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Como una posible retaliación por temas vinculados con el microtráfico de estupefacientes, es, hasta ahora, la principal hipótesis de la muerte de Bladimir Castillo, en una zona aledaña al conjunto Torres de San Marcos.

El deceso de esta persona, un actor recurrente de delitos en el municipio de Yopal ocurrió este 25 de febrero, a manos de un sicario quien le disparó en varias oportunidades.

Los primeros datos que se conocieron sobre este hecho violento señalan que Castillo recibió varias heridas con arma de fuego a la altura del tórax y que su fallecimiento se produjo cuando era trasladado al Hospital Regional de la Orinoquia.

La hipótesis antes mencionada tiene como asidero la versión donde se menciona que actualmente Bladimir Castillo se dedicaba a la venta de estupefacientes. Sin embargo, esta no era la única actividad ilícita a la cual lo vinculan las autoridades.

En su prontuario de antecedentes del SPOA, las autoridades registraron anotaciones por los delitos hurto, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.

El fallecido era señalado de perpetrar un ataque con arma de fuego contra Jefferson David Pidiachi, otro actor recurrente de actividades ilícitas. Producto de este hecho, la víctima perdió la movilidad, por lo que ahora se desplaza en silla de ruedas.

Una vez se conoció sobre la noticia de la muerte de Castillo, las autoridades iniciaron las investigaciones de rigor, para esclarecer este homicidio.

La primera información que se conoció sobre la captura de los señalados responsables del asalto violento a una finca en jurisdicción de El Morro, zona rural de Yopal, apuntó a que la detención se dio sobre la carretera alterna entre Tauramena y Monterrey.

Así trascendió antes de finalizar la tarde, horas después del lamentable hecho donde perdió la vida a manos de los asaltantes el señor José Domingo Torres y resultó con graves lesiones en una de sus manos, el propietario del predio, Fermín Gutiérrez.

La información del hecho violento fue revelada a través de una nota de audio, donde se alertó sobre lo sucedido. Los hechos ocurrieron sobre las 2:40 de la tarde cuando cinco desconocidos llegaron a la finca ubicada en la vereda Marroquín, sector de Floreña A, con el firme propósito de perpetrar un hurto a mano armada.

Esta misma narración mencionó que los maleantes llegaron a bordo de un automóvil. Luego se pudo establecer que se trataba de una Aveo gris. Una vez en la propiedad procedieron a intimidar al dueño y a amarrar a su esposa.

No se precisó las circunstancias en las que se dio la agresión al dueño de la finca. Se prevé que Fermín Gutiérrez trato de oponer resistencia, lo que generó la reacción violenta de los asaltantes. El audio compartido mencionó que en esta confrontación la víctima perdió tres dedos de una de sus manos.

El homicidio

Sobre la muerte de José Domingo Torres no se tienen mayores detalles del crimen. Al parecer la víctima llegó a la finca justo en el momento en que se perpetraba el asalto y los maleantes terminaron quitándole la vida.

Tampoco se tiene información específica de los elementos hurtados. Solo se describe que los delincuentes se llevaron una moto que había en la finca que, junto con el Aveo gris, fue utilizada para emprender la huida.

Tan pronto como se conoció la noticia del asalto y sus trágicas consecuencias la Policía activó el denominado plan candado, con el fin de dar con el paradero de los responsables del hecho violento.

En este punto de la historia surgió una nueva versión del desarrollo de la acción de las autoridades. Inicialmente se dijo que la detención se dio en la vía la alterna entre Tauramena y Monterrey.

Sin embargo, horas más tarde, trascendió que el epílogo de esta escena de dolor tuvo como punto de partida la reacción de uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito de la Policía, quienes identificaron el vehículo sospechoso. No se estableció el lugar donde fue divisado el automotor.

Se comentó que los sujetos al percatarse de la presencia de las unidades policiales abrieron fuego contra la patrulla, lo que dio origen a un intercambio de disparos con los agentes.

Como resultado del enfrentamiento, la Policía logró la captura de dos personas, así como la aprehensión de un menor de edad. Otros dos hombres consiguieron huir del lugar en medio de la balacera.

El siguiente paso es la judicialización de los detenidos y esperar los resultados de la investigación que se adelanta para dar con el paradero de los dos fugitivos, señalados de participar en el crimen.

Mientras se surten todos estos trámites legales, en El Morro la comunidad llora la muerte de José Domingo Torres, espera la pronta recuperación de Fermín Gutiérrez y confía que las autoridades hagan justicia con este acto barbarie que conmocionó a los habitantes de esta zona rural de Yopal.

La voz desesperada de un hombre pidiendo ayuda a través de un mensaje de texto, alertó a los diferentes grupos de What´sApp donde se compartió el mensaje.

La noticia puso en conocimiento un hecho violento ocurrido sobre las 2:40 de la tarde de este 24 de febrero en el corregimiento de El Morro, zona rural del municipio de Yopal.

El mensaje narraba que cinco sujetos llegaron en un vehículo Aveo de color gris a una finca en  la vereda Marroquín sector Floreña A, de propiedad de Fermín Gutiérrez. Los desconocidos procedieron a amarrar a la esposa del dueño del predio e intimidaron al señor Gutiérrez.

Según los datos suministrados en el audio, a don Fermín le cortaron tres dedos de una mano, pero no se entregó información sobre los móviles de la agresión. Se presume que la herida la recibió, al parecer, por tratar de oponer resistencia a los recién llegados, quienes arribaron al predio con el ánimo de perpetrar un hurto.

Igualmente, en el mensaje se menciona que los sospechosos asesinaron a otra persona que se encontraban en el lugar. Las primeras informaciones indican que la persona fallecida es José Domingo Torres. Pero tampoco se manifestó las circunstancias del homicidio.

Finalmente, la voz menciona que los sujetos, quienes se encontraban armados, huyeron en el automóvil que arribaron y en una motocicleta que hurtaron la finca. A esta hora la policía trata de establecer el paradero de los asaltantes.

Sujetos armados segaron la vida de Dani Arley Méndez Gutiérrez, conocido bajo el alias de “El Gato”, mientras se movilizaba en una motocicleta Pulsar NS por el sector de las obras del nuevo terminal de transportes de la capital casanareña.

La víctima recibió varios impactos de bala en un hecho que las autoridades atribuyen inicialmente a una presunta retaliación sistemática vinculada a su entorno delictivo.

Méndez Gutiérrez contaba con un extenso prontuario judicial, destacando una condena de 25 años de prisión por el homicidio del comerciante Juan Manuel Patiño, propietario de la empresa Figurados del Casanare, ocurrido el 1 de diciembre de 2012 durante un intento de hurto.

Pese a la gravedad de dicha sentencia, el occiso gozaba de libertad condicional desde hacía seis años, periodo en el cual acumuló nuevas anotaciones judiciales por diferentes delitos como hurto y homicidio.

Reportes de inteligencia técnica sugerían que el hombre mantenía vínculos con actividades ilícitas, incluyendo la presunta comercialización de estupefacientes desde el centro carcelario La Guafilla.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones pertinentes para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Un juez de la República dictó sentencia condenatoria de 21 años de cárcel contra Katerine Andrea Martínez Martínez, tras ser hallada responsable como una de las articuladoras del homicidio de Miguel Uribe Turbay, hecho que conmocionó al país por la sevicia y la planificación del ataque.

La decisión judicial se fundamentó en el material probatorio que vinculó a Martínez Martínez de manera directa con la logística y ejecución del crimen, tipificado bajo los cargos de homicidio agravado en concurso con otros delitos.

Durante el proceso investigativo, las autoridades lograron determinar que la ahora sentenciada desempeñó un papel clave en la estructura que perpetró el asesinato, participando en las labores de seguimiento y coordinación necesarias para llevar a cabo el atentado.

El fallo judicial destaca que la condena no solo busca castigar la participación de Martínez en este hecho, sino también enviar un mensaje de contundencia frente a los actos de violencia que atentan contra la vida y la estabilidad social en el país.

Con esta sentencia, la capturada será trasladada a un centro penitenciario para cumplir la totalidad de su pena sin beneficios de casa por cárcel, dada la gravedad de la conducta punible.

Por su parte, la defensa de la sentenciada no presentó recursos inmediatos que impidieran la firmeza de la decisión, mientras que las autoridades judiciales continúan con las líneas de investigación para dar con el paradero de otros posibles implicados en la red criminal que rodea este caso.

En un operativo liderado por la Policía Nacional en el sur de Casanare, las autoridades reportaron la captura de un hombre señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo.

Según las investigaciones adelantadas por la institución, el detenido habría agredido sexualmente a dos niñas en hechos ocurridos el 21 de marzo de 2017 en jurisdicción de la vereda Puerto Miriam, zona rural de este municipio.

La detención se produjo tras un proceso de seguimiento judicial que permitió vincular al ciudadano con los hechos tipificados en los artículos 208, 209 y 211 del Código Penal Colombiano.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, manifestó que este resultado operativo hace parte de la estrategia institucional para contrarrestar de manera contundente cualquier conducta que vulnere la integridad y los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en el departamento.

Tras el procedimiento de captura, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los cargos que se le imputan con relación al, presunto,  abuso de las dos menores de edad.

La institución policial reiteró su compromiso de mantener las acciones preventivas y judiciales para garantizar un entorno seguro para los niños y niñas de la región, instando a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a esta población vulnerable.

Unidades de la Brigada 18, el Ejército Nacional neutralizó una amenaza inminente que ponía en riesgo la vida de cientos de civiles que transitan por la vía que conecta a Tame con Arauca.

En una maniobra de alta precisión, los uniformados localizaron y destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo sembrado, según fuentes oficiales, por la comisión ‘Martha Elena Barón’ del ELN, en un sector estratégico de este corredor vial.

El comando de la unidad militar fue enfático en señalar que este tipo de acciones no son solo ataques contra la Fuerza Pública, sino agresiones directas contra la población civil.

En la publicación hecha por el Ejército, al instalar estos dispositivos en rutas utilizadas por transportadores, familias campesinas y rutas escolares, el grupo armado ilegal demuestra un desprecio absoluto por las normas mínimas de guerra.

"La ubicación de estos artefactos en ejes viales principales constituye una flagrante transgresión al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un atentado contra la libre movilidad de los araucanos", informaron fuentes oficiales.

Tras la neutralización del peligro, el Ejército Nacional reafirmó su compromiso de mantener la ofensiva en la región para evitar que estructuras armadas sigan generando zozobra. Se ha dispuesto un incremento en los patrullajes y el uso de tecnologías de detección para blindar las carreteras del territorio  araucano.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a continuar colaborando mediante la denuncia oportuna de cualquier anomalía, asegurando que el despliegue de seguridad se mantendrá de forma permanente para garantizar que Arauca siga conectada y segura.

Un juez penal de circuito condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias ‘El Obrero’, por el asesinato de cuatro personas ocurrido entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá.

La decisión judicial se dio tras valorar las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, las cuales vincularon al procesado con la estructura sicarial denominada ‘Las Especiales’ o ‘Urbanos’, que hizo parte de a las Autodefensas Campesinas de Casanare.

Según la investigación, esta organización armada ilegal ejecutó homicidios selectivos contra ciudadanos señalados de colaborar con otros grupos armados o de afectar la convivencia en la región.

El material probatorio determinó que Arteaga Plazas participó en los crímenes de tres hombres y un adolescente en sectores de la vía Tunja – Arcabuco, el alto de Cucaita y el sector Las Gemelas, en la vía Tunja – Paipa, utilizando el oficio de vendedor de minutos de telefonía móvil como fachada para sus actividades.

Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad y la sentencia por homicidio agravado, emitida bajo la Ley 600 de 2000, fue notificada en el centro de reclusión donde el condenado cumple actualmente otras penas por diversos delitos.

Un altercado verbal en una tienda de la vereda Cabañas terminó con la vida de Jaime Orlando León Sierra el pasado sábado 21 de febrero.

De acuerdo con la información suministrada por testigos León Sierra sostenía una conversación con el señalado victimario cuando se produjo una disputa, presuntamente relacionada con un tema sobre la propiedad de un predio, que derivó en el ataque con arma de fuego.

Aunque inicialmente se solicitó el servicio de ambulancia para atender la emergencia, al llegar los paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.

La información que se tiene hasta el momento indica que el atacante, quien escapó en una motocicleta, posee un extenso historial judicial que incluye registros por delitos sexuales, amenazas, porte de armas, violencia intrafamiliar y homicidio.

Trascendió que la víctima, quien se desempeñaba en oficios varios en la región, también presentaba anotaciones judiciales. Actualmente, las autoridades competentes mantienen la investigación activa y realizan actos urgentes para dar con el paradero del responsable del crimen, quien, al parecer, labora para una empresa petrolera.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo de seguridad realizado en la madrugada del domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La acción militar, fundamentada en trabajos de inteligencia y cooperación internacional, derivó en un enfrentamiento armado donde resultaron abatidos cuatro civiles y otros tres heridos de gravedad, entre ellos Oseguera Cervantes, quien falleció durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

Tras la confirmación del deceso, se activó una respuesta violenta sistemática por parte de células vinculadas a dicha organización criminal, registrándose bloqueos, incendios de establecimientos comerciales y ataques contra infraestructura pública en al menos doce estados del país, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit.

En el estado de Jalisco, el Gobierno estatal implementó el protocolo de "código rojo" y suspendió actividades educativas y transporte público ante el reporte de veintiún bloqueos viales activos y la quema de sucursales bancarias.

La reacción del grupo delictivo se extendió a áreas vecinas como Colima y Michoacán, donde se reportó la interrupción de rutas federales mediante el uso de vehículos de carga incendiados.

Simultáneamente, grupos rivales han iniciado movimientos tácticos en zonas de disputa territorial, lo que las autoridades federales califican como un riesgo inminente de fragmentación interna y guerra civil entre facciones locales.

El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se ha reforzado en el centro y occidente del país para contener la escalada de violencia, mientras el gabinete de seguridad nacional mantiene sesiones permanentes, para monitorear los reacomodos en la estructura de mando de la organización y prevenir enfrentamientos con otros grupos por el control de plazas estratégicas.