Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en los municipios de Yopal, Aguazul, Maní y Tauramena durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La información fue confirmada por el ministro de defensa Pedro Arnulfo Sánchez, a través de sus redes sociales.

Los detenidos harían parte de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego y estarían vinculados con actividades de extorsión a empresarios del sector agroindustrial en Casanare, incluyendo palmicultores, arroceros, contratistas y comerciantes.

La publicación hecha por el ministro señala que entre este grupo de personas se encuentra alias ‘Daniel’, quien ya había sido detenido a comienzos de año por el mismo delito.

Junto a él fueron capturados alias ‘El Coste’, ‘Chinito’, ‘Pariente’ y ‘La Mona’. Según las autoridades, el grupo exigía pagos bajo amenazas con el propósito de afectar la economía regional mediante intimidaciones.

El texto finalmente recordó las líneas telefónicas habilitadas para que la comunidad pueda denunciar cualquier tipo de acción delictiva. Terrorismo: 323 273 4707. Contra el crimen: 314 358 7212. Línea 107- 157. Gaulas: 147 – 165. Reclutamiento infantil: 141.

En la biblioteca La Tríada de Yopal, la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adelantó una jornada de formación sobre el uso de dispositivos accesibles, dirigida a personas con discapacidad visual y sus cuidadores.

La actividad tuvo como objetivo reducir brechas digitales y fomentar el acceso equitativo a la tecnología.

El curso se centró en el manejo de dos herramientas de asistencia: JAWS, lector de pantalla para computadores, y TalkBack, aplicación instalada en teléfonos móviles que permite el uso autónomo de estos dispositivos.

A través de estos programas, los participantes aprendieron a elaborar documentos, gestionar comunicaciones y navegar en redes sociales.

La capacitación estuvo a cargo del instructor Alexander Galindo, quien resaltó que el propósito es que los usuarios logren mayor autonomía en sus actividades cotidianas mediante el uso de tecnología accesible.

Servidores públicos de la Gobernación de Casanare participaron en una jornada de formación sobre inclusión, organizada por la Secretaría de Educación.

El taller, titulado “Cuando no hay barreras, hay inclusión”, tuvo como objetivo fortalecer las competencias técnicas del personal en el acompañamiento a estudiantes con discapacidad visual y auditiva.

Durante la actividad, se abordaron dos ejes temáticos. El primero fue tiflología y guías visuales, con énfasis en estrategias de orientación y movilidad, así como el uso de herramientas pedagógicas para estudiantes con discapacidad visual.

El segundo se centró en la lengua de señas colombiana, donde los participantes aprendieron aspectos comunicacionales básicos y términos técnicos del entorno educativo dirigidos a la comunidad con discapacidad auditiva.

La formación permitió a los asistentes adquirir herramientas prácticas para eliminar barreras comunicativas, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida cotidiana.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que en 2026 se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia.  

Así lo reiteró el registrador nacional, Hernán Penagos, durante su intervención en el congreso de Andesco.

El funcionario aseguró que la Registraduría, como organismo autónomo e independiente, trabaja en la construcción de un proceso electoral íntegro y confiable.

En ese sentido, indicó que ya se están desarrollando los calendarios correspondientes para las dos jornadas democráticas previstas para el próximo año.

Entre las acciones previstas para las elecciones de 2026 se encuentran la publicación de las actas de votación (formularios E-14), la inscripción virtual de colombianos residentes en el exterior, auditorías, acompañamiento de observadores internacionales.

También destacó uso de biometría facial para verificación de identidad, activación de la comisión de seguimiento a delitos electorales y campañas móviles de inscripción ciudadana.

Asimismo, el registrador informó que entre 2024 y lo que va de 2025 se han organizado cerca de 30 procesos electorales en distintas regiones del país, todos, según dijo, con transparencia y rigor técnico.

En boletín de prensa de la Registraduría también se detalla que el próximo 6 de julio, se realizarán elecciones atípicas de alcalde en los municipios de Inzá (Cauca) y Chitaraque (Boyacá), con 25.112 personas habilitadas para votar, mientras que en Melgar (Tolima), los comicios municipales se llevarán a cabo el 17 de agosto.

Aunque no existe una versión oficial sobre lo sucedido, ha transcendido que, en las últimas horas, se habría presentado el plagio de dos jóvenes vinculados con el proyecto urbanístico que se adelanta en el sector de Yopitos.

Se presume que las víctimas fueron llevadas por sus captores en una camioneta por la vía que conduce a Morichal, pasando por las zonas conocidas como Mata’e Piña y La Consigna.

En las últimas horas, el vehículo en el que se habría efectuado el traslado de los jóvenes fue hallado abandonado en el casco urbano del municipio de Maní.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el hecho. Sin embargo, fuentes no confirmadas señalan que los presuntos captores habrían hecho solicitudes económicas.

Ecopetrol informó que el pasado 18 de junio declaró la comercialidad, ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sobre el descubrimiento Lorito. Esto representa un paso clave en la maduración de proyectos exploratorios hacia el desarrollo del activo y la incorporación de reservas y producción de la compañía.

Esta decisión se basó en los resultados exitosos tanto técnicos como operacionales que confirman un volumen de hidrocarburos recuperables estimado en 250 millones de barriles de crudo correspondientes a un Plan de Desarrollo que considera la experiencia adquirida en el área, con el fin de maximizar el recobro, de los cuales 109 MBPE son recursos contingentes certificados neto Ecopetrol, a diciembre 31 de 2024. El crudo original en sitio estimado es de 2.154 millones de barriles de crudo.

Este descubrimiento se realizó en marzo de 2018 cuando se comprobó la presencia de crudo extrapesado de entre 8 y 9 grados API. En dicho hallazgo se perforaron 4 pozos: Lorito-1, Lorito A1, Tejón-1 y Guamal Profundo-1. La delimitación finalizó el 10 de octubre del 2024 con la perforación y pruebas de producción del pozo Guamal Profundo-1.

El área asociada al descubrimiento Lorito hace parte del contrato de Exploración y Producción del Bloque CPO-9 y empieza su etapa de producción y desarrollo con dos pozos activos que actualmente superan los 1.450 barriles de petróleo por día.

La comercialidad está en línea con la estrategia de valorización de la adquisición de la participación del 45% remanente al socio Repsol del Bloque, siendo ahora la producción 100% de propiedad de Ecopetrol S.A.

Su cercanía a la infraestructura de producción y transporte existente facilita la producción comercial del hidrocarburo y permite materializar sinergias con los campos en producción de Ecopetrol.

El martes 1 de julio de 2025 se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta de gas Floreña, operada por Ecopetrol, lo que afectará el suministro de gas en Yopal.

Cusianagas informó que debido a estas labores técnicas se presentarán restricciones en el servicio durante dos los horarios de 7 a 10 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde.

Durante estos periodos podrían registrarse bajas de presión o incluso interrupciones temporales.

Para garantizar el abastecimiento a usuarios residenciales y comerciales, la empresa suspenderá el suministro a estaciones de servicio en los mismos horarios.

La empresa recomendó a la ciudadanía cerrar las válvulas de gas como medida de precaución mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.

La empresa recordó que cuenta con canales de atención al cliente a través del número 323 254 0636, disponible de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m., y con la línea gratuita de emergencias 164, activa todos los días.

También invitó a la comunidad a seguir sus actualizaciones en redes sociales: @cusianagas en X e Instagram, y @cusianagassasesp en Facebook.

La incertidumbre sobre el futuro de la empresa Elecofasa, operadora de la planta de residuos sólidos de Aguazul, se agudiza tras el fallecimiento de uno de sus trabajadores, en medio de denuncias por incumplimientos laborales y deudas salariales.

El pasado 19 de junio murió José Edilberto Sotaquira, pazdeariporeño de 36 años y vigilante nocturno de las instalaciones, víctima de un paro cardíaco.

Según sus compañeros, el trabajador llevaba semanas reclamando el pago de salarios atrasados, sin obtener respuesta de la compañía. “Se cansó de rogar y suplicar por un sueldo que nunca llegó”, expresaron allegados.

Tras su muerte, los empleados han solicitado que el dinero adeudado sea entregado a la madre del vigilante, quien ha asumido los gastos fúnebres. Hasta el momento, aseguran que no han recibido respuesta por parte de la empresa.

Este hecho se suma a los múltiples reclamos por parte del personal, quienes denuncian falta de pagos, condiciones laborales precarias y silencio institucional por parte de la gerencia de Elecofasa.

El caso ha encendido alertas en la comunidad y revive cuestionamientos sobre la viabilidad operativa y administrativa de la entidad.

El consejo gremial de Casanare emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en el departamento, en especial en Yopal y otros municipios.

Según la organización, el incremento de hurtos, extorsiones y fleteos ha generado un ambiente de incertidumbre que impacta de manera negativa al tejido empresarial, comercial y social de la región.

Aunque reconocen los esfuerzos de las autoridades locales y departamentales, los gremios consideran que los desafíos actuales demandan una estrategia integral, articulada y con enfoque territorial.

En particular, se resalta la necesidad de mejorar la coordinación entre fuerza pública, organismos judiciales y entes territoriales, así como fortalecer la presencia operativa en zonas de alto riesgo.

Segú el ente gremial, esta última acción se logra mediante patrullaje estratégico, vigilancia permanente e inversión sostenida en inteligencia, análisis criminal y herramientas de judicialización efectivas.

“El clima de inseguridad está limitando el desarrollo productivo y debilitando la confianza ciudadana. Es urgente tratar esta situación como prioritaria”, indicó el consejo.

Finalmente, los gremios reiteraron su disposición a trabajar de manera conjunta con las autoridades en la formulación e implementación de soluciones estructurales, dentro de un marco de diálogo institucional y compromiso con el bienestar regional.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una sanción de tres meses de suspensión e inhabilidad especial contra el exalcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro.

La medida disciplinaria se impone a raíz de una controvertida afirmación realizada por Castro, en la que instó a los hombres del municipio a “consumir producto colombiano” en un claro rechazo a las trabajadoras sexuales migrantes.

La declaración, proferida durante una rueda de prensa el 6 de abril de 2021, mientras el entonces alcalde abordaba temas relacionados con la prostitución, ha sido calificada por el Ministerio Público como un “acto de violencia y discriminación contra la mujer”.

Según la Procuraduría, la expresión degrada la calidad y condición humana de las mujeres, reduciéndolas a la categoría de un producto o un objeto de consumo.

Además, el Ministerio Público subrayó que la exhortación del exmandatario generó una evidente discriminación hacia las mujeres de otras nacionalidades que ejercían el trabajo sexual en la capital casanareña.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó la conducta de Luis Eduardo Castro como grave y a título de dolo.

Dado que el exalcalde ya no se encuentra en el cargo, la sanción de suspensión se ha transformado en una multa equivalente a tres meses del salario que devengaba en el momento de cometer la falta, manteniendo la inhabilidad especial impuesta.

Contra esta decisión, el exalcalde tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular.