Un fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene muy pensativas a las autoridades locales y departamentales. La medida afecta a los municipios receptores de población detenida que se encuentra bajo la figura de sindicada.

La autoridad judicial ordena que a partir del segundo semestre de 2025 estos entes territoriales, con el apoyo de las gobernaciones, deben cubrir el costo de la atención de los reclusos cuyos procesos aún no han llegado a la etapa de juicio.

La información fue compartida por el secretario de gobierno del departamento, Julio Ramos.

Para el funcionario la preocupación radica en el presupuesto tan elevado que se requiere para la manutención de este grupo de detenidos y los entes territoriales no cuentan con los recursos suficientes para asumir esta responsabilidad.

“Tenemos que entrar a garantizarles una buena salud, una buena alimentación, un buen hospedaje. Que no tengan ninguna complicación mientras son llamados a juicio”, subrayó el secretario Ramos.

Ramos dijo que cada sindicado tiene un costo aproximado de 13 millones de pesos anuales. Agregó que, en promedio, esta población fluctúa entre 90 y 200 personas, que son llevadas a Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, así como Villanueva.

Estas localidades son las llamadas, con el respaldo de la Gobernación, a pagar los costos que representa para el Estado la atención de estos privados de la libertad.

No obstante, el tema va mucho más allá del tema financiero. Otra dificultad mencionada por Julio Ramos es el limitado número de jueces que hay en Casanare.

“Hacen hasta lo imposible, pero no dan abasto con todos los casos que pueden llegar a ocurrir, las capturas que se realizan”, explicó Julio Ramos.

Para superar dicha dificultad, el secretario de gobierno consideró oportuno solicitar una ampliación de la planta de personal del poder judicial en Casanare.

Finalmente, el secretario consideró que, ante la complejidad del asunto, el tema merece ser tratado en la próxima cumbre de gobernadores, programada en Yopal para el próximo 25 y 26 de abril, donde se espera la asistencia del presidente Gustavo Petro.

Dos son las hipótesis que manejan las autoridades, acerca del ataque con arma de fuego que sufrió una persona en la carrera 23 con calle 21 de Yopal.

Según la información compartida por el comandante operativo del Departamento de Policía Casanare, coronel Daniel Gualdrón, se manejan dos líneas de investigación.

La primera, que pudo tratarse de un tema asociado con microtráfico de estupefacientes. La segunda, que obedece a problemas personales entre la víctima, quien es de nacionalidad venezolana y los agresores.

Agregó el oficial que el atentado se presentó en el barrio Bicentenario. El afectado recibió dos impactos con arma de fuego, propinados por unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta NKD.

También mencionó el coronel que se adelanta el proceso de verificación, para establecer si el agredido presenta algún tipo de antecedente judicial.

Sobre el desarrollo de la agresión contó que, una vez perpetrado el ataque, la víctima huye del lugar y se resguarda en una vivienda, por temor a ser asesinado. Es por ello que al comienzo no se tenía conocimiento de la ubicación del agredido.

Fue necesario realizar una serie de pesquisas para dar con su paradero. Una vez localizado y debido a las heridas que presentaba fue auxiliado por los uniformados, quienes lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

En una operación coordinada entre la Seccional de Investigación Criminal de Arauca y Casanare y la Fiscalía, fue capturado un individuo identificado como alias ‘Joaquín’. Se le señala de ser un actor principal en el hurto de ganado bajo la modalidad de arreo en ambos departamentos.

La investigación vincula al capturado con el robo de 15 cabezas de ganado de raza brahma bosmara, avaluadas en 150 millones de pesos. El hecho ocurrió el pasado 8 de febrero de 2024. Para cometer el hurto, el detenido presuntamente falsificó y modificó las guías de movilización, igualmente remarcó los bovinos hurtados.

Según las pesquisas, una vez sustraídos los animales, eran comercializados en plantas de sacrificio. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la totalidad de las acciones delictivas de detenido y determinar si existen otros implicados en esta modalidad de hurto.

Un operativo conjunto de autoridades desarticuló parcialmente una red criminal dedicada a la extorsión, la cual operaba desde el interior de la cárcel de mediana seguridad de Yopal.

La acción sorpresa, en la que participó el Gaula Militar, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Inpec, se centró en desmantelar la estructura que extorsionaba a comerciantes, ganaderos y transportadores del oriente colombiano.

Durante el allanamiento adelantado en celdas y áreas comunes del penal, las autoridades lograron incautar 21 teléfonos celulares, 24 tarjetas SIM, estupefacientes, armas blancas y dinero en efectivo.

Este material de comunicaciones era utilizado por los internos para realizar llamadas y enviar mensajes intimidatorios vía WhatsApp a sus víctimas, haciéndose pasar por miembros de grupos armados ilegales para exigirles pagos a cambio de no atentar contra su integridad o sus bienes.

Las investigaciones iniciales revelan que los reclusos abordaban a sus víctimas con un lenguaje intimidatorio. Esta modalidad delictiva conocida como extorsión carcelaria viene en ascenso en varias regiones del país, pese a los controles que adelantan las autoridades en centros penitenciarios para frenar este ilícito.  

El material probatorio incautado ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, quienes han iniciado los procesos correspondientes para identificar plenamente a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Este operativo se enmarca dentro de una estrategia nacional para combatir la extorsión originada en los centros de reclusión, un delito que ha mostrado un aumento preocupante en departamentos como Casanare, Arauca y Meta, zonas con presencia de economías ilegales y actores armados residuales, según datos del Ministerio de Defensa.