Pese a que ya fue retirada por efectivos del Ejército Nacional, la presencia de una bandera alusiva al ELN en el puente peatonal del corregimiento de El Charte, en la carretera que de Yopal conduce a Aguazul, generó preocupación entre los asiduos usuarios de este corredor vial.

Según informó la Brigada XVI, efectivos de esta unidad militar aplicaron los protocolos de seguridad, para descarta la presencia de artefactos explosivos, antes de proceder a retirar la bandera del mencionado grupo al margen de la ley.

Para el Ejército este tipo de acciones tienen como objetivo generar una sensación de temor entre la ciudadanía. Ante esa situación se anunció el fortalecimiento del dispositivo de seguridad en la zona, con el fin de brindar todas las condiciones de seguridad de este sector del departamento.

Finalmente, se recordó a la comunidad que está habilitada la línea gratuita nacional 107, donde se podrán denunciar todas las acciones delictivas que alteren la tranquilidad de la ciudadanía.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Álvaro Luis Rivera Contreras, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Casanare, por presuntos actos de irrespeto hacia Libardo Pan Chaparro, personero de Nunchía. 

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero durante una mesa técnica convocada por la Gobernación para analizar una acción popular promovida por la Personería de Nunchía. Dicha acción busca la construcción de un puente sobre el caño El Guamal, en la vereda Macuco. 

Según lo publicó el ente de control, Rivera Contreras habría agredido verbalmente al personero con frases como “yo sé cómo se le mama gallo a las acciones populares” y “de malas si no le gusta la propuesta de la gobernación”. Estas declaraciones generaron malestar entre los asistentes y motivaron la intervención de la Procuraduría. 

La Asociación de Personeros de Casanare (Aspercas) se pronunció al respecto, rechazando los hechos y respaldando al personero afectado. La organización destacó la importancia de mantener el respeto y la cordialidad en las discusiones técnicas, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. 

Para avanzar en la investigación, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales. Además, solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para recuperar y analizar información publicada en medios de comunicación y plataformas digitales relacionadas con el caso. 

Este proceso busca determinar si el secretario incurrió en faltas disciplinarias y garantizar que los funcionarios públicos actúen con respeto y transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

Con el fin de aclarar las dudas y desmentir lo que calificó como desinformaciones que han circulado en redes sociales sobre el cobro del impuesto predial para la vigencia 2025, el secretario de hacienda de Yopal, Mauricio Moreno, hizo algunas precisiones.

Comenzó por comentar que la actualización del avalúo es producto de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Yopal y la empresa pública Catasic, suscritos durante el gobierno de Luis Eduardo Castro. La supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación, funciones que siguen estando vigentes en la actualidad.

La mencionada entidad cumple el papel del operador y gestor catastral para el municipio de Yopal. En abril de 2024 Catasic recibió toda la información que sobre el tema de avalúos manejaba la regional del IGAC, con sede en la capital casanareña.

Este fue el punto de partida donde inició el proceso de actualización catastral, teniendo en cuenta que para esa fecha ya existían algunos productos entregados por parte del IGAC.

El secretario acotó que, dentro de esa base de datos, se incluyó una información proveniente de la EAAAY, producto también de un convenio interinstitucional, la cual sería utilizada como insumo para la actualización catastral.

En este punto el funcionario hizo una reflexión. Dijo que no se explica cómo la EAAAY tenga cerca de 45 mil usuarios del servicio de agua, mientras que el municipio en la más reciente actualización catastral cuenta con alrededor de 93 mil bienes inmuebles.

Tampoco se explica cómo Yopal en las cifras del DANE registra 196 mil habitantes, cuando en una operación matemática donde se multiplica los 93 mil inmuebles por un promedio de 3 habitantes por cada unidad habitacional, el resultado alcanza los 279 mil habitantes.

Esta inconsistencia en las cifras juega en contra de la ciudad, a la hora de recibir de la Nación las transferencias provenientes del sistema general de participación.

Por eso, recalcó el secretario de hacienda que la actualización del avalúo catastral permite a los entes municipales conocer el inventario real de los inmuebles que hay en su territorio y utilizarlo como una herramienta a la hora de proyectar la inversión de los recursos.

Agregó que la ley estipula que la mencionada actualización debe adelantarse cada lustro. Igualmente, establece que para el primer año debe verse reflejado en el cobro, como mínimo, el 60 por ciento del valor comercial de la propiedad. Estos dos aspectos, sin lugar a duda, contribuyen con el incremento en el valor del impuesto predial unificado.

En este orden de ideas Moreno sostuvo que, a la fecha, Yopal ya debía contar con la actualización catastral hasta llegar al tope del 100 por ciento del valor comercial del inmueble, pero lamentablemente han pasado 15 años desde la última actualización y no se ha cumplido con esta disposición.

Por ello, el próximo año el impuesto predial se tomará sobre 80 por ciento del valor comercial del inmueble y así sucesivamente, hasta llegar al tope del cien por ciento.

Esta situación es otro factor decisivo en el aumento del predial, a la cual se suma que, en 15 años, contados a partir de la última actualización, los inmuebles han sido objeto de transformación y mejoras.

Perfectamente donde había un lote hace tres lustros, hoy existe una casa, un edificio, un local comercial o cualquier otra construcción. Situación que también influye en el incremento del referido impuesto.

Si algún contribuyente tiene dudas, el titular del despacho de Hacienda manifestó que tiene como alternativa elevar un Derecho de Petición a Catasic, para que le explique en detalle el método utilizado para adelantar el avalúo. Mencionó que caso es diferente, por lo que las revisiones deben hacerse de manera individual.

Finalmente, sostuvo que, como medida para mitigar el impacto del incremento, la Administración municipal decidió extender, hasta el 30 de mayo, el descuento del 10 por ciento por pronto pago que aplica al impuesto predial unificado.

Ceder el terreno donde se encuentra la invasión Quince de Octubre por parte de la Gobernación al Municipio de Yopal a través del Indev, es el primer paso de la solución que se busca dar a las familias que habitan este sector del municipio de Yopal y que demandan del Estado el derecho a una vivienda digna.

Esta propuesta hace parte de las soluciones surgidas de una mesa de trabajo adelantada este lunes 17 de febrero, entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y las familias que residen en el lugar.

Como se recuerda este barrio es producto de una invasión hecha en los tiempos de la administración de Raúl Flórez, por un grupo de ciudadanos a un predio propiedad de la Gobernación, el cual se encuentra ubicado en la carrera 23 entre calles 34 y 35, en Yopal.

Una vez se finiquite la cesión, la idea es que la Alcaldía de Yopal comience la legalización de este barrio. Luego vendrán los estudios y diseños, donde se definirá qué tipo de solución habitacional se va a entregar a las más de 100 familias que residen en el Quince de Octubre.

“No damos una respuesta inmediata si es casa o es apartamento. Primero dependemos de los recursos, pero un recorte de 340 mil millones de pesos de las regalías, son bastantes recursos que teníamos destinados a solucionar este tipo de problemas”, precisó el gobernador César Ortiz Zorro.

El mandatario manifestó, igualmente, que la reducción en el giro de regalía también afectos al Municipio de Yopal. “Y el alcalde con un recorte superior a los 100 mil millones de pesos, que lo pone en jaque con los proyectos que teníamos pendientes”, agregó el gobernante casanareño.

Por esta razón, insistió Ortiz Zorro, no puede entregarle una respuesta inmediata a la comunidad, como es su deseo. De todas formas, recalcó que teniendo en cuenta la creciente demanda de servicios públicos, lo más conveniente son construcciones verticales.

Otro tema sobre el cual se refirió el gobernador es el de evitar que, ante el anunció de una solución de vivienda para el Quince de Octubre, lleguen nuevas personas y se instalen en el sector, para aprovechar de manera malintencionada los ofrecimientos hechos por los estamentos oficiales.

“Es muy difícil hacer vivienda para todos los que llegan a invadir y ese es un reto al que nos debemos enfrentar. Uno entiende la necesidad de la gente, pero nosotros tenemos que irnos por la línea de la legalidad”, expresó el mandatario seccional.

El otro desafío es en términos temporales. No se puede desconocer que este tipo de propuestas requieren una serie de trámites, que demandan su tiempo para finiquitarse.

Para comenzar es necesario presentar un proyecto de ordenanza a la Asamblea, para que se autorice al gobernador para ceder el terreno a la Alcaldía. Luego en la Administración municipal deberá cumplir contra serie de procesos, antes de convertirse en realidad.

Sin embargo, la comunidad del Quince de Octubre alberga la esperanza de realizar su sueño de tener una vivienda digna.