La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es una entidad que se creó en el marco del proceso de paz, con la tarea de coordinar y contribuir en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, durante el conflicto armado, en hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016.

Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora de la UBPD territorial para Casanare y 11 municipios de Boyacá que hacen parte de su jurisdicción, explicó que la entidad trabaja con organizaciones, instituciones y familiares de las víctimas.

El proceso comienza con la solicitud de búsqueda por parte de las familias. Los equipos de trabajo adelantan las investigaciones y hacen cruces de información, con otras instituciones como la Fiscalía.

Además, las familias son informadas del avance del proceso. “La esperanza es encontrar a las personas con vida, pero si no se trata de establecer dónde se encuentran sus cuerpos”, dijo la funcionaria.

Cuando se logra determinar dónde están ubicados, vienen los procesos técnicos, forenses, de alta filigrana científica, para hacer la recuperación del cuerpo. Luego con el apoyo de Medicina Legal, se establece plenamente su identidad y finalmente se procede con la entrega digna a los familiares.

En Casanare se ha recibido 1.988 solicitudes de las cuales se han logrado recuperar 38 cuerpos durante los años 2022 y 2023, en diferentes territorios, tanto en cementerios como en campo abierto. Referenció el campo santo de Aguazul, pero también incluyó a Tauramena y Monterrey.

Los trámites que adelanta la Unidad son gratuitos. La advertencia se hizo, debido a que ya se conoció un caso donde el familiar de una persona desaparecida, fue estafado por un timador.

El estafador le hurto 8 millones de pesos, que fueron desembolsados por parte de la víctima a través de varias consignaciones bancarias, con la falsa promesa de ayudarle con estos procesos de búsqueda.

Por ello Rodríguez Torrente insistió que la Unidad es una institución del Estado y “ninguno de nuestros trámites, tiene costo alguno. Tenemos el equipo para adelantar estos procesos, nadie nos representa. Trabajamos de la mano con líderes, organizaciones, pero no hay ninguna entidad o líder que pueda endilgarse la responsabilidad de representar a la entidad”.

Daniel Camargo, Presidente de la Liga de Atletismo de Casanare, habló para los micrófonos de Casanare Noticias y aseguró que están dadas todas las garantías para que Casanare tenga representación en los Juegos Deportivos Nacionales 2023.

Después de un año, la Liga de Atletismo logró renovar su reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte y eso les permitirá a los atletas casanareños, entre otras cosas, participar en los Juegos más importantes del país.

 “La preparación y la parte económica fue muy difícil a raíz de que la Liga no tenía reconocimiento deportivo. Las salidas a torneos nacionales que se realizaron en estos últimos meses fueron con recursos propios de los deportistas. Sin reconocimiento no podíamos recibir apoyo de los Institutos en Casanare”, agregó el dirigente.

No obstante, y pese a todas las dificultades, Casanare logró clasificar a cinco atletas a estas justas. Según Camargo, competirán en Armenia en el mes de Noviembre y van con expectativas de llegar a las finales y ganar medallas.

En el proceso de intervención forzosa que ordenó la Superintendencia a Famisanar, fue nombrada como gerente interventora, Sandra Milena Jaramillo Ayala, para quien esta medida representa una oportunidad para enfrentar los desafíos que se ciñen sobre la entidad.

La EPS anunció que ya recibió la notificación de la Superintendencia Nacional de Salud, para llevar a cabo una intervención forzosa a nivel nacional, durante un año.

Desde la perspectiva de la EPS, plasmada en un comunicado de prensa, la disposición tiene como objetivo fortalecer y mejorar la gestión de la compañía, con el fin de seguir brindando un servicio de calidad a sus afiliados.

En el escrito se señala que Jaramillo Ayala, transmitió un mensaje de tranquilidad, a los más de tres millones de afiliados de Famisanar, asegurando que se superarán los obstáculos y se construirá un futuro sólido y exitoso para la EPS.

Así mismo en el documento la compañía reafirma el compromiso con su misión y visión, garantizando la prestación de servicios de salud a sus afiliados y aliados estratégicos en todo momento.

La Superintendencia Nacional de Salud ha tomado una medida drástica al intervenir la EPS Famisanar en todo el territorio nacional. 

Esta medida se adoptó tras evidenciar el deterioro de los indicadores financieros de la entidad, el aumento constante de quejas por parte de los usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación, que afectan directamente a la calidad del aseguramiento en salud y a la prestación de servicios a su población afiliada.

El superintendente nacional de salud, Ulahí Beltrán López, ha expresado su compromiso en fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control, para proteger la salud de los habitantes del territorio colombiano y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos destinados a los servicios de salud. 

Esta intervención forzosa permitirá a la Superintendencia asumir el control directo de la EPS Famisanar durante un año, con el objetivo claro de implementar medidas correctivas que reviertan la situación actual y mejoren la calidad del servicio brindado a los afiliados.

Dicha medida de carácter excepcional, que busca salvaguardar tanto los intereses de los usuarios, como los recursos destinados a la prestación de servicios de salud. 

Durante este período, la EPS deberá trabajar en la implementación de las medidas correctivas necesarias, para garantizar la atención adecuada a sus afiliados y cumplir con los estándares requeridos. 

Se espera que esta intervención permita mejorar los indicadores financieros, reducir el número de quejas y restablecer la confianza de los usuarios en la entidad.

La Nueva EPS, entregó un parte de tranquilidad a sus afiliados, IPS y contratistas, asegurando que no ha sufrido ningún ataque cibernético y que la seguridad de la información operativa y de los usuarios se mantiene intacta.

Sin embargo, aclaró que, debido a la situación tecnológica en las plataformas virtuales del Ministerio de Salud, se ve afectada la gestión de las prescripciones de servicios, no incluidos en el plan de beneficios en salud (MIPRES).

En respuesta a esta situación, la entidad ha implementado programas de contingencia, en colaboración con las IPS de su red a nivel nacional, para minimizar los impactos en la atención a los afiliados. 

Aunque la compañía sigue operando dentro del marco de la contingencia, se espera que el Ministerio subsane la afectación en su plataforma tecnológica, para restablecer el proceso de gestión de los MIPRES.

Además, Nueva EPS informó que ha fortalecido sus canales de comunicación virtuales con los usuarios y ofrece alternativas de atención presencial en las oficinas de atención al afiliado, para aquellos que prefieran el esquema persona a persona.

Asimismo, trabaja estrechamente con la Superintendencia, para gestionar las solicitudes relacionadas con los servicios de salud.

Una vez que las entidades gubernamentales confirmen que se superó la situación en sus plataformas tecnológicas, la EPS restablecerá los procesos de gestión. 

Mientras tanto, la entidad sostuvo que, pese a los inconvenientes presentados, sigue garantizando la atención a más de 10.6 millones de afiliados en los 1.117 municipios donde hace presencia.

Comienzan a salir a luz pública los resultados de la investigación que adelantan las autoridades, sobre el caso de secuestro de la señora Hilda Pachón,  progenitora del alcalde de Villanueva Oswal Fontecha, perpetrado el 11 de julio de este año.

En las últimas horas la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un hombre y una mujer, quienes según las autoridades participaron en el plagio de la señora Pachón.

El comandante del Departamento de Policía Casanare, teniente coronel Efraín García, aseveró que estas personas hacen parte de una red de apoyo, al frente 39 de las disidencias de las Farc.

Su trabajo consistía en  hacer labores de inteligencia, para perfilar las posibles víctimas de extorsión y secuestro, en los departamentos de Casanare Vichada y Meta.

Luego ejecutaban la acción delictiva, es decir procedían a perpetrar el plagio y para después entregar a la  persona secuestrada, a  miembros del frente 39 de las disidencias de las Farc, que se encargaría de hacer las respectivas exigencias de dinero.

Por su parte el director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla, indicó que el ente investigador posee suficiente material probatorio, para vincular por lo menos a 4 personas más, en el secuestro de Hilda Pachón.

Pese a que el sujeto detenido es integrante del frente 39 de las disidencias de las Farc, se logró establecer que también estaba vinculado con las redes de apoyo, las cuales son bandas delictivas dedicadas a realizar tareas específicas ordenadas por los grupos armados ilegales, pero sin pertenecer de manera directa a los mismos.

En este orden de ideas se podía llegar a calificar esta labor delictiva, como una tercerización del accionar ilícito. Las capturas se hicieron efectivas en Villanueva (Casanare) y Puerto Concordia (Meta).

Para la Fiscalía y la Policía el individuo detenido cumplió la labor de perfilar a la víctima, en este caso la señora madre del alcalde Fontecha y luego se encargó de organizar el plagio.

A este sujeto se le imputaron los cargos de secuestro agravado, en concurso con porte ilegal de armas de fuego, así como hurto calificado y agravado.

La detenida es señalada de acoger a la víctima, por eso enfrenta cargos por  secuestro agravado. Delitos antes mencionados, tienen una pena máxima de 45 años.

Finalmente el director seccional de fiscalía dijo que un juez de control de garantías, les impuso medida de aseguramiento preventivo, en establecimiento carcelario. Los capturados no aceptaron cargos.

Los miembros de Asonal Judicial en Casanare se sumaron al plantón pacífico convocado por las directivas nacionales de ese sindicato, para expresar su preocupación por la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales, que afectan tanto a la rama judicial como a la Fiscalía.

Durante la manifestación, el fiscal Rodrigo Meneses mencionó algunos de los problemas, que afrontan jueces y fiscales, lo que a la postre afecta negativamente la prestación del servicio al usuario.

Uno de los principales reclamos de la comunidad, se centra en la demora en los procesos judiciales, sin embargo lo que desconoce la ciudadanía son las difíciles condiciones laborales, en las cuales deben trabajar los funcionarios del sector judicial.

Contó hay casos donde los fiscales se ven obligados a atender entre 3 y 4 despachos,  sin contar con asistentes ni empleados, mientras que los juzgados tienen que lidiar con la enorme carga, de 4 mil procesos por año. Esta situación dificulta enormemente la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios.

Además, se denunciaron problemas de acoso laboral y traslados inconsultos, especialmente en la Fiscalía a nivel nacional, muchos de los cuales se perciben como castigos o intimidaciones, sin tener en cuenta el impacto que tienen, sobre las familias de los fiscales.

También se han reportado casos de funcionarios enfermos debido a la excesiva carga laboral.

Otro aspecto preocupante es el impacto de la reforma pensional, en los nuevos miembros del sistema judicial. En total, las peticiones al Gobierno nacional se resumen en 14 puntos.

En este listado de rémoras, se hizo alusión a los juzgados civiles municipales, que es uno de los grupos más afectados por la sobrecarga laboral.

Estas autoridades judiciales acumulan más de 2.000 procesos en trámite inicial y 1.300 en trámite posterior. Cada juez debería manejar un máximo de 426 procesos al año, pero se encuentran desbordados.

A pesar de las solicitudes realizadas al Consejo Superior de la Judicatura, aún no se ha dado trámite a la petición de creación de dos nuevos juzgados civiles municipales.

También se advirtió por parte de los manifestantes que la situación en los penales municipales, es aún más grave. Se denunció el caso de una juez que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Además, se informó que faltan herramientas básicas como papel y elementos digitales, para llevar a cabo el trabajo diario. Aunque se reconoció que el Gobierno nacional ha invertido recursos en equipos electrónicos, los mismos fueron entregados a las altas cortes.

Y los computadores que sobraron en Tunja y Bogotá fueron enviados a Casanare, los cuales a la postre resultaron vetustos, por lo que no están a la altura del arduo trabajo que tienen juzgados y fiscalías en el departamento.

El registrador nacional del estado civil, Alexander Vega, alertó sobre el riesgo de la intervención de grupos armados, en las elecciones regionales de este 29 de octubre de 2023.

Según Vega, disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales estarían apoyando a candidatos, en tres departamentos. La aseveración la hizo durante un foro organizado por el diario capitalino El Tiempo.

En este escenario Vega reveló que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, solicitó información a la Registraduría sobre los aspirantes, que podrían verse beneficiados por la ayuda de los grupos delictivos. Además, señaló que los candidatos involucrados son conscientes de esta situación.

La información proporcionada por el registrador se basa en testimonios recogidos por las autoridades y en mapas de riesgo elaborados por los organismos competentes.

El funcionario también mencionó que ya se ha presentado "constreñimiento" en la inscripción de candidaturas y que esta situación podría repetirse, durante la jornada electoral.

La problemática ha llegado al punto, que los miembros de los grupos armados han convocado a la ciudadanía para indicarles a qué candidato deben votar.

En la información suministrada por Alexander Vega, se han identificado al menos siete candidatos, que contarían con el apoyo de grupos armados en Sucre, por lo cual se ha compartido esta información con la Fiscalía.

Además, se sospecha que muchos más aspirantes están siendo financiados, por las disidencias de las Farc y el ELN en todo el país.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el registrador denuncia esta anomalía. A principios de septiembre, Vega expresó su preocupación por la vinculación de algunos aspirantes con grupos ilegales en ciertas regiones del país, como Cauca y Nariño.

Hoy 14 y mañana 15 de septiembre se realiza el ‘II Foro de resolución de conflictos en la cadena de valor del sector de hidrocarburos en Casanare’.

Este evento que tiene como objetivo propiciar espacios de reflexión sobre las principales problemáticas de índole social, técnica y jurídica que surgen en la contratación de bienes y servicios en esta industria, además de profundizar en herramientas y métodos alternativos de resolución de conflictos, que se perfilan como valiosas oportunidades de gestión en favor del tejido empresarial.

El foro, organizado por el Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), en la alianza con la Gobernación de Casanare, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), y Ecopetrol S.A, se realizará en el Centro de Convenciones y Negocios de la CCC, segundo piso.

Este encuentro contará con una agenda dividida en tres ejes temáticos: principales factores de conflictividad en la prestación de bienes y servicios; prevención de los conflictivos; y atención e intervención de los conflictos, que se desarrollarán en espacios de conversación y de taller que contarán con la participación de empresarios locales, asociaciones de empresarios, gremios de empresarios, líderes sociales y empresariales, alcaldes, enlaces de alcaldías y secretarios, empresas operadoras y empresas de bienes y servicios (equipos sociales, jurídicos y de compras), conciliadores, mediadores y árbitros.

Entre los invitados se destacan: Clara Liliana Guatame Aponte, presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Francy Edith Ramírez Arroyave, Vicepresidente Regional Piedemonte de Ecopetrol; Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol); Javier García Pérez, gerente Legal y de Control Interno de Estrella International Energy Services, además, el presidente ejecutivo CCC, Carlos Rojas Arenas y el Gobernador de Casanare, Salomón Sanabria; entre muchos otros líderes nacionales y regionales.

Para obtener más información e inscribirse, los interesados pueden consultar la web: https://resolucion-conflictos-oilandgasforum.cccasanare.co. 

Aparentemente por no  guardar la distancia exigida, se presentó esta mañana un choque entre tres vehículos pesados. El hecho se presentó sobre la Marginal de la Selva, en jurisdicción del municipio de Monterrey, dejando como saldo trágico una persona fallecida.

Basados en el reporte de las autoridades un tractocamión y un camión grúa se transitaban en el sentido Villanueva – Monterrey. El primero de estos automotores, frena de manera intempestiva, el segundo vehículo lo impactó por la parte posterior.

La fuerza del golpe hizo que la grúa se volcara y terminara impactando a otro tractocamión, que se movilizaba en sentido contrario. Producto de este percance, perdió la vida una mujer, quien viajaba en calidad de acompañante en la grúa. La víctima fatal fue identificada como Mónica Yineth Ríos García.  

La hipótesis que manejan las autoridades como causa del accidente, es que la grúa no guardó la distancia mínima permitida, cuando se viaja por carretera.