Con el objetivo de reducir el maltrato infantil asociado al rendimiento escolar, la Casa de Justicia de Yopal desarrolla la campaña "Notas de Impacto".

Esta propuesta es una estrategia que busca transformar la relación entre familias y estudiantes frente a los desafíos académicos. La iniciativa se ha puesto en marcha en 12 instituciones educativas de zonas rurales y urbanas del municipio.

A través de esta campaña, se han impartido talleres diseñados para mejorar el desempeño escolar, fomentar la comunicación asertiva entre padres e hijos y brindar herramientas sobre crianza positiva.

Además, se han desarrollado actividades preventivas para evitar la violencia intrafamiliar y promover entornos seguros para el desarrollo de los menores.

El programa nació como respuesta a los casos identificados en los que el bajo rendimiento escolar ha desencadenado episodios de violencia en el hogar.

Desde su implementación en 2024 y 2025, "Notas de Impacto" ha alcanzado a 3.318 personas, incluyendo 1.860 padres de familia, 141 docentes y 1.317 estudiantes de 18 instituciones educativas de Yopal.

La Administración Municipal respalda esta iniciativa como parte de sus esfuerzos por fortalecer la relación entre estudiantes, padres y docentes.

Se busca no solo mejorar el desempeño académico, sino también ofrecer alternativas al castigo físico o psicológico como método de corrección.

"La violencia nunca debe ser una respuesta a las dificultades escolares. Queremos que las familias yopaleñas cuenten con herramientas para convertir los desafíos académicos en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento del vínculo familiar", señaló Esmeralda Arévalo Corredor, directora de la casa de justicia de Yopal.

El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, recalcó que los recursos destinados a la construcción de la Institución Educativa Centro Social están asegurados.

Con esta afirmación despejó cualquier duda que se pueda presentar, sobre la ejecución de esta obra, incluida dentro de los proyectos a financiar con los recursos del empréstito adelantado por el municipio.

Las declaraciones las hizo con el ánimo de ratificar que pese revés de la propuesta de construcción de un nuevo palacio municipal, los demás proyectos que serán financiados con los recursos del endeudamiento, como la sede del Centro Social, no se vieron afectados.

En cuanto al nuevo edificio para a Alcaldía, la Aeronáutica Civil no dio la autorización para la construcción en altura por lo que la Curaduría no puede entregar la licencia de construcción “y, además, ya se nos está yendo el tiempo y la idea no es dejar obras inconclusas”, subrayó el alcalde.

Sobre el Centro Social mencionó que la Gobernación esta ad-portas que le aprueben los estudios y diseños por parte del Ministerio de Educación. También dijo que los recursos por 17 mil millones de pesos para el proyecto están listos para construir dicha obra.

El municipio tiene muchas necesidades que pueden llegar a ser destinatarias de los 90 mil millones de pesos que la Alcaldía tenía planeado invertir, en la construcción de una torre para el palacio municipal.

Esta interpretación sobre el rumbo que podrían tener dichos recursos fue dada por el concejal Ociel Ortiz, quien agregó que confía en que ante esta situación la Administración deberá presentar un nuevo proyecto al Concejo.

En dicha iniciativa se debe determinar en qué se van a invertir esos dineros que hacían parte del endeudamiento, propuesto por el Gobierno local.

Sobre el destino que pueda tener esta partida precisó que se pueden emplear en suplir algunas de las tantas necesidades de la ciudad. En este sentido sostuvo que, seguramente, muchas comunidades van a solicitar a la Alcaldía que las tengan en cuenta para solucionarles sus problemas con estos dineros.

“Por ejemplo, a mí la gente de Torres del Silencio me llamó para preguntar qué tan cierto era esto. Seguramente ellos van a querer que los tenga en cuenta, con algunos recursos que hacen falta para la construcción de las nuevas torres de este proyecto”, recalcó el concejal Ortiz.

El concejal manifestó que algunos beneficiarios de dicho proyecto le informaron que el gobernador, César Ortiz Zorro, asignó un partida de 50 mil millones de pesos, pero que hacen falta dinero para completar el valor total del traslado de esta proyecto de vivienda, ordenado por la ley debido a problemas de inestabilidad del terreno.

Ortiz también expresó que la lista de necesidades que demandan la intervención del Estado es bastante larga. Por solo citar algunos ejemplos mencionó Torres del Cubarro, La Bendición, Alameda Martha Mojica, sin desconocer los problemas de inseguridad de la ciudad que vienen en ascenso vertiginoso desde hace varios años.

Por el momento es necesario esperar qué decisión toma la Administración municipal y cuales serían los posibles proyectos a financiar con esos 90 mil millones que estaban destinados para la construcción de una nueva torre de la Alcaldía.

Las autoridades anunciaron la reapertura del Aeropuerto de Paz de Ariporo para este 2025, en un esfuerzo por fortalecer la conectividad aérea y dinamizar la economía del norte de Casanare.

La noticia fue confirmada por el director regional oriente de la Aeronáutica Civil de Colombia, Andrés Jaramillo, durante una audiencia pública en el Concejo Municipal.

El anuncio fue recibido con optimismo por líderes locales, quienes destacaron el impacto que tendrá en el turismo, el transporte tanto de pasajeros como de carga, y la llegada de nuevas inversiones.

Hugo Archila, acompañado por el concejal Cristian Vega, resaltó que este avance contribuirá a la reactivación económica de la región.

La reapertura del aeropuerto es resultado de la gestión conjunta de Archila Suárez y los concejales de la Comisión Tercera, quienes han promovido estrategias para mejorar la infraestructura aérea.

El proyecto cuenta con respaldo institucional y comunitario, reflejado en la participación de autoridades locales, representantes del sector empresarial y miembros del Congreso.

Este nuevo paso en la modernización del transporte aéreo en Casanare busca fortalecer la movilidad y generar oportunidades económicas para la población, consolidando el trabajo articulado entre los distintos niveles de Gobierno.

La empresa GeoPark, en alianza con Parex, finalizó la rehabilitación asfáltica de la vía Vara-Soceagro en Villanueva, Casanare. La obra, que abarca 17,5 kilómetros, busca mejorar la conectividad rural y facilitar el acceso de las comunidades a bienes y servicios. 

El proyecto, ejecutado por la empresa local Maboh, requirió un año de trabajo y contó con una inversión superior a $14.000 millones de pesos. La vía es clave para la movilidad de cientos de familias que dependen del transporte terrestre para sus actividades diarias. 

En la inauguración participaron el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el alcalde de Tauramena, Javier Álvarez, junto a líderes comunitarios y representantes del sector empresarial. Las autoridades destacaron la importancia de la obra para el desarrollo regional. 

GeoPark también avanza en otros proyectos de infraestructura en Casanare, como el reforzamiento estructural de puentes en Villanueva y Tauramena, con una inversión de más de $4.000 millones de pesos. La empresa reafirma su compromiso con el mejoramiento vial y el desarrollo sostenible de la región. 

Los Consejos Gremiales de Boyacá y Casanare, que representan a 37 gremios regionales del sector productivo, han elevado una solicitud formal y urgente a altos funcionarios del Estado.

La misiva incluye a la ministra de transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al director general de Invías, John Jairo González Bernal; y a la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.

El motivo es la grave situación generada por los cierres constantes de la Transversal del Cusiana, la vía que conecta Sogamoso y Aguazul.

Esta carretera es considerada una conexión fundamental entre los departamentos de Boyacá y Casanare y un eje estratégico para el desarrollo económico del oriente colombiano.

Históricamente, ha presentado problemas de inestabilidad geológica y estructural, lo que ha requerido cuantiosas inversiones y complejos esfuerzos logísticos en el pasado.

El deterioro de puentes críticos como Los Grillos, Chorro Blanco y Puente Nuevo, ha tenido un impacto severo e inmediato.

Los gremios enfatizan que las soluciones implementadas recientemente no han logrado garantizar una conectividad estable ni sostenible. La situación actual es de carácter estructural y no coyuntural, exigiendo una respuesta técnica rigurosa y una decidida voluntad política del Gobierno Nacional.

El impacto económico de los cierres recurrentes es severo y documentado. Según la Cámara de Comercio de Casanare, cada día de cierre genera pérdidas diarias estimadas en $7.956 millones de pesos solo para este departamento.

Estos perjuicios afectan especialmente a sectores como la agricultura, ganadería, construcción, industria manufacturera, comercio, transporte y turismo.

Otras fuentes gremiales estiman que las pérdidas diarias pueden superar los $5.000 millones de pesos solo en el componente de movilidad, sin contar el impacto adicional para productores y empresas.

Se estima que el 60% de los productos que salen de los Llanos Orientales utilizan esta vía, evidenciando la magnitud de la afectación para el abastecimiento nacional.

Además, el deterioro de la conectividad ha debilitado el turismo, los negocios y la logística empresarial. Hoteles y centros turísticos de Casanare reportan que hasta el 80% de sus visitantes en fines de semana y festivos provienen de Boyacá y Bogotá.

La cancelación de vuelos entre Paipa y Yopal ha agravado la situación, encareciendo costos logísticos y reduciendo la competitividad regional.

Sectores como el transporte de arroz, carne, materiales de construcción y productos agroindustriales han visto incrementados sus costos y tiempos de operación, afectando la viabilidad de proyectos y el abastecimiento en el centro y oriente del país.

Estas cifras reflejan una afectación económica estructural y creciente, que compromete la competitividad y el bienestar de Boyacá y Casanare. Ante esta situación, los gremios solicitan formalmente las siguientes acciones:

• La conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con participación del Ministerio de Transporte, INVIAS, Defensoría del Pueblo, gobiernos departamentales y municipales, y los sectores productivos.

• El diseño de un plan de acción técnico, presupuestal y cronológico para restablecer la conectividad de manera segura y estable, priorizando soluciones de fondo.

• La revisión de alternativas viales complementarias o definitivas que consideren el comportamiento geológico y los requerimientos de carga y tránsito.

• La implementación de medidas de mitigación inmediata para evitar mayores afectaciones económicas y sociales.

• Designación de un equipo técnico permanente del Gobierno Nacional en la región con capacidad de tomar decisiones ágiles.

• Publicación de un informe técnico consolidado sobre la situación, incluyendo evaluación geotécnica, estado de contratos y lecciones aprendidas.

• Priorización de alternativas de trazado definitivo por una ruta de menor vulnerabilidad geológica, mencionando como ejemplo la ruta por El Morro – Vado Hondo – Labranzagrande o las propuestas por la comunidad.

• Compensaciones económicas para sectores afectados, como apoyos a agricultores, comerciantes, transportadores y MiPymes, y flexibilización tributaria o financiera.

• La realización de una audiencia pública regional de alto nivel en Tunja o Yopal para escuchar a los sectores y rendir cuentas.

Los Consejos Gremiales de Boyacá y Casanare, firmantes de la misiva, reiteran que este asunto trasciende lo local y afecta directamente la articulación de los Llanos Orientales con el altiplano cundiboyacense y con todo el país.

Por ello, exige la total atención del Gobierno Nacional con un enfoque regional, multisectorial y de largo plazo.

La solicitud fue enviada con copia a los gobernadores de Boyacá y Casanare, alcaldes de varios municipios involucrados, cámaras de comercio de Sogamoso y Casanare, y medios de comunicación regionales.

Los gremios quedan a la espera de una pronta respuesta y una fecha para la instalación de la mesa de trabajo solicitada. El oficio está firmado por María Paula Gómez Ramírez y Ana Elvia Ochoa Jiménez, presidentas de los consejos gremiales de Casanare y Boyacá, respectivamente.

Se conoció en las últimas horas sobre la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Paz de Ariporo – Hato Corozal. -el hecho se presentó esta tarde de viernes 23 de mayo.

Los datos que se tienen hasta el momento indican que un motociclista colisionó contra un vehículo, quedando gravemente herido. Pese a que fue trasladado de urgencias a un centro asistencial, las heridas recibidas en el impacto le provocaron su deceso.

Hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles del siniestro vial, como la identidad de la víctima mortal y las circunstancias en las cuales se presentó el accidente.

En un operativo de control vial, la Policía de Tránsito y Transporte de Casanare reveló la captura en flagrancia de un individuo por presunta fabricación, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 

Según la información oficial, la intervención se realizó en el kilómetro en el sector de El Venado, jurisdicción del municipio de Tauramena, donde se logró la incautación de 26 cartuchos calibre 9 mm, 507 gramos de marihuana y un equipo celular. 

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el origen de los elementos incautados y determinar posibles vínculos del detenido con actividades delictivas en la región. 

La Policía y Transporte de Casanare informó sobre la incautación de un cargamento de sustancia vegetal con características similares a la marihuana. El operativo se llevó a cabo este jueves 22 de mayo en el sector del corregimiento El Charte, jurisdicción del municipio de Yopal.

Durante la inspección, agentes policiales encontraron 20 paquetes de la sustancia, con un peso aproximado de 10.000 gramos. El material era transportado bajo la modalidad de encomienda en un vehículo de servicio público tipo furgón que cubría la ruta Bogotá-Yopal.

Las autoridades aseguraron que continúan con las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento.

En Colombia celebra este 24 de mayo el Día Nacional del Concejal, una fecha dedicada a honrar la labor de los concejales municipales y a recordar a quienes han perdido la vida en el ejercicio de esta función pública.

Fue establecido por la Ley 1055 de 2006, sancionada el 26 de julio de ese año. La elección del 24 de mayo se relaciona con la masacre ocurrida ese día en 2006 en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, donde nueve concejales fueron asesinados, un hecho que marcó la historia reciente de la política local y motivó la creación de esta efeméride.

Origen y evolución de los concejos municipales

Los concejos municipales tienen raíces históricas que se remontan a la antigua Roma, donde los ediles cumplían funciones voluntarias de administración y ornato público.

En la Edad Media, los concejos evolucionaron como juntas de vecinos con poderes administrativos, y su estructura se consolidó en los cabildos españoles, modelo que fue adoptado en América Latina durante la colonia.

Con la Constitución de 1886 en Colombia, se crearon formalmente los concejos municipales como corporaciones populares, aunque inicialmente con facultades limitadas y con miembros designados o elegidos popularmente a partir de 1908.

Durante el siglo XX, los concejos sufrieron varias transformaciones, incluyendo su clausura en 1949 y su restablecimiento en 1958, adaptándose a las nuevas realidades políticas y sociales del país.

La Constitución de 1991 reafirmó su importancia, proclamando al municipio como entidad fundamental de la organización territorial y dotando a los concejos de mayores funciones y competencias.

Los concejales son elegidos popularmente para periodos de cuatro años y conforman una corporación pública.

Entre sus funciones principales se encuentran aprobar el presupuesto municipal y supervisar su ejecución. Vigilar y ejercer control político sobre la administración municipal. Representar a la ciudadanía y canalizar sus necesidades ante el gobierno local.

Datos relevantes

Desde 1958 hasta 2019, 923 concejales han sido asesinados en Colombia, víctimas de la violencia política y el conflicto armado.

Los concejales no son empleados públicos en sentido estricto, sino servidores públicos que reciben honorarios por sesión, los cuales varían según la categoría del municipio.

El número de concejales por municipio oscila entre 7 y 21, dependiendo de la población, aunque en ciudades como Bogotá el concejo cuenta con 45 miembros

La Ley 1055 de 2006 también proyectó la construcción de un monumento en Puerto Rico (Caquetá) en memoria de los concejales asesinados, aunque hasta la fecha no ha sido construido.

Finalmente, el Día Nacional del Concejal es una ocasión para reconocer la importancia de estos servidores públicos en la construcción de la democracia local y la defensa de los intereses ciudadanos.

También es un llamado a la memoria y al respeto por quienes han sacrificado su vida en el ejercicio de la representación política, reafirmando el compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional en los municipios de Colombia.