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Un nuevo caso de supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito y  miembros de la Policía Nacional, denunció el veedor Julián Llanos.

En esta oportunidad la situación se presentó sobre la calle 40, en cierre vial comprendido entre la diagonal 15 y la carrera 21 de Yopal, donde se adelantan obras sobre la calzada, para solucionar una problemática de alcantarillado que hay en este sector.

Según el denunciante transitaba por el lugar y se encontró con un puesto de control de movilidad, el cual calificó como ilegal, porque no hay argumento jurídico que diga lo contrario.

Cuestionó la ubicación del mismo. Según lo expresado por Llanos, fue instalado después de una curva, lo que deja a los conductores ad portas de generar un accidente o su defecto a una contravención, en el momento que quieran esquivarlo.

En su narrativa cuenta que se acerca a evidenciar la situación y se encontró con tres agentes de tránsito. Mencionó que uno de ellos era de apellido Vergara, los otros dos no fue posible conocerlos porque uno no porta identificación y el segundo no quiso identificarse.

Junto a ellos estaba una joven practicante del Sena. Con ella entabló un diálogo pedagógico sobre veeduría y capacitación en materia de tránsito, tanto para la ciudadanía como para las autoridades para que no se extralimiten en sus funciones.

Estando en esta situación observó que el agente Vergara estaba tramitando una contravención, desde un vehículo sin documentos. Como represalia la autoridad de tránsito se percató que  la moto del veedor tenía caída una direccional.

Ese fue el punto de partida para realizarle un comparendo. Llano dijo que demostró que la direccional funcionaba perfectamente, pero Vergara haciendo caso omiso a las palabras del veedor, le comunicó que debía inmovilizar la motocicleta.

Ante el inconveniente los agentes llamaron a la Policía, que según Julián Llanos se encontraba instrumentalizada para atropellar a la ciudadanía.

En un último esfuerzo por evita que se llevaran su moto, el veedor se negó a bajarse del vehículo, argumentando el debido proceso. Invocó los derechos que como conductor le confiera la norma.

Para estos casos aseguró que el afectado dispone de 60 minutos para subsanar la situación. Ante la negativa, comunicó que se acogía al comparendo por desacato a la autoridad de tránsito.

Sin embargo fue fútil esta propuesta, porque Llanos aseveró que las autoridades allí presentes, desconocen la ley. Explicó que dicho recurso jurídico genera una comparecencia a la Secretaría de Movilidad, donde un inspector será quien tome una decisión sobre el caso.

Recalcó que ningún miembro de la Policía tiene la orden de bajar a nadie a las malas de su vehículo. Que si no lo van a dejar transitar, el usuario puede llamar a un vehículo de cargar para transportar su automotor y subsanar el origen de la infracción.

Añadió que instrumentalizaron a la Policía para que lo agredieran. Pese a que les advirtió las consecuencias de esta acción, al final terminan haciéndolo y dañándole el celular.

“Uno de los policías en el mal uso de la fuerza, se ensaña contra el celular y me suben a la panel esposado” manifestó Julián, quien también sostuvo que un patrullero alegó que el veedor lo mordió y que cuando llegaron a la URI le leen los derechos, como capturado por agresión a servidor público.

Así mismo comentó que le informaron que iban a llevar al patrullero a una valoración en Medicina Legal, porque se le había partido una uña.  

Luego le anunciaron que le iban a hacer una orden de comparendo por desobedecer orden de Policía. Proceso en el cual recalcó, que nuevamente evidenció la falta de conocimiento por parte de la autoridad.

 “Se demoran 2 horas tramitando el comparendo porque no sabían cómo hacerlo, llegaron otros cuadrantes para ayudarlos”.

También mencionó que no le dejaron presentar los alegatos ni la apelación, por lo que violaron el debido proceso de imposición de comparendo por ley de convivencia ciudadana. Finalmente le comunican que se puede ir.

Julián alega que en este caso se tipificaron varios delitos como el desplazamiento forzado, una privación de ilegal de la libertad, abuso de función pública, extralimitación de funciones, agresión a líder social defensor de Derechos Humanos, entre otros.

A la postre la moto fue trasladada a los patios de Setty, sin un inventario. Hecho que le preocupa porque dijo que en el vehículo tenía unos elementos costosos y herramientas que utiliza en su trabajo diario, vinculado con el tema de cámaras de seguridad.

Adicionalmente manifestó que basado en la información del RUNT, la grúa con la que se levantó su motocicleta, no cuenta con una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual.

Lo anterior significa que cualquier avería que sufra el vehículo en su traslado, no hay garantía para el ciudadano y lo van exponer  a un proceso legal por daños y perjuicios.

Por último expresó que hoy adelantará el trámite para sacar su motocicleta de los parqueaderos de SETTY, diligencia que transmitirá en directo por sus canales de redes sociales, como elemento pedagógico para que la comunidad conozca en detalle cómo debe realizar este tipo de procesos.

 

Un joven piloto identificado como Camilo Humberto Galvis Fernández de 28 años de edad, resultó herido tras sufrir un accidente aéreo en jurisdicción de Villanueva.

El siniestro se presentó este miércoles 12 de julio de 2023, cuando la aeronave de fumigación cayó en la vereda Flor Amarillo. Las causas del accidente aún están por establecer.

Según testigos, el hombre fue auxiliado por la comunidad del sector y posteriormente trasladado por organismos de socorro al hospital local, donde se encuentra en recuperación.

Este hecho se suma a la lamentable cifra de accidentes aéreos en la zona durante el último año. De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, los Llanos Orientales registraron la mayor cantidad de siniestros aéreos en el país, con un total de 17 durante los 12 meses, dejando 14 personas sin vida.

El informe presentado al cierre de 2022, señala que la mayoría de los aviones accidentados corresponden firmas privadas, varias de las cuales están prestan servicios al sector privado y agrícola. En cuanto a las causas más frecuentes que generan este tipo de siniestros, las turbulencias y  presuntas fallas en las aeronaves, son la situaciones más recurrentes.

 

 

En una alianza estratégica con APIFARMA, GeoPark ha brindado su apoyo para la consolidación del proyecto apícola comunitario más grande del Casanare.

Esta iniciativa, ejecutada en el marco de un proyecto de inversión social del bloque Llanos 87 operado por la multinacional, tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo económico y productivo en el departamento.

Con la instalación de 180 colmenas distribuidas en 6 unidades productivas en la vereda La Libertad, se busca promover el crecimiento de 26 familias campesinas villanuevenses.

Además, se han proporcionado los insumos necesarios y se brinda acompañamiento continuo, a través de capacitaciones en técnicas de cultivo de abejas, así como en la creación y comercialización de productos.

Diego Morales, gerente de relaciones con vecinos en GeoPark, expresó su satisfacción al contribuir al desarrollo económico y productivo de Villanueva, mediante proyectos que generan fuentes de ingreso y trabajo para las familias locales.

Por su parte, Felipe Puentes, subgerente de APIFARMA, destacó el potencial que la apicultura tiene para la economía local y la importancia de fomentar este tipo de iniciativas.

Con esta acción, la empresa petrolera reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios donde opera, trabajando en conjunto con las comunidades y aliados institucionales para impulsar proyectos que beneficien a sus vecinos.

La Superintendencia Nacional de Salud impuso dos multas a la EPS Medimás, que ascienden a un total de 6.960 millones de pesos. Estas sanciones se derivan de investigaciones que determinaron la responsabilidad de la EPS, en un caso donde una menor necesitaba un medicamento vital, también  por la falta de protección a sus afiliados, así como por los bajos niveles de desempeño durante ciertos periodos en 2020 y 2021.

La primera multa, por un valor de 5.220 millones de pesos, fue impuesta el pasado 1 de marzo de 2023, debido a la negligencia en el suministro oportuno y completo de medicamentos vitales, para tratar una enfermedad huérfana en una menor, con déficit de creatinina cerebral.

Esta patología se caracteriza por un retraso generalizado del desarrollo o la discapacidad intelectual, un retraso notable del habla, trastorno de conducta tipo autista/hiperactivo y convulsiones.

El médico especialista en genética que tenía a cargo este caso, le había formulado a la menor varios medicamentos desde el 15 de diciembre de 2017 como parte del tratamiento.

El caso fue remitido a la Supersalud en octubre de 2018 remitido por la Porcuraduría y se evidenció que la EPS no cumplió con la entrega oportuna de los medicamentos necesarios.

La Supersalud encontró que la EPS había cerrado el caso, pese a que estaba pendiente la entrega del medicamento, el cual debía surtir una serie de trámites administrativos para el proceso de importación.

La segunda multa, por un valor de 1.740 millones de pesos, está relacionada con el precario desempeño demostrado por Medimás durante el segundo trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.

Se encontraron deficiencias en la entrega oportuna de medicamentos, asignación de citas médicas especializadas y generales, autorización de insumos y demoras en trámites administrativos.

Estas multas evidencian la falta de compromiso y negligencia por parte de Medimás, en la prestación de servicios de salud a sus afiliados.

Cabe destacar que la EPS se encuentra en proceso de liquidación desde el 8 de marzo de 2022, por lo que el monto de las multas se suma a las obligaciones económicas, que debe pagar a los acreedores.

Este jueves y viernes se llevará a cabo la vigésima edición de la jornada de la venta efectiva y atención al cliente, organizada por la Cámara de Comercio de Casanare (CCC) a través de su Escuela de Formación Empresarial (EFE).

El evento, que tendrá lugar el 13 y 14 de julio a partir de las 2:00 p.m., contará con conferencias virtuales transmitidas por la plataforma Zoom.

El objetivo principal de la jornada es inspirar y motivar a empresarios, comerciantes, emprendedores y equipos comerciales de empresas y negocios, fortaleciendo sus habilidades y mejorando los resultados de sus actividades.

Durante el evento, se ofrecerá una experiencia comercial a través de diversas conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales en temas relacionados con ventas, servicio al cliente, liderazgo, gestión del estrés y otros temas de interés público.

Entre los conferencistas que participarán en el evento se encuentran destacados expertos como Gema Ramírez (España), Bárbara Pérez (México), Elizabeth Martínez (República Dominicana), Ivón Pérez (Colombia), Óscar Esequiel (Colombia), Andrea Paola Díaz (Colombia), Juan de Dios (Colombia) y Anette Sarabia (Colombia). Cada uno compartirá su experiencia y conocimiento con los participantes para lograr mejores resultados empresariales.

La asistencia al evento es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse en la página web www.ventaefectiva.com. En el sitio web también se encuentra disponible la programación completa.

La jornada cuenta con aliados como la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, la Fundación Universitaria Ceipa, Coaching Play, Undeco capítulo Santa Marta y la Escuela de Ventas de España para Latinoamérica - EDVE Latam.

 

Desde el pasado viernes 07 de julio la comunidad de Quebrada Seca, zona rural del municipio de Yopal, adelantaron un plantón, haciendo una serie de reclamaciones a la empresa Canacol.

Sin embargo, según lo explicó el expersonero de la ciudad, Miguel Zárate Parada, los manifestantes levantaron la protesta en atención a la solicitud hecha por el alcalde Luis Eduardo Castro y como muestra de civismo con Yopal, por motivo de su cumpleaños número 81, que se celebró el sábado 08 de julio.

No obstante las reclamaciones siguen vigentes. Fue así como ayer martes 11 de julio, se reunieron las autoridades locales, delegados de la empresa y del Ministerio del Interior, para analizar la situación y llegar a unos acuerdos que permitieran dirimir las diferencias.

Zarate Parada explicó los puntos centrales de las diferencias que hay entre comunidad y petrolera, que se centran principalmente en el incumplimiento por parte de la compañía, a los compromisos pactados en reuniones anteriores y que datan desde 2012.

Acuerdos de los cuales existen unas actas que corroboran, según lo manifestó el también exsecretario de gobierno departamental, quien agregó que los compromisos son básicamente en temas de inversiones sociales y ambientales que hasta la fecha no ha ejecutado la mencionada petrolera, sin contar con aspecto de contratación de mano de obra local.

“Han negado la posibilidad laboral a la comunidad y también hay falencias en el tema de bienes y servicios, van 4 a 5 años que no dan la inversión social, que es un derecho que tienen las comunidades”, acotó el abogado Miguel Zarate, quien tiene una propiedad en este sector.

Justamente hablando de terrenos mencionó que Canacol se niega a desembolsar los recursos de inversión social, para la compra de un lote que la comunidad ha solicitado y que está destinado a la construcción de un colegio.

Zarate Parada indicó que ya se tiene listo el predio con escrituras, pero la empresa se ha negado a realizar la inversión. Actitud que tiene en pausa la construcción de 5 salones, tres prometidos por la Alcaldía y 2 por la industria palmera que hace presencia en esta zona.

Otro punto de discordia es la presencia de la líder social de Canacol. La comunidad ha solicitado su traslado. Según Miguel Zárate la petición obedece a una controversia  relacionada con la política del  buen vecino.

Esta situación es la fuente de la discordia, que a su vez ha generado choques con tres presidentes de la junta de acción comunal, por lo que aseguró que esta persona no representa los intereses de la comunidad, ni de la empresa.

Sobre las reclamaciones de la comunidad aseguró que le han planteado soluciones y que la empresa no ha querido escucharlos, por eso se pidió esta reunión, a la que le ve poco futuro porque comentó que los delegados de Canacol no tienen poder de decisión.

Situación que según Zarate Parada advirtieron los delegados del Ministerio del Interior, quienes estuvieron en el lugar, punto sobre el cual también recalcó que faltó el acompañamiento de la Personería y la Defensoría del Pueblo.

Finalmente dijo que las peticiones que se recojan serán llevadas a las directivas de Canacol en Bogotá, para luego crear mesas de trabajo, que solo sirven para dilatar el tema y postergar las soluciones que reclama la comunidad.

 

En la mañana de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida del hombre que se encontraba desaparecido desde el domingo a mediodía. Esta persona habría caído accidental desde el puente El Canoero en Maní a las aguas del río Cusiana.

Como se lo dijo en su momento la comandante del Cuerpo de Bomberos de Maní, Fernanda Arévalo, no se había podido determinar su identidad exacta, solo se tenía la versión que posiblemente se trataba del trabajador de una finca cercana.

Esta versión fue confirmada hoy. Se trata de Jesús Alberto Aguirre Sánchez, oriundo de Arauca, quien laboraba en una finca de Maní, desde hace 6 meses.

 

Continúa el operativo de búsqueda por parte del Cuerpo de Bomberos de Maní, para dar con el paradero de una persona que ayer domingo sobre la 1 de la tarde, cayó de manera accidental del puente El Canoero, al Río Cusiana, en el casco urbano de esta población.

La comandante del organismo de socorro de esa localidad, Fernanda Arévalo, indicó que desde ayer mismo se inició la búsqueda, pero no fue posible ubicarlo, por lo que hoy se retomaron las operaciones, pero hasta el momento no se ha podido localizarlo.

Agregó que se tampoco se ha logrado establecer a la entidad exacta, sin embargo dijo que en las últimas horas se maneja la hipótesis, que se puede tratar del trabajador de una finca. Información que se deduce por las características físicas de la persona y porque esta mañana no se presentó a laborar.

El gobernador de Casanare Salomón Sanabria recordó la invitación al evento de Casanare Palpita, programado del 20 al 23 de julio semana en Yopal.

El mandatario exaltó la presentación que se hizo ayer en la ciudad de Bogotá, como acto promocional de este proyecto que busca fomentar el turismo en el departamento, a través de la cultura.

Mencionó que la capital de la República es escenario escogido fue el centro comercial Santafé, donde se presentaron figuras del canto llanero como Lady Lara, Estiben Correa, Julián González y varios artistas especialistas en contra punteo y baile del joropo.

Destacó la asistencia masiva de público y la aceptación por parte de los asistentes, de todo lo acervo folclórico casanareño.

En este recorrido de orden nacional la siguiente parada es en Sogamoso. Allí la comitiva casanareña tomará parte en la cabalgata programada en el marco de las Fiestas del Sol y del Acero. También, dentro de la puesta llanera presentará Villamil Torres.

Ya dentro de los preparativos de Casanare Palpita Sanabria Chacón comentó que ya se tiene adecuada la manga Víctor Hugo Prieta, para realizar allí varios espectáculos.

Casanare Palpita contará con una ‘joropera’ que estará conformada por 1.500 niños, además de la presentación de figuras consagradas del folclor llanero como Reinaldo Armas, Luis Silva, Milena Benítez, Walter Silva, Yaguazo, entre otros.

Un reajuste a las tarifas de acueducto y aseo confirmó el gerente de la EAAAY, Jairo Bosueth Pérez. Aunque no precisó el valor, señaló que la empresa tiene pendiente dicho incremento y que está autorizado por el Gobierno nacional para hacerlo, pero que la empresa hasta la fecha no lo ha aplicado.

Agregó que norma del orden central cobija a todas las empresas públicas del país, con lo que descarta que la medida obedezca a un directriz del orden local.

Mencionó del igual forma una serie de iniciativas, algunas en ejecución y otras proyectadas, con las cuales se espera amortiguar un poco el reajuste, para que el alza de las tarifas no sea tan alto.

Explicó que se va a cobrar por una serie de permisos, que no se estaban facturando. En este listado también figuran los carros compactadores que se compraron recientemente y las nuevas redes de distribución.

Gestión que según el gerente de la EAAAY, disminuye los gastos administrativos, lo que a su vez favorece al usuarios porque se reduce en alguna medida el precio de las tarifas.

En este mismo panorama de consolidación del área financiera de la empresa, se encuentran algunos proyectos que buscan generar más ingresos para la empresa.

Uno de estos nuevos negocios que se tiene previsto es la venta de los residuos sólidos. Esta iniciativa está sujeta a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de aprovechamiento de este tipo de materiales.

En los cálculos de la EAAAY, por este servicio se pueden estar recibiendo una suma que oscila entre los 700 y 800 millones de pesos.

Otra propuesta es la generación de energía alterna, para el autoconsumo. Pérez sostuvo que con esta iniciativa se estarían ahorrando cerca de 1.500 millones de pesos al año. Actualmente, agregó el funcionario, se paga a Enerca mensualmente más de 250 millones de pesos.

Jairo Bosueth también hizo un detallado recuento de la situación financiera en la que encontró la empresa y los compromisos económicos heredados, que su gerencia ha tenido que asumir.

Comenzó por recalcar que la empresa duró intervenida 6 años y 6 meses. Explicó que durante este tiempo se pagaron contingencias por más de 20 mil millones de pesos a la empresa, para dar el servicio de acueducto en la ciudad. Cifra que recibieron los agentes interventores del momento.

Cuando llegó la presente administración se hizo una planeación y fue necesario retirar los subsidios para el estrato 3. También manifestó que se está haciendo un esfuerzo grande, para recaudar los recursos con los que actualmente funciona la empresa.

Insistió que tuvo que pagar unas multas a la Superintendencia, por 318 millones de pesos, otra a la Alcaldía porque no se pagó oportunamente el impuesto de Rete ICA e industria y comercio por valor de 150 millones de pesos.

También incluyó unas sanciones a Coroporinoquia por 396 millones de pesos, varias dotaciones que se le debían a los sindicatos por 96 millones de pesos.

Sumó unos embargos en contra de la empresa, por valor de 635 millones, y unas cuentas por pagar, es decir un déficit de caja por 6.200 millones de pesos y servicio de la deuda que dejó la Superintendencia por 686 millones. Incluyó el gerente en este listado una devolución a los usuarios por 400 millones.

En total, subrayó que entre el déficit y las obligaciones, la cifra superaba los 8.900 millones de pesos. “Esto ya lo hemos saneado, ya lo hemos pagado y estamos pagando otras cosas que se quedaron debiendo a la Alcaldía y Corporinoquia”, afirmó el gerente de la EAAAY.

Hablando de la Corporación Regional de la Orinoquia, manifestó que se tienen pendiente  unas compensaciones ambientales por más de 5 mil millones de pesos.

En términos generales el funcionario comentó que su gerencia ha tenido que adelantar un proceso de saneamiento, por 15 mil millones de pesos.

Trajo también a colación los 868 millones de pesos en demandas laborales, sin contar otras que se encuentran en proceso, que datan de 2017 y 2018, avaluadas en 450 millones de pesos más.

Un dato adicional entregado por las directivas de la EAAAY, son los 260 millones de pesos, que dejaron de cobrar los agentes interventores, por incapacidades laborales a las EPS.

En este sentido Pérez dijo que estos recursos están en riesgo de perderse. De todas formas ya se encuentran en los estrados judiciales las acciones de repetición contra aquellas personas que en su momento no ejercieron sus funciones y dejaron de cobrar estos dineros.

Sobre un déficit acotó que el mismo sí se presentó, pero que fue heredado de administraciones pasadas. Sobre el montó subrayó que era de 6 mil millones de pesos, de los cuales se ha pagado más de la mitad.

Acerca de las causas de esta situación narró que “se generó porque hay  un embargo de la planta conciliada que no se pagó, en 2017 y 2018 por parte el entonces alcalde Leonardo Puentes y eso generó el embargo por más de 3 mil millones de pesos y son recursos que le están restando a la empresa por cuenta de ese embargo”.

Finalmente comentó que para clarificar cualquier duda sobre el estado financiero actual de la empresa, la junta directiva ordenó una auditoría.

Dicha labor estará lidera por los secretarios de hacienda, Mauricio Moreno y de planeación, Sonia Ruíz, en atención a que los dos son contadores públicos.