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En medio de una de las temporadas invernales más intensas del año, el municipio de Chámeza, reconocido por sus frecuentes emergencias climáticas, fue escenario de una nueva jornada de ayuda humanitaria. Un total de 70 familias campesinas afectadas por deslizamientos recibieron apoyo por parte del gobierno departamental.

Las ayudas, enviadas por la Gobernación de Casanare, fueron entregadas por una comisión conformada por la Unidad de Gestión del Riesgo, la Alcaldía local y los Bomberos Voluntarios, quienes se desplazaron hasta las zonas afectadas para brindar auxilio directo.

Este esfuerzo se suma a los más de 3 mil hogares atendidos durante los últimos cuatro meses en todo el departamento, como parte de la estrategia para enfrentar los efectos devastadores de la temporada de lluvias.

Un llamado a la comunidad de Tauramena para que no se dejen intimidar, hizo el acalde de esta localidad, Javier Álvarez. El anuncio del burgomaestre hecho a través de un video publicado en la cuenta de Facebook de la Alcaldía, se publico luego de conocerse la circulación de panfletos amenazantes en contra de ganaderos, expendedores de carnes y taxistas.

Según el mandatario local “es importante no seguirles el juego, no caer en esa trampa”. Para Álvarez el único objetivo de estos mensajes amenazantes es sacar un beneficio económico por parte de quienes enviaron dichos panfletos, a través de la extorsión.

En el mismo material audiovisual aparece el comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, coronel Fernando Porras. El oficial aseguró que esta situación obedece a un fenómeno de seguridad que se viene presentando en la región.

Mencionó que sus orígenes se dieron en el municipio de Villanueva también bajo la modalidad de panfletos. Agregó que la respuesta del Ejército fue la militarización de esta población. Situación que obligó a los autores de estas amenazas trasladar su actividad delictiva a otras localidades como Monterrey y Tauramena.

“Quiero dar un parte de tranquilidad con respecto a que estos grupos extorsionan desde las cárceles y reclutan personal para poder extorsionar en el municipio, pero no son grupos armados como tal”, precisó el coronel Porras.

El oficial insistió en que “la gente no caiga en la extorsión y comience a darle fuerza económica a estos grupos donde puedan adquirir armas, contratar más personal”.

Añadió que modus operandi de estos grupos es enviar panfletos por redes sociales para generar temor en la comunidad, lo que genera que se replique esta información lo que puede conllevar a un pánico colectivo.

Por su parte el comandante de la estación de policía de Tauramena, Didier Barrera, entregó un parte de tranquilidad e invitó a la comunidad a denunciar estos hechos delictivos.

Recordó que para tal fin se tienen habilitadas las líneas 123 de la Policía Nacional y el 165 de Gaula de esta misma institución.

Durante el evento de inauguración de las sesiones extraordinarias del Concejo, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, entregó declaraciones donde ratificó la decisión de la Alcaldía de no firmar con Catasig el convenio para la actualización del avalúo catastral en el área rural del municipio.

Agregó que esta medida se suma a las continuas revisiones y un proceso por posible incumplimiento en los avalúos del sector urbano.

La funcionaria informó que el seguimiento al contrato interadministrativo 1707 continúa únicamente para el sector urbano** y la conservación del rural.

Sin embargo, se ha notificado por escrito que la actualización del sector rural no será aceptada, ni por renovación, actualización o ajuste automático.

Las razones esgrimidas son la protección de la comunidad y la falta de seguridad jurídica para firmar un nuevo convenio específico para el tema rural. Perilla enfatizó que la actualización rural no se iniciará en la presente vigencia ni en la siguiente**.

La decisión de la Alcaldía de Yopal surge en medio de cuestionamientos sobre el rol de Catasig. Según lo manifestado, la empresa al parecer es operador catastral y no un gestor, como lo exige la normativa.

En cuanto a los procesos de revisión de los avalúos urbanos, la Secretaria Perilla indicó que desde su gestión se han realizado tres informes de supervisión, que se encuentran disponibles para consulta pública en el SECOP.

En el tercer informe reitera que no se han subsanado todas las observaciones o, al menos, el contratista no lo ha comunicado en sus informes mensuales. Por ello, la Administración continúa con un proceso ante la oficina jurídica, por un posible incumplimiento del contrato en el área urbana.

La aparición de mensajes alusivos al frente 28 de las disidencias de las Farc en dos puntos de Montañas del Totumo, municipio de Paz de Ariporo, generó preocupación entre los habitantes.

Durante la mañana de este martes, la comunidad reportó la presencia de letreros con referencias al grupo armado en la sede de Súper Giros, ubicada en la carrera 7 con calle 3, justo en la entrada al caserío. Otro mensaje similar fue hallado en la fachada de una vivienda cercana.

Ante la situación, las autoridades locales iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer el origen de los mensajes y determinar si representan algún tipo de amenaza para la población. Hasta el momento, no se han reportado incidentes adicionales.

La comunidad expresó su inquietud por el hecho, que revive temores del pasado en una región que ha trabajado por consolidar la paz y la convivencia.

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de dos personas en el municipio de Paz de Ariporo, tras ser sorprendidas en medio de una agresión física en plena vía pública del barrio Panorama.

Los detenidos, un hombre de 42 años y una mujer de 44, fueron señalados por incurrir en violencia intrafamiliar durante el altercado. El procedimiento fue realizado por unidades policiales que patrullaban la zona y lograron intervenir de manera inmediata.

Ambos fueron trasladados a la Fiscalía competente, donde se adelanta el proceso judicial correspondiente por el delito de violencia intrafamiliar.

En un operativo de la Policía Nacional logró la captura de un ciudadano extranjero identificado como alias “Jaudy”, señalado como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al sicariato en Yopal.

La detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Según las investigaciones, el capturado habría coordinado al menos cuatro asesinatos ocurridos en 2025 en la capital de Casanare, todos relacionados con disputas por el control del microtráfico.

A este sujeto lo asocian las autoridades con la muerte de violenta de Duglas Miguel Pérez Delgado; Jhonatan Vélez Uribe; John Jairo Cano Hernández y Pedro Luis Naranjo.

“Jaudy”  es señalado de pertenecer a una estructura delictiva que operaba bajo el nombre de “Los Yaracuy”,  que utilizaba la denominación del Tren de Aragua para intimidar a sus víctimas y consolidar su influencia en sectores vulnerables de la ciudad.

En las cuentas de las autoridades el accionar de este grupo delincuencial habría contribuido al aumento del 57 % en los casos de homicidio registrados en Yopal durante el presente año. Además, al detenido se le atribuye el delito de extorsión.

Alias “Jaudy” ya había sido capturado en el pasado, pero recuperó su libertad por vencimiento de términos. Su recaptura representa un avance significativo en los esfuerzos institucionales por contener la violencia urbana y desarticular redes criminales en la región.

La Policía Nacional capturó a dos ciudadanos extranjeros, de 42 y 33 años, en el municipio de Chámeza, luego de ser sorprendidos en medio de una riña en plena vía pública del barrio San Carlos.

Ambos presentaban hematomas y laceraciones al momento de ser trasladados a la estación de policía, donde se les realizó el procedimiento judicial correspondiente. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía local de Aguazul por el delito de lesiones personales.

Un hombre de 24 años fue capturado por la Policía Nacional en Paz de Ariporo, tras ser señalado por agredir física y verbalmente a su excompañera sentimental en una vivienda del barrio El Triunfo.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto se encontraba alterado y presuntamente bajo efectos del alcohol cuando causó destrozos en el inmueble, incluyendo la ruptura de un clóset y daños a prendas de vestir con un cuchillo. La patrulla logró interceptarlo cuando intentaba huir en motocicleta.

El detenido fue entregado a la Fiscalía local de Orocué, donde enfrentará cargos por violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno.

 

Un hombre de 43 años fue capturado por la Policía en el municipio de Paz de Ariporo, tras ser señalado como responsable de una agresión ocurrida durante una riña en el barrio Progreso.

El incidente se presentó cuando el sujeto golpeó a otro ciudadano con un objeto contundente en la cabeza. La intervención de las autoridades permitió controlar la situación y trasladar al afectado para recibir atención médica inmediata.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía local en Orocué, donde deberá responder por el delito de lesiones personales. El procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad adelantadas por la Policía Nacional para garantizar la convivencia en el municipio.

Mauricio Rivera Parra presentó su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo en la Regional Casanare, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes primero de agosto en Yopal.

El hecho se registró a las 6:00 de la mañana, cuando Rivera conducía su vehículo particular y colisionó con dos motocicletas. Uno de los ocupantes resultó con una herida leve, que fue atendida en el hospital local.

El defensor permaneció en el lugar y se sometió a los procedimientos establecidos por el Código Nacional de Tránsito, incluyendo la prueba de alcoholemia realizada por el Instituto de Medicina Legal.

Rivera asumió la responsabilidad por lo ocurrido y se comprometió a cubrir los daños materiales ocasionados, así como los gastos derivados del incidente.

Tras conocer el resultado del comparendo, decidió apartarse del cargo para evitar que la situación afecte la imagen institucional de la Defensoría del Pueblo.

Durante su gestión de dos años, Rivera estuvo al frente de procesos relacionados con la defensa de los derechos humanos en el departamento.

En su comunicado de renuncia, agradeció al equipo de trabajo de la Regional Casanare y ofreció disculpas públicas, especialmente a su familia.