Ecopetrol y la Alcaldía de Yopal han firmado un convenio de cooperación para mejorar el suministro de agua en comunidades rurales del municipio.

El acuerdo se enfocará en las veredas más afectadas por la falta de acceso al recurso y que hacen parte del área de influencia de la petrolera, para mejorar tanto el suministro como la calidad del agua. En este listado de las zonas rurales beneficiadas aparecen La Guamalera, Rincón del Soldado, Cagüi, Primavera, Cagüi Esperanza y Brisas del Cravo.

Uno de los primeros proyectos bajo este convenio será el diseño y estudio de factibilidad para optimizar el sistema de abastecimiento de agua en la vereda La Guamalera. Iniciativa que beneficiará a 240 personas de la comunidad.

Jorge Martín Camargo García, jefe territorial ambiental de Ecopetrol en la regional Piedemonte, destacó la importancia del convenio para el desarrollo local y el bienestar de las comunidades en el área de influencia de la empresa. 

Señaló que la alianza permitirá impulsar proyectos que responden a las necesidades de la población y contribuirá a cerrar brechas en el acceso a servicios públicos. Este último punto es uno de los pilares de la estrategia corporativa de Ecopetrol para el desarrollo territorial.

Héctor Fabio Alzate Ávila fue detenido por la Policía en Villavicencio (Meta) tras ser señalado como presunto responsable del robo a una vivienda habitada por una pareja de adultos mayores. El incidente ocurrió el pasado 9 de enero.

Alzate Ávila, junto a otros tres individuos, irrumpieron en la propiedad forzando una reja durante la madrugada. La pareja de 74 y 78 años fue encerrada en una habitación bajo amenazas con armas de fuego.

Los asaltantes se llevaron electrodomésticos y otros objetos valorados en 21 millones de pesos, y escaparon en un motocarguero al día siguiente.

Gracias a la alerta de la comunidad, la Policía Nacional logró capturar a Alzate Ávila en el barrio Primero de Mayo. Durante la detención, se recuperaron varios de los artículos robados y el motocarguero utilizado en el crimen, que aparentemente había sido alquilado para transporte.

La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Villavicencio, imputó a Alzate Ávila los delitos de secuestro simple y hurto calificado, ambos agravados.

A pesar de la evidencia, el acusado se declaró inocente de los cargos. Actualmente, se encuentra recluido en un centro carcelario mientras avanza la investigación.

Desde este jueves 16 de enero subieron las tarifas de los peajes en el corredor vial Yopal – Villavicencio. El anunció lo inicio la concesionaria Covioriente que aseguró que el alza está en concordancia con la resolución emanada por el Ministerio de Transporte.

Este ajuste se implementó a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2025. Las nuevas tarifas se basan en la resolución 20243040065055 del Ministerio de Transporte, la metodología de indexación de la Circular ANI No. 20245050001084.

Los peajes afectados donde de aplicará el incremento es el de Puente Amarillo en Restrepo; Veracruz en Cumaral y San Pedro, en Villanueva.

Los valores específicos de las nuevas tarifas están validados y aprobados por la interventoría del proyecto y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Covioriente recordó a los usuarios que cuentan con la línea gratuita de atención a emergencias 01 8000 18 08 18 disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través de esta línea, se puede acceder a servicios gratuitos de grúa, ambulancia, carro taller e inspección vial.

Una mujer fue capturada en Aguazul el 15 de enero de 2025 sobre las 9:30 de la noche, acusada de violencia intrafamiliar tras agredir a su pareja en la vía pública. La rápida acción de la Policía Aguazul fue clave para la detención. 

Las autoridades fueron alertadas sobre una riña en el barrio Sevilla. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre inconsciente en el suelo y a una mujer con un objeto contundente en la mano.

Testigos afirmaron que la fémina había agredido a su pareja con dicho objeto, causándole lesiones en la cabeza. La mujer arrojó el objeto al suelo al percatarse de la presencia policial.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado a un centro asistencial del municipio. La mujer fue capturada en el lugar de los hechos y puesta a disposición de las autoridades competentes por el delito de violencia intrafamiliar. 

Cuatro hombres vistiendo prendas alusivas a la Policía Nacional, llegaron hasta una finca en la vereda Piñalito ubicada al sur del municipio de Tauramena.

Los hombres ingresaron al predio sobre las 6 de la tarde de este miércoles 16 de enero, intimidaron a las personas que se encontraban en el lugar, una pareja mayor de 50 años y un menor. Luego de reducirlos los amarraron y procedieron a perpetrar el robo.

Con lo que no contaban los delincuentes es que el momento en que arribaron la mujer que estaba en el lugar, se encontraban atendiendo una llamada telefónica de un familiar, quien logró escuchar los gritos de auxilio de las víctimas.

De inmediata esta persona avisó a los vecinos del sector, quienes rápidamente se dirigieron hasta el predio donde estaba ocurriendo el asalto.

La presencia de la comunidad hizo que los maleantes emprendieran la huida. A su paso los asaltantes dejaron abandonado un vehículo en el que se movilizaban, para luego internarse en zona boscosa.

Búsqueda implacable

Los hechos no terminaron con la fuga de los delincuentes. La comunidad se organizó para ir tras los ladrones. De esta manera en horas de la noche lograron detener a unos de los señalados de participar en el asalto. Horas más tarde fueron localizados otros dos de los supuestos implicados en el robo.

Los tres fueron amarrados y entregados a las autoridades. Pese al trabajo coordinado de la comunidad, uno de los cuatro ladrones logró escapar y se encuentra prófugo.

Se ha conocido extraoficialmente que los detenidos ya presentan antecedentes judiciales por hurto, entre otros delitos.

El pasado miércoles 15 de enero el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió en el municipio de Soacha con más de 2.500 representantes de organizaciones de reciclaje de diferentes regiones del país.

En este escenario el mandatario resaltó la importancia de la labor que cumplen quienes se dedican a ese oficio, por lo que solicitó al Ministerio de Vivienda y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), expedir una resolución que garantice la remuneración a los recicladores tradicionales de oficio.

El anunció lo hizo en el coliseo León XIII del mencionado municipio cundinamarqués, donde también hizo la presentación del Decreto 1381, que tiene por objetivo garantizarles la exclusividad a estas personas durante 15 años en el trabajo de aprovechamiento de residuos sólidos.

En su discurso el presidente hizo hincapié en la necesidad de priorizar y privilegiar a los recicladores frente a las empresas de aseo. También se mencionó que la idea no es afectar el costo del servicio a los usuarios, sino limitar las ganancias de los grandes contratistas.

Para el Gobierno nacional esta medida permitirá mejorar las condiciones de vida de los recicladores, combatir el trabajo infantil y dignificar el trabajo de las mujeres dedicadas a esta labor, quienes según la Administración nacional, han enfrentado históricamente condiciones precarias para desempeñar este trabajo.

El concejal Daniel Cubillos de Monterrey se pronunció para desmentir acusaciones sobre su gestión en un proyecto de electrificación rural que se adelanta en su municipio.

Dijo que, ante la difusión de información engañosa, aclara que su labor se ha limitado a un seguimiento responsable y transparente de la iniciativa.  Invitó a quienes lo acusan a presentar pruebas ante las autoridades competentes, afirmando que siempre ha trabajado con transparencia y que sus acciones son verificables.

A través de un comunicado, el concejal Cubillos también manifestó su comprensión hacia las personas que no fueron incluidas en el proyecto, lamentando la desinformación que ha generado malestar. 

Reiteró su compromiso de seguir trabajando con honestidad por el bienestar de Monterrey.  Finalmente, extendió una invitación a la comunidad para contactarlo directamente y obtener detalles reales sobre el proyecto, incluyendo información sobre los contratistas, supervisores e interventores, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento a Jhonatan Traslaviña López, por su presunta participación en retenciones ilegales y extorsiones en Casanare.

La detención de Traslaviña López se dió en Yopal por parte de uniformados del Gaula de la Policía.

Al capturado la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de secuestro simple y secuestro extorsivo agravado. Aunque Traslaviña no aceptó los cargos la autoridad judicial lo envió a la cárcel.

Los hechos de los cuales se les acusa ocurrieron entre el 4 y 6 de mayo de 2024 en una finca de la vereda Elvecia del municipio de Paz de Arioporo

Según la Fiscalía en esa fecha varios hombres armados, entre los que se encontraba el hoy detenido, retuvieron a tres trabajadores esperando la llegada del dueño del predio, para llevárselo y luego hacer exigencias económica a su familia por su liberación.

De esta manera se concreto el secuestro de un ganadero de 71 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dos días después del plagio, en un terreno aledaño al lugar donde fue retenido ilegalmente.

El Tribunal Administrativo de Casanare dejó en firme la elección de Marco Tulio Ruiz como alcalde de Yopal para el periodo 2024-2027, tras determinar que los demandantes, Lenin Humberto Bustos y Germán Ernesto Escobar Higuera, presentaron su apelación fuera de plazo estipulado.

El fallo que favoreció a Ruiz fue emitido el 6 de diciembre de 2024, y los demandantes tenían hasta el 19 de diciembre para apelar. Sin embargo, su recurso fue presentado el lunes 13 de enero, lo que llevó al Tribunal a rechazarlo por ser extemporáneo. 

A pesar de este revés, los abogados de los demandantes aún tienen la opción de interponer un recurso de queja contra esta decisión de la autoridad judicial.

A través de un comunicado, el Departamento de Policía Casanare se pronunció sobre una publicación hecha por un medio digital este 15 de enero, donde un ciudadano manifestó una serie de inconformidades sobe un procedimiento policial.

Según el escrito dado a conocer por la institución, los hechos se presentaron el 14 de enero a las 3 de la mañana. La versión oficial indica que la comunidad alertó sobre una persona que accionó en varias ocasiones un arma de fuego en el sector de la invasión La Resistencia.

Al llegar al lugar los uniformados observaron una persona que al notar la presencia policial emprende la huida, pero posteriormente fue abordado en el sector del barrio Villa Nelly.

“Una vez registrado e identificado el ciudadano, esta persona señala haber tomado unos tragos, y posteriormente dirigirse a su residencia, realizando unos disparos porque minutos antes había sido víctima de hurto por habitantes de calle”, menciona el comunicado de la Policía.

Durante le procedimiento se le encontró a este ciudadano un arma traumática de color negro, un proveedor y cuatro cartuchos. Asegura el escrito que, al verificar su legalidad, se determinó que el propietario no había adelantado los trámites de ley que aplican para estos casos.

Por lo tanto, no contaba con los permisos requeridos para portar este tipo de armas, por lo que se procedió a su incautación para luego dejarla a disposición del comando de Policía.

También la nota oficial hace algunas aclaraciones. “Por parte de la institución en ningún momento se le indicó al ciudadano que debía sufragar dinero alguno para la recuperación del teléfono móvil, que al parecer fue hurtado momentos antes del procedimiento, como se dio a conocer por los medios digitales”.

Igualmente aseveró que “como institución se adelantaron las acciones de búsqueda y localización de los sujetos y la recuperación del bien hurtado, solicitando al ciudadano ampliación de los hechos y características de los sujetos, sin embargo, el ciudadano, señaló que su único interés es la devolución del arma incautada”.