CN

CN (19556)

 

Desde marzo de éste año se conoció de una denuncia que argumentaba que al parecer el coordinador del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Leonardo Barón Pulido, no cumplía con el lleno de requisitos para ostentar dicho cargo.

Por esta razón al funcionario se le estaría investigando por parte de la Procuraduría Regional y Fiscalía por presuntas fallas disciplinarias que tienen que ver con documentos falsificados que se habrían modificado para poder posesionarse.

Dichos documentos que se habrían alterado, tendrían que ver con  algunas certificaciones para sustentar experiencia laboral que el funcionario  relacionó  para el cargo, pues algunas fechas y funciones presuntamente no fueron desempeñadas en su época por el coordinador.  

 

Otra irregularidad se dio al parecer porque en el manual de funciones de la Gobernación se modificaron las exigencias, al parecer por parte de la pasada administración,  para incluir la carrera de ingeniería industrial, puesto que Barón Pulido es profesional en la misma y esta no se encontraba en la lista de programas profesionales relacionados con el cargo.

Frente a esta situación Leonardo Barón,  dijo que no tiene conocimiento oficial de que exista un proceso por Procuraduría o Fiscalía y que se trata de alguna inconformidad de personas  que quieren apartarlo del cargo.

“Para eso existen los entes de control  y estoy presto a llevar las pruebas necesarias que acrediten la verdad”  señaló el funcionario.

Dijo además que se entregaron los certificados correctos  para el caso de la especialización que era homologable certificando  dos años de experiencia general.

La denuncia fue interpuesta por el señor Marco Tulio Sánchez  y el proceso se encuentra en indagación por parte de la oficina de control interno.

La veeduría ciudadana del programa Familias en Acción Yopal, manifiestan que los funcionarios encargados de atender los beneficiarios del programa del Gobierno Nacional, no cuentan con contrato desde hace más de un mes.

Dice la veeduría que la situación se viene presentando desde enero de éste año, cuando los funcionarios comenzaron a trabajar gratis y que así duraron por tres meses. "En marzo se les realizó un contrato por dos meses y desde ahí no les han vuelto a renovar”  dijo Maite Bernal, Coordinadora de la Veeduría.

El día de hoy los funcionarios afectados decidieron no prestar más sus servicios, hasta tanto se les solucione la parte de contratación, la cual según la veedora, debería ser por mínimo de un año para garantizar la continuidad del  servicio. Dijo además, que el problema es preocupante teniendo en cuenta que éste es un programa de orden nacional y que se tienen establecidas ciertas fechas o rangos para el tema de documentos y de subir información a la plataforma para que se hagan efectivos los incentivos.  

“Esta situación no es propicia para la comunidad y más teniendo en cuenta que las oficinas están ubicadas en un sitio pequeño que con diez usuarios se llenan y prácticamente las personas  tienen que hacer fila  a la intemperie. Allí se ven señoras con niños aguantando sol y lluvia, adicionalmente, se cae mucho el internet y no pueden acceder a la plataforma con la que consultan datos y actualizan información” argumentó la veedora.

Dichas oficinas quedan ubicadas en el barrio Villa Nelly en la  Cra 13 número 43 A- 03 en un lote de la Alcaldía y fueron construidas mediante un contrato entre el DPS y la pasada Administración Municipal.  Pese a que la obra no tiene más de dos años,  la estructura física muestra  deterioro en baños, techos y demás y cuando llueve se inundan sus instalaciones.

Según la veedora, se le han radicado dos oficios a Luz Marina Cardozo, quien es la encargada de la oficina de Acción social, pero que hasta el momento no han recibido una respuesta que brinde soluciones frente a la situación.

De los siete funcionarios que se encargan de la atención de las aproximadas 120 personas que acuden diariamente a dichas oficinas, solo uno cuenta con su contrato al día.

Comunidad afectada por la situación realiza una protesta frente a las instalaciones de Acción Social Municipal, exigiendo una solución a éste problema.

 

 

Fernando Ruiz, viceministro de Salud,  afirmó que el país se convirtió en el primero del continente americano en declarar el cierre de la epidemia del virus del Zika, sin embargo, Fernando Torres, referente de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), de la Secretaría de Salud Departamental, señaló que en Casanare sí hay un descenso, pero aún se tiene un buen número de casos reportados. 

Según éste funcionario el país tiene una tendencia diferente a la que tiene el departamento de Casanare, “se debe aclarar que hay regiones del país que no están reportando los casos de zika, por esto se habla de un cierre de la epidemia, nosotros estamos a la espera de cómo sigue su comportamiento en el Departamento, estos virus llegaron para quedarse” afirmó Torres.

Por su parte la Secretaría de Salud dio a conocer un consolidado general en el número de casos registrados en la semana No. 28, con un total de 6.500 casos, de los cuales 408  son gestantes reportadas, hasta la fecha no se registran casos de mortalidad y se realiza seguimiento constante al control prenatal.

 

 

 

Tres menores de edad fueron detenidos de manera preventiva por agredir con piedras a la Policía, durante la cuarta diligencia de lanzamiento en los barrios Villa Nelly y Bella Vista, que contó con el acompañamiento de la Personería Municipal de Yopal.

El Personero Delegado en Asuntos Judiciales y Policivos, Guillermo Gaviria, expresó que al reincidir en la ocupación ilegal de un predio, la Policía podría iniciar la judicialización de los promotores de esta actividad.

Así mismo dijo que “la competencia de resguardar la tranquilidad y el orden público en el municipio corresponde a la Alcaldía”, y la ley ordena realizar estos procedimientos de desalojo.

Residentes del sector manifestaron su descontento con la situación ya que se han visto afectados por los gases lacrimógenos que ayer se lanzaron a causa de la manifestación. “Me tocó salirme de mi casa porque mi bebé de nueve meses se estaba asfixiando y tenía los ojos rojos, fue un momento de mucha angustia” expresó una mujer que vive en Villa Nelly.

Otro habitante de Bella vista dijo que inmediatamente comenzaron los disturbios con gases lacrimógenos, le tocó salirse de su casa junto con su familia porque el olor llegaba todo a su residencia y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades que les corresponda para que los ayuden frente a esta situación que ya viene generando molestias a los vecinos del asentamiento humano. “Queremos que regrese la tranquilidad que teníamos antes de que todo esto sucediera” manifestó.

Por otro lado, señaló el personero que varias mujeres, algunas de ellas embarazadas, estaban liderando las vías de hecho y en ocasiones anteriores se intentó persuadirlas de no ponerse en esa situación de riesgo.

A la diligencia también hicieron presencia miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Gobierno.

El personero delegado hizo un llamado al defensor de familia del ICBF para que se haga presente en todas las diligencias y vele por los derechos de los niños, pues ha estado ausente en varias de éstas. 

Los predios invadidos, que son propiedad de la Alcaldía, están destinados por la misma administración para realizar el parque del sector.

 

 

 

 

El Secretario de Educación y Cultura de Yopal, Fredy Alexander Montoya, dijo que una vez superadas las dificultades por el paro camionero se reinicia el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para beneficiar a estudiantes de bajos recursos de instituciones oficiales urbanas y rurales.

Este programa contratado por la alcaldía de Yopal y financiado en parte por el Ministerio de Educación Nacional, busca incentivar la permanencia escolar en las aulas evitando la deserción por falta de este complemento nutricional.

En Yopal, estudiantes de familias de escasos recursos  se benefician de este programa con la entrega de 10.000 raciones diarias que están a cargo de la Fundación “Somos Manos Unidas”. 

 

 

 

Así lo dio a conocer Julián Giraldo, abogado defensor de Jhon Jairo Torres Torres quien manifestó que ya se pasaron todos los requisitos y documentos que se exigían por parte del Inpec para analizar la solicitud que radicó la defensa de que se trasladara al burgomaestre a una guarnición militar en la capital casanareña.

Según el abogado, en lo estipulado en el artículo 314 de la Constitución,  Torres Torres no ha perdido la calidad de alcalde y por lo tanto es un servidor público.  Además, “se le debe abonar que es el jefe de la Policía en Yopal, por tal motivo no debería estar en una prisión normal sino en una guarnición militar de la ciudad” resaltó.

"Por cuestiones impredecibles el traslado no se pudo efectuar la semana pasada, espera la defensa que a nivel administrativo se traslade en menos de una semana a Yopal pero nada es seguro hasta que se tenga la resolución por parte de la Dirección Nacional del Inpec" dijo el abogado. 

La próxima audiencia del alcalde se realizaría en agosto para la formulación de acusación. “Una vez se tenga el escrito de acusación inicia el juicio” indicó Giraldo.

Se espera por parte de la defensa y del alcalde que se defina lo más pronto posible el traslado del burgomaestre donde seguirá detenido privativamente mientras se termina el proceso que se lleva en su contra. 

 

La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, informa a los usuarios del centro poblado de la Yopalosa, que este jueves 28 de julio se realizará poda de árboles en el circuito alimentador 13,2kv Tocaria-Yopalosa, por ello se hace necesario restringir el servicio de energía eléctrica de 8:00 am a 12:00 m en el Centro Poblado La Yopalosa y veredas del municipio de Nunchia tales como Corea, Pretexto, Sirivana, Guacharacas, La Nevera, Redención, Tigre, Tacare, Tablon de Tacare, Caño Hondo, Santa Cruz, Conchal, Palmira, Barranquilla, Barranquillita, Villa Playón, Playón, Santa Barbara, Playón Recuerdo, Capilla, Pie de Cuesta, Vijagual, Pedregal, Capilla Alta y el Centro Poblado Morcote del departamento de Boyacá.

 

Enerca, recomienda a los usuarios mantener desconectados sus electrodomésticos durante el tiempo de suspensión y 5 minutos después del restablecimiento del servicio y al mismo tiempo no intervenir las redes eléctricas sin autorización, debido a que de acuerdo al avance y condiciones propias de la actividad se puede normalizar la prestación del servicio en menor tiempo.

 

Que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asuma su responsabilidad en el cuidado y administración de los bienes que tiene a cargo, pidió la Personera Titular Transitoria del Municipio de Yopal, Aminta Arenas Herrera,  durante la reunión que sostuvieron el Alcalde Ad-Hoc de la Ciudadela La Bendición, Julián Peña, y varias instituciones con la comunidad.

La Personera solicitó al Alcalde Ad-Hoc, que luego del consejo de gobierno que liderará hoy se emita un comunicado a la SAE en ese sentido.

Así mismo dijo que esta serie de invasiones se están convirtiendo en un desgaste para las instituciones y para la comunidad, por lo que se requiere la presencia de la  SAE y el depositario con decisiones de fondo.

También recordó que la Personería hizo gestión para la asistencia del Alcalde Ad-Hoc a la reunión, pero en la misma se aclaró que él no tiene las competencias en todos los temas, pues algunos siguen en cabeza de la Administración Municipal, como las vías y la seguridad.

Sobre este último punto solicitó contemplar la conformación de frentes de seguridad en el sector.

A su vez el mandatario Ad-Hoc, aclaró que sus competencias se remiten a lo referente al proceso sancionatorio contra la Sociedad Ciudadela La Bendición y Jhon Jairo Torres, así como a presidir un comité de estudio que ordenó crear el Consejo de Estado.

En ese sentido dijo que la primera semana de agosto debe presentar un plan de trabajo al Tribunal Administrativo para dar solución a la problemática en materia de servicios públicos. Igualmente, que se hará una caracterización de la población.

Todo esto se desarrolla de manera independiente del proceso jurídico de los terrenos.

Por su parte las dos asociaciones de habitantes de La Bendición acordaron trabajar de común acuerdo por el bienestar de la comunidad. Mientras tanto, otro grupo de personas manifestó que enviaría una solicitud al Ministerio del Interior para que se amplíen las competencias del Alcalde Ad-Hoc.

De otro lado se presentaron denuncias de presuntas ventas de lotes y promesa de escrituración que estarían haciendo particulares.

Finalmente la Personería Municipal se comprometió a hacer seguimiento al plan de trabajo que entregue Julián Peña.

También hicieron presencia en la reunión el Personero Delegado en Vigilancia Administrativa, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.

 

 

 

En el transcurso del fin de semana se presentó un segundo derrumbe en el sector de Las Lajas, en la vía que de Aguazul conduce al departamento de Boyacá.

Ricardo Avella, director regional del Instituto Nacional de Vías manifestó que gracias a una maquinaria de Gestión del riesgo de Aguazul, se pudieron realizar las respectivas obras para dar paso a los vehículos  y garantizar la movilidad por éste corredor vial.

Hoy se realizará una reunión con los contratistas, interventoría y administración municipal de Aguazul, para disponer los escombros y para empezar a remover los deslizamientos a lo largo de la vía a Sogamoso.

“Decir a la comunidad que se está monitoreando el sitio con el fin de nivelar la carretera, para que no tengamos inconveniente a propósito de la  transitabilidad de vehículos de carga pesada  que constantemente pasan por la vía y de las condiciones del invierno” dijo Ricardo Avella.

El fin de semana  especialistas  revisaron los sectores donde se han presentado derrumbes en los últimos dos fines de semana, en el punto de Unete y Las Lajas, para sugerir obras y no afectar la movilidad mientras se busca una solución definitiva.

“Debemos garantizar la fluidez de vehículos y evitar cierre de vías teniendo en cuenta que este corredor vial es muy importante y que acabamos de salir de un paro camionero que afectó la importación y exportación de productos de la canasta familiar” indicó Avella.

 

 

El accidente ocurrió en el kilómetro 27 en la vía a Paz de Ariporo cuando un automóvil de placas CDN 571 que se desplazaba desde el municipio de Hato Corozal hacia Yopal,  colisiona de frente contra una tractomula de matrícula TAU 876 .

En el lugar de los hechos fallece instantáneamente una menor de cinco años de edad. El conductor del vehículo pequeño tuvo que ser liberado por el cuerpo de Bomberos ya que había quedado atrapado en los escombros del automóvil en el que se desplazaba y posteriormente fue trasladado a Urgencias del Hospital de Yopal junto con otras dos personas.

Según el Coronel Fabio Cano, Subcomandante de Policía del departamento, el informe inicial de los hechos se dieron al parecer por adelantamiento en curva por parte del automóvil que invade carril de la tractomula , causando el choque de frente entre ambos vehículos.  

Las tres personas fallecieron horas después  en el centro asistencial por la gravedad de las heridas que presentaban.

El conductor del automóvil era soldado profesional  tenía 36 años de edad y respondía al nombre de Fauner Cantor Inocencio.  Junto con el fallecieron su hija, una menor de cinco años, su cuñada y el hijo de la misma, de ocho años de edad y se pudo establecer que todos regresaban del sepelio de un familiar en el municipio de Hato Corozal.