Política

Política (304)

Para el próximo 4 de diciembre a las 9 de la mañana, el casanareño Nelson Barrera Roa, tiene programada su inscripción como candidato al Senado de la República.

El acto oficial se hará en la carrera séptima 3 17 – 01 edificio Colseguros, de la ciudad de Bogotá. De esta manera Barrera, quien es abogado de profesión, será el número 9 en la lista de 25 aspirantes del movimiento Creemos.  

Barrera Roa cuenta con un extenso recorrido en el ámbito público y político. Oriundo de la vereda La Calceta de Yopal, inició su activismo social y político a temprana edad, participando en campañas desde 1995.

Tras culminar sus estudios de derecho en 2001, se ha desempeñado como abogado litigante y en diversas entidades públicas, incluyendo instructor y asesor del Sena Regional Casanare, jefe de la Oficina Jurídica de Red Salud Casanare, personero municipal de Pore, y jefe de la Oficina Jurídica del IFC, donde también ejerció como gerente encargado.

Su trayectoria política incluye una vinculación con el partido Centro Democrático en 2015, lo que lo llevó a ganar la consulta interna para la Alcaldía de Yopal en 2019.

Más recientemente, en 2023, fundó el movimiento político y social Unidos, a través del cual postuló nuevamente su candidatura a la Alcaldía de Yopal.

Sin embargo, su campaña no pudo avanzar al no lograr la certificación de 25.000 firmas requeridas, obteniendo 21.000. Posteriormente, su movimiento respaldó la candidatura de Marco Tulio Ruiz.

Para esta nueva etapa, Nelson Barrera Roa cuenta con el apoyo del equipo político de Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín y excandidato presidencial que obtuvo más de cinco millones de votos a nivel nacional, incluyendo 19.498 sufragios en Casanare.

La propuesta central de Barrera Roa se enfoca en establecer un enlace directo entre el Gobierno Nacional y las regiones, con un énfasis particular en Casanare.

Su objetivo es gestionar proyectos de infraestructura y desarrollo que impulsen el crecimiento económico y social del departamento. Como "campesino", según sus propias palabras, busca ser la voz de los trabajadores del campo, las clases humildes, los emprendedores y aquellos que anhelan un país mejor.

Su agenda legislativa contempla pilares como la "seguridad total" como alternativa a la política de "paz total", una reestructuración profunda del sistema de salud, la transformación y el fortalecimiento de la educación pública –incluyendo el retorno de la cátedra de ética –, y la protección de la vida y la familia como valores fundamentales de la sociedad.

El referendo derogatorio sobre el servicio de alumbrado público, celebrado este 30 de noviembre de 2025 en el municipio de Paz de Ariporo, no logró su cometido debido a la baja participación electoral, a pesar del contundente respaldo de los votantes al 'Sí'.

Según el boletín #8 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que reportó el 100% de las 41 mesas informadas, un total de 1.850 ciudadanos acudieron a las urnas.

De estos, 1.699 votaron a favor de la derogación, lo que representa un significativo 91.84% del total de votos. En contraste, 131 votos (7.08%) fueron por el 'No', se registraron 14 votos nulos (0.76%) y 6 votos no marcados (0.32%).

Sin embargo, el umbral establecido para que el referéndum fuera válido era de 7.090 votos. La participación total de 1.850 sufragantes se quedó considerablemente por debajo de esta cifra, lo que anula el resultado y mantiene vigente el Acuerdo No. 500.02-23 del 30 de diciembre de 2022.

Este acuerdo confirió facultades pro tempore a la alcaldesa de la época, para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta. El objetivo fue la prestación integral del servicio de alumbrado público, abarcando su modernización, expansión, repotenciación, obras exclusivas, administración, operación, mantenimiento, iluminación navideña y desarrollo tecnológico.

El censo municipal de Paz de Ariporo registra 28.360 potenciales votantes, lo que significa que la participación electoral alcanzó solo un 6.52% del potencial sufragante, muy por debajo del requerido para validar la consulta popular.

Este resultado subraya el desafío de movilizar a la ciudadanía en procesos de participación democrática, incluso ante temas de interés local con un alto nivel de apoyo entre quienes sí ejercen su derecho al voto.

Carlos Romero, concejal de la oposición al gobierno del alcalde de Monterrey, Hugo Alberto Ballesteros Rivera, denunció que el burgomaestre insiste en endeudar al municipio, pese a que existe una orden judicial donde se pone en pausa el citado empréstito, dando respuesta a una Acción de Tutela que busca revocar esta iniciativa.

El pronunciamiento proveniente de los estrados judiciales es un fallo en segunda instancia, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del circuito municipal de Monterrey.

En dicho fallo la autoridad judicial recalca que la decisión tiene como objetivo “conceder amparo constitucional de manera transitoria, tutelando los derechos fundamentales al debdo proceso”.

Para el cabildante Romero, en el trámite que se dio al proyecto de acuerdo municipal, el cual fue aprobado en medio de una férrea oposición de algunos sectores, tanto del concejo como de la comunidad, se presentaron fallas al debido proceso.

La menciona iniciativa, hoy convertida en Acuerdo, autoriza al mandatario Ballesteros Rivera, a tramitar un crédito a nombre del Municipio de Monterrey por valor de 20 mil millones de pesos.

Ante los supuestos yerros encontrados, el juzgado ordenó a la Alcaldía y al Concejo abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuaciones, tendientes a materializar el citado empréstito, hasta tanto no se defina la medida cautelar solicitada dentro de un proceso de nulidad simple, pedido por los accionantes.

No obstante, el pasado 21 de noviembre los concejales opositores a Hugo Ballesteros Rivera radicaron un incidente de desacato contra el alcalde y del Concejo Municipal, porque en su concepto no cumplieron con la orden emanada por el togado.

El referido incidente fue radicado ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey, que concedió 24 horas al burgomaestre y al presidente del Concejo para que se pronunciaron sobre este tema.

En repuesta de la Administración municipal se argumentó que el fallo del juez ordenaba suspender el Proyecto de Acuerdo 014, donde se buscaba la autorización del Concejo para tramitar el crédito.

Pero para la fecha en que se hizo el pronunciamiento de la autoridad judicial, el proyecto de acuerdo ya no existía, porque se había convertido en Acuerdo Municipal.

En estos términos, sostiene la respuesta del Gobierno local, la orden dada por el juzgado “es objetivamente inexecutable”. Para reforzar esta teoría menciona que “no se puede suspender algo que ya sucedió por completo”.

Igualmente recalca que “el proyecto ya dejó de existir formal y materialmente”. Además “existe una situación jurídicamente consumada: el nacimiento del Acuerdo Municipal”.

La contra parte, entre tanto, asegura que la suspensión ordenada por el juez se extiende a la aprobación por parte del Concejo del proyecto de acuerdo, la sanción por parte del alcalde, a la firma del crédito con la entidad bancaria escogida y la adición de estos recursos al presupuesto municipal.

Finalmente, en esta controversia, Ballesteros Rivera siguió adelante y envió un oficio el pasado 25 de noviembre al presidente del Concejo, donde solicita “la inclusión del contrato de empréstito dentro del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto General 2026”.

En el escrito se menciona que “el contrato del empréstito fue formalizado el 10 de noviembre de 2025 con el Banco BBVA”, por un valor de 20 mil millones de pesos.

Un fuerte pronunciamiento hizo el senador casanareño Alirio Barrera, sobre la captura por error que adelantaron las autoridades en contra de su yerno, hecho acaecido el fin de semana pasado en Unicentro Yopal.

El congresista denunció que ha sido víctima de seguimientos ilegales. Mencionó que es víctima, junto con su familia, de una persecución judicial. Situación que calificó como peligrosa.

“Si ustedes recuerdan, hace tres años capturaron a mi yerno e hicieron un escándalo nacional y lo soltaron al rato porque había sido un error”, acotó Barrera Rodríguez.

Agregó que este proceso fue llevado a la Fiscalía en Bogotá y “encontraron que no tenían por qué haber hecho eso. Que fue un error”, mencionó. Procedimiento en el que insistió se hizo solo por llamar la atención y generar un espectáculo mediático.

Basado en este episodio contó lo ocurrido hace algunos días. “Ahora pasa esta semana que nuevamente van y capturan al mismo ‘güevón’. Ya se pasaron de la raya” recalcó el parlamentario.

Describió que la captura se dio delante de la familia y de las personas allí presentes. Actitud que para Alirio Barrera tenía como finalidad brindar nuevamente un espectáculo público.

Sustentó su posición diciendo que el procedimiento no fue consultado con las directivas del centro comercial. Paso que no se podía omitir porque la detención se adelantó en un espació privado, y en ese caso se requiere de autorización.

También hizo hincapié que no había una orden en captura. Tampoco existe un solo proceso en contra de su yerno. “Ni una denuncia, nada” enfatizó el senador Alirio Barrera.

Cuestionó la razón dada por las autoridades para adelantar esta acción judicial. “Fueron y lo agarraron allá, confundido, supuestamente, cuando todo el mundo sabe quién es mi yerno. Cuando ellos cometieron el mismo error hace tres años y vuelven y lo agarran otra vez”, insistió el líder político.

Minutos después de la detención las autoridades reconocieron que fue un error. Sin embargo, el senador aseguró que tomará acciones frente a este caso.

“Nosotros hemos empezado a hacer una recopilación de pruebas. Vamos a citar a debates de control político y se va a denunciar ante las instancias nacionales e internacionales”.

En este punto vino la más severa de todas sus aseveraciones. Se declaró respetuoso de la justica y las instituciones, pero “al parecer hay unos funcionarios para hacer favores políticos. Entonces, como comenzó la campaña, se dice, que dieron la orden de encochinarnos como familia”, expresó el exgobernador de Casanare.

Por el momento, dijo, que están recopilando pruebas para adelantar los debates de control político e instaurar las denuncias respectivas.

El proceso de selección para la Secretaría General del Concejo de Yopal seguirá en curso tras la decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal, que admitió una tutela presentada por Katherine Liesel Heredia Hernández pero descartó la suspensión inmediata de la convocatoria.

La acción judicial, vinculada al concurso público en marcha y publicada el 9 de octubre, reclama una presunta afectación del derecho al debido proceso, pero el juzgado estableció que no existen motivos fundados para frenar la selección, ya que la etapa actual permite presentar reclamaciones y la situación de la demandante puede cambiar.

El juzgado aclaró que no hay pruebas de un perjuicio irremediable ni constancia de un rechazo formal por parte del Concejo, principales requisitos para ordenar la medida provisional solicitada. Como parte del proceso, se notificó a la Procuraduría y a los aspirantes, mientras el Concejo invita a los interesados a manifestar sus opiniones ante la instancia judicial.

El trámite de tutela avanzará en los próximos días y se espera una decisión definitiva en un plazo no mayor a diez días, sin que esto afecte el desarrollo normal del concurso.

Virginia Briggitte Calderón Landinez quien hacer parte de la coalición Unitarios que agrupa a 21 partidos y movimientos políticos de la izquierda progresista de Colombia, dio a conocer algunos proyectos que se han venido gestionando ante el Gobierno nacional.

Una primera propuesta sobre la cual ya se viene trabajando es la generación de energía limpia en diferentes municipios casanareños. Para el caso de Yopal Calderón Landinez mencionó la ciudadela La Bendición y Alamedas Martha Mojica.

Sobre este apartado dijo que hace parte del proyecto de transición energética propuesto por desde la Administración Petro, como una herramienta para luchar contra el cambio climático.

En ese orden de ideas contó que en todo el territorio nacional ya se cuentan con 300 comunidades energéticas. Añadió que la propuesta ha tenido tan aceptación que se presentaron 19 mil solicitudes ante el Ministerio de Minas y Energía.

De estas peticiones se seleccionaron 104, de las cuales para Casanare salieron favorecidos nueve municipios, entre los que se encuentran, además de Yopal, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Pore, Paz de Ariporo y Orocué.

Briggitte quien aspira a postular su nombre a la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo de Moisés Guarín Poveda, precandidato al Senado por la coalición Unitarios, expresó que a cada uno de esto proyectos les fue asignado un presupuesto que oscila entre los 5 y 6 mil millones de pesos, para llegar a una cifra global, cercana a los $45.000 millones.

En lo referente al número de beneficiarios, citó como ejemplo el caso de Yopal. Entre La Bendición y Alamedas Martha Mojica, calculó un promedio de 32 mil familias que serán las destinarias de estos proyectos.

Estos hogares contarán con energía limpia de origen fotovoltaico, que según las cuentas de Briggitte Calderón les permitirá hacer un ahorro promedio del 60 por ciento de la factura actual de luz, sin contar que en algunos casos la disminución puede llegar al 100 por ciento.

En cuanto a la generación de esta energía limpia existen tres diseños. Uno es bajo el modelo de producción eólica. El segundo es con paneles solares y el último es hidroeléctrico.

“Pero para nuestro territorio la opción que se aplicará será con el sistema de energía solar”, acotó Calderón Landinez, quien es administradora pública de profesión con más de 20 años de experiencia.

En cuanto a la ejecución de esos recursos precisó que, teniendo en cuenta que las postulaciones se adelantaron a través de asociaciones, serán estas mismas organizaciones o mediante juntas de acción comunal las encargadas de llevar a feliz término la iniciativa.

Reveló que este trabajo no es producto de la improvisación. Por el contrario, destacó que desde los albores del presente gobierno nacional se vienen haciendo esfuerzos con esta gestión.

Sobre el avance a tiempo presente de la propuesta, señaló que ya estuvieron en terreno los especialistas de las empresas que están articulando toda esta puesta en marcha de energías limpias, con el Ministerio de Minas.

En ese orden de ideas, como ya se realizó la socialización con la comunidad, confía en que el siguiente paso en la línea de tiempo es tener antes finalizar el año el proyecto “formulado, finiquitado”, para dar paso a la instalación de los paneles solares que estarían listos en el primer trimestre de 2026.

Resaltó que en el caso de Alamedas Martha Mojica se viene adelantando trabajo con los beneficiarios que ya han hecho algún tipo de construcción, “que son un aproximado de 50 familias”, explicó a Briggitte Calderón Landinez.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó cifras históricas en las segundas elecciones de los consejos municipales y locales de juventud, realizadas este el 19 de octubre de 2025.

Durante esta jornada democrática, 1.500.444 jóvenes entre los 14 y 28 años acudieron a las urnas en todos los municipios y localidades habilitadas del país para seleccionar a sus representantes juveniles para el próximo cuatrienio.

Estas elecciones se llevaron a cabo en 1.099 municipios y 33 localidades de los distritos de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

Uno de los logros más destacados fue la disminución de los votos nulos: en comparación con las elecciones juveniles de 2021, el índice bajó drásticamente de 23,11% a solo 1,98% en la presente jornada, mostrando una mayor claridad y responsabilidad por parte de los electores jóvenes.

Además, la participación aumentó un 18,44% respecto al año 2021, lo que representa un crecimiento en el compromiso democrático de la juventud colombiana.

En cuanto a la distribución de los votos válidos, los partidos y movimientos políticos obtuvieron 780.185 votos equivalentes al 53,35% de la votación total.

Las listas independientes recibieron 411.679 votos, correspondientes al 28,15% y las candidaturas impulsadas por procesos y prácticas organizativas juveniles alcanzaron 270.398 votos, es decir, el 18,49%.

La Registraduría Nacional resaltó la transparencia y legitimidad del proceso, el cual permitió conformar los nuevos consejos municipales y locales de juventud en todos los territorios habilitados.

Los organismos electorales expresaron que el éxito de la jornada fortalece la democracia y el liderazgo joven en Colombia, trazando un precedente positivo para el futuro del país.

Tras superar inconvenientes logísticos, la Asamblea Departamental de Casanare dio un paso crucial para la ejecución de importantes recursos, al aprobar en primer debate el proyecto que adiciona al presupuesto el superávit de $29.000 millones de pesos.

La decisión fue tomada con cinco votos positivos por la Comisión Segunda de la Corporación.

La votación se realizó hoy jueves 16 de octubre a las 5:00 a. m., en un horario inusual que fue necesario debido a que la sesión programada para la noche anterior tuvo que ser cancelada por una interrupción del servicio de energía eléctrica en el recinto.

Con la aprobación en Comisión, el proyecto ahora avanza a segundo debate ante la plenaria de la Asamblea.

El presidente de la Comisión, Jorge Eduardo García, no anunció una fecha específica para el debate final, pero instruyó al secretario general para que la sesión sea programada con la "mayor urgencia posible", dada la importancia de estos recursos para el departamento.

La aprobación definitiva del proyecto permitirá a la Gobernación disponer de estos excedentes financieros para inversión y proyectos de distinta índole.

La precandidata a la presidencia de Colombia, Claudia López, quien actualmente recoge firmas para su movimiento independiente, cerró su visita a Casanare en Yopal el martes 14 de octubre.

En dialogo con los medios regionales delineó los pilares de su programa de gobierno. La exalcaldesa de Bogotá centró su discurso en la urgente necesidad de mejorar la conectividad de la Orinoquía y su frontal oposición a la actual política de seguridad del país.

López enfatizó que su propuesta busca romper la dependencia de la región con la Vía al Llano (Bogotá-Villavicencio) y priorizar la inversión en la red vial regional.

Específicamente, mencionó la necesidad de recuperar la vía del Cusiana y habilitar la conexión La Poyata - Puerto Gaitán para impulsar el desarrollo económico.

Además, planteó la recuperación de la Transversal del Sisga y la renegociación de la concesión de la Vía al Llano. La precandidata argumentó que mejorar la malla vial para "desembotellar la Orinoquía" costaría apenas una fracción del presupuesto invertido en el Metro de Bogotá.

La seguridad fue presentada como un tema fundamental, con tres propuestas concretas. Primero, acabar con la "Paz Total": La cual calificó como un "embeleco" que ha otorgado "gabelas políticas a los narcotraficantes", lo que ha permitido a los delincuentes seguir reclutando, extorsionando y secuestrando a la población civil.

Segundo propuso una Fiscalía Antimafia que no ceda a "gabelas políticas", sino que se dedique a perseguir a los criminales con la Fuerza Pública y garantizar su encarcelamiento.

Y como tercer eje esgrimió la inversión tanto en infraestructura como en el terreno social, enfocada en generar oportunidades de empleo y educación para mujeres y jóvenes.

López defendió su candidatura con base en su experiencia como gobernante, señalando que manejó el presupuesto más grande del país como alcaldesa de Bogotá y que salió de su cargo "sin un solo escándalo de corrupción".

Afirmó que todas las obras que se ejecutan actualmente en la capital fueron contratadas durante su administración.

La precandidata confirmó que avanza con un movimiento independiente por firmas, aunque mantiene respeto por los partidos.

Sin embargo, reveló que se desvinculó del Partido Verde debido a que, según su versión, una "minoría petrista se lo tomó con corrupción", lo que consideró inaceptable.

Finalmente, criticó el panorama político actual, lamentando la proliferación de candidaturas: "Hay 35 partidos y 100 candidatos a la presidencia. Parece un concurso de primíparos".

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga realizó una intensa agenda en Casanare durante el pasado fin de semana, culminando con una rueda de prensa en Yopal el 14 de octubre en la que dejó claro el rumbo de su proyecto político.

Zuluaga, quien aspira a convertirse en el primer presidente originario de la región de los Llanos Orientales de Colombia, fue tajante al afirmar que su campaña “no hará alianza con el petrismo ni con sectores contrarios a sus valores de centro derecha”.

“No hago alianzas con el diablo, por eso descarto cualquier acercamiento con el petrismo. Al menos en campaña”, recalcó, aunque aseguró que en un eventual gobierno suyo respetará la crítica y el derecho legítimo de la oposición.

Zuluaga explicó que, de ser elegido presidente, restablecerá las relaciones bilaterales con Israel y Estados Unidos, dos naciones que considera clave para la política exterior y el desarrollo económico y de seguridad del país.

Así mismo, propuso que en su mandato regrese la aspersión aérea sobre los cultivos de coca, cuya expansión, aseguró, ya asciende a 300 mil hectáreas, manifestando preocupación por el impacto de este fenómeno en la seguridad nacional.

En su intervención, el precandidato puso énfasis en su promesa de combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad como columna vertebral de su gobierno.

“La seguridad será inflexible. Defenderemos los derechos humanos”, señaló, subrayando que la prioridad serán las víctimas y la población civil.

De acuerdo con sus cifras, son cerca de 300 mil las víctimas causadas por acciones de la guerrilla, y criticó que el actual discurso oficial del presenta gobierno se centre únicamente en los falsos positivos, delitos que también condena, pero evita pronunciarse sobre todas las víctimas que dejan los grupos subversivos.

Otra de las banderas de Zuluaga es la reducción del tamaño del Estado. Expresó que gran parte del presupuesto nacional se destina a gastos de funcionamiento, incluyendo la creación de nuevas embajadas y cargos burocráticos.

Planteó que al hacer más eficiente la administración pública y disminuir el gasto, se podrían liberar recursos significativos “para ser enviados a las regiones y cubrir necesidades verdaderas de la ciudadanía”.

Zuluaga reiteró que sus propuestas tienen una orientación clara de centro derecha y defendió su independencia. “Espero ser el primer presidente llanero de Colombia y demostrar con hechos que sí es posible gobernar desde la transparencia y el compromiso con la gente”.