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Como crímenes de lesa humanidad calificó el magistrado de la JEP Óscar Parra, las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento de Casanare en el inicio de los años dos mil.

Agregó que este proceso de verdad, justicia y reparación que se viene adelantando, ha tenido que sortear varios obstáculos. Comenzó por expresar que no se trató de acciones aisladas perpetradas por algunas ‘manzanas podridas’, que había por aquella época en las fuerzas del Estado.

En ese contexto aseguró que se trató de hechos masivos previamente planeados, ejecutados y posteriormente encubiertos, donde el número puede llegar a las 400 o 500 víctimas.

En este largo camino de la justicia, identificó el magistrado que un primer paso es el reconocimiento de estos delitos.  De esta manera se abre la puerta para conocer la verdad, que es el siguiente escalón en este proceso.

Bajo esta premisa calificó como importante que el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con los altos mandos militares, haya participado del acto de excusas públicas a 27 familiares de víctimas, que se adelantó en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio, el pasado sábado 4 de octubre.

Para el magistrado de la JEP la presencia del ministro ayuda a reconstruir la confianza en el Estado que se había perdido en la sociedad civil, como respuesta a estos crímenes tan atroces.

Delitos que involucraron en su ejecución a un número superior a las 300 personas vinculadas con el Estado. Para corroborar esta afirmación Parra mencionó que 29 han sido señados como máximos responsables y otros 300 se encuentran en la sala de definición de situaciones jurídicas.

En medio este escenario bastante complejo y pletórico de diatribas, recalcó que las excusas públicas clasifican como un parte del proceso de reparación, porque involucra el conocimiento de la verdad que, a su vez, es un primer paso en el objetivo de esclarecer los hechos.

La situación tiene demasiadas aristas. Algunas no se mencionan con tanto ahínco, pero que son igualmente importantes. Una de estas problemáticas es la estigmatización.

El magistrado de la JEP manifestó que las familias de las víctimas, además de perder sus seres queridos, se vieron sometidas al señalamiento público, de haber tenido un miembro de su familia dentro de las filas de algún grupo al margen de la ley o de pertenecer directamente a una de estas organizaciones delictivas.

De esta manera se generó un ambiente muy denso para las familias de las víctimas que provocó su desplazamiento. “En algunos casos extremos tuvieron que salir de la zona donde vivían”, indicó el magistrado.

Otra rémora que se presentó al inicio del proceso fue el negacionismo. Basado en la información compartida por Parra, este fenómeno consistió en el hecho que mucha gente creyó que estos casos eran mentira.

En el colectivo de la sociedad hizo carrera la versión que estos crímenes no habían ocurrido o que no eran hechos sistemáticos perpetrados por ‘manzanas podridas’, que se encontraban al interior del aparato de defensa del Estado.

En ese contexto, para Óscar Parra, la actividad del sábado revindica la memoria de lo ocurrido y esa verdad es fundamental para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

También subrayó que se busca que este tipo de actos se repliquen en las escuelas de formación militar, para que las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas conozcan que esto pasó, para que no lo repitan.

Sobre las penas o sanciones que emitirá la JEP, el magistrado explicó que se viene trabajando en una resolución de conclusiones. Dicha labor está a cargo de la sala a la cual él pertenece, que es la de reconocimiento.

Añadió que este documento abre el camino para que el Tribunal para la Paz comience a hacer los preparativos para emitir una sentencia.

Esta etapa de sentencias pasa por una serie de audiencias, donde se busca establecer cuáles serían las penas que se aplicarían para los casos de Casanare.

Existen varias propuestas como la creación de una universidad, proyectos de reforestación, búsqueda de personas desaparecidas, entre otras.

Una vez conocidas las mencionadas iniciativas, el Tribunal hará un análisis de las mismas y de esta manera se abre la ruta para la emisión de las sanciones.

En un acto cargado de dolor y memoria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo entrega hoy de los restos de Elder Aponte Tumay a su madre y familiares en el municipio de Pore.

Elder Aponte Tumay fue víctima de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuida a miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional en Casanare.

La madre de Elder, entre lágrimas, expresó el vacío que deja la partida de su hijo y la impotencia de tantos años de incertidumbre. Para la familia, recibir sus restos significa al menos cerrar un ciclo de búsqueda, aunque el dolor permanece intacto.

A Elder Aponte Tumay lo buscó su familia por casi 19 años. Su tía, Astrid de la Trinidad, una religiosa templada y frentera, solicitó a la JEP su acreditación para soportar su lucha y reclamos de verdad y justicia en este caso, un doloroso falso positivo más.

La JEP, creada como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016, ha adelantado procesos de búsqueda y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Según cifras oficiales, en Colombia se registran más de 120 mil personas desaparecidas, una de las heridas más profundas que ha dejado la guerra interna.

La entrega realizada en Pore es también un recordatorio de que estos hechos no pueden repetirse. Cada acto de memoria y reparación busca que la dignidad de las víctimas sea reconocida y que las comunidades puedan encontrar un camino hacia la reconciliación.

El acto se realizó en el Hotel Pore Real, y contó además con la presencia de delegados de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Centro Jurídico de Derechos Humanos.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) entregó este 5 de julio 19 placas conmemorativas en igual número de municipios del departamento de Casanare, como parte del cierre de un proceso restaurativo dirigido a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa de acompañamiento a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante ocho meses, 20 comparecientes y 33 familiares de víctimas participaron en un proceso de reconocimiento y reparación simbólica.

Las placas serán ubicadas en espacios representativos de cada municipio y relatarán los casos de personas que fueron asesinadas y presentadas de forma ilegítima como bajas en combate entre los años 2002 y 2008.

Durante el acto de cierre, adelantado en auditorio de La Triada de Yopal, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y ofrecieron mensajes de perdón a las familias afectadas.

Edwing Guerrero, uno de los comparecientes, expresó: “Queremos decirles cuánto anhelamos su perdón. Hoy reconocemos el daño causado y nos duele profundamente”.

Por parte de las víctimas, también hubo llamados a la reconciliación. William Acero invitó a construir un compromiso colectivo por la paz, mientras que Nardys Maldonado pidió que las placas sirvan como recordatorio de hechos que no deben repetirse.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó que estas acciones buscan dejar una huella tangible en los territorios y fortalecer la conciencia colectiva.

“Estas placas representan el futuro. Ratifican que les creemos a las víctimas y que no se puede repetir lo que estas familias vivieron”, afirmó.

La actividad forma parte de los esfuerzos institucionales por garantizar la verdad, la reparación y la no repetición en el marco del proceso de justicia transicional que lidera la JEP en Colombia.

En medio del conflicto armado, el municipio antioqueño de Caicedo enfrentó durante años la crudeza de las acciones perpetradas por las Farc-EP: asesinatos, extorsiones, secuestros y tomas armadas.

Pero fue el robo sistemático de los camiones cargados de café —base económica de la región— lo que llevó a sus habitantes a dar un paso al frente y romper el silencio.

Ese gesto de valentía ciudadana recibió, en abril de 2002, el respaldo del entonces gobernador Guillermo Gaviria y su consejero de paz Gilberto Echeverri, quienes decidieron acompañar la marcha civil pacífica como símbolo de rechazo a la violencia.

No obstante, ambos fueron secuestrados en el camino por la guerrilla y, un año más tarde, asesinados junto con ocho miembros del Ejército Nacional durante una fallida operación de rescate.

A pesar de la tragedia, Caicedo no retrocedió. Su comunidad continuó manifestándose en las calles, aferrada al mensaje de No Violencia. Con el tiempo, esta persistencia dio fruto: se consolidó una mayor presencia institucional, se reconstruyó el tejido social y regresó la tranquilidad al municipio.

Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce a Caicedo como un símbolo de resistencia civil y dignidad. Su historia se mantiene viva como lección para el país: frente a la violencia, la paz también puede ser una forma de lucha.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de los casos de falsos positivos en Casanare, donde se llevaron a cabo más de 300 ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente 500 víctimas se encuentran participando en el proceso judicial.

Así lo indicó el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, quien estuvo este lunes 10 de febrero en Yopal.  Destacó que este proceso representa un hito histórico en la participación de las víctimas ante la JEP.

Recalcó que el proceso ha logrado determinar responsabilidades que no se habían esclarecido en la justicia ordinaria, con máximos responsables reconociendo su participación.

A pesar de esto, algunas víctimas han expresado críticas y rechazos a ciertos reconocimientos, los cuales están siendo analizados judicialmente por la JEP.

La justicia restaurativa es un componente central de este proceso. Las víctimas han presentado propuestas para que este proceso tenga sentido para sus familias.

Estas propuestas incluyen acceso a educación superior para las familias, proyectos de memoria y dignificación de las víctimas, incluyendo la conmemoración de las personas ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas.

Igualmente existe un componente de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la preservación de lugares donde puedan encontrarse sus restos, restauración del medio ambiente y medidas educativas.

Para lograr un acuerdo entre las partes se ha establecido una mesa de trabajo para abordar las inquietudes de las víctimas y canalizar sus propuestas.

Esta iniciativa busca impulsar políticas públicas asociadas a los proyectos restaurativos. Las reuniones se llevarán a cabo al menos una vez al mes o cada dos meses, con la posibilidad de realizar encuentros virtuales para facilitar la participación de quienes tienen dificultades para asistir presencialmente.

Adicionalmente la JEP está trabajando para que se reconozca aquellas víctimas que no han sido incluidas dentro del registro único de víctimas, para que puedan acceder a reparaciones de índole económico, entregadas por el Estado.

En este sentido desde la Justica Especial para la Paz se ha oficiado a la Unidad de Víctimas, que es la entidad encargada de estos temas, dado que muchas personas no habían sido reconocidas con anterioridad al haberse catalogado los hechos donde perdieron a sus familiares como combates y no como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

El magistrado Parra Vera señaló que, aunque hay avances significativos, aún queda un camino importante por recorrer en la definición de las sanciones. La JEP espera dinamizar estos proyectos restaurativos en Casanare, buscando un equilibrio entre el reconocimiento de responsabilidades y las necesidades de reparación de las víctimas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido rechazar la solicitud de sometimiento presentada por Edilberto Castro Rincón, quien se desempeñó como gobernador del Meta entre 2004 y 2007.

Castro enfrenta una condena impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de homicidio agravado, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Durante su gestión, el exgobernador estableció vínculos con figuras como alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, líder del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta colaboración le permitió obtener beneficios electorales a cambio de contratos ilegales que favorecían a la organización paramilitar, consolidando su control político en el Meta y facilitando su participación en foros de paz, lo que posteriormente contribuyó a su desmovilización y a obtener escaños en el Congreso.

La alianza entre Castro y los paramilitares tuvo consecuencias trágicas, incluyendo el asesinato del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica y el líder político Eúser Rondón Vargas, así como la diputada Nubia Sánchez Romero.

Todos ellos habían denunciado irregularidades que llevaron a la apertura de procesos penales y disciplinarios contra Castro, culminando en su condena.

Aunque la Sala de Definición había rechazado previamente su solicitud, esta decisión fue revocada en octubre de 2022 por la Sección de Apelación, que consideró que las acciones de Castro podrían estar indirectamente relacionadas con el conflicto armado.

Se le solicitó presentar un Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) que incluyera sus aportes a la verdad y un plan para la restauración.

Sin embargo, tras tres solicitudes para ajustar su CCCP, la Sala concluyó que Castro no cumplió con las condiciones establecidas. La evaluación reveló que sus aportes a la verdad eran insuficientes y carecían del desarrollo necesario.

Además, mostró reticencia a detallar sus relaciones con el Bloque Centauros, a pesar de las evidencias en su contra.

La Sala criticó la falta de transparencia y compromiso de Castro con la JEP, señalando que intentó utilizarla para su beneficio personal. Este incumplimiento reiterado llevó a justificar el rechazo definitivo a su solicitud.

Asimismo, se determinó que no contribuyó al esclarecimiento del macrocaso 08 sobre las relaciones entre las AUC y funcionarios estatales no pertenecientes a la fuerza pública.

Finalmente, mediante la Resolución 002 del 2 de enero de 2025, el caso de Edilberto Castro fue remitido al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá para continuar con el seguimiento de su condena.

La Corte Suprema había impuesto una pena de 40 años de prisión junto con una multa equivalente a 2.270 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está analizando una solicitud inusual del general retirado Henry Torres Escalante. El exmilitar propone realizar un acto público para devolver una condecoración que recibió durante el tiempo que estuvo como comandante de la Brigada XVI del Ejército con sede en Yopal.

Esta medalla, otorgada por resultados operacionales, está vinculada a un período en el que ocurrieron numerosas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos". Torres Escalante admitió su responsabilidad en la muerte de 296 civiles entre 2005 y 2007.

A través de su abogado, el exgeneral expresó su deseo de entregar la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público como parte de un gesto de reparación. Además, manifestó su intención de pedir perdón a las familias afectadas durante este evento.

La JEP, encargada de juzgar los crímenes del conflicto armado, no ha tomado una decisión inmediata sobre esta propuesta. En su lugar, ha solicitado la opinión de las víctimas y de la Procuraduría sobre la pertinencia de este acto simbólico.

El magistrado Óscar Parra, quien supervisa el caso, ha establecido un plazo de cinco días para recibir las respuestas de los involucrados. La decisión final sobre la realización del acto dependerá en gran medida de estas opiniones.

Fue negada por la JEP la solicitud hecha por el exparamilitar Nelson Orlando Buitrago Parada, para que fuese incluido dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En este caso se conoció que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual concluyó que no tenía competencia personal para admitir el sometimiento a la JEP de Buitrago Parada, conocido con el alias de “Caballo”.

Nelson Orlando, hermano de Héctor Buitrago, “Martín Llanos”, tenía como objetivo acceder a los beneficios que ofrece la JEP, de acuerdo con lo consagrado en el acuerdo de final de paz.

No obstante, la JEP argumentó la decisión en ocho puntos. Resaltó que, para el caso de los exintegrantes de grupos paramilitares, no pueden presentarse como terceros civiles ante esa entidad. Complementó agregando que la Ley 975 de 2005, es la legislación especial para juzgar este tipo de casos.

Además, hizo la observación que la jurisprudencia colombiana no cuenta con una normativa expresa, que habilite la inclusión de exmiembros de estas organizaciones en la JEP.

Asimismo, subrayó que la competencia de la Justicia Especial para la Paz se circunscribe a grupos de naturaleza rebelde, por lo tanto, los paramilitares se encuentran excluidos.

Esta determinación tiene su origen en el propio acuerdo de paz, donde los firmantes acordaron deja por fuera de los exmiembros de los grupos paramilitares, de los beneficios que otorga la justicia transicional.

Es por ello, que Nelson Orlando Buitrago no puede acceder a los mecanismos de justicia y reparación establecidos en el acuerdo de paz.

En cuanto a los argumentos expuestos por alias “Caballo”, dijo que integró las ACC, desde 1999 hasta 2004. Entregó copia de dos sentencias condenatorias en su contra, relacionadas con los delitos de desaparición forzada, tortura agravada y homicidio, que fueron proferidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal.

La petición de ser incluido en la JEP fue motivada por las más de 100 sentencias condenatorias que tiene en su contra, que se suman a los 150 procesos e investigaciones que hacen curso de varios juzgados.

En este momento sobre Buitrago Parada pesa una condena fallada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, por el delito de desaparición forzada y homicidio de Beyer Reyes Monguí, en hechos ocurridos el 14 de junio de 2002 en Aguazul.

Este mismo despacho lo sentenció por desaparición forzada y agravada, tortura agravada, así como homicidio en el caso de Pablo Alberto Pérez, perpetrado el 11 de marzo de 2003 en el municipio de Tauramena.

Allí estaba rigurosamente vestido de blanco impoluto, el mismo color de la inocencia de las víctimas que miserablemente asesinaron, durante esos oscuros años de atrocidades ordenadas desde la Brigada XVI del Ejército, durante el periodo 2005 -2008.

Era el mayor general en retiro William Torres Escalante, quien revisaba una y otra vez unas hojas de papel, que tenía en sus manos. Como estudiante aplicado que lee sus apuntes preparándose para un examen, leía y subrayaba seguidamente el escrito.

Estaba ubicado en primera fila. En el costado derecho, del espacio reservado para ese grupo de militares retirados. Ellos habían llegado a Yopal para contar toda la verdad, sobre esos homicidios con cuya sangre se escribió el capítulo más truculento, de la historia reciente de Casanare.

Todos querían escucharlos. Los magistrados de JEP, los periodistas, pero sobre todo los familiares de las víctimas, en su mayoría ansiosos por obtener respuestas concretas, al cúmulo de interrogantes, que por más de una década les ha robado la tranquilidad.

El salón Quiripa fue el escenario. Un auditorio con un espacio tan amplio que fue dispuesto para albergar en un solo lugar, toda la verdad, salida de los testimonios de los victimarios, pero también el dolor, la indignación y toda clase de sentimientos encontrados, producto de las historias escalofriantes, narradas en primera persona por sus protagonistas.

En esta audiencia pública de la JEP, programada para conocer toda verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por un militares adscritos al Brigada XVI de Yopal y conocidas popularmente como falsos positivos.

Uno a uno oficiales y suboficiales retirados fueron confesando sus crímenes. Algunos guardaban silencio por cortos periodos y respiraban profundo, quizá porque sabían que era necesario soltar toda esa carga de culpabilidad que pesaba sobre sus conciencias.

Las horas y minutos se hacían eternas esperando escuchar la confesión del militar de más alto rango, el general Torres Escalante. Al fin le llegó el turno de hablar. Sin mayores sobre saltos subió al atril y comenzó a contar su versión de los hechos.

Cabizbajo por algunos momentos, pero de mirada fija, su rostro soslayó cual insurrección del lenguaje no verbal, el mismo que da señales claras sobre lo que estaba pasando al interior de la mente humana.

En su intervención de más de una hora, el general reconoció que su responsabilidad se enmarcó dentro de los límites de la exigencia a sus subordinados, para que entregaran resultados traducidos en muertes en combate.

Cubrió con un manto de imprecisiones los señalamientos que pesan en su contra, como determinador y ordenador de varias de esas muertes. Homicidios de personas indefensas, algunas de ellas amarradas y torturas, antes de ser ejecutadas.

En otros casos las víctimas eran incluidas a la fuerza en falsos operativos, para camuflar la barbarie que cometían. Una de estas historias fue narrada por uno de los victimarios.

El infame escenario fue un punto en la zona rural de Tame (Arauca). Contó que cuando era necesario saltaban los límites de su jurisdicción, para ir en busca de sus víctimas.

En este caso concreto, narró cómo un grupo de 30 valerosos soldados rodeó una casa, donde supuestamente se encontraban unos peligrosos subversivos.

Esos temidos rebeldes eran dos niños menores de 5 años, su progenitora, un adulto mayor y el padre de la casa. Relató que rodearon la casa, profirieron toda clase de insultos contra estas humildes personas y finalmente asesinaron al padre de familia.

El cadáver se lo llevaron amarrado a un caballo, que le robaron a la víctima y se fueron, no sin antes asaltar la vivienda y robar lo poco de valor que encontraron.

Dentro de su equipaje  cargaron con uno que otro miriñaque producto del hurto, pero también llevaban los sueños frustrados de una familia, de unos niños que se quedaron sin un padre y un jefe de hogar que era el proveedor de una familia humilde, campesina, que después de este traumático hecho, no volvería a ser la misma.

Escenas propias de un cuento de horror, de las cuales el general solo confesó que ser culpable por omisión. Recalcó que varias de estas acciones nunca le fueron informadas por sus subalternos. Declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Una de las víctimas, Lady Johana Torres lo increpó y lo conminó a aceptar que por orden suya, fueron asesinados su padre y su hermano, por lo que para ella el oficial no pasa de ser un asesino. Así lo confirmó horas después en declaraciones a la prensa.

En el epílogo de la intervención del general la magistrada le recordó en tres ocasiones, que su lugar en este proceso que adelanta la Justicia Especial para la Paz, no obedece a una omisión, sino a una actuación más directa en varios de estos homicidios.

Ante las peticiones de la magistrada, Torres Escalante asevero que su error fue ser alcahuete y en estos actos atroces. Termino que para la togada confirmaba que el general sí conocía de estos atropellos, porque la palabra en mención es sinónimo de encubrir, y este tipo de actitudes se aplican a acciones ilícitas, no para obras de caridad o cualquier otra acción loable.

En ese momento se hizo un receso. Henry Torres Escalante fue abordado por la medios de comunicación, pero sin vacilaciones dijo que no entregaría declaraciones a la prensa.

Al retomar nuevamente el uso de la palabra manifestó que tal vez por la sobrecarga de cansancio, producto de la extensa diligencia judicial, utilizó la palabra alcahuetear. Vocablo que no aplica para el caso y que lo cambió por permisividad.

Específicamente dijo que cuando se enteró de la situación que estaba sucediendo al interior de la Brigada, fue permisivo. Nunca hizo un llamado de atención, ni tomó cartas en el asunto desde su condición de comandante de la unidad militar.

De todas formas quedan muchos interrogantes sin resolver. Personas que aún siguen desaparecidas, preguntas sin resolver, sin contar con la inconformidad por parte de las víctimas.

Ellos esperan que al final de este tortuoso camino, brille por fin el sol de la verdad y que se despejen las nubes inconsistencias y dudas que aún opacan el camino hacia una justica real, que por el momento debe resolver el laberinto de imprecisiones, que se ciñe sobre las declaraciones del general.

La mañana fresca de ese lunes 18 de septiembre pronto cedería toda su impoluta belleza ante los relatos dramáticos de las víctimas del horror, en un escenario truculento, tenso, con historias desgarradoras que conmovieron las almas, liberaron los sentimientos y provocaron el llanto de muchos asistentes.

Allí, en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio se programó es espacio de encuentro entre víctimas y victimarios, de los más atroces crímenes cometido en Casanare, producto de ejecuciones extrajudiciales, a las cuales con el eufemismo de falsos positivos, se ha querido suavizar un poco toda la maldad que encierran estas acciones criminales.

Premonitorias resultaron las palabras de Óscar Parra Vera, uno de los dos magistrados que presidieron la audiencia. El togado advirtió sobre la complejidad de los diálogos.

En el escenario se abordarían de frente crímenes de lesa humanidad, los más atroces de la historia reciente del departamento. Sin embargo aclaró que el objetivo no era obligar a nadie al perdón, ni a la reconciliación.

De todas formas estos encuentros no se dieron de manera espontánea, por el contrario son el producto de un trabajo adelantado durante nueve meses, con los dos actores principales puestos en un mismo lugar, para buscar por la vía de la verdad, un acercamiento al perdón, la justica, la reparación y finalmente, la reconciliación, para muchos quizá una quimera, que se pierde entre los dantescos caminos del dolor.

La infamia cometida por este grupo de criminales vestidos de camuflado, encabezados por el mayor general Henry William Torres Escalante ex comandante de la XVI Brigada del Ejército, quien reconoció su responsabilidad directa en el asesinato de 303 civiles en Casanare entre los años 2005 y 2008, estará perenne en la memoria de los familiares de las víctimas, quienes fueron destinatarios de las acciones perversas que solo una mente retorcida y sicópata puede engendrar.

Bajo sus balas cayeron muchos jóvenes, mujeres, pero en este listado de ignominia también incluyeron un adulto mayor y una persona en condición de discapacidad, a quienes hicieron pasar como peligrosos subversivos, que fueron abatidos en combate.

Espeluznantes relatos de un mismo libreto macabro, que pareciera haber sido dictado por el propio Belcebú, por la ausencia de todo tipo de sentimiento de compasión hacia sus víctimas, en mucho casos torturadas sin piedad, en una horripilante orgia de sangre.

Una de las narraciones más dramáticas emanó de los labios de Jennifer Cagua Rodríguez. Desde los albores de su infancia ha tenido que cargar con el lastre de la violencia, que ha llegado a su vida desde los todos los flancos de la guerra.

Fue víctima de la guerrilla, que le asesino a su progenitora cuando todavía era una niña. Luego sufrió la presión para militar y finalmente su hermano, cayó bajo las balas asesinas disparadas des la empresa criminal, como calificaron en la audiencia a ese grupo de militares que desde la Brigada XVI, se atribuyeron el derecho de decir quién podía vivir y quién debía morir.

En ese juicio miserable se determinó el asesinato de John Alexander Cagua Rodríguez, un joven de 16 años quien producto de toda la descarga de dolor a la que fue sometido, por la guerra fratricida que como tatuaje no deseado se ha afianzado a la coyuntura de una sociedad desde que nacimos como nación, encontró la una puerta falsa para desahogar todo su dolor: las drogas.

A los 13 años un grupo subversivo le quitó la vida a su señora madre en Tumaco (Nariño). En ese momento Alexander tuvo que hacerse cargo de su familia, compuesta por él y su hermana. De su progenitor Jennifer solo atinó a decir que fue un padre ausente, por lo que toda la responsabilidad del hogar recayó sobre su hermano mayor.

Se trasladaron para Villavicencio, de donde eran oriundos. Ya habían transcurrido 3 años desde la muerte de su mamá, Alexander tenía 16 años y Jeniffer 13.

Vivian en un barrio popular. Hasta allí, según el relato de Juan Pablo Ramos, abogado de Jennifer, llegaron efectivos del Birno o Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena, adscrito a la Brigada XVI, para sacar a John Alexander y asesinarlo, con la disculpa que el joven era un consumidor de droga.

En esta caso se tipificó un claro accionar de limpieza social, como si en lugar de cometer un crimen, estuvieran haciendo una obra  benéfica de carácter colectivo.  

Nada justifica la pena capital como castigo. Así lo reiteró el abogado Ramos. “Esta persona debido a la violencia que vivió desde niño, se acercó al mundo de la sustancias psicoactivas, lo cual no es razón para provocarle la muerte”.

John Alexander fue llevado hasta Monterrey, donde le quitaron la vida. Hoy su hermana Jennifer pide a gritos salidos desde el fondo de su corazón, que le cuente la verdad.

Que le saquen de la zozobra que por años ha agobiado su existencia. Ella quiere saber las razones y las circunstancias que rodearon la muerte de John Alexander.

Juan Pablo Ramos entregó un dato adicional en sus declaraciones a los medios de comunicación. “La víctima unos meses antes de la ocurrencia del hecho, fue impactado por balas en su abdomen, lo cual le impedía caminar, pero no fue impedimento para que se lo llevaran, lo asesinaran y lo hicieran pasar por miembro de un grupo subversivo”.

Detalle que solo corrobora el grado de mal extrema y el carácter inhumano de quienes participaron en el crimen.

La lista de atrocidades es muy extensa. Son más 300 historias desgarradoras, que esperan justicia. Que aguardan por una reparación por parte del Estado, que más allá de lo económico devuelva la dignidad a las víctimas ultrajada y humillada, al ser calificados como delincuentes.

 Su recuerdo no puede seguir siendo el tapete, en el que algún día una banda de miserables limpiaron los excrementos de su crueldad, pero que ahora no pueden ocultar el rostro de su infamia.