Judicial

Judicial (2004)

Un lamentable incidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la Marginal del Llano, en el trayecto que conecta a  Yopal con Paz de Ariporo, norte de Casanare. Una camioneta, identificada con placas BOX-305, chocó contra la infraestructura del puente sobre el río Guachiría, en el kilómetro 76 de la mencionada carretera.

Como resultado del choque, el acompañante del vehículo, Diego Pinto, perdió la vida en el lugar del accidente. El conductor, por su parte, sufrió lesiones de consideración, especialmente de tipo abdominal, y fue trasladado de urgencia al Hospital de Pore.

El percance se produjo pasada la medianoche y movilizó rápidamente a las autoridades y organismos de emergencias para el auxilio de las víctimas. Las circunstancias exactas del siniestro vial continúan bajo investigación.

José Eduardo Chalá Franco, taxista de oficio, fue judicializado luego de que, en estado de embriaguez y conduciendo a exceso de velocidad, arrollara a un grupo de personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

El hecho dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Dos de las víctimas permanecen en estado crítico.

El conductor fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Blas para una valoración inicial. Posteriormente, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que Chalá Franco presentaba grado tres de alcoholemia al momento del siniestro.

Las verificaciones en el lugar y los elementos probatorios recogidos indican que el taxista, producto de su estado de embriaguez, perdió el control del vehículo, colisionó contra varios peatones en una esquina y terminó impactando la fachada de un inmueble.

Por estos hechos, el fiscal de la seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas.

El acusado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Luego del pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, donde expuso las razones por la cuales no aceptó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, los hermanos del mandatario publicaron un sentido mensaje en el cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de la JEP.

El escrito comienza por describir las repercusiones emocionales que tiene para ellos el rechazo a la petición hecha por el exmandatario. “Hablamos como los hermanos de José Mauricio Jiménez, con el corazón roto y llenos de dolor por la injusticia que hoy consume a nuestra familia”.

Asegura la publicación que durante el tiempo que ejerció como alcalde de Aguazul, su hermano terminó cediendo ante las pretensiones de los grupos armados organizados de la época, por temor.

“Nuestro hermano José Mauricio, exalcalde de Aguazul, cedió por miedo, por la coacción de un conflicto armado que devoraba a Casanare, donde los líderes civiles estaban solos, sin el amparo del Estado, y con una “pistola en la cabeza” que los obligaba a someterse a la barbarie”.

También recalca que “ha manifestado su profundo arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas de los desaparecidos, demostrando su voluntad sincera de contribuir a la verdad, la reparación y la justicia”.

Sobre la negativa a la solicitud de sometimiento la califican como “una dolorosa incoherencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Opinión que para los hermanos de Jiménez Pérez tiene su argumento. “Mientras la JEP admite y otorga beneficios a actores armados que empuñaron fusiles y cometieron crímenes atroces, a nuestro hermano —que nunca tomó un arma y cuya presunta responsabilidad se limita a una autoría por omisión, en un contexto de amenaza y abandono estatal— se le cierran las puertas”.

Razones a las que se añaden algunos cuestionamientos. “Nos preguntamos con angustia: ¿Por qué un civil coaccionado encuentra un muro, mientras criminales confesos obtienen libertad e incluso curules?”

En este contexto los hermanos Juan, Patricia Fernanda, Marta Zoraya y Juan Ricardo Jiménez, quienes firma el comunicado a la opinión pública, hacen un llamado para que la petición de Mauricio sea aceptada.

“La justicia transicional debe reconocer el contexto de guerra que obligó a muchos civiles a “aceptar el sometimiento”. Exigir una plena posición de garante a un funcionario civil bajo amenaza, sin respaldo del Estado, es un doble rasero inaceptable”.

Agrega el escrito que “no buscamos impunidad. Buscamos la verdad simétrica, el reconocimiento del contexto de terror y un trato justo”.

Por lo tanto, hace una solicitud puntual. “Exigimos que la JEP deje de ser una vía de escape para los criminales armados, mientras se convierte en un aparato de estigmatización para los civiles que fueron también víctimas de la coacción y el miedo.

Recordó la publicación que la familia Jiménez también fue víctima de la violencia. “Nuestro padre fue vilmente asesinado por los paramilitares, y reiteramos con firmeza que nuestro hermano nunca fue autor intelectual ni material de delito alguno. Su única falta fue ser autor por omisión en posición de garante, en un contexto de abandono estatal y violencia generalizada”.

Insista el comunicado en el abandono estatal imperante en la época en que ocurrieron los hechos. “Este no fue un problema exclusivo de Aguazul, sino de todo el país”.

Por eso consideran injusta la situación de Mauricio Jiménez. “El hecho de que nuestro hermano sea el único exalcalde condenado en Colombia bajo estas circunstancias profundiza aún más nuestro dolor y cuestiona la equidad en la aplicación de la justicia y en el respeto al derecho a la igualdad”.

Finalmente, pidieron un trato justo para su hermano de quien manifestaron que su único deseo es contribuir a la verdad.

Un hombre que transitaba tranquilamente por las calles de Tauramena, pero que tenía en su contra una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fue detenido por la Policía.

El reporte policial indicó que el procedimiento se hizo efectivo en la carrera 12 con calle segunda, sobre la vía alterna que comunica esta población con el municipio de Monterrey.

Acotó el informe policial que el operativo se cumplió durante el desarrollo de labores de registro y control, cumplidas por parte de uniformados adscritos a la estación de policía de Tauramena.

Luego de la captura el detenido, de 49 años, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla con el respectivo proceso judicial.

Horas después de haber sido hurtada en la vereda Manantiales del municipio de Yopal, la Policía reportó la recuperación de una camioneta Toyota Hilux, colore blanco y modelo 2018, avaluada en 150 millones de pesos.

Según la información oficial, el vehículo fue recuperado en el sector de la vereda Arenal, durante actividades de vigilancia y control, que cumplían efectivos de la institución.

Aunque no se entregaron detalles del hurto, la publicación del ente policial manifestó que el automotor de placas EMS486 fue robado en horas de la madrugada de este 10 de noviembre, en la finca Palmeras.

Para el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Pablo Galindo Valencia, esta acción corrobora el compromiso que tiene la institución con la seguridad, la tranquilidad y buena convivencia en suelo casanareño.

En un boletín de prensa la Justicia Especial para la Paz reveló las razones por las cuales negó la solicitud de sometimiento hecha por el exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez.

Para la JEP la versión entregada por el exmandatario local no aportó la verdad plena, ni entregó ninguna novedad, tampoco datos relevantes, que permitieran “aclarar los patrones macrocriminales que afectaron a la población de Casanare durante el periodo en que fue alcalde 2001 – 2003).

El escrito compartido por la JEP recuerda que Jiménez Pérez fue condenado “en 2011 por el Juzgado 5to. Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 29 años de cárcel por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno”.

Los cargos contra Mauricio Jiménez son por “omisión, y concierto para delinquir agravado en calidad de autor”, según se puede leer en el documento.

También recuerda que se le impuso una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos”. Igualmente menciona que por estos hechos “se encuentra en etapa de investigación un proceso disciplinario en la Procuraduría relacionado con dichas desapariciones forzadas”.

Adicionalmente expresa que la “Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que Jiménez Pérez no brindó información que permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las autodefensas”.

Añade que tampoco “reveló contenido sobre sus vínculos a través de reuniones (probadas en la justicia ordinaria) que sostuvo con Héctor Germán Buitrago Parada, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocido como ‘Martín Llanos’ “.

Así mismo, según la JEP, en el relato de Jiménez Pérez, no se “entregó información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde”.

Ante esta situación determinó que el exalcalde “incumplió el régimen de condicionalidad, lo que le impide acceder a tratamientos especiales o beneficios de la JEP, empezando por la aceptación del sometimiento”.

Aclaró la Sala Disciplinaria que el exalcalde de Aguazul “contó con amplias oportunidades para brindar información que superara el umbral de verdad esclarecido en la jurisdicción ordinaria, pero Jiménez no hizo ningún aporte a la verdad que resultara idóneo”.

En este contexto subrayó la JEP que la información entregada por Jiménez Pérez se limitó a la narración de “argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado”.

Frente a este hecho la JEP ordenó remitir el expediente a las autoridades ordinarias, “toda vez que en el proceso penal por el que fue condenado se encuentra una orden de captura vigente en su contra, la cual está a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Las autoridades municipales no descartan solicitar la militarización de la ciudad, para frenar los actos delictivos que se vienen presentado en Yopal.

Así lo manifestó que secretario de gobierno Jorge Andrés Rodríguez, quien dijo que el más reciente ataque armado contra el establecimiento comercial La Estación, demuestra los alcances que puede tener la delincuencia común, por lo que es necesario actuar de manera coordinada con la colaboración de la comunidad.

Este tipo de accionar ha sido repetitivo en las últimas semanas. Entre las víctimas se encuentran establecimientos comerciales y transportadores. Sobre los posibles responsables todo apunta al grupo Erpac Renacer y a la banda liderada por alias ‘Mamadeo’.

De este último actor delictivo mencionó que se encuentra en la lista de los más buscados. Recordó que se ofrece una recompensa de 120 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

No obstante, Rodríguez hizo hincapié en que la mayoría de los afectados manejan esta situación de bajo perfil y no acuden a las autoridades.

“Tuvimos una reunión con algunos comerciantes, el coronel de la Brigada, y una persona del Gaula nos indicaba que apenas se ha recibido una denuncia de manera formal”, recalcó el funcionario.

Este este sentido acotó que “denunciar no es solamente contarle a un medio de comunicación, ni contarles a los vecinos o publicarlo en las redes sociales, sino hacerlos de manera oficial ante la Fiscalía”, insistió Jorge Andrés Rodríguez.

El secretario indicó que, en este trabajo de acercamiento con los comerciantes y otros sectores de la sociedad, se tiene programada para hoy una nueva reunión para las 2 de la tarde, en la cual se espera contar con la presencia de Migración Colombia.

Recalcó la importancia de la participación de la mencionada entidad, en la medida que, según lo dijo el secretario de gobierno de Yopal, gran parte de las personas vinculadas con estas bandas delincuenciales son extranjeros.

También reiteró la importancia de no ceder ante las extorsiones, porque en caso contrario, además de fortalecer estas estructuras ilegales, les va a generar mayores inconvenientes a los afectados.

Para ejemplificar esta aseveración manifestó que algunas de las víctimas inicialmente accedieron a pagar, porque se trataba de pequeños montos.

El problema se agravó en el momento en que los extorsionistas incrementaron de manera excesiva la cuota. Algunos de los afectados no estuvieron de acuerdo y como represalia sus negocios fueron víctimas de ataques armados.

Por último, Rodríguez González explicó que entiende que la comunidad exija resultados frente a actores delictivos recurrentes como ‘Mamadeo’, pero no ha sido fácil para las autoridades contrarrestar este personaje, sin embargo, resaltó que los esfuerzos institucionales no se detienen.

“Estuvimos en la Brigada pidiéndole al comandante que, si ese necesario militaricemos Yopal, pero necesitamos darle un parte de tranquilidad a los ciudadanos” concluyó el titular del despacho de gobierno.

La Fiscalía General de la Nación reveló que una mujer fue privada de la libertad en Cali tras ser señalada, presuntamente, de someter a su hija menor de edad a reiterados abusos secuales y de almacenar material audiovisual relacionado con los hechos.

El caso fue descubierto luego de que el padre de la víctima encontrara en un celular archivos explícitos. La investigación estableció que al menos 13 grabaciones, almacenadas en varios dispositivos electrónicos incautados, evidenciarían los actos ilícitos cometidos entre 2024 y junio de 2025, cuando la menor tenía 6 años.

La información recabada también apunta a que parte del material fue objeto de comercialización.

Ante estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Cali imputó a la procesada los delitos de actos sexuales agravados con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

La investigada no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión mientras avanza el proceso.

El Tribunal Administrativo de Casanare ordenó al municipio de Yopal a recaudar el pago de los impuestos de las estampillas de adulto mayor, cultura, deporte y recreación que tenía pendientes la Asociación Supra Departamental de Municipios para el Progreso (Asosupro).

Tributos que aplican legalmente al convenio de cooperación 1001.84.1668-2022, firmado entre la Alcaldía y la citada asociación, los cuales están pendientes por recaudar.

La decisión responde a una acción popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante, quien denunció la falta de cobro de las mencionadas estampillas.

El fallo de primera instancia señala que, aunque la contratación directa con Asosupro respetó los parámetros administrativos, se detectó que no se exigieron ni recaudaron de los gravámenes antes mencionados. Situación que afectó los fondos municipales destinados a programas sociales.

La administración municipal y Asosupro deberán ahora revisar cada contrato celebrado en el marco de dicho convenio, determinar los impuestos pendientes y proceder a su recaudo.

El Tribunal estableció un plazo de cuatro meses para entregar un informe detallado sobre las sumas cobradas y pagadas. Además, se debe crear un comité de verificación compuesto por autoridades y representantes ciudadanos.

Para la autoridad judicial no se identificaron responsables por desvío de recursos; la orden del Tribunal se centra en el cumplimiento de la obligación fiscal pendiente.

El convenio objeto de la Acción Popular fue suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Asosupro el 26 de agosto de 2022. El objetivo de este era “aunar esfuerzos para la gestión y ejecución de proyectos de inversión”.

Dichas obras tienen como fuente de financiación recursos provenientes del Sistema General de Regalía. Por eso en el fallo se mencionada que, mediante oficio del primero de agosto de 2024, la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR del DNP, entregó una relación detallada de los 18 proyectos que, a esa fecha, ejecutaba Asosupro en Casanare.

El informe mencionó que en total 18 iniciativas, de las cuales 15 se estaban ejecutando en Yopal y su valor superaba los $50.000 millones. Lo anterior traduce que, el monto de los impuestos cuyo cobro se había omitido suma una cantidad bastante significativa. Dineros que entrarán a las arcas del Municipio.

Frente al fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal que declaró nulo el Acuerdo Municipal del año 2014 que asignaba el terreno para la construcción de la sede del Centro Social, el presidente de junta directiva de padres de familia de esta institución, John Molina se pronunció públicamente.

Consideró que en todo el proceso que se ha venido adelantando para hacer realidad el sueño de una sede propia para la institución educativa, la Secretaría de Planeación Municipal la calificó como una piedra en el zapato.

“En el periodo que lleva de administración Marco Tulio Ruiz, ha tenido dos secretarias de planeación, y en ninguno de los dos escenarios han dado la solución para cambiar el uso del suelo”, aseguró Molina.

El padre de familia agregó que, al no realizarse el cambio de suelo, se le dieron argumentos a la autoridad judicial para que declarara la nulidad de Acuerdo, como respuesta a la demanda instaurada por el entonces alcalde Luis Eduardo Castro en contra del Concejo Municipal de la época.

Reiteró que, en caso de hacerse efectivo el cambio del uso del suelo, se podría retomar la propuesta de construir la sede del Centro Social en el terreno producto de la controversia, el cual está ubicado en la vía a Sirivana, junto a la estación de policía de Yopal.

Aclaró que de esta manera se puede reversar la decisión judicial. “El juzgado en su pronunciamiento está dando las pautas sobre qué debe hacer la Administración”.

Incluso citó apartes del fallo.  “Si retomamos un párrafo dice que debemos hacer un estudio juicioso y responsable para cambiar el uso del suelo, lo cual permitiría la construcción del colegio en esa extensión de terreno que ya había sido asignada”.

También indicó que desconoce la causa por la cual Planeación Municipal no avanza en este sentido. “Nosotros con unos expertos en urbanismo les presentamos dos alternativas bajo las cuales se puede hacer el uso del cambio de suelo”.

Finalmente dijo que desde la junta de padres de familia han estado pendientes del tema. “No se ha hecho nada. Nosotros radicamos una solicitud, pero no se pronuncian ni negativa ni positivamente con respecto al uso del suelo”, puntualizó Jonh Molina.