Se trata de un hombre de 37 años del municipio de Aguazul, quien presentó lesión causada por un artefacto pirotécnico conocido como “volador”, el cual le generó contusión, quemadura de tercer grado y fractura de los huesos de las manos. Debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser hospitalizado.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras son un problema de salud pública de magnitud mundial, que ocasiona a nivel global 300.000 muertes al año y son la tercera causa de muerte accidental.

“La pólvora y el consumo de bebidas embriagantes convierten las celebraciones en tragedia, por eso invitamos a la población para que celebren con responsabilidad” , afirmó Constanza Vega Orduz, secretaria de Salud de Casanare.

El uso de la pólvora aumenta en un 80% las probabilidades de desencadenar una quemadura que posiblemente requiera de cirugía plástica o en el peor de los casos, comprometerá la funcionalidad del cuerpo causando discapacidades.

Para reducir esta problemática en Salud Pública, los municipios deben entregar los planes de contingencia para el manejo correcto de la pirotecnia y si autorizan su venta, cumplir con la normatividad.

“A todos los papitos, hay muchas formas de hacer felices a los niños, y si acaso van a participar de un evento público donde se use la pólvora, tengan en cuenta las medidas de seguridad y las áreas de protección para evitar las quemaduras por pólvora” Olga Lucía Ramírez, referente de Seguridad Química de la Secretaría de Salud de Casanare.

Foto de referencia.

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos requiriera a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, información precisa sobre la contratación por 320 mil millones de pesos para la operación de la PTAR y el manejo de los residuos sólidos en el relleno El Cascajar, su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a otros funcionarios de la Alcaldía de Yopal, rindieron informe sobre dichos contratos denominados de colaboración estratégica empresarial.

Integrantes de la junta directiva de la EAAAY, conformada entre otros por el secretario de Infraestructura Álvaro Rivera y la secretaria de Planeación, Sonia Ruíz acompañaron a Pérez, a mesa de trabajo con la Superservicios. Allí se informó sobre el avance de los procesos de los dos contratos de alianza estratégica para construir obras de sanemiento básico, además que se hizo entrega de los documentos requeridos para que esa entidad haga el seguimiento correspondiente

El pasado 12 de octubre, luego de ya haberse firmados los contratos, que tanta suspicacia y desconfianza han causado, el el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, pidió que, en un plazo perentorio de tres días, la Eaaay debía remitirle copia del contrato referente a la operación de la PTAR, la construcción de la nueva PTAR y los diseños de los planes de acueducto y alcantarillado de Yopal.

De igual manera para el contrato por 15 mil millones de pesos con la firma SSYAM para la construcción e implementación de una planta de tratamiento, aprovechamiento y manejo integral de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario El Cascajar de Yopal, se requirió la copia del contrato, informe del impacto sobre el servicio público de aseo, afectación de la vida útil del relleno.

Ahora se espera un pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos con respecto al cumplimiento de las leyes y actos administrativos que afectarían a los usuarios finales, en materia de tarifas y servicios.

La violencia física, sexual, emocional y racista ejercida contra dos niños de 6 y 10 años de edad y su madre, Kerlin Sugey Murillo Mena, una docente de inglés, afrodescendiente chocoana, en Paya, Boyacá, generó rechazo, cuestionamientos y diversas investigaciones de organismos de defensa de la niñez y las mujeres como el ICBF, de la Fiscalía y la Procuraduría.  Por ahora la profesora fue trasladada a Chita, en ese mismo departamento.

De acuerdo con las denuncias conocidas a través de medios nacionales, la joven profesora llegó a trabajar en 2021 al colegio El Rosario, ubicado en Paya. Y desde el inicio sintió el rechazo de otros profesores, donde el color de su piel sería el detonante de esa discriminación. La situación se agravó con el visceral ataque que comenzaron a vivir sus pequeños hijos, en ese momento de 5 y 10 años de edad.

De acuerdo a los hechos denunciados, el niño Keiner Joel Córdona, el más pequeño,  fue blanco de constantes humillaciones y maltrato que, de ser probadas, se trataría de delitos que la Fiscalía General de la Nación tendrá que investigar de oficio, si se tiene en cuenta que algunos testimonios aseguran que Keiner fue víctima de acceso carnal, de vejámenes relacionados supuestamente con otros niños que le introducían orines en su boca. Inclusive se habla de una posible fractura en su cráneo, tras ser lanzado al vacío desde un tobogán.

Mientras tanto el niño mayor Yojackson Córdoba tiene lesiones en las cejas, mentón, pecho y una oreja, al parecer por tratar de defender a su hermano de las agresiones propinadas por otros niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), coordina acciones con las Comisarías de Paya y Chita, para brindar acompañamiento a a la familia y ya se inició el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) para los dos niños, quienes reciben tratamiento psicológico desde el área de salud.

En entrevista con La W y desde la penitenciaría La Picota, el exdirector del DAS en el departamento de Casanare, Orlando Rivas Tovar, se refirió a la aceptación de cargos que hizo por falsos positivos, así como al ofrecimiento de entregar verdad sobre vínculos de agentes del estado con paramilitares en ese departamento.

“Cargos de elección popular como gobernadores y alcaldes, eso es a su debido tiempo y ya eso es de conocimiento del mismo estado, (...) esto no es un caso nuevo, esto es algo que la ciudadanía casanareña sabe, las entidades judiciales como la Fiscalía y entes de control conocen y han conocido siempre esa relación directa”, sentenció Rivas.

Particularmente en relación con la imputación en su contra por ejecuciones extrajudiciales, mantuvo su postura de asumir responsabilidad por mando (a pesar de que víctimas consultadas indican que ese reconocimiento se queda corto, al no aceptar haber dado órdenes ilegales).