Joel Olmos, el ganador en la consulta interna de Colombia Humana, donde fue escogido como candidato de este partido político a la Gobernación de Casanare de cara a  la consulta del Pacto Histórico, se declaró como un petrista de tiempo completo.

Mencionó que su vinculación con esta colectividad se dio en el año 2018 y desde esa época ha venido apoyando todos los procesos progresistas en el departamento.

Sobre su formación académica manifestó que es administrador público con una especialización y dos maestrías.

En cuanto a la consulta donde resultó triunfador resaltó que se hizo de manera democrática, donde los militantes fueron quienes escogieron los nombres de sus candidatos y no una junta directiva o elegidos a dedo.

Audio: https://fb.watch/k6WgBrf8w9/

El Tribunal Administrativo de Casanare ratificó la suspensión del contrato de Colaboración Empresarial No.0148 suscrito entre la firma Ingenicontec SAS y la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, construcción de una nueva PTAR y su operación por 30 años, así como el diseño del plan maestro del acueducto y alcantarillado de Yopal.

La confirmación de la medida cautelar le da la razón al demandante, el ex alcalde Leonardo Puentes, quien mediante acción popular solicitó como medida de urgencia, la suspensión de los procedimientos tendientes al perfeccionamiento y ejecución de dicho contrato.

Para la autoridad judicial este proceso contractual es una concesión, además señala que el contratista no pudo demostrar la suficiente solvencia técnica, ni económica, para adelantar su ejecución.

Como se recuerda este tema, que ha estado en el ojo del huracán, desde el día en que se conocieron unos videos donde se habla de la repartición de coimas, ya había tenido un primer fallo de suspensión emitido por el Juzgado Primero Administrativo de Casanare.

Por lo tanto el pronunciamiento del Tribunal es la confirmación de la medida impuesta en primera instancia, donde según la autoridad judicial se pudo evidenciar que el objeto contractual que incluye la construcción de una PTAR por valor de 305 mil millones de pesos, la operación de la misma por 30 años, se enmarca en un contrato de concesión.

Dicha afirmación se sustenta en el hecho que “se trata de la ejecución del servicio de alcantarillado a cambio de un cobro mensual estimado en una tarifa de $875 por metro cuadrado”.

De igual forma expresa el Tribunal que los 70 millones de dólares que el contratista invertiría y que supuestamente se encuentran en una entidad bancaria suiza o americana, no está respaldada en el expediente contractual que reposa en el Secop.

Otro punto que fue tenido en cuenta para ratificar el fallo de suspensión, está relacionada con el hecho que Ingeniería y Construcciones no acreditó experiencia en la instalación de plantas de tratamiento con el sistema KWI.

Asi mismo en la documentación aportada por el contratista, el Tribunal no se encontró certificación alguna de los supuestos dineros depositados en cuentas bancarias del exterior.

 Ingenicontec SAS,  tampoco entregó soporte de algún contrato o documento, para acreditar su experiencia certificada en todo el tema de instalación de plantas de tratamiento de tecnología KWI, en el país.

Ante todas estas inconsistencias el Tribunal remitió copia a la Fiscalía y Procuraduría, para que adelanten la investigación de rigor, de acuerdo a sus competencias.

Por su parte la EAAAY en su momento apeló la acción popular, solicitando en los estrados judiciales que la medida fuera negada. El argumento se centró en el hecho que la entidad no había sido tenida en cuenta para exponer sus argumentos y el expediente contractual.

También recalcó que el contrato fue a voluntad de las dos partes involucradas y no el producto de una decisión unilateral de alguna de ellas.

Un tercer argumento insistía en que un juez no se encontraba facultado, para imponer una medida de suspensión del contrato. Además expuso que la empresa no iba a entregar en concesión la operación del servicio de alcantarillado, sino que se trataba de una alianza destinada para realizar una actividad complementaria.

Otro cuestionamiento proveniente de la EAAAY, apuntó a que en el momento en que se notificó sobre la medida cautelar, ya se habían expedido las pólizas y la autorización del acceso del contratista al terreno.

En este escenario entró un tercer actor que fue la Procuraduría. El Ministerio Público pidió que se mantuviera la medida cautelar. Argumentó esta solicitud señalando que permitir la ejecución del contrato, equivaldría a facturar actividades que no cuentan con un respaldo presupuestal, por lo que terminaría repercutiendo en la tarifa del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Casanare  en conmemoración al Día Internacional de la Tierra, lideró siembra de 200 árboles de las especies Samán, Ocobos, Flor Amarillo, Yopo, Guamos, Caracaro, entre otras.

También fueron liberadas 15 especímenes de fauna silvestre, concretamente de morrocoyes. La actividad estuvo coordinada por Corporinoquia y se realizó en la reserva natural de la sociedad civil Amanecer en el Palmar, ubicada en Tilodirán.

A la jornada ambiental se unió el grupo de protección y patrimonio nacional, carabineros de la Policía, Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación, Fuerza Aérea, Registraduría y estudiantes del grupo de guardianes de turismo.

La fecha fue aprovechada por la  Policía Ambiental, para reiterar su invitación a toda la comunidad en general a preservar, cuidar y proteger nuestros recursos naturales, nuestra fauna y flora silvestre, en general a toda la madre tierra.

Dentro de las novedades anunciadas para las próximas elecciones del 29 de octubre, se encuentra la instalación de un puesto de votación en el resguardo indígena de Chaparral –Barro Negro, que estará ubicado en la zona de Campo Hermoso, municipio de Sácama.

El nuevo puesto de votación beneficiará a la población indígena u’wa  que reside en este sector localizado a 20 kilómetros del casco urbano y se pondrá en funcionamiento en el centro de integración ciudadana (CIC), dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Siukaro.  Informó la Registraduría.

En el resguardo hay más de 350 habitantes, según informe de la Alcaldía Municipal. En este grupo de residentes se encuentran varios adultos mayores, a quienes se les dificulta desplazarse hasta la cabecera municipal, para participar de la jornada electoral.

Con la creación e implementación del nuevo puesto de votación, se espera que más miembros de la comunidad participen en el proceso democrático, sin las barreras geográficas y logísticas que antes enfrentaban. Ahora, la población del resguardo podrá votar de forma más rápida y eficiente, lo que se traducirá en una mayor representación de la comunidad y participación en la toma de decisiones.

De esta manera la Registraduría afirmó que está cumpliendo con su compromiso de garantizar la cobertura en zonas alejadas, asegurando que más personas puedan ejercer su derecho al voto, buscando un especial enfoque poblacional del sector rural y comunidades étnicas.