Cuando una entidad está intervenida es porque no tiene unos niveles óptimos de desempeño y requiere una atención especial, así como unas acciones de impacto que puedan hacerle cumplir los indicadores financieros para sacarla a flote.

Esta fue la premisa inicial con la cual inició el uso de la palabra la agente interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, durante el desarrollo de la mesa de trabajo adelantado en la Asamblea Departamental, para analizar la situación de esta EPS oficial.

La funcionaria recalcó que tan solo llega dos meses en el cargo. Agregó que desde su llegada el 14 de noviembre y durante los primeros 30 días el esfuerzo se concentró, en lo que calificó como apagar incendios.

En cuanto el tema de la contratación indicó que, si se han presentado incumplimientos, los mismos no obedecen únicamente al área de gestión, sino que juegan un papel adverso las trabas internas y externas que afectan la entidad.

Mencionó que este panorama lamentablemente va a persistir. Ejemplificó la afirmación anterior con una visita que realizó a Aguazul. “Estaba la droguería y no había ni un afiliado”, comentó.

Extrañada fue a la oficina a preguntar el porqué de esta situación. En este lugar le dijeron que la droguería no está y acto seguido le enseñaron chat donde se comunicó que la droguería no estaba funcionando “y los señores regentes y auxiliares esperando los afiliados”.

“Así de grave está Capresoca, donde nuestro mismo personal hay gente que quiere hacer daño. Eso nos toca a nosotros depurarlo”, subrayó la agente interventora.

Añadió que muchos de los casos que hacen parte de las quejas por mala atención, se deben a empleados que “no tienen la camiseta puesta”. Y les dicen a los afiliados “No hay red, no hay atención. Por Dios, nosotros tenemos opciones para que las personas sean atendidas, pero no se les ocurre preguntar”.

A estos problemas internos se suman los financieros que pasan por la creciente deuda con los prestadores de salud, como los 11 mil millones que le exige el Instituto Cancerológico para hacer el contrato de atención.

Panorama bastante complejo, porque reconoció que la demanda en servicios de salud es demasiado alta.

Pese a este entorno bastante adverso, la agente interventora considera que Capresoca tiene salida. En el campo económica una ventaja que tiene es su carácter oficial. Esta característica le permite acudir al Tesoro Nacional para conseguir recursos.

“Para eso se necesita un estudio y no es cualquier estudio. Necesitamos unos estudios financiero muy importantes, porque allá el director del Tesoro hace cuentas y dice yo te doy tanto y te presto tanto, pero ¿cómo me lo vas a pagar?”

En este escenario es necesario demostrar de dónde se van a sacar los recursos, en caso de que aprueben un crédito para sanear las finanzas de la EPS.

Por ahora las autoridades continúan buscando una salida para evitar que Capresoca naufrague en las profundas aguas de la deuda con las IPS.

Desde la Administración municipal de Yopal se dio a conocer que a través de la Secretaría de Movilidad se adelanta un plan de intervención en la red vial urbana, con el objetivo de renovar dispositivos de señalización deteriorados y reducir los índices de siniestralidad en el municipio.

El proyecto se basa en un diagnóstico técnico previo que identificó señales verticales y horizontales que habían cumplido su vida útil. La intervención incluye la instalación de reductores de velocidad, delineadores tubulares y bordillos en sectores priorizados por su alto flujo vehicular y antecedentes de accidentes.

Pruebas piloto y pacificación vial

Como parte de la estrategia, se implementan pruebas piloto de pacificación vial. Estas consisten en diseños temporales que permiten evaluar la efectividad de la reorganización del tránsito antes de realizar instalaciones definitivas.

Los puntos intervenidos actualmente bajo esta modalidad son: calle 30 con carrera 40. Carrera 29 con calle 26 y un punto que pronto será intervenido, es el ubicado en la calle 30 con carrera 16A (sector de Caño Seco).

Debido a la ejecución de estos trabajos, la Secretaría de Movilidad confirmó un cierre total para este miércoles 22 de enero en el tramo de la carrera 29, entre las calles 25 y 28, en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona para regular el flujo vehicular.

La Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) de Yopal instó a la ciudadanía a implementar medidas de prevención ante la probabilidad de incendios forestales durante el primer trimestre del año.

Según el boletín de alertas climáticas de la autoridad ambiental de Casanare, la zona central del departamento, donde se ubica Yopal, registra en enero un déficit de lluvias de entre el 20% y el 30%.

Las proyecciones para febrero indican que la disminución de precipitaciones alcanzará niveles de entre el 30% y el 60%, mientras que en marzo se espera que el clima retorne a sus promedios habituales. No obstante, la sequedad acumulada en la vegetación mantiene el riesgo en áreas rurales y pastizales.

Durante el primer trimestre del año anterior, Yopal registró un total de 243 incendios de cobertura vegetal que afectaron aproximadamente 907 hectáreas.

Solo en enero de ese periodo se presentaron 70 eventos. La meta de la administración para este año es reducir estas cifras mediante la prevención y la vigilancia.

Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD, señaló las algunas pautas para evitar emergencias, las cuales recomiendan apagar completamente fogatas y brasas. No arrojar colillas de cigarrillo, fósforos ni materiales inflamables en zonas verdes.

También es necesario no dejar envases de vidrio en áreas con vegetación, ya que pueden concentrar la radiación solar y reportar inmediatamente cualquier indicio de fuego a los organismos de socorro.

Las autoridades y organismos de emergencia mantienen activos los planes de contingencia, así como la disponibilidad de personal y equipos para la atención de eventualidades en rondas hídricas y zonas rurales del municipio.

Danilo Fernández, integrante del comité cívico por la defensa de lo público, señaló ante el Concejo Municipal que en Yopal no se estaría aplicando la ley 1480 de defensa del consumidor en materia de control de precios, pesas y medidas.

Fernández indicó que Casanare es el segundo hato ganadero de Colombia, pero la carne en Yopal cuesta 30.000 pesos el kilo, mientras en Bogotá se consigue entre 27.000 y 28.000 pesos.

La misma situación se presenta con el arroz, que se vende en Yopal entre 4.200 y 4.500 pesos la libra, frente a los 3.800 y 4.000 pesos que cuesta en la capital de la República.

El representante del comité manifestó que la responsabilidad de aplicar la ley en el nivel local está en cabeza del alcalde, el personero y el secretario de gobierno, pero que en Yopal no existe una oficina de control de precios, pesas y medidas.

Fernández afirmó que durante un año ha verificado pesas en supermercados, graneros y tiendas, encontrando que productos vendidos como un kilo pesan entre 1.060 y 1.100 gramos.

Para Danilo este incremento en la medida no es un gesto de generosidad por parte del fabricante o el comerciante. Manifestó que, en realidad, el producto pesa 900 gramos y la balanza está manipulada para que refleje un peso superior al kilogramo.

Según sus cálculos, esto representaría un perjuicio de 500 millones de pesos diarios para los consumidores de Yopal.

También solicitó al Concejo que remita un documento a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las botellas de cerveza Coronita, que se cobran a 274 pesos por unidad a los consumidores,  pero no son recogidas por empresas de aseo ni recicladores, acumulándose en el relleno sanitario.

El ciudadano pidió a los concejales ejercer control político sobre el alcalde y demás funcionarios para que cumplan con la función de vigilancia de precios, pesas y medidas establecida en la ley.