Por:Luis Arturo Ramírez Roa

La corrupción en sus diversas manifestaciones afecta a la mayoría de los países, pero sin duda sus efectos sociales y económicos son devastadores y su amplitud incomparablemente más grande en aquellos que por su menor grado de desarrollo están gobernados por Estados débiles y élites rapaces. Entre las consecuencias, y no las menos graves se cuentan la desmoralización generalizada y la pérdida de legitimidad del sistema político, jurídico y administrativo donde los dominantes tienen su tierra fértil abusando del estado de necesidad y la falta de cultura política de los electores quienes son víctimas fáciles de los delincuentes de cuello blanco como han sido denominados por el derecho penal.

Colombia, hay que decirlo es un ejemplo devastador que ilustra la anterior afirmación. Por diversos factores: la prolongación del conflicto armado que hoy está llegando a su fin y que está permitiendo ver la realidad del Estado colombiano que no es otra que el desastre del subdesarrollo, la desigualdad social y la criminalidad de sus dirigentes y gobernantes, la presencia del narcotráfico, el aumento súbito de las fortunas, el crecimiento del aparato estatal y los presupuestos públicos sin control dado que los organismos encargados de los mismos están en el mismo escenario de la corrupción. Estos factores han contribuido a fortalecer las formas tradicionales de corrupción, tipificadas en el escenario penal tales como: cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, desplazamiento forzado, extorsión, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, contaminación de aguas, constreñimiento y corrupción al sufragante, celebración indebida de contratos, concusión, tráfico de influencias y nepotismo, entre otros. De esta actividad criminal no se salvan las entidades privadas y los particulares para favorecer determinados fines ilícitos.

Para todos es evidente que en materia de corrupción se ha producido en las dos últimas décadas un desarrollo insostenible de  la corrupción en todos los ámbitos nacionales de grandes proporciones que han venido despojando a la sociedad de sus activos comunes, tales como: el despojo y ruina de empresas de servicios públicos, de la salud, de las administraciones regionales y locales, de los bancos estatales, FONDELIBERTAD, EL DAS, INCODER, Dirección Nacional de Estupefacientes, Banco Agrario, INPEC, DIAN, INGEOMINAS e INCO, en cantidades que ascienden a billones de pesos, según los informes de la Contraloría General de la Nación.

Si bien el fenómeno de la corrupción empieza su historia importante en 1903 con el "affaire" Panamá, en el que fueron sobornados no pocos funcionarios oficiales, con la dolorosa pérdida de ese territorio patrio, cuando el presidente Rafael Reyes, premio a través de concesiones y contratos a los bandidos del régimen. En los años veinte vino la "danza de los millones", en buena parte con la indemnización de los Estados Unidos por Panamá, precio de la reconciliación. Era el nacimiento de un capitalismo endeble y dependiente. En torno a las compañías petroleras se tejió desde entonces la más intrincada red de intereses. Ya en 1905 Reyes había entregado los terrenos petrolíferos de Barrancabermeja a Roberto Mares, a su ahijado de matrimonio y hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ECOPETROL no son ajenas a las acciones corruptas que desangran nuestro País.

Los desfalcos, abusos de poder y tráficos de influencias han sido noticia y motivo de sonados debates en el Congreso e investigaciones fallidas de la Fiscalía General de la Nación y los que logran llegar a Juicio se les otorgan mansiones de estrato 8 por cárcel o guarniciones militares donde disfrutan de todos los beneficios y quizá mejor que si estuvieran en libertad y adicionalmente, a los políticos, funcionarios y particulares corruptos muchos ciudadanos los siguen considerando honorables y seres humanos dignos de ser los representantes del pueblo y grandes empresarios.

La corrupción ha sido y seguirá siendo encubierta por los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que no permiten ningún control y el sistema de reparto burocrático, que garantiza la complicidad de los partidos en el poder y limita la oposición a espacios marginales. La tarea de denuncia y función crítica se desplazó por ello a la prensa, cuyas limitaciones son también conocidas.

Sólo un reordenamiento del país, el cumplimiento del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el surgimiento de una nueva dirigencia con sentido de nación y propósitos claros y desinteresados lejanos de la clase política tradicional, permitirá sacar al país del impase al que lo han llevado la corrupción y la violencia.

La desfiguración cultural y ética hace ineficaces las normas sobre control. Abogados y jueces acuerdan otorgar pensiones ficticias, médicos y otros profesionales desvían los dineros de la salud, altos funcionarios de la Rama Judicial obtienen pensiones a través de maniobras poco éticas, funcionarios y particulares de alto rango social se involucran en fraudes contractuales, miembros de las Fuerzas Militares asumen conductas censurables.

En fin, lo lamentable es que los casos de corrupción sancionados o en investigación, parecen no tener fin y colocan a nuestro país en un triste puesto de vanguardia en el contexto mundial como uno de los más corruptos y desigual socialmente hablando. Lo expuesto, que es apenas una muestra, lleva a concluir que en Colombia la corrupción no se limita a unas cuantas manifestaciones aisladas de conducta, sino que se trata de una enfermedad que impregna nuestra sociedad. Nacemos en medio de ella, nos movemos en la misma y llegamos a creer que es un comportamiento normal, no censurable y por el contrario le damos el nombre de “carteles o carruseles” tales como los de: la contratación, los pañales, la salud, la vivienda social, del narcotráfico, de la chatarra, de las zonas francas, de las concesiones, etc.

CÁNCER DE LA DEMOCRACIA

Además de lo anterior, hay algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas, tenemos:

• La concentración creciente del poder en el Ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos;
• El clientelismo;
• La impunidad;
• La falta de transparencia en la financiación de la política;
• La "cultura del atajo" y el "todo vale";
• Una débil cultura de rendición de cuentas;
• El incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información; · Fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, e
• Incumplimiento de la normatividad vigente.

Además, la corrupción está inmersa en toda la sociedad, involucrando al sector público, al sector privado y a la ciudadanía. Dicho en otras palabras, el fenómeno parece estar relacionado con causas de orden ético, social, político y administrativo. Adicionalmente, es de resaltar que el engaño que se somete a la ciudadanía sobre la lucha contra la corrupción como frase de cajón de los distintos candidatos a cargos públicos es una constante sobre la cual no se reacciona; por el contrario, se les defiende a los corruptos y se les sigue dando el voto de confianza para que continúen su actividad criminal.

Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma. Por ello es indispensable cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la gestión pública en temas relacionados con la corrupción.

UN POCO DE HISTORIA CORRUPTA DE LA CLASE POLÍTICA

Desde comienzos del Siglo pasado, cuando el Presiente Rafael Reyes entrego los campos petrolíferos a su Hermano y sobornó a políticos para facilitar la separación de panamá; hasta los últimos casos más sonados a nivel nacional como: el Frente Nacional, el proceso 8.000, DRAGACOL, UPAC/UVR, Reelección del señor Uribe Vélez, Pacto de Ralito, la Para/política, la Yidis Política, Los Nule, Salud Coop EPS, Agro Ingreso Seguro “AIS”, Coomeva EPS, Transmilenio, Vía Bogotá-Girardot, CAPRECOM, CAJANAL, Caso CARIMAGUA en el Meta, las Chuzadas del DAS, Caso de coca en el Avión de la Fuerza Aérea colombiana, Venta de ISAGEN, Sistema Carcelario, Sistema Electoral, la Administración de Justicia, REFICAR, INTERBOLSA, Destitución del Procurador Ordoñez, ODEBRECHT, la corrupción regional y local en cada uno de estos asuntos esta la clase política colombiana participando activamente y dejo a los lectores el análisis de cada uno de los casos y lo que nos ha costado a los colombianos mantener esa clase criminal y entonces, me pregunto ¿serían necesarias tantas reformas tributarias? Si, para seguir alimentando los criminales estatales y privados que se roban el erario.

Las personas naturales o jurídicas colombianas tendrán hasta el 30 de junio de 2017 para registrar sus bases de datos, como lo establece la Ley 1581 de 2012 en donde implementaron el Régimen General de Protección de Datos Personales, el que tiene por objeto proteger el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se tenga sobre ellas en las bases de datos o archivos que poseen todas las entidades públicas y privadas.

El Registro Nacional de Bases de Datos  (RNBD) es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país y será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), además es de libre consulta para los ciudadanos.

El procedimiento de registro es sencillo y rápido. Se realiza a través de la página web de la SIC www.sic.gov.co por cada una de las bases de datos que manejen, por esta razón se recomienda previamente revisar si en la empresa se recolecta, almacena, usa o circula datos personales, bien sea en archivos físicos o electrónicos como mínimo de empleados, clientes o proveedores y si es así, cada base debe ser inscrita en el RNBD.

Por lo anterior, lo invitamos a realizar su proceso de registro a través de la página web www.sic.gov.co. y/o absolver sus diferentes inquietudes a través de los canales que dicha entidad estableció para tal fin. Más información en  goo.gl/lPhRUk

Reglamentación:

El Gobierno Nacional, mediante el capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015, reglamentó la información mínima que debe contener el RNBD y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en éste las bases de datos sujetas a la aplicación de la Ley 1581 de 2012.

La SIC, mediante las Circulares externas No. 02 del 3 de noviembre de 2015 y 001 del 8 de noviembre de 2016 impartió instrucciones a los Responsables del Tratamiento de datos personales, para efectos de realizar la inscripción de sus bases de datos en el RNBD.