La mañana fresca de ese lunes 18 de septiembre pronto cedería toda su impoluta belleza ante los relatos dramáticos de las víctimas del horror, en un escenario truculento, tenso, con historias desgarradoras que conmovieron las almas, liberaron los sentimientos y provocaron el llanto de muchos asistentes.

Allí, en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio se programó es espacio de encuentro entre víctimas y victimarios, de los más atroces crímenes cometido en Casanare, producto de ejecuciones extrajudiciales, a las cuales con el eufemismo de falsos positivos, se ha querido suavizar un poco toda la maldad que encierran estas acciones criminales.

Premonitorias resultaron las palabras de Óscar Parra Vera, uno de los dos magistrados que presidieron la audiencia. El togado advirtió sobre la complejidad de los diálogos.

En el escenario se abordarían de frente crímenes de lesa humanidad, los más atroces de la historia reciente del departamento. Sin embargo aclaró que el objetivo no era obligar a nadie al perdón, ni a la reconciliación.

De todas formas estos encuentros no se dieron de manera espontánea, por el contrario son el producto de un trabajo adelantado durante nueve meses, con los dos actores principales puestos en un mismo lugar, para buscar por la vía de la verdad, un acercamiento al perdón, la justica, la reparación y finalmente, la reconciliación, para muchos quizá una quimera, que se pierde entre los dantescos caminos del dolor.

La infamia cometida por este grupo de criminales vestidos de camuflado, encabezados por el mayor general Henry William Torres Escalante ex comandante de la XVI Brigada del Ejército, quien reconoció su responsabilidad directa en el asesinato de 303 civiles en Casanare entre los años 2005 y 2008, estará perenne en la memoria de los familiares de las víctimas, quienes fueron destinatarios de las acciones perversas que solo una mente retorcida y sicópata puede engendrar.

Bajo sus balas cayeron muchos jóvenes, mujeres, pero en este listado de ignominia también incluyeron un adulto mayor y una persona en condición de discapacidad, a quienes hicieron pasar como peligrosos subversivos, que fueron abatidos en combate.

Espeluznantes relatos de un mismo libreto macabro, que pareciera haber sido dictado por el propio Belcebú, por la ausencia de todo tipo de sentimiento de compasión hacia sus víctimas, en mucho casos torturadas sin piedad, en una horripilante orgia de sangre.

Una de las narraciones más dramáticas emanó de los labios de Jennifer Cagua Rodríguez. Desde los albores de su infancia ha tenido que cargar con el lastre de la violencia, que ha llegado a su vida desde los todos los flancos de la guerra.

Fue víctima de la guerrilla, que le asesino a su progenitora cuando todavía era una niña. Luego sufrió la presión para militar y finalmente su hermano, cayó bajo las balas asesinas disparadas des la empresa criminal, como calificaron en la audiencia a ese grupo de militares que desde la Brigada XVI, se atribuyeron el derecho de decir quién podía vivir y quién debía morir.

En ese juicio miserable se determinó el asesinato de John Alexander Cagua Rodríguez, un joven de 16 años quien producto de toda la descarga de dolor a la que fue sometido, por la guerra fratricida que como tatuaje no deseado se ha afianzado a la coyuntura de una sociedad desde que nacimos como nación, encontró la una puerta falsa para desahogar todo su dolor: las drogas.

A los 13 años un grupo subversivo le quitó la vida a su señora madre en Tumaco (Nariño). En ese momento Alexander tuvo que hacerse cargo de su familia, compuesta por él y su hermana. De su progenitor Jennifer solo atinó a decir que fue un padre ausente, por lo que toda la responsabilidad del hogar recayó sobre su hermano mayor.

Se trasladaron para Villavicencio, de donde eran oriundos. Ya habían transcurrido 3 años desde la muerte de su mamá, Alexander tenía 16 años y Jeniffer 13.

Vivian en un barrio popular. Hasta allí, según el relato de Juan Pablo Ramos, abogado de Jennifer, llegaron efectivos del Birno o Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena, adscrito a la Brigada XVI, para sacar a John Alexander y asesinarlo, con la disculpa que el joven era un consumidor de droga.

En esta caso se tipificó un claro accionar de limpieza social, como si en lugar de cometer un crimen, estuvieran haciendo una obra  benéfica de carácter colectivo.  

Nada justifica la pena capital como castigo. Así lo reiteró el abogado Ramos. “Esta persona debido a la violencia que vivió desde niño, se acercó al mundo de la sustancias psicoactivas, lo cual no es razón para provocarle la muerte”.

John Alexander fue llevado hasta Monterrey, donde le quitaron la vida. Hoy su hermana Jennifer pide a gritos salidos desde el fondo de su corazón, que le cuente la verdad.

Que le saquen de la zozobra que por años ha agobiado su existencia. Ella quiere saber las razones y las circunstancias que rodearon la muerte de John Alexander.

Juan Pablo Ramos entregó un dato adicional en sus declaraciones a los medios de comunicación. “La víctima unos meses antes de la ocurrencia del hecho, fue impactado por balas en su abdomen, lo cual le impedía caminar, pero no fue impedimento para que se lo llevaran, lo asesinaran y lo hicieran pasar por miembro de un grupo subversivo”.

Detalle que solo corrobora el grado de mal extrema y el carácter inhumano de quienes participaron en el crimen.

La lista de atrocidades es muy extensa. Son más 300 historias desgarradoras, que esperan justicia. Que aguardan por una reparación por parte del Estado, que más allá de lo económico devuelva la dignidad a las víctimas ultrajada y humillada, al ser calificados como delincuentes.

 Su recuerdo no puede seguir siendo el tapete, en el que algún día una banda de miserables limpiaron los excrementos de su crueldad, pero que ahora no pueden ocultar el rostro de su infamia.

En un operativo liderado por la Policía Nacional, en coordinación con la Sijín Demet, el Gaula militar y la Fiscalía 14, Unidad Especial de Investigación UEI, las autoridades del Meta lograron la captura de Juan Gabriel Rada Suárez, alias "Pipe", “Anillos” o “Ñeque” un importante líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en ese departamento.

La detención de este sujeto se materializó en la vereda San Ignacio del municipio de Barranca de Upía. “Pipe” ostentaba el cargo de jefe de finanzas y zona del mencionado grupo delictivo, en el departamento del Meta.

Con más de cinco órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, por ilegal de armas de fuego y extorsión, su historial delictivo lo ubica como un peligroso delincuente.

Durante su captura, alias "Pipe" intentó huir y fue necesario el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Producto de esta acción resultó herido en un antebrazo y una pierna.

Rada Suárez es señalado por las autoridades, de recibir dineros de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsiones en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada. Además, se le vinculaba con el atentado a un líder comunal, en la población de Cabuyaro en 2022.

Según las autoridades el detenido  se encontraba bajo las órdenes de alias “Camilo”, quien es señalado de ser de máximo jefe de la AGC en la región de los Llanos Orientales.

Se le atribuye su participación en ocho homicidios, relacionados con el control territorial y disputas por el control de actividades ilícitas en la región.

Ayer domingo en horas de la mañana se confirmó el deceso de Arley Sanabria, quien el pasado jueves 14 de septiembre había sufrido un accidente de tránsito.

Arley junto con su hija, Érika Aguirre, se movilizaban en motocicleta, por la salida de Tauramanena rumbo a Monterrey, por la vía alterna que comunica estas dos poblaciones, del sur de Casanare.

De un momento a otro se vieron inmersas en un siniestro vial, cuando se estrellaron contra un vehículo. Érika, quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos, debido al fuerte impacto que se presentó, producto del violento choque.

Arley sufrió heridas de consideración y miembros del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, la trasladaron al hospital local de este municipio, sin embargo, debido a la gravedad de la paciente fue remitida al HORO, en Yopal.

Sin embargo las lesiones y traumatismos que sufrió Arley, hizo que este domingo 17 de septiembre, se produjera su deceso.

La comunidad tauramenera está profundamente consternada por la pérdida de estas dos mujeres trabajadoras y humildes, quienes eran reconocidas por su labor, en un establecimiento público cercano al hospital local.

A través de la redes sociales cientos de amigos y conocidos, publicaron mensajes lamentando lo ocurrido y expresando solidaridad, para con la familia de estas dos personas.

Este lunes 18 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio,  inicia la audiencia pública de responsabilidades  subcaso Casanare, que adelantará la Justicia Especial para la Paz.

La audiencia se extenderá hasta el martes 19. Son dos días donde se espera conoce la verdad de los 303 casos de falsos positivos, perpetrados en 218 acciones acaecidas en el lapso comprendido entre 2005 y 2008.

Dicha diligencia está divida en bloques destinados para la intervención, tanto de víctimas como de responsables de los hechos violentos. Se escucharán las versiones de 21 militares retirados.

Dentro de este grupo figuran el general, Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo y el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte.

Según la JEP estos oficiales retirados del Ejército participaron en la ejecución de 303 personas, que luego fueron presentadas, como muertos en combate con grupos subversivos.  

Se espera que durante la diligencia los 24 señalados de estos homicidios, reconozcan públicamente su responsabilidad y además cuenten detalles de la organización criminal que se gestó en la unidad militar antes mencionada, durante el periodo igualmente citado.

Para las 11 de la mañana se tiene prevista la intervención de Wilmer Andrey Pérez Betancourt, quien sostuvo que la finalidad de su participación en la audiencia, “es garantizar que la pluralidad de voces de las víctimas y sobrevivientes, sean escuchadas y ampliamente difundida”.

Así mismo advirtió que ha identificado “una considerable gama de inconformidades y preocupaciones, en cómo las víctimas hemos percibido este proceso adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En ese listado de inquietudes destacó “la falta de verdad o verdad parcializada, la existencia de un sistema para minimizar los aportes de verdad (configurado por los victimarios/criminales, máximos responsables) y evitar el ascenso en el reconocimiento de los crímenes en la pirámide de mandos implicados por acción, falta de garantías para la participación de las víctimas así como deficiencia en garantías de seguridad, secretismo en la toma de decisiones e imposición de las mismas”.

De igual forma puntualizó que “las víctimas sentimos que hemos sido instrumentalizadas y usadas en este proceso”. Es por ello que consideró de especial relevancia la asistencia de los medios de comunicación, con el fin que “sean corroboradas y recogidas las críticas y preocupaciones que tenemos desde el territorio”, concluyó Wilmer Andrey Pérez Betancourt.