Casanare Noticias

Tras el incendio estructural registrado en el barrio La Floresta de Monterrey, se confirmó que dos familias resultaron afectadas por la pérdida de sus pertenencias.

Una de las ciudadanas damnificadas, identificada como Lilibeth Ruiz, reportó la pérdida total de su vivienda, bienes muebles y una suma de 4.000.000 de pesos en efectivo destinados a gastos educativos.

Ante la magnitud de los daños materiales, se ha iniciado una campaña de recolección de ayudas para los afectados. Entre los elementos de mayor urgencia se encuentran artículos de dormitorio (camas, colchones y mantas), ropa y aportes económicos voluntarios.

Las personas o entidades interesadas en realizar donaciones pueden comunicarse directamente con los afectados a través de la línea telefónica 312 387 2597. Los damnificados se encuentran a la espera de asistencia para la reposición de sus elementos básicos de subsistencia.

La mañana de este 25 de marzo el Departamento de Policía Casanare adelantó rendición de cuentas del año 2025. Actividad que la comunidad tuvo la oportunidad de observar en directo a través de las cuentas en redes sociales de la institución.

Al termino del ejercicio, el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante de la Policía en Casanare recalcó que se han logrado importantes reducciones en las cifras de delitos de alto impacto como la extorsión.

Sin embargo, explicó que la comunidad aún tiene una percepción de inseguridad, debido al impacto negativo que representa para la vida cotidiana de la ciudadanía ser víctima de un delito.

Citó como ejemplo el caso de hurto de una motocicleta. Más allá del valor del vehículo, lo realmente doloroso y negativo se mide en el servicio que le prestaba a su dueño. En muchos casos cumple un papel que va más allá de un medio de transporte y se convierte en su herramienta de trabajo. Por lo tanto, la afectación a la víctima trasciende el tema económico.

Reconoció que en Casanare “no vivimos en una utopía, pero si estamos tratando de lograr los mejores índices de seguridad en el departamento”, subrayó el oficial.

Hechos recientes

Acerca de algunas acciones delictivas recientes como el caso del asalto a una finca en zona rural de Aguazul, el coronel mencionó que las investigaciones “van por buena ruta” y que las autoridades ya cuentan con algunos elementos materiales probatorios y evidencia física, que hacen prever acciones contundentes como posibles capturas en los próximos días.

Añadió que el martes 24 se realizaron dos detenciones las cuales, al momento de la rendición de cuentas, se encontraban en proceso de judicialización.

Sobre este caso del coronel Galindo mencionó que se tratan de unas personas que venían afectando la tranquilidad de la ciudadanía, con el hurto a fincas. A estas personas se les encontraron varias armas de fuego.

Aunque no entregó por menores del actuar de los capturados, el oficial sostuvo que tendrían relación con los robos perpetrados a varios predios rurales en zonas cercanas al municipio de Yopal.

En cuanto a unas detenciones en el asentamiento humano de Mi Nueva Esperanza ocurridas recientemente, el coronel precisó que estos operativos están más relacionados con el tema hurto a residencias que se han presentado en este sector de la ciudad.

Este miércoles 25 de marzo el cuerpo de bomberos de Monterrey informó sobre la atención de un incendio estructural en una vivienda ubicada en el barrio La Floresta.

Durante la intervención, el personal técnico realizó labores de control y extinción para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble.

El reporte oficial indica que la emergencia afectó muebles, enseres y electrodomésticos en el interior de la residencia. Tras controlar las llamas, los bomberos ejecutaron labores de enfriamiento de la estructura y verificaron focos calientes para descartar un posible reinicio del fuego.

El organismo de socorro confirmó que no se registraron personas lesionadas durante la atención del evento.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años y 3 meses de prisión (279 meses) al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.

El fallo lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del entramado de corrupción conocido como "Las Marionetas 2.0".

De acuerdo con la sentencia de 438 páginas, se demostró que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos y particulares para direccionar la contratación estatal.

El objetivo de estas maniobras era beneficiar a contratistas específicos a cambio de dádivas económicas y apoyo político para sus campañas electorales, especialmente a través del Convenio 670 de 2021 firmado entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta.

Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una multa superior a los 22.340 millones de pesos.  Lo Inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de 23 años (280 meses). Igualmente, le negó los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena o prisión domiciliaria.

La investigación determinó que la red de corrupción manipuló recursos destinados a obras de infraestructura vial en departamentos como Quindío, Caldas, Tolima y Santander.

Aunque el exsenador fue absuelto de algunos cargos específicos relacionados con contratos de interventoría, la condena principal se fundamentó en su rol como articulador del esquema delictivo que desvió fondos del presupuesto nacional.

El Cuerpo de Bomberos de Tauramena reportó este 23 de marzo la atención de un incendio forestal registrado en la vereda Vigía. La emergencia, que inició en horas de la mañana y se extendió hasta la tarde, comprometió aproximadamente 75 hectáreas de un cultivo de palma, según el reporte del administrador del predio.

Las labores de control se vieron condicionadas por la temporada seca, caracterizada por vientos y altas temperaturas en la zona. La extinción del fuego se realizó mediante una operación conjunta entre el personal de bomberos y los propietarios del cultivo, lo que permitió contener las llamas antes de que se extendieran a terrenos aledaños.

Tras el incidente, la institución bomberil solicitó a la ciudadanía evitar la realización de las llamadas quemas controladas. El organismo señaló que estas prácticas inciden en la degradación del suelo y en la pérdida de fauna silvestre en el municipio.

La autoridad ambiental Corporinoquia anunció la apertura de procesos sancionatorios contra propietarios de predios en los municipios de Arauca, Tame y Puerto Rondón, debido al incremento de quemas no autorizadas.

Según Robinson Barragán, director de la territorial en Arauca, estas prácticas se realizan con el fin de adecuar terrenos para la siembra, pero derivan, algunas veces, en incendios de gran magnitud.

Un registro reciente en el sector de Mategallina evidenció un incendio que afectó vehículos y generó pérdidas materiales, incluyendo algunos vehículos que resultaron afectados por las llamadas.

La entidad señaló que estas acciones impactan el Ph del suelo, la fauna y la flora de la zona, además de requerir la intervención de los organismos de socorro para su control.

La Corporación advirtió que las sanciones recaerán sobre los dueños de los terrenos donde se originen las emergencias, en caso de que estos no denuncien a los responsables directos.

Para la identificación de los implicados, se iniciaron investigaciones conjuntas con la Policía Nacional, las administraciones municipales y otros organismos de control.

Finalmente, la entidad instó a la ciudadanía a utilizar métodos alternativos para el manejo de coberturas vegetales y suspender el uso del fuego en la preparación de tierras.

Durante la primera semana de habilitación para el pago del impuesto predial en Yopal, la Secretaría de Hacienda registró un recaudo aproximado de 4.000 millones de pesos.

Según el reporte oficial, el flujo de contribuyentes se ha mantenido constante tanto en los canales virtuales como en las instalaciones físicas de la Alcaldía.

El proceso presencial de consulta y orientación se ha concentrado en el Centro de Atención al Ciudadano (CACY). Sin embargo, las autoridades locales instaron a la población a utilizar la plataforma digital institucional para la descarga de facturas y la realización de pagos en línea, con el fin de reducir los tiempos de espera en las oficinas.

Para efectuar el trámite de forma digital, los ciudadanos deben ingresar el número de referencia catastral del inmueble en el sitio web oficial de impuestos del municipio.

La Administración municipal confirmó que los canales de atención permanecerán habilitados para recibir los pagos correspondientes a la vigencia actual.

  • Se ejecutaron obras de contención y mitigación en la margen izquierda del río Unete para proteger la vía, el acueducto y comunidades rurales.
  • Más de 180 kilómetros de vías recibieron mantenimiento en corredores de interés operacional y comunitario.

 

En articulación con la Alcaldía de Aguazul, la Oficina de Gestión del Riesgo de Aguazul, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y Ocensa, Ecopetrol adelanta un conjunto de obras de mitigación y mejoramiento vial en el municipio de Aguazul.

Estas intervenciones están orientadas a proteger la infraestructura estratégica, reducir los riesgos asociados a la temporada invernal y mejorar la movilidad de las comunidades rurales de la región. Las obras benefician a las veredas Cachiza, Manoguía, Vegana, Unete, Plan Brisas y San Ignacia, que hacen parte del anillo vial Cusiana - Cupiagua.

Mitigación en el río Unete

Tras la declaratoria de emergencia técnica por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Aguazul, Ecopetrol intervino el kilómetro 4+300 de la vía Unete con una mitigación de 145 metros lineales sobre la margen izquierda del río, protegiendo la vía, el acueducto que abastece al caserío de Unete y al casco urbano de Aguazul, así como algunas áreas productivas del sector.

Adicionalmente, se construyeron 300 metros de jarillón sobre la misma margen para prevenir afectaciones ante eventuales crecientes y proteger las viviendas y comunidades circundantes.

"Estamos protegiendo la vía, el acueducto que lleva el agua al caserío Unete y a Aguazul. Estamos protegiendo el sector de la cerca ganadera", afirmó Jaime Silva, líder de mantenimiento de Ecopetrol para el área de Cupiagua.

A su vez, Hugo Ospina, profesional de Gestión Territorial, destacó el modelo de trabajo que hizo posible estas intervenciones: "Esto siempre ha sido un trabajo mancomunado.

Se le piden los permisos a la Alcaldía porque hacen parte de los corredores viales que tiene la Alcaldía, y las comunidades gestionan para buscar el mayor beneficio en movilidad y en cercanía con el centro poblado de Aguazul".

Mejoramiento y mantenimiento de corredores viales

En paralelo, Ecopetrol avanzó en el mejoramiento de corredores viales de la operación y de uso comunitario. Se construyeron 1,4 kilómetros de vía estabilizada y se realizó mantenimiento mecánico en más de 180 kilómetros de corredores en la región.

Mónica Barinas, profesional de mantenimiento de los campos Cupiagua y Cusiana, precisó: "En esta vía y en otras vías de la operación hemos construido 1,4 km de estabilizada y hemos realizado mantenimientos mecánicos a 102 km de vía de interés de la operación y de las comunidades, así como 79 km adicionales en otras vías".

En el kilómetro 112 de la Transversal del Cusiana, y en articulación con Invías, se construyeron un trincho metálico y un muro de contención que permitieron recuperar la vía afectada por las lluvias. Con estas obras se estabilizó la base de la carretera y se rehabilitó el corredor que conecta a Aguazul con Boyacá y el interior del país.

Con estas intervenciones, Ecopetrol reafirma su compromiso con la gestión integral del riesgo, la seguridad vial y el desarrollo territorial, promoviendo soluciones que protegen infraestructura estratégica y fortalecen la calidad de vida de las comunidades de Aguazul.

El ciudadano Jorge Alfonso Torres, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, fue hallado con vida en la zona rural del municipio de Orocué, Casanare.

El adulto mayor, quien había sido visto por última vez en la finca El Boral, ubicada en la vereda La Culebra, donde adelantaba diferentes labores con la ayuda de un buldócer.

La búsqueda se activó luego de que Torres se comunicara ese mismo día en horas de la noche con su hijo, quien reside en Cumaral (Meta) y le manifestara que se encontraba desorientado.

El operativo de localización fue coordinado por organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, con el respaldo de equipos de rescate y la administración municipal.

Tras completar varias jornadas de rastreo, las autoridades confirmaron la ubicación del ciudadano, también destacaron la articulación entre los organismos de emergencia y la colaboración de la comunidad local en el proceso de búsqueda.

Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre el estado de salud actual del señor Torres.

Un grupo de cinco hombres encapuchados y armados irrumpió la noche del domingo 22 de marzo en la finca Los Bayardos, ubicada en la vereda Pavitos de Barranca de Upía. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:30 p. m., momento en el que diez personas se encontraban en el predio rural.

Según el reporte de los afectados, los asaltantes se dividieron para controlar simultáneamente diferentes áreas de la propiedad, incluyendo la zona de la piscina, la vivienda principal y el sector del lago.

Durante la incursión, un ciudadano identificado como José logró evadir a los sujetos para alertar a los vecinos; en su huida, los delincuentes realizaron dos disparos que no impactaron al hombre.

La movilización de la comunidad y el aviso a la Policía Nacional forzaron la retirada de los asaltantes. El balance preliminar indica el hurto de algunas joyas, sin que se registraran heridos o afectaciones a la integridad física de las víctimas.

Las autoridades presumen que los sospechosos emprendieron la huida por la vía hacia la vereda La Alianza con el fin de alcanzar la carretera principal que conduce a la ciudad de Villavicencio.

Tras el incidente, se reiteró la recomendación a los habitantes rurales de fortalecer las redes de apoyo y la comunicación con los cuadrantes policiales de la zona.

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