La Secretaría de Movilidad de Yopal, en alianza con Perenco y Eccosis Ingeniería, puso en marcha una nueva estrategia pedagógica para fortalecer la seguridad vial en el municipio.

La iniciativa incluye cuatro estaciones interactivas que buscan generar conciencia desde la experiencia directa: una dramatización basada en hechos reales ocurridos en la ciudad, un simulador de motocicleta para evaluar decisiones al volante, un concurso sobre normatividad vial y una práctica de maniobras defensivas enfocada en puntos ciegos de vehículos de gran tamaño.

Estas actividades se desarrollarán en distintos sectores de Yopal, así como en instituciones educativas y universidades, con el acompañamiento de profesionales en seguridad vial.

La campaña incorpora ambientación, recursos visuales y material pedagógico para facilitar el aprendizaje en cada comunidad participante.

Como complemento, se distribuirán más de 2.000 cartillas educativas con información sobre normas, sanciones y buenas prácticas, reforzando los contenidos abordados en cada estación.

Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo principal es sensibilizar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad en las vías, promoviendo una transformación en la cultura vial del municipio.

Un joven identificado como Fabián Gutiérrez, de aproximadamente 25 años, fue herido en un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del jueves 9 de octubre en el barrio María Milena de Yopal.

El hecho se registró en la carrera 32 con calle 25, donde la víctima se encontraba junto a otras personas en una esquina del parque que hay en este sector de la ciudad.

Relatos de testigos señalan que dos sujetos que se desplazaban en motocicleta lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones. Gutiérrez, quien se encuentra en condición de calle, recibió impactos en la zona lumbar, brazo y piernas.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada. Versiones extraoficiales manifestaron que su estado de salud es crítico.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector y continúan con la investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

En el municipio de Villanueva, Casanare, la Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre de 29 años por el delito de hurto, en hechos ocurridos en la vereda La Libertad.

La acción se desarrolló en el marco del plan cazador, como parte de la ofensiva contra el multicrimen y el delito.

La intervención policial se dio tras una llamada de la ciudadanía que alertó sobre el robo de varios elementos de valor, entre ellos una pistola Jericho, un reloj Cartier y dinero en efectivo.

Gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y a la información suministrada, el presunto responsable fue ubicado y señalado directamente por la víctima.

Durante el procedimiento, se incautó un celular marca Xiaomi Redmi Note 11, el cual fue entregado como elemento material probatorio. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Local 16 de Villanueva para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Sobre las 4:30 de la tarde de este jueves 9 de octubre, el Departamento de Policía Casanare informó de manera oficial sobre la captura en flagrancia de un sujeto de 35 años, quien había perpetrado un hurto  en zona rural del municipio de Pore. 

También hacía hincapié e informe policial que el operativo que se coordinó con el Gaula militaar, se logró la recuperación de una camioneta Toyota Hilux y varios elementos de valor que había sido hurtados. Destacó igualmente que el éxito de esta labor obedeció al plan candado, así como a labores de patrullaje, el vehículo fue localizado en la vereda Guanábanas, donde fue interceptado junto con el conductor.

Sin embargo, horas después el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, publicó en redes sociales que el hecho más que un robo obedeció a un intento de secuestro, el cual fue frustrado gracias al trabajo del Gaula militar y la Policía Nacional. El mandatario entregó detalles como el nombre de la víctima. Se trató del señor Carlos Mora, según lo reveló el mandatario seccional.

Otros detalles del operativo los suministró la Policía Nacional. Explicpo que al interior de la camioneta se encontraron diversos objetos hurtados, entre ellos un televisor, una motosierra, una guadaña, utensilios de cocina y sillas de montar, con un valor estimado superior a los 10 millones de pesos.

Por último añadió que el capturado y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Villanueva, bajo noticia criminal.

La personera del municipio de Maní, Yeimmy Alejandra Ramírez, guarda en su memoria con total claridad la fecha en que inició la controversia con el alcalde de esa localidad.

Aseguró que todo comenzó el 29 de julio de 2024. Ese día la Alcaldía le remitió in oficio solicitando la entrega de las oficinas de la Personería. El argumento de la Administración municipal era que requería esos espacios para la atención de la población en de condición discapacidad.

Ramírez indicó que, para compensar la salida del lugar del Ministerio Público, el alcalde de Maní, Ferney Chaparro, ofreció otros espacios. No obstante, la personera consideró que el sitio no estaba en condiciones para que la Personería pudiese desempeñar su trabajo.

El tiempo trascurrió y la historia de este desacuerdo se trasladó al presente año. En la versión de la abogada Alejandra Ramírez, durante 2025 la petición de traslado se hizo más persistente por parte del burgomaestre.

Incluso mencionó que el mandatario interpuso un proceso reivindicatorio contra la Personería, el cual fue contestado. Ahora se encuentra a la espera que siga su curso.

Agregó la funcionaria del Ministerio Público que ha mantenido informada a la Procuraduría regional y la Defensoría del Pueblo de todo lo relacionado con esta controversia.

Sostuvo, igualmente, que por el momento no hay opción de nuevas oficinas y que la Personería se vería en la obligación de entrar a pagar arriendo. El problema es que no cuenta con recursos para asumir este gasto.

Al respecto citó un pronunciamiento del Ministerio del Interior. El documento aclara que la Alcaldía debe hacerse cargo de la infraestructura para el funcionamiento de la Personería, incluyendo el mejoramiento de instalaciones. Los costos de esta inversión deben ir con cargo al presupuesto municipal.

La personera dijo ante los medios de comunicación que hasta el momento había guardado silencio, en un acto de prudencia para evitar que esta situación escalara. Recalcó su interés nunca ha sido hacer quedar mal alcalde Chaparro.

Sin embargo, confesó que este problema la ha afectado sicológicamente. Arista sobre la cual prefirió no ahondar, pero señaló que en este caso persiste un exceso de machismo.

Recalcó que trató de conciliar y de apelar al diálogo para buscar una salida concertada, antes de hacer público el tema ante los medios de comunicación. Todos los esfuerzos fueron inútiles.

Por eso pidió apoyo a la Asociación de Personeros de Colombia. La entidad la respaldó, lo que, acotó, le dio la valentía para hablar públicamente de presuntos actos de hostigamiento, entorpecimiento en el debido cumplimiento de sus funciones y de abuso laboral, por el alcalde Ferney Chaparro Perdomo.

De todas formas, no ocultó que siente temor por su integridad y la de su familia. Recalcó que nunca ha tenido problemas con nadie. Insistió que es una persona de diálogo y que sabe escuchar.

Paradójicamente, expuso que es defensora de los Derechos Humanos y de la mujer y ahora es víctima de presuntos actos de discriminación de género.

Indicó que al hacer público su caso, alza la voz en favor de todas las personerías que viven una situación similar como la de Villanueva. Y en especial, busca que se protejan más los derechos de las mujeres personeras del país

También se refirió sobre la aseveración de Chaparro Perdono, quien señaló que ella había incurrido en una falta al deber de obediencia.

Al respecto detalló que en este caso todo obedeció a un ofició que envió el burgomaestre a la Procuraduría, solicitando que le hiciera un requerimiento disciplinario por faltar al deber de obediencia.

Esta supuesta falta está ligada al hecho que la personera no obedeció la solicitud de entrega. Sobre esta petición la abogada insistió en que no hay orden judicial que la obligue a un desalojo de las oficinas.

Para concluir manifestó que el gobernante local puso como fecha límite para la entrega de las instalaciones, el próximo 20 de octubre. En caso de incumplimiento por parte de la Personería, dejó abierta la posibilidad de trasladar el mobiliario del Ministerio Público con la ayuda de la Policía.

De aplicar estas vías de hecho, en concepto de Alejandra Ramírez, el alcalde de Maní no respetaría el debido proceso.

El representante a la Cámara por el departamento de Casanare, Hugo Archila Suárez, emitió un comunicado en el que se refiere a la demanda en su contra por pérdida de investidura interpuesta por Oromairo Avella Ballesteros y que fue admitida por el Consejo de Estado.

En el documento, titulado “Otra denuncia más ¡No va a detenerme!”, el congresista afirmó que la acusación carece de sustento legal y constitucional, y que se enmarca en una serie de señalamientos que ha recibido durante el ejercicio de su cargo.

Archila señaló que continuará con su labor legislativa y que no permitirá que este tipo de procesos interfieran con su agenda parlamentaria. En el escrito también hace referencia a su trabajo en el Congreso, su compromiso con la transparencia y su dedicación a los temas que afectan al departamento de Casanare.

Mencionó la participación directa en la sanción de 19 leyes de la República que impactan de manera positiva a varios sectores de la sociedad, como las personas enfermas de cáncer, las mujeres productoras agropecuarias, la niñez entre otros.

Por su parte el demandante aseguró que el parlamentario incurrió en presuntas irregularidades, al vincular a su unidad de trabajo legislativo (UTL), a funcionarios que residen en departamentos diferentes a Casanare, lo cual sería violatorio de la Resolución 1095 del 2010 de la Cámara de Representantes.

Para Archila este tipo de acciones no cuenta con un sustento jurídico. Igualmente, manifestó que solo corroboran que detrás de las mismas hay un interés político y personal.

Por ello concluyó el comunicado haciendo un llamado a la comunidad, a “no caer en narrativas manipuladas con intereses particulares”.

La Procuraduría Regional de Casanare solicitó al Tribunal Administrativo de Casanare decretar medidas cautelares para suspender temporalmente el convenio entre el Municipio de Yopal y la empresa Catasig, que busca ejecutar la segunda fase de actualización catastral en el sector rural.

La solicitud tiene como punto de partida la acción popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar, quien alertó sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos de la comunidad yopaleña.

En respuesta, el procurador Juan Pablo Rincón Camacho, en calidad de agente del Ministerio Público, emitió un pronunciamiento en el que advierte que continuar con el convenio podría generar perjuicios similares o mayores a los ya registrados en la fase urbana del proceso.

Según el documento, no se debe hacer este proceso de actualización, hasta tanto no se adelante una socialización real con la comunidad que habita el área rural del municipio.

Evitar esta observación podría derivar en bases gravables que no reflejan la realidad de los predios. Esto, además de afectar el patrimonio de los propietarios, pondría en riesgo los recursos públicos del municipio.

La Procuraduría argumenta que, de no suspenderse el convenio, se corre el riesgo de que los fondos sean desembolsados sin garantías técnicas ni jurídicas, lo que dificultaría una eventual decisión judicial que ordene rehacer el proceso bajo una nueva metodología.

En aplicación del principio de precaución, se solicita al Tribunal decretar una medida cautelar de cesación de actividades, con el fin de proteger los intereses generales, los recursos del municipio y los derechos de los propietarios rurales.

La senadora Sonia Bernal anunció que el Gobierno Nacional aprobó una inversión de $100 mil millones para intervenir la vía Bogotá–Villavicencio, una arteria clave para la economía del país.

Los recursos, asignados por el Ministerio de Hacienda, permitirán mejorar la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales, región estratégica en producción agrícola, pecuaria y energética.

La decisión se da tras meses de insistencia por parte de Bernal, quien elevó la solicitud en escenarios legislativos como plenarias del Senado y debates del Presupuesto General de la Nación 2026.

También fue respaldada por otros congresistas del Pacto Histórico, quienes conformaron una mesa de trabajo con el presidente de la República para abordar la crisis vial que afecta a miles de transportadores y familias.

“Después de esta incansable gestión, hoy puedo decirles que nuestra voz fue escuchada. Se han destinado los recursos necesarios para fortalecer una ruta vital para el país, por donde diariamente transitan miles de vehículos de carga que impulsan la economía nacional”, expresó la senadora Bernal.

La vía Bogotá–Villavicencio ha enfrentado cierres constantes por deslizamientos y deterioro estructural, especialmente en los kilómetros 58, 64 y 83.

Según cifras del Invías, más de 12 mil vehículos transitan diariamente por este corredor, cuya inestabilidad ha generado pérdidas millonarias en sectores como el agro y los hidrocarburos.

Con esta asignación presupuestal, se espera avanzar en obras de estabilización, drenaje y refuerzo de túneles y puentes, mejorando la seguridad vial y garantizando el abastecimiento hacia la Orinoquía, región que aporta más del 7% al PIB nacional.

El corregimiento de Morichal, en Yopal, se prepara para recibir este 25 de octubre la cuarta edición del Festival Nacional de Bandas Músico Marciales, un evento que ha crecido desde sus raíces en las aulas escolares, hasta convertirse en referente cultural a nivel nacional.

Este año, el evento contará con la participación de 37 agrupaciones, incluyendo la banda anfitriona. De ellas, 25 competirán en modalidad de concurso, 4 serán infantiles y 6 se presentarán en formato de exhibición.

El certamen iniciará a las 8:00 a.m. con un desfile inaugural, seguido por las coreografías a la 1:00 p.m. en la cancha de la institución educativa Policarpa Salavarrieta.

Delegaciones de departamentos como Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Meta y Casanare se darán cita en Yopal, generando una dinámica cultural y económica que atraerá a más de 1.000 visitantes.

El secretario de educación municipal, David Díaz Sánchez, destacó el esfuerzo conjunto entre la Alcaldía, la comunidad y la institución educativa para consolidar este espacio de encuentro familiar y artístico.

Lo que comenzó como un proyecto pedagógico para fortalecer la banda marcial de una escuela rural, hoy es un festival nacional que celebra el talento, la disciplina y el trabajo en equipo de jóvenes músicos de todo el país.

Otro factor que destacó el titular del despacho de educación es el impacto positivo que tiene en la economía del corregimiento. La cifra dada por Díaz Sánchez precisa el festival convoca a cerca de mil visitantes que llegan a Morichal, lo que significa una oportunidad para el comercio local.

La Superintendencia Nacional de Salud ha prorrogado por un año más la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, hasta el 7 de octubre de 2026. Así mismo, Yeferson Caicedo Pardo ha sido ratificado como Agente Especial de Intervención.

Esta decisión fue comunicada por Capresoca mediante la Resolución No. 2025320030009784-6 del 07 de octubre de 2025.

Capresoca EPS asegura a sus más de 170.000 afiliados y a sus proveedores de servicios de salud la continuidad en la prestación de servicios y el pago de las obligaciones.

Como se recuerda el 7 de octubre de 2024, el entonces superintendente de salud Luis Carlos Leal Angarita, adelantó la intervención forzosa administrativa y tomar el control de la entidad.

La decisión autorizó la posesión inmediata de Capresoca, incluyendo los bienes, haberes y negocios, por término de un año. El plazo se venció este martes 7 de octubre.

Sobre las razones de la intervención, se dijo en su momento por parte de la Superintendencia, que la medida se adoptó “al evidenciar una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos.

Igualmente se hizo hincapié en el aumento importante en las quejas de sus usuarios, situación que ponía en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud como la integridad y la vida de los afiliados concentrados principalmente en el departamento de Casanare”,

Con la prorroga dada al proceso de intervención, la entidad se compromete a seguir trabajando en la búsqueda de financiación para el pago de deudas de vigencias anteriores.

También se ratifica el compromiso con el Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social de fortalecer la red de servicios de salud, tanto pública como privada, para garantizar el acceso y la prestación efectiva de los servicios a los afiliados.

Por su parte la EPS se compromete a continuar con las acciones de mejora para subsanar las causas que originaron la intervención.

Se hace un llamado a todos los actores del sector de la salud en Casanare para colaborar en la recuperación institucional de Capresoca EPS.