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Una operación conjunta y simultánea, liderada por la Policía Nacional en colaboración con la Fuerza Aérea Colombiana y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, ha asestado un golpe significativo a la subestructura criminal "Gonzalo Oquendo Urrego" del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia en Casanare.

La acción, desarrollada en los municipios de Aguazul y Yopal, culminó con la captura de seis personas, presuntos integrantes de esta organización delictiva.

Tres de los detenidos fueron detenidos por orden judicial, investigados por delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

De manera complementaria, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia por porte ilegal de armas, municiones o explosivos, y tráfico de estupefacientes.

Durante la intervención, que incluyó siete diligencias de registro y allanamiento tanto en zonas urbanas como rurales, se logró la incautación de diversos elementos que apoyaban las actividades ilícitas de este grupo armado ilegal.

Entre los objetos decomisados se encuentran dos armas de fuego, un arma traumática, tres proveedores, 357 cartuchos de diferentes calibres, dieciocho teléfonos celulares, tres mil gramos de marihuana, dos motocicletas, un computador, dinero en efectivo y dos radios de comunicación tipo walkie-talkie.

En cuanto a los individuos capturados se destaca alias "Topo", de 42 años, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla militar de la subestructura.

Junto a él, fueron detenidos su segundo al mando, el encargado logístico de la organización y un colaborador activo. Otros alias reportados entre los capturados incluyen "Tibias" (42 años), "Pájaro" (46 años), "Chucho" (29 años), "Pequeño Juan" (29 años) y una mujer de 27 años.

Las autoridades informaron que los seis detenidos registran un total de veintitrés anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos graves como homicidio, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y hurto agravado, lo que subraya su trayectoria en el ámbito delictivo dentro del departamento.

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Jueves, 27 Noviembre 2025 10:54

“Los Invasores” fueron enviados a la cárcel

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, a un grupo de siete personas señaladas de conformar el grupo de delincuencia común llamado “Los Invasores”.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Aunque no aceptaron los cargos, el boletín de prensa de la Fiscalía señala que, basado en las investigaciones adelantadas contra “Los Invasores”, se pudo evidenciar que los procesados venían comercializando alucinógenos desde el año 2024.

Según la Fiscalía, la distribución de estas sustancias prohibidas la hacían bajo la modalidad de punto fijo en el sector del estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, pero también ofertaban el servicio a domicilio.

Agrega el escrito que cada una de estas personas cumplía un rol específico. De esta manera lograron consolidar un esquema bien organizado dedicado a la venta de narcóticos.

Añade la Fiscalía que "durante el desarrollo de dos diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional, se capturó a Sharoll Dayana Sánchez Hernández, Deiby Alexander Mendoza Galán, Carlos Alberto Ulejelo Jiménez, Luis Álvaro Ulejelo Jiménez, Dilan Elian Cuervo Pónare, Álvaro Duván Sánchez Torres y Luis David Mosquera Pino.

Además, se citó a otro hombre a la audiencia de formulación de imputación, que se encontraba privado de la libertad en centro carcelario por otro proceso.

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La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Eduardo Cifuentes Gómez por su presunta participación en el asesinato del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), Darío Valencia Uribe.

El crimen, ocurrido el 25 de abril de 2024, llevó a la captura de Cifuentes, quien fue extraditado a Colombia tras ser localizado en Francia.

Según la evidencia presentada, Cifuentes Gómez se habría encontrado con el sacerdote en su vehículo. El propósito era acordar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta.

En ese encuentro, el acusado supuestamente disparó varias veces contra la víctima y, para evitar el hallazgo por parte de las autoridades, arrojó el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas).

Posteriormente, se le atribuye haber intentado eliminar manchas de sangre y otras pruebas llevando el automotor a un lavadero de carros.

Días después, el 29 de abril de 2024, Cifuentes huyó del país con destino a Francia, donde fue ubicado gracias a una notificación roja de Interpol.

El trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula de la Policía Nacional fue crucial, permitiendo la ubicación del cuerpo del sacerdote en septiembre de 2024.

Una vez extraditado y a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el señalado agresor fue inmediatamente capturado.

Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez, imputándole los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos, sin embargo, la autoridad judicial impuso medida de aseguramiento intramural.

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La Fiscalía General de la Nación informó que, en conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, logró desmantelar una red que, presuntamente, traficaba armas, municiones y granadas destinadas a las disidencias de las Farc en varias regiones del país.

Según la información oficial, a través de métodos sofisticados los integrantes de esta organización escondían el armamento en caletas dentro de vehículos particulares o los enviaban como encomiendas por empresas transportadoras legales.

Las investigaciones identificaron a nueve personas responsables de elaborar los sistemas de ocultamiento y coordinar los envíos a estructuras ilegales con presencia en Valle del Cauca, Meta, Cauca, Arauca, Guaviare, Nariño y Norte de Santander.

 En los últimos dos años, esta red fue detectada en siete incautaciones en diferentes partes del territorio nacional.

Los presuntos miembros de esta red fueron capturados y enfrentan cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico y porte ilegal de armas, municiones y explosivos, así como tráfico de estupefacientes.

Dos de los procesados aceptaron los cargos, mientras que ocho cumplen medidas de aseguramiento privativas de la libertad en un centro carcelario, y uno más tiene medida no privativa.

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Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación reveló que Melisa Porras Domínguez utilizó aplicaciones de citas y perfiles falsos para contactar al menos a 11 hombres, a quienes drogaba con medicamentos veterinarios durante encuentros presenciales y luego les robaba sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en Bogotá entre julio de 2023 y enero de 2025, periodo en el que la condenada logró apropiarse de más de 400 millones de pesos.

Gracias a las pruebas recaudadas, un juez de conocimiento sentenció a Porras Domínguez a 14 años de cárcel por los delitos de hurto calificado y agravado, así como hurto por medios informáticos y semejantes.

La condena busca enviar un mensaje de advertencia sobre el uso seguro de aplicaciones de citas y el riesgo de encuentros con desconocidos.

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La justicia colombiana ratificó la medida de detención preventiva contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, mientras continúa el proceso judicial por lavado de activos y tráfico de influencias.

La decisión fue emitida por un juez penal de control de garantías de Bogotá, quien confirmó la medida impuesta el 18 de diciembre de 2024 y desestimó los argumentos de la defensa destinados a revocarla.

Según la Fiscalía General de la Nación, se logró presentar pruebas suficientes que señalan a la exfuncionaria como un riesgo para la comunidad y capaz de obstruir  el proceso.

Ortiz Nova enfrenta acusaciones relacionadas con hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando presuntamente movilizó cerca de 3.000 millones de pesos, recursos que habrían terminado en manos del entonces presidente del Congreso, a cambio de favorecer un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Un escalofriante caso de feminicidio reveló la Fiscalía General de la Nación. El ente investigativo indicó que el caso ocurrió en la ciudad de Medellín.

Según el reporte oficial, el autor de este crimen, identificado como Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, cumplió con la amenaza de quitarle la vida a su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 18 de febrero de 2023.

El agresor una vez cometió el crimen, tomó el cuerpo de su víctima y lo lanzó a una quebrada que pasa cerca del barrio Robledo, en la capital antioqueña.

Igualmente, la Fiscalía mencionó no se trató de un hecho aislado, por el contrario, la mujer venía siendo sometida a un ciclo de violencia física y psicológica por parte de Vanegas Muñoz. La publicación oficial no señaló si existía alguna denuncia previa por violencia intrafamiliar.

Como consecuencia de este acto violento, el ente investigador manifestó que un juez penal de conocimiento condenó a Rafael Ramiro Vanegas a 55 años de prisión, por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso una sanción de siete años de privación de libertad a un menor de 15 años, responsable del ataque armado que provocó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, durante una concentración política en el parque El Golfito.

El adolescente, quien aceptó los cargos en audiencia de acusación el 4 de agosto, disparó contra el senador tras recibir el arma de fuego en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González y entregada por Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”.

El menor fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y puesto a disposición de las autoridades.

La sanción contempla su reclusión en un centro especializado para adolescentes, bajo seguimiento judicial. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la participación de los adultos involucrados en la planeación del crimen.

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 40 años, señalado de cometer feminicidio agravado en contra de su excompañera sentimental, madre de sus dos hijos, en el municipio de Granada, Meta.

El crimen ocurrió el pasado 18 de agosto en una vivienda del barrio La Sabana, donde la víctima residía junto a sus hijos y su hermana. Según la investigación de la Fiscalía Seccional Meta, el agresor llegó al lugar, aprovechó que una ventana estaba abierta y le disparó a la mujer en presencia de sus hijos y un sobrino, todos menores de edad.

Tras el ataque, el hombre huyó en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El procesado fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y posteriormente aceptó su responsabilidad ante el delito imputado.

Las pruebas recolectadas revelaron que durante la relación, el hombre ejercía maltrato verbal y psicológico contra la mujer, lo que la llevó a separarse y buscar refugio en la casa de su hermana.

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Alfredo Diazgranados Sotelo, señalado de participar en el asesinato de un ciudadano italiano en Santa Marta.

El crimen ocurrió el pasado 5 de abril en el barrio El Pando, donde la víctima fue citada mediante engaños. Según la Fiscalía, una vez en el lugar, el extranjero, primero fue puesto en estado de indefensión, para despojarlo de sus pertenencias y fue golpeado hasta quitarle la vida. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado.

Las investigaciones indican que el implicado habría ocultado partes del cuerpo en bolsas plásticas y las abandonó en distintos sectores de la ciudad.

Igualmente, la Fiscalía indicó que, con base en los elementos probatorios, dicho sujeto fue capturado e imputado por homicidio agravado, hurto calificado agravado y ocultamiento de evidencia.

Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer todos los detalles del caso.

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