos haciendo de cuidar el medio ambiente”, explicó el exgobernador.

Sobre la razón de la críticas recibidas manifestó que “me atacan porque creen que todos somos comunistas, todos los que luchamos por cuidar el medio ambiente y la paz”.

Agregó que remitió una carta a Corporinoquia donde menciona los puntos centrales de la denuncia en su contra, que fue dirigida a la Corporación por Isaías Gómez.

Prieto Riveros expresó que el líder comunal lo denunció por, supuestamente, haber talado cerca de mil árboles de moriche y secar la laguna que hay en el terreno antes mencionado.

Sin embargo indicó que, por el contrario, sus acciones siempre han sido en defensa de los recursos naturales, así como la protección de la fauna y la flora que había en el lugar.

“Hemos logrado atraer una gran cantidad de especies animales, que protegemos junto a numerosas especies vegetales. La mayoría en vía de extinción y que veníamos aumentando y que en una ocasión fue declarada por Parques Nacionales como reserva de la sociedad civil, a través de una resolución, que lamentablemente después fue revocada”, narró el exgobernador.

Por consiguiente recalcó de manera categórica,  que los hechos por los cuales es acusado, son totalmente falsos. Es por ello, que para corroborar la situación solicitó a la autoridad ambiental una visita de inspección ocular al lugar objeto de la denuncia. Desplazamiento que pidió cuente con la presencia del propietario de la finca y algunos residentes del sector.  

Así mismo en el referido escrito enviado a Corporinoquia, Prieto Riveros solicitó una certificación donde se aclare si Gómez Cepeda trabaja en coordinación con la entidad, debido a que según el exsenador, en varias ocasiones el líder ha ofrecido sus servicios de intermediación, ante el ente ambiental, para evitar una sanción.

La misiva hace énfasis en que toda esta situación le ha causado graves consecuencias económicas, al no permitirle un adecuado manejo del predio, así como una afectación a su reputación como defensor del medio ambiente.

Finalmente sobre los supuestos desbordamientos de la laguna que se han presentado en años anteriores, sostuvo que no es posible que esto suceda y que recuerda que una vez encontraron que manos malintencionadas habían puesto dinamita, para tratar de secar la laguna.

 Ahora se espera que la Corporación haga un pronunciamiento sobre estos hechos y tome las acciones pertinentes.

 

 

Empleados de la IPS Domisalud del Llano, empresa que presta sus servicios a varias EPS, en el área de atención domiciliaria en las áreas de enfermería, terapias físicas y respiratorias, entre otros servicios, hicieron una denuncia pública por la demora en el pago de sus salarios por parte de la empresa.

Frente a la entrada de dicha empresa, varios auxiliares de enfermería contaron que les adeudan la mitad del sueldo de septiembre del año pasado, más los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024.

La situación afecta más de 30 personas, entre auxiliares de enfermería y terapistas de Aguazul y Yopal, quienes hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria a sus reclamos por parte de la IPS.

Según los afectados las directivas de la compañía solo atinan a responder que no han podido pagarles porque algunas EPS, como Sanitas o Nueva EPS, no les han hecho los respectivos desembolsos por el servicio recibido.

Versión que para ellos no es del todo creíble, porque manifestaron que otras IPS que también contratan con estas empresas, no presentan problemas en el pago de sus cuentas.

Debido a esta situación los afectados expresaron que padecen una situación económica muy difícil, con deudas generadas por su insolvencia financiera.

Argumentaron pro este inconveniente no han podido cumplir con sus compromisos personales como arriendo, incluso, el pago de seguridad social que ellos deben asumir, porque el modelo de vinculación laboral con Domisalud es bajo el modelo de OPS.

Es por ello que hacen un llamado urgente a las directivas, en especial la señora Daissy Caballero, les solucione esta difícil situación. “Estoy prestando el servicio de enfermería domiciliaria desde el primero de octubre y no me han cancelado ni un solo mes de trabajo”, acotó Janet Martínez, quien es una de las afectadas.

Miguel Ángel Tumay otro auxiliar de enfermería quien también hace parte de la nómina que Domisalud les adeuda su salario. Comentó que en su caso particular le pagaron el mes de enero con “chichiguas”, haciendo referencia que su salario la empresa fue pagándolo en 4 cuotas de 25 por ciento cada una.

Igualmente recordó que hace algunos meses se vio obligado a realizar un cese de actividades en el mes de enero, como medida de presión para recibir su sueldo.

Ahora todos ellos esperan que la empresa les cancele lo adeudado, por lo que insistirán en sus reclamaciones, las cuales aún no han sido reportadas a la oficina de trabajo.

 

El Departamento de Policía Casanare informó sobre la captura en flagrancia de una persona, a quien le fueron hallados en su poder 3 kilos de marihuana, avaluados en 18.750.000 pesos.

El procedimiento policial se adelantó en el barrio Carlos Pizarro, del municipio de Aguazul y el detenido ahora deberá responder ante la justicia, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Al capturado también le fueron incautados 24 gramos de clorhidrato de cocaína, la cual se encontraba distribuida en 48 dosis, cuyo precio es de 720. 000 mil pesos.

Un vehículo Renault Twingo color gris de placa MQL 573 avaluado en 13.000.000 millones de pesos, así como 3.960.000 pesos, en efectivo.

 

 

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ha expresado su preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño en la región, que recientemente llevó al gobierno nacional a declarar Desastre Nacional.

A pesar de las lluvias atípicas que han aliviado el calor, los incendios forestales y la escasez de agua continúan siendo una amenaza para la comunidad.

En una reunión con expertos en prevención y atención de emergencias, el gobernador Ortiz Zorro discutió medidas para hacer frente a la situación.

Guillermo Velandia, director departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, informó sobre la extinción de más de 150 hectáreas de vegetación en incendios forestales en Orocué y Támara.

Durante el encuentro, se identificaron las necesidades más urgentes para combatir los incendios y garantizar el suministro de agua en los municipios afectados.

Estas demandas serán elevadas al gobierno central para su inclusión en el plan de acción del estado de emergencia, declarado por el presidente Gustavo Petro.

Entre las medidas propuestas se encuentra la construcción de pozos profundos con molinos de viento, la adecuación de abrevaderos, la asignación de carrotanques y el fortalecimiento de los organismos de socorro.

Se prevé que la temporada de sequía se prolongue hasta las primeras semanas de abril, según informes de agencias internacionales.

 

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de aproximadamente 1200 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la vía que conecta Hato Corozal - La Cabuya, Casanare y Tame, Arauca.

El operativo, desarrollado en el marco de las operaciones de estabilidad, fue resultado del trabajo de inteligencia militar que permitió identificar un camión que aparentaba transportar ganado.

El vehículo fue inspeccionado en un puesto de control militar por el Grupo de Caballería N.° 16 Guías de Casanare y el Grupo de Caballería Liviano N.° 7 Meteoro de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, revelando un doble fondo con cerca de 1000 paquetes de una sustancia similar al clorhidrato de cocaína.

Al descubrir la carga ilícita, el conductor del camión intentó sobornar a los soldados con 50 millones de pesos, pero estos rechazaron la oferta y procedieron a su captura, poniéndolo a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

La incautación de este clorhidrato de cocaína, valuada en aproximadamente 35 millones de dólares, representa un duro golpe a los grupos armados organizados que operan en la región oriental del país.

Las autoridades también destacaron que con esta incautación se impide la financiación de actividades delictivas, a través del narcotráfico y protegiendo a la juventud de los riesgos asociados al consumo de sustancias alucinógenas.

Además del estupefaciente decomisado, se confiscaron seis millones de pesos y dos teléfonos celulares, que fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación como parte de las pruebas recopiladas en el operativo.