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Miércoles, 26 Marzo 2025 09:12

Jornada de hurtos en el Ramón Nonato Pérez

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Una menor de edad denunció junto con su familia que fue víctima de hurto en el sector de la plazoleta Ramón Nonato Pérez, de Yopal. El ilícito sucedió el pasado lunes festivo 24 de marzo sobre el mediodía.

La adolescente narró que iba en búsqueda de una papelería para comprar el material que necesitaba, para cumplir con una tarea escolar. Al cruzar por la mencionada plazoleta ubicada en pleno centro de Yopal, a una cuadra de la Gobernación, fue abordada por dos motocicletas, en las que se movilizaban tres sujetos.

De una de las motos descendió un hombre quien la abordó y le rapó la cadena de oro que le habían regalado de cumpleaños. El sujeto también intentó quitarle el celular, pero como no lo consiguió huyo del lugar.

Narró la víctima, que acto seguido estos mismos individuos abordaron a una señora a quien le robaron el bolso, donde guardaba una suma superior a los dos millones de pesos.

Era como si estos sujetos estuviesen haciendo una jornada de hurtos en el Ramón Nonato Pérez. Perpetraron dos robos en unos cuantos minutos.

Indiferencia

Más allá del ilícito, la menor de edad cuestionó la falta de solidaridad ciudadana. Contó que en el momento en que era despojada de sus pertenencias gritó, pidió ayuda y las personas que se encontraban a su alrededor permanecieron indiferentes ante sus llamados de auxilio, ninguna reaccionó en su defensa.

Pareciera que los hurtos en Yopal se convirtieron en parte del paisaje urbano, como los semáforos o los edificios, que conformen el entorno de la ciudad.

En ese momento pasaba por el lugar una patrulla de la Policía que se percató de lo acontecido e inició la persecución de los señalados ladrones, a quienes capturó unas cuadras más adelante.

Por un momento la joven acarició la ilusión que se hiciera justicia. Pronto se estrellaría con la realidad y ese sueño se dilataría entre trámites y disposiciones legales que la dejarían con el sabor amargo de la iniquidad.

La denuncia

La narración acerca de la denuncia que instauró ante la Fiscalía estuvo pletórica de escenas que rayan en lo inverosímil, pero que hacen parte de la realidad de la justicia colombiana.

Para comenzar explicó que, además de la captura del sospechoso del hurto, fue recuperado el bolso que le quitaron a la otra víctima del robo. Sin embargo, el dinero y la cadena de la menor de edad nunca aparecieron.

Precisó que el señalado victimario era un menor de edad. En este punto se abrió en todo su esplendor la puerta de la desigualdad entre víctima y victimario, todo con el auspicio del sistema de justica que tenemos en el país.

Mencionó que, por tratarse de un menor de edad, el sospechoso recibió asistencia psicológica. Quizá, para verificar con no hubiese tenido ningún trauma emocional o psicológico por haber perpetrado el hurto.

Contó que le indicaron que el joven debía pasar por un examen en Medicina Legal, para constatar que no hubiese sufrido ninguna lesión durante y después del atraco.

Igualmente, le proporcionaron comida, pero el presupuesto oficial no alcanzó ni para brindarle una bolsa de agua de 500 pesos a la adolescente víctima del robo.

Ella señaló que tuvo que permanecer sin alimento desde las 4 de tarde hasta las 9 de la noche, hora en que terminó todo el proceso de denuncia en la Fiscalía.

Rompió en llanto la joven al ver la preocupación que mostró la justica con su victimario, mientras que a ella la dejaron a deriva. No tuvo acompañamiento psicológico, pese al trauma que le generó el hecho.

Ahora teme salir a la calle por miedo a que nuevamente sea víctima de otro delito, sin contar el pánico que le provocaron las amenazas proferidas por la familia del sospechoso, quienes llegaron a la Fiscalía a insultarla a ella a sus acompañantes.

Epílogo

Una de las personas que acompañó a la adolescente a instaurar la denuncia expresó que, durante el trámite llegaron al lugar varias mujeres familiares del señalado de perpetrar el hurto.

Indicó que estaban iracundas. Les recitaron todo el repertorio de insultos, oprobios y madrazos que conocían. Desafiaron a la familia de la menor y finalmente las amenazaron.

También manifestó que responsabilizan a estas féminas por lo que le pueda llegar a pasar a la menor y su familia.

 Adicionalmente esta persona aseguró que, durante el recital de insultos y desafíos, el policía que se encontraba en ese momento le dijo que saliera del lugar.

Ella se negó a hacerlo porque era evidente la cara de pocos amigos que tenía este grupo de mujeres y sus serias intenciones de agredirlas. Al final de la diligencia de denuncia, fue necesario sacar a la menor y su familia por una puerta lateral, para evitar exponerlas a las energúmenas mujeres.

Finalmente, pese a todas estas vicisitudes la adolescente invitó a las personas que han sido objeto de cualquier hecho delictivo a denunciar. Guarda la esperanza que algún día las cosas cambien, que la justicia reivindique a las víctimas.

El profesor universitario Humberto Moreno Montealegre, fue enviado a prisión por su presunta participación en delitos sexuales contra dos niñas de tres años. La Fiscalía lo acusa de acceso carnal abusivo, actos sexuales con menores de 14 años (agravados) y pornografía infantil. 

Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024, cuando las menores, hermanas, habrían sido víctimas de agresiones. Según las investigaciones, el docente grabó los abusos y almacenó el material en dispositivos electrónicos. 

Durante un allanamiento en su vivienda en Yopal, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y el Gaula del Ejército incautaron tres computadores, dos celulares, discos duros, una tableta y tarjetas SIM de distintos operadores. Allí se habrían encontrado videos con contenido explícito de las menores. 

Moreno Montealegre fue capturado bajo orden judicial y, aunque negó los cargos, un juez de control de garantías decretó su encarcelamiento, respaldando las pruebas presentadas por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de Casanare. 

Veintitrés años tenía la más reciente víctima de un siniestro vial ocurrida en el municipio de Aguazul. El fallecido fue identificado como Keiner Leandro Hoyos.

El accidente se presentó sobre la carrera 12 con calle 19, cuando el joven perdió el control de la motocicleta en la cual se movilizaba y se golpeó con una estructura de ladrillo que rodeaba un árbol.

Según la versión de algunos testigos, Keiner se encontraba realizando maniobras peligrosas y esta sería la causa del percance donde perdió la vida.

Con la cabeza cubierta por un gorro que también impide identificar su rostro, una joven abogada denunció públicamente ante los medios de comunicación que fue víctima de una brutal agresión por parte de un hombre en un establecimiento nocturno, este viernes 21 de marzo en horas de la madrugada.

Narró que el episodio ocurrió cuando a la mesa en donde se encontraba junto a su hermana y una amiga llegó una pareja, a la que identificó como Daniela Bautista y Félix Ariza, quien al parecer, es un instructor de fútbol de salón, adscrito al Idry.

Según el relato de la afectada, la mujer llegó y las saludo. Después pronunció algunas palabras, que la víctima manifestó no haber entendido. Agregó que la recién llegada venía con intenciones de escupirla, por lo que procedió a empujarla con la intención de retirarla.

Contó que la reacción de la fémina fue tomarla del cabello y comenzar a agredirla. De inmediato varias personas que se encontraban en lugar las separan. En ese momento la agredida decide salir para tomar un taxi y regresar a casa.

En ese instante, cuando estaba buscando la salida, el hombre que acompañaba a su agresora, menciona la víctima, le lanza un puñetazo que le rompió la nariz y la boca.

La denunciante dijo que el personal interviene para solucionar el altercado, pero terminan sujetándola de los brazos. Situación que fue aprovechada por el hombre para golpearla nuevamente.

Calcula la abogada que el episodio duró aproximadamente cinco minutos, tiempo durante el cual, además de los golpes, la insultó verbalmente. “Más de cinco muchachos intentan sacarlo del establecimiento. Y a pesar de que lo sacan, él quiere irse detrás de nosotras a golpearnos”, relató la afectada.

Aclaró que no conocía a este sujeto. Sabía de su existencia por las fotos publicadas en la entidad para la cual trabaja. Añadió que existen videos publicados en redes sociales, donde este sujeto, quien también es árbitro, golpea a una mujer para defender a su esposa en medio de una riña.

“Los comportamientos de él son agresivos, porque en mi cabeza no cabe que un hombre tenga que agredir una mujer” subrayó la afectada quien expresó que ya interpuso la respectiva denuncia. “Lo que hago es ir a Medicina Legal tan pronto como salgo del lugar. Desafortunadamente Medicina Legal no funciona las 24 horas. Entonces voy al Horo para que me hagan la valoración”.

También precisó que solicitó verbalmente los videos de la cámara de seguridad del negocio, para corroborar que el hecho ocurrió al interior del establecimiento comercial, pero no obtuvo respuesta positiva.

Ahora espera que las autoridades competentes expidan una orden de alejamiento al agresor, porque confesó que tema que su victimario la vuelva a agredir.

En un mensaje publicado en redes sociales la Institución Educativa Manuel Elkín Patarroyo de Agua Clara en Sabanalarga, lamentó el fallecimiento del estudiante Sergio Alejandro Rodríguez Gómez de 13 años de edad, ocurrido en las últimas horas.

El joven cursaba grado séptimo y su fallecimiento, al parecer, se dio por determinación propia. Las autoridades se encuentran adelantando la investigación para determinar el motivo de este trágico suceso.

Quienes conocieron a Sergio comentaron que el menor de edad era un adolescente alegre, cumplía con sus obligaciones escolares y nunca se conoció de algún tipo de problemática que pudiese advertir este lamentable suceso.

Rusbel Germán Escobar Bernal, fue condenado a 54 meses de prisión (4 años y medio) por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La decisión fue tomada por el juez segundo promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, Casanare, tras aceptar la solicitud del fiscal 37, Emerson Laverde. 

Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2022, alrededor de las 5:25 p.m., en la carrera 11 con calle 3 de Paz de Ariporo. Según el informe oficial, la Policía recibió una alerta sobre un hombre vestido con pantalón azul y camisa negra, que portaba un bolso de color café. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a Escobar Bernal, quien coincidía con la descripción proporcionada. 

Durante el registro personal, se encontró en su bolso un revólver calibre 38 especial, marca Taurus, sin munición. Al ser interrogado, Germán, quien es hermano de la exalcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, admitió no contar con el permiso necesario para portar el arma, lo que llevó a su captura inmediata y posterior judicialización. 

El fallo ha generado rechazo en diversos sectores del departamento, especialmente entre campesinos, agricultores y ganaderos, quienes consideran que Escobar no representa un peligro para la sociedad. Lo describen como una persona apacible, amable y servicial, argumentando que el arma en cuestión era vieja, estaba dañada y carecía de munición. 

A pesar de la condena, Escobar Bernal podrá cumplir su pena bajo el beneficio de prisión domiciliaria, ya que el juez reconoció que tiene responsabilidades familiares y laborales por cuanto tiene un hijo menor depende de él y además es el principal cuidador de su señora madre, quien es adulta mayor.

Una nueva polémica que involucra a la firma Catasig denunció el reconocido abogado Lenin Bustos. En esta ocasión el tema está relacionado con una deuda que tiene con empresa yopaleña desde hace un año y que aún no ha terminado de pagar.

Según lo explicó Bustos, en este caso se presentó una tercerización. Todo comenzó con los más de 800 millones de pesos que le autorizó la Alcaldía de Yopal a Catasig, para la adecuación de sus oficinas. Trámite que se llevó a cabo durante el Gobierno pasado.

Para ejecutar el proyecto la gestora catastral contrató Construcciones y Proyectos Enterprise SAS, que fue encargada de la remodelación, incluida la dotación del mobiliario.

Para fabricación y dotación de todos los muebles de oficina, la contratista de Catasig le encargó esa tarea a la empresa yopaleña El Ciprés. Sin embargo, comentó el abogado Bustos, que, durante el proceso de elaboración del mobiliario, Enterprise envió correos a nombre de otra compañía, específicamente Construcciones Dusán S.A.

Agregó que la factura de venta se expidió a nombre de Dusán S.A, incluso mencionó que las visitas de la interventoría la hizo personal de esa misma firma, mientras que la revisión del contrato la realizó el representante legal de Catasig.

“Eso es lo extraño. Si se le está comprado a una persona distinta, por qué el gerente de Catasig venía a la empresa a revisar y a las reuniones. El día de la entrega estuvo pendiente de la entrega”, indicó el abogado Lenin Bustos.

En cuestión de cifras el saldo pendiente que tienen con El Ciprés es cercano a los 10 millones de pesos, sin contar los intereses de más de un año que lleva la deuda, que suman 4 millones 800 mil pesos y los honorarios del abogado encargado de recuperar ese dinero.

Bustos contó que tuvo contacto con las directivas del gestor catastral quien además de no reconocer la deuda, dijo que había contestado de manera altanera.

“Yo me comuniqué personalmente con el director de Catasig. Fue muy grosero. Me dijo, mire, yo no compré nada, yo le pagué al otro y a mi no me llamen, hagan lo que quieran, haga lo que se le dé la gana”, aseguró el profesional del derecho.

Ante esta negativa Busto subrayó que lo va a llevar a los estados judiciales y cuestionó la tercerización del contrato. “Básicamente están enredando a la empresa de Casanare, para ver cómo le van a tumbar su plata y por eso vamos a presentar la denuncia por estafa”, concluyó Lenin Bustos.  

Una vez más un posible caso de fallecimiento por determinación enluta a una familia casanareña. En esta oportunidad una estudiante universitaria de 20 años fue encontrada sin vida al interior de su sitio de residencia.

La joven de fue identificada como Karen Morales, quien, según las primeras informaciones que se tienen sobre este caso, era estudiante del programa de arquitectura de Unitrópico.

Así mismo, versiones extraoficiales señalan que fue su compañera de apartamento fue quien halló el cuerpo sin vida y de inmediato avisó a las autoridades.

El lamentable suceso tuvo lugar en la carrera 13 A con calle 25, barrio Araguaney, en la ciudad de Yopal, este lunes 17 de marzo en horas de la mañana.

También trascendió que la fallecida, al parecer, padecía de un cuadro de depresión y que su compañera con quien compartía apartamento, le prestaba apoyo emocional.

 

 

Las autoridades aún no se han pronunciado, sobre un incidente presentado la noche de este domingo en una zona aledaña a La Bendición en Yopal, en donde una persona resultó herida con arma blanca.

Extraoficialmente trascendió que un hombre identificado como Néstor Antonio Montaña, de quien se dijo es operario de maquinaria amarilla, se encontraba de partiendo con una mujer.

Al parecer, la fémina fue víctima de una agresión por parte de otra persona, quien no fue identificada. En ese momento Montaña trató de defender a su acompañante y recibió dos heridas, una en el cuello y otra en la espalda.

Se conoce que el herido fue llevado al Hospital Regional de la Orinoquia. Hasta el momento se desconoce el estado de salud Néstor Antonio Montaña.

Igualmente, versiones extraoficiales mencionaron que el agresor también fue herido en medio del altercado.

La Fiscalía General de La Nación informó que basado en las pruebas aportadas por el ente investigador, un juez de conocimiento condenó a Alfonso Duarte Vargas por el delito de maltrato animal agravado

La autoridad judicial lo encontró responsable que causarle la muerte a White, un ejemplar canino al cual agredió con un arma cortopunzante.

La Fiscalía señaló que los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2022 en el barrio La Villas de Paz de Ariporo.

Duarte Vargas fue detenido por orden judicial y ahora debe pagar una condena de 4 años y 4 meses de prisión.