La Secretaría de Hacienda de Casanare, en alianza con la Federación Nacional de Departamentos y su grupo anticontrabando, llevó a cabo en Paz de Ariporo la estrategia “Jóvenes hacia una cultura de la legalidad”.

Esta iniciativa contó con el respaldo del Sena sede Manare, que abrió sus aulas para recibir a más de 100 estudiantes.

Los participantes, inscritos en programas técnicos como deportes, asistencia administrativa, cocina, producción agropecuaria, maquinaria agrícola, topografía, producción animal y asistencia para inteligencia empresarial, se involucraron en actividades pedagógicas.

Estas dinámicas resaltaron los riesgos asociados al consumo y comercio de productos ilegales y adulterados, como cervezas, licores y cigarrillos, promoviendo la importancia de respetar las normativas para proteger la salud y la economía local.

Paralelamente, el programa “Semilleros de Legalidad” impactó a 66 niños y niñas de la Institución Educativa Nuestra Señora de Manare.

A través de actividades lúdicas y recreativas, los menores aprendieron sobre la relevancia de las normas de convivencia y el valor de la legalidad en su día a día, sembrando desde temprana edad una cultura de respeto y responsabilidad.

La Dirección de Rentas de Casanare reafirmó su compromiso de extender estas iniciativas a otros municipios del departamento, con el propósito de fortalecer una ciudadanía que valore la legalidad como pilar fundamental para el bienestar colectivo, la salud pública y el desarrollo económico de la región.

La Alcaldía de Yopal presentó tres proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad y servicios en varios corregimientos. Las iniciativas incluyen obras viales, adecuaciones educativas y construcción de un puente.

Uno de los proyectos contempla la segunda etapa de la doble calzada Yopal–Morichal. La primera fase fue construida por la Gobernación de Casanare entre 2013 y 2016.

En esta ocasión, el alcalde Marco Tulio Ruiz presentó ante el Gobierno Nacional una propuesta cercana a los 50.000 millones de pesos, financiada con regalías, para extender el tramo hasta Morichal. El mandatario informó que están a la espera de la resolución que asignará los recursos.

En otro frente, Planeación Municipal incluyó una propuesta de 26.000 millones de pesos para finalizar el anillo vial que une Palomas Aguaverde con Quebradaseca.

El proyecto abarca seis kilómetros de pavimentación y contempla la construcción de una infraestructura sobre el caño San José. Según la Alcaldía, estas obras beneficiarían especialmente a la población campesina, que enfrenta dificultades por el estado de las vías.

También se anunció la adecuación de infraestructura educativa en Punto Nuevo. La iniciativa incluye una cancha cubierta y la construcción de aulas para la Institución Educativa Santa Teresa.

El secretario de educación municipal, David Díaz, oriundo de este corregimiento, destacó el impacto positivo de la obra, al recordar que cursó sus estudios primarios en esa escuela.

Por su parte, el presidente de la junta de acción comunal, Víctor Manuel Monquirá, subrayó la importancia de la cancha cubierta. Actualmente, los estudiantes deben cruzar una vía con alto tránsito de carga pesada para realizar sus actividades físicas. La nueva infraestructura busca eliminar ese riesgo.

La Administración Municipal de Yopal realizó el sellamiento de un predio en zona rural, identificado como ‘La Selvita’, luego de hallazgos relacionados con usos indebidos del suelo y construcciones sin licencia.

Así lo reveló la información oficial compartida por el Gobierno municipal.

La intervención se dio en cumplimiento de la acción popular 2025.0052-00 y la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

La medida fue liderada por la corregidora de Santa Fe de Morichal, Nury Janeth Leguizamón, con acompañamiento de funcionarios de las secretarías de Planeación y Gobierno, Policía Nacional y Personería Municipal.

Según el informe técnico de Planeación, en el terreno se evidenció parcelación sin los permisos correspondientes, lo que constituye una infracción a la Ley 1801 de 2016, artículo 135, referente a la integridad urbanística.

Además de las irregularidades urbanas, el documento oficial alertó sobre posibles impactos ambientales que ponen en riesgo el equilibrio ecológico del área intervenida. Estos elementos fueron decisivos para aplicar el sellamiento en defensa del interés general.

Durante el procedimiento, el equipo interinstitucional verificó que las construcciones presentes no contaban con licenciamiento legal, lo que refuerza la decisión administrativa tomada por el municipio.

“Confirmamos la existencia de actividades urbanísticas no autorizadas, tal como lo señala el informe técnico emitido por Planeación”, declaró la corregidora Leguizamón.

En la tarde del lunes 28 de julio, un lamentable caso de, al parecer, muerte por decisión propia se presentó en el municipio de Aguazul. Un hombre de 68 años identificado como José Antonio Arciniegas Landaeta, oriundo de Paz de Ariporo, fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en el barrio El Oriente.

Según información preliminar, la víctima se dedicaba a oficios varios y residía en el sector urbano de la capital arrocera. El suceso fue reportado hacia las 2:00 p.m., activando la intervención de las autoridades locales, quienes ahora adelantan la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Desde las entidades oficiales se hizo un llamado a la comunidad sobre la importancia de buscar acompañamiento psicológico y especializado ante situaciones que comprometan la salud mental.

En este contexto, se reiteró la necesidad de fortalecer la red de apoyo emocional como medida de prevención.

Las autoridades realizaron tres capturas el pasado jueves 24 de julio en operativos desarrollados en los barrios Mi Nueva Esperanza y Las Atalayas de Yopal.

Entre los detenidos figuran dos hombres conocidos por sus alias: «Huevo Frito» y «Roger», así como una mujer de 60 años, quien sería la progenitora del último de los mencionados.

Según las investigaciones preliminares, estas personas se dedicaban a seguir y asaltar a ciudadanos que retiraban altas sumas de dinero en entidades bancarias.

El trío operaba mediante seguimiento en zonas comerciales, identificación de víctimas y uso de motocicletas para cometer los robos.

Alias «Huevo Frito» sería el encargado de ejecutar los asaltos con arma de fuego, mientras que alias «Roger» y la mujer capturada estarían encargados de vigilar y marcar a las posibles víctimas en las inmediaciones de los bancos.

Los detenidos estarían vinculados a un hurto ocurrido el pasado 5 de junio en el centro de Yopal, donde un ciudadano fue despojado de 120 millones de pesos.

Durante los allanamientos se incautaron motocicletas presuntamente utilizadas en este robo y otros hechos similares.

Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre de 23 años, señalado por la comunidad de realizar actos sexuales indebidos contra un niño de nueve años en el barrio centro del municipio de Paz de Ariporo, el pasado 25 de julio.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos a la estación de policía local, luego de recibir una alerta ciudadana sobre el comportamiento del implicado.

Tras el arresto, el hombre fue entregado a la Fiscalía Local, entidad que lo investiga por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, tipificado en el artículo 209 del Código Penal colombiano.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a padres, acudientes y miembros de la comunidad para fortalecer los mecanismos de protección infantil, promoviendo la denuncia oportuna ante cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Para ello, recuerdan que están disponibles las líneas 123, 141 y 155 para orientación y reporte de casos.

Mientras tanto, al detenido un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural como medida de carácter preventivo. Se conoció que el capturado quien labora en tareas de reciclaje no aceptó los cargos que le impuestos por la autoridad judicial.

El detenido fue enviado a la cárcel de La Guafilla, pese a que se divulgó que la defensa del acusado insistió en que el detenido, al parecer, padece de algún tipo de desorden mental por lo que se encuentra en un estado inimputabilidad.

La mañana del lunes 28 de julio en la vereda Chaparrito la vida se detuvo un instante. En medio del silencio de la carretera Trinidad – Bocas del Pauto, un pequeño tigrillo yacía herido, víctima de algún vehículo que pasaba por el lugar y lo atropelló.

Sus ojos, aún abiertos, reflejaban el desconcierto de la tragedia; su cuerpo, inmóvil, pedía auxilio.

Fueron los campesinos del sector quienes primero lo vieron. No hubo indiferencia. En minutos, la Policía llegó, seguida por el concejal Anderson Villamil, quien no dudó en sumarse al rescate.

El felino fue levantado con sumo cuidado, como quien sabe que entre sus manos está la vida de una especie que necesita protección.

Trasladado al casco urbano de Trinidad, cada paso fue una carrera contra el tiempo. Bomberos, funcionarios del área ambiental de la Alcaldía y líderes locales tejieron una cadena de solidaridad para llevarlo hasta Yopal, donde Corporinoquia lo esperaba para atender sus heridas.

Pero no bastó. El ocelote no resistió. Murió antes de que los médicos de Corporinoquia pudieran hacer algo. En su breve agonía, dejó sembrado un mensaje: que la vida silvestre vale cada esfuerzo que haga el ser humano por preservar su ecosistema.

Las autoridades recuerdan que el tigrillo es una especie protegida, y que la protección empieza en el respeto por su entorno. El pequeño felino no tenía nombre, pero su dolor unió a toda una comunidad.

Por primera vez en la historia judicial del país, un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal.

Este lunes, la jueza Sandra Liliana Heredia determinó que Álvaro Uribe Vélez es responsable como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en fallo de primera instancia. Aunque fue exonerado del cargo de soborno simple, el fallo establece su implicación directa en la manipulación del proceso judicial.

La Fiscalía logró demostrar su participación en calidad de determinador en los delitos imputados, y advirtió que, según lo establecido en el Código Penal, las penas para estos delitos oscilan entre cuatro y ocho años.

De acuerdo con esa estimación, el expresidente podría ser objeto de detención domiciliaria.

Al término de la audiencia, se abrió el debate sobre la tasación de la pena. La Fiscalía se inclinó por solicitar casa por cárcel.

En contraste, el abogado defensor Jaime Granados sostuvo que, pese al fallo, la presunción de inocencia sigue vigente hasta que la sentencia quede en firme, y pidió aplicar criterios que valoren la razonabilidad y el respeto a la libertad del acusado, quien ha comparecido voluntariamente ante la justicia.

La lectura oficial de la sentencia fue fijada para el viernes 1 de agosto, a las 2:00 p.m. La jueza indicó que las partes recibirán el documento completo esa misma mañana.

La diligencia se realizó en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Al recinto asistieron representantes de las partes procesales, incluyendo el senador Iván Cepeda —quien fungió como víctima en el caso— y el abogado penalista Jaime Lombana, en representación de la defensa.

Uribe y su abogado principal siguieron la audiencia de forma virtual por encontrarse fuera de la ciudad.

Durante el desarrollo del fallo, la jueza se refirió a una presunta “coreografía criminal” y mencionó la existencia de un “libreto” diseñado para alterar el curso del proceso judicial.

Según la acusación de la Fiscalía, liderada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, Uribe habría recurrido a su abogado Diego Cadena para influir en exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, buscando declaraciones que lo desvincularan de grupos armados ilegales en Antioquia a cambio de eventuales beneficios jurídicos.

Reacciones y futuro político

La condena a Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de la historia reciente de Colombia, ha generado un terremoto político en el país.

Sus seguidores han convocado a manifestaciones en su apoyo, mientras que sus opositores celebran la decisión judicial como una victoria contra la impunidad.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, respaldando la independencia judicial y la protección de la jueza Sandra Heredia.

Petro afirmó que "es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad".

Analistas políticos coinciden en que este fallo tendrá un impacto significativo en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La pena que deberá pagar el expresidente Uribe y que se conocerá este viernes, se estima que podría ser prisión domiciliaria al tratarse de delitos con sanciones menores a los nueve años de cárcel.

Ahora las dos partes cuentan con cinco días hábiles para apelar la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá. 

Una herida causada con un arma blanca a la altura del cuello recibió una mujer identificada como Derly Viviana Salamanca Cruz, en medio de una riña que se presentó en la calle 64 con carrera 7 oeste, barrio Villa Nariño de Yopal.

La gravedad de la lesión le causó la muerte a la víctima quien alcanzó a ser trasladada al Hospital Regional de la Orinoquía, pero cuando ingresó al centro asistencial ya no presentaba signos vitales. El hecho violento ocurrió en la madrugada de este domingo 27 de julio.

Versiones de testigos manifestaron que Salamanca Cruz de 29 años trató de para de mediar en medio de una pelea, cuando fue ataca.

Se conoció que las autoridades capturaron al presunto agresor en el lugar del incidente, pero su identidad y las causas exactas de la disputa no han sido divulgadas. El caso está bajo investigación.

Con el fallecimiento de Derly Viviana sus tres hijos menores de edad quedaron huérfanos. La comunidad del sector pidió a las autoridades hacer justicia.

Casanare vivió un fin de semana marcado por una serie de accidentes de tránsito que dejaron dos personas fallecidas y varias lesionadas en diferentes puntos del departamento.

Las autoridades reportaron cuatro siniestros viales que evidencian la problemática de seguridad en las carreteras.

Un caso ocurrido el domingo 27 de julio a las 7:30 p.m. en el kilómetro 04+900 de la vía Barranca de Upía–Villanueva, sector El Tropezón.

En este lugar Yina Salgado perdió la vida tras un choque entre una motocicleta Bajaj Pulsar y una camioneta Toyota Fortuner. Otro ocupante de la moto resultó herido y fue trasladado al hospital local de Villanueva, mientras que el conductor de la camioneta salió ileso.

En otro hecho se presentó en la vereda Manantiales, vía Punto Nuevo, zona rural de Yopal. En este punto, Ramón Ortiz falleció en un accidente que involucró una motocicleta y una camioneta.

Este siniestro se sumó a la trágica jornada del domingo, marcada por siniestros viales que dejaron un saldo de dos muertos y varios heridos.

También se conoció que en el casco urbano de Yopal, dos motociclistas colisionaron en la calle 24, sobre el puente sobre el caño La Campiña. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial con lesiones graves, según reportes de las autoridades.

Finalmente, hacia las 4:00 a.m. del domingo, un choque entre una motocicleta y un taxi en la calle 24 con carrera 21 de Yopal dejó tres heridos.

Los dos ocupantes de la moto y la conductora del taxi fueron llevados a un centro médico con heridas de consideración. Testigos señalaron que el accidente pudo deberse a un exceso de velocidad y al irrespeto de un semáforo en rojo.

Las autoridades de Casanare investigan las causas de estos siniestros y hacen un llamado a la prudencia en las vías para evitar más tragedias.